MINUGUA - Primer Informe

MISIÓN DE VERIFICACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS EN GUATEMALA

PRIMER INFORME
DEL SECRETARIO GENERAL^[1]

A/51/936 (15 de enero - 15 de abril de 1997)

1. Este informe se presenta en cumplimiento de las resoluciones 51/198 A y 51/198 B de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996, y de 27 de marzo de 1997, respectivamente, en las cuales la Asamblea decidió extender el mandato de la Misión de las Naciones Unidas de verificación de los derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo global sobre derechos humanos en Guatemala (MINUGUA), hasta el 31 de marzo de 1997 y luego hasta el 31 de marzo de 1998, para verificar el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En esta última, además, la Asamblea decidió que, acorde a su nuevo mandato, la Misión cambiaría su nombre a Misión de verificación de las Naciones Unidas en Guatemala y conservaría la sigla MINUGUA, y me pidió que la mantuviera plenamente informada de la aplicación de esas resoluciones.

I. INTRODUCCIÓN

2. Mediante su resolución 51/198 B, la Asamblea General autorizó a la MINUGUA, que hasta el 31 de diciembre de 1996 tenía un mandato limitado a la verificación del cumplimiento del Acuerdo global sobre derechos humanos (en adelante Acuerdo global), y a los aspectos de derechos humanos del Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas (en adelante Acuerdo indígena), a verificar también el cumplimiento de las medidas previstas durante la etapa inicial de la implementación de los Acuerdos de paz. Dichas medidas corresponden a la primera fase del Acuerdo sobre cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los Acuerdos de paz (A/51/796-S/1997/114, anexo II, en adelante Acuerdo sobre cronograma).

3. El 31 de enero de 1997, informé al Presidente de la Asamblea General y al Presidente del Consejo de Seguridad (A/51/794-S/1997/186), que había decidido designar al Sr. Jean Arnault mi Representante Especial y Jefe de la MINUGUA, a partir del 1º de marzo de 1997, para suceder al Sr. David Stephen. Deseo agradecer al Sr. Stephen la dedicación a la labor que le fue encomendada.

4. El presente informe contiene los resultados de la verificación realizada por la Misión sobre el cumplimiento de los compromisos contenidos en la primera fase del Acuerdo sobre cronograma (15 de enero a 15 de abril de 1997). Éstos se refieren a los siguientes acuerdos firmados entre las partes:

- Acuerdo global sobre derechos humanos (A/48/928-S/1994/448, anexo I);

- Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el Enfrentamiento Armado (en adelante Acuerdo de reasentamiento) (A/48/954-S/1994/751, anexo I);

- Acuerdo para el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca (A/48/954-S/1994/751 anexo II);

- Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (A/49/882-S/1995/256, anexo);

- Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (en adelante Acuerdo socioeconómico) (A/50/956, anexo);

- Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (en adelante Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil) (A/51/410-S/1996/853, anexo);

- Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral (A/51/776-S/1997/51, anexo I);

- Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad (en adelante Acuerdo de incorporación) (A/51/776-S/1997/51 anexo II).

5. En el Acuerdo sobre cronograma no se incluyeron los compromisos de carácter general y permanente, tales como el compromiso general con los derechos humanos y otros compromisos contenidos en el Acuerdo global. En vista de su importancia, la Misión continuará informando a la Asamblea General sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala y el cumplimiento de dicho Acuerdo, mediante un informe semestral. El presente informe sólo cubre la verificación de los aspectos de Acuerdo global contenidos en el Acuerdo sobre cronograma.

6. El Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego (S/1996/1045, anexo), se implementó y verificó entre el 3 de marzo y el 2 de mayo de 1997. En su resolución 1094 (1997) de 20 de enero de 1997, el Consejo de Seguridad decidió que esta verificación la realizaría un grupo de observadores militares que, bajo su autoridad, se anexaría a la MINUGUA. La implementación de esa resolución se ha informado por separado al Consejo de Seguridad (S/1997/432).

II. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA PRIMERA FASE DEL ACUERDO SOBRE CRONOGRAMA

7. En los Acuerdos de paz, las partes conformaron una agenda integral y de largo plazo para el desarrollo del país, avalada por numerosos sectores de la sociedad. Dicha agenda, según lo señalaron en los considerandos del Acuerdo sobre cronograma, está orientada a la superación de las raíces de la conflictividad social, política, económica, étnica y cultural, así como de las consecuencias del enfrentamiento armado. Su realización es un proceso necesariamente gradual para lo cual el Acuerdo sobre cronograma plantea algunos criterios básicos. Estos incluyen, entre otros, racionalizar los recursos humanos y materiales disponibles en cada fase; calendarizar la ejecución de los componentes fundamentales de los acuerdo para evitar la dispersión de los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales; enfatizar la instalación de los mecanismos de consulta previstos; establecer las bases institucionales, legales o financieras necesarias y, por último, propiciar la participación efectiva de los sectores de la sociedad en la solución de sus necesidades, y en la definición de las políticas públicas que les conciernen.

8. Para facilitar la implementación de los acuerdos, el Acuerdo sobre cronograma dispuso la creación de la Comisión de Acompañamiento, que fue establecida mediante el Acuerdo Gubernativo (AG) 83-97 del 3 de febrero de 1997. Está integrada por una representación paritaria de las partes, cuatro ciudadanos de diversos sectores de la sociedad, un representante del Congreso de la República y el Jefe de la MINUGUA, con voz pero sin voto. En el período, la Comisión examinó proyectos de ley elaborados por el Gobierno para asegurar su congruencia con los Acuerdos, ejerció sus buenos oficios para superar las dificultades en el funcionamiento de las comisiones surgidas de los Acuerdos, recalendarizó los compromisos cuando era necesario y, el 3 de junio, presentó su valoración sobre la marcha del proceso de paz. La composición plural de la Comisión y la representatividad de los guatemaltecos que la integran, constituyen importantes factores para propiciar una amplia participación de instituciones y ciudadanos en la labor de la paz.

9. Los párrafos a continuación describen la situación hasta principios de junio de 1997. Comprenden una breve descripción de los trabajos de las comisiones y del cumplimiento de los compromisos de la primera fase del cronograma, incluyendo aquellos cuyo cumplimiento excedió el 15 de abril, como resultado de su recalendarizacion por la Comisión de Acompañamiento o por otras razones.

A. Acuerdo Global sobre Derechos Humanos

10. Con la designación de la Secretaría para la Paz (SEPAZ) como la entidad estatal encargada de la política pública de resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de violaciones de derechos humanos, el Gobierno cumplió este compromiso y lo dispuesto en el art. 9 de la Ley de Reconciliación Nacional (Decreto 145-96), que establece que dicha asistencia se hará efectiva bajo la coordinación de la SEPAZ. Dicha entidad presentó un diseño del programa de resarcimiento que, a juicio de la Misión recoge, en términos generales, los criterios contenidos en el Acuerdo global. La Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPREDEH), ha sido encargada de convocar a las organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema, para discutir el proyecto a partir del 1º de junio. La Misión estima que este proceso de consulta, unido a las recomendaciones que hará la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, es el mejor camino para dar respuesta a las necesidades de las víctimas en congruencia con las posibilidades financieras del país.

B. Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado

11. El Gobierno asumió el compromiso de promover ante el Congreso las reformas a la Ley de documentación personal de la población desarraigada por el enfrentamiento armado interno que permitan facilitar la documentación de los desarraigados y de los desmovilizados de la URNG. El proyecto que está en discusión en el Congreso, presentado por el Gobierno en noviembre de 1996, no contemplaba todos los aspectos previstos. Con el respaldo de la Comisión de Acompañamiento, la Comisión Técnica del Acuerdo de reasentamiento, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la MINUGUA, elaboraron un proyecto de enmiendas que es actualmente objeto de estudio por la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso.

12. El 14 de abril, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Gobierno presentó a la Misión el informe sobre disponibilidad de tierras para el reasentamiento de la población desarraigada. Este informe integra los estudios existentes de varias instituciones del Estado sobre la materia, los cuales no siempre contienen la información específica mencionada en el Acuerdo. Destaca la urgente necesidad de que este estudio sea presentado a la Comisión Técnica de Reasentamiento.

13. Respecto al compromiso de las partes de proporcionar a las Naciones Unidas información sobre explosivos, minas y campos minados y ejecutar un programa para su remoción, el 26 de marzo, con la colaboración del Ejército y la URNG, comenzó el programa de desminado. Con la participación y verificación del grupo de observadores militares adscrito a la MINUGUA, el programa concluyó el 18 de abril. La Misión estima cumplido el compromiso, pero se une a la advertencia de las partes sobre la persistencia de artefactos explosivos lanzados en combate que permanecen activados. Este peligro para la población podrá ser minimizado mediante la intensificación de la campaña que alienta a la población a señalizar dichos artefactos y dar aviso a la entidad encargada de su desactivación.

14. Respecto a la creación de un fondo para financiar proyectos y programas dirigidos al reasentamiento de la población desarraigada, éste fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 22 de diciembre de 1996. Este fondo cuenta actualmente con aportes del Japón y los Países Bajos, y se tramitan ofertas de los Estados Unidos de América y Suecia. La Unión Europea apoya el programa bajo la modalidad de administración directa.

15. El 13 de enero, tras el pedido formal de las partes, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) presentó una versión inicial del plan específico de educación para la población desarraigada. El Ministerio de Educación solicitó la revisión de este plan, la que se está realizando, bajo su coordinación, con representantes de la población desarraigada en una subcomisión específica de la Comisión Técnica de Reasentamiento.

16. En relación al compromiso de acelerar las negociaciones para el retorno de la población desarraigada, ACNUR indicó que durante este período, la cifra de retornados fue significativamente menor a la proyectada. Los retornos colectivos previstos para mediados de febrero no se materializaron. El ritmo del proceso de retorno fue seriamente afectado por los trámites necesarios para la compra de las fincas y por las discrepancias entre el Gobierno y las organizaciones de refugiados en relación al soporte poblacional de las fincas adquiridas y a las modalidades de crédito. Destaca positivamente el anuncio efectuado el 30 de abril, en el marco de la reunión entre los representantes de los Gobiernos de Guatemala, de México y del ACNUR, de disposiciones relativas a la agilización de los aspectos operativos del retorno. Respecto de la oficina del Gobierno en Comitán, Chiapas, México, cuya apertura fue acordada en setiembre de 1996 para facilitar el proceso de retorno, empezó a funcionar a principios de junio de 1997.

C. Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han causado Sufrimiento a la Población Guatemalteca

17. El 22 de febrero, con el nombramiento de los comisionados guatemaltecos, Sra. Otilia Lux de Cotí y Sr. Edgar Alfredo Balsells Tojo, quedó integrada la Comisión de Esclarecimiento Histórico. El Sr. Christian Tomuschat, quien la coordina, fue nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, en consulta con las partes. En la designación de la Sra. Lux de Cotí y del Sr. Balsells Tojo se consideraron amplias consultas con las universidades de Guatemala, como lo requería el Acuerdo, y con organizaciones y personalidades de la sociedad. Los comisionados indicaron que la Comisión podría iniciar sus funciones el 1º de julio, luego que finalicen los trabajos preparatorios de carácter administrativo y metodológico, reclutamiento de personal y movilización de fondos. Se registró gran expectativa y buena disposición de los donantes y cooperantes para colaborar con su establecimiento. La Misión continuará apoyando a los Comisionados en el marco del pleno respeto a su autonomía.

D. Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

18. El eje central de las reformas contenidas en este Acuerdo es la participación, para la cual se acordó la instalación de varias comisiones. Destacan los esfuerzos realizados, desde la firma del Acuerdo en 1995, por la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala y otras organizaciones indígenas, para integrar al mayor número de organizaciones y personas en su implementación y, en particular, en la integración de las comisiones. La participación colectiva de sus beneficiarios, constituye una de la mejores garantías para el cumplimiento del Acuerdo. Es, además, una contribución directa a la lucha contra la marginación y la discriminación que constituye una prioridad del Acuerdo indígena.

19. La Comisión de oficialización de los idiomas indígenas fue creada por el Acuerdo Gubernativo 308-97 del 10 de abril e instalada oficialmente el 21 de abril. Debido a diferentes interpretaciones respecto a su integración, esta comisión solicitó la intervención de la Comisión de Acompañamiento que actualmente estudia el tema.

20. La Comisión para los lugares sagrados fue creada mediante el Acuerdo Gubernativo 261-97 del 20 de marzo, e instalada oficialmente el 2 de abril. Recientemente aprobó su reglamento interno. La Comisión inició sus actividades sustantivas con el estudio del Decreto 26-97 del 9 de abril, que establece una nueva Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, y acordó solicitar su revisión en congruencia con los resultados de las deliberaciones de la Comisión.

21. El Acuerdo Gubernativo 262-97, del 20 de marzo, creó la Comisión paritaria para la reforma educativa que se instaló el 2 de abril. La Comisión de Acompañamiento ejerció sus buenos oficios para facilitar su instalación. Actualmente sesiona con regularidad y ha aprobado su reglamento interno.

22. Cabe destacar el compromiso del Gobierno con el histórico esfuerzo de acercamiento entre el Estado y los pueblos indígenas, manifestado en iniciativas tales como la incorporación de delegados indígenas en cada una de sus representaciones en las comisiones y por el apoyo público expresado por el Presidente de la República en la instalación oficial de las mismas.

23. En los últimos meses se han presentado al Congreso de la República varias iniciativas legislativas que atañen a los pueblos indígenas. Destacan el proyecto sobre la tipificación de la discriminación étnica como delito, la tipificación del acoso sexual y las reformas al Código Procesal Penal sobre aspectos del derecho consuetudinario. Estas iniciativas son meritorias en cuanto reflejan el interés de los partidos políticos por la problemática de los pueblos indígenas. Pero, al mismo tiempo, esta situación podría provocar que los esfuerzos realizados en el Congreso y en las comisiones surgidas de los Acuerdos se debiliten mutuamente. Esto podría evitarse armonizando dichos esfuerzos para compatibilizar el papel de las comisiones, como eje central de la concertación entre pueblos indígenas y Gobierno, y la labor del Congreso como legislador y foro de debate público de los asuntos nacionales fundamentales.

E. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria

24. El 9 de abril el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, presentó el informe sobre las reformas legales realizadas durante 1996 para hacer efectivas la leyes laborales. Entre los cambios legales realizados destacan: la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la sanción del Reglamento para el reconocimiento de la personalidad jurídica, aprobación de estatutos e inscripción de las organizaciones sindicales y la creación de ocho Juzgados de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social. En relación a las propuestas de cambios legales y reglamentarios a partir de 1997, el informe señala que se enfatizarán los cambios a las normas procesales del Código de Trabajo. Cabe señalar que el cumplimiento del compromiso de sancionar severamente las infracciones a las leyes laborales requiere el fortalecimiento de la capacidad sancionadora del Ministerio, a través de la Inspección de Trabajo, y recomienda que se incluya en la agenda legislativa de la segunda fase del Cronograma aquellas reformas legales o reglamentarias necesarias para este fin.

25. El Gobierno presentó el Programa Nacional de Educación Cívica para la Democracia y la Paz, dirigido a la población escolar, cuyo ejecutor principal será el Ministerio de Educación y que recoge los compromisos contraídos en el Acuerdo. Se espera que otras instituciones, tales como organizaciones no gubernamentales, universidades y representantes de las estructuras del poder local, se involucren en este programa.

26. El 10 de abril de 1997, el Ministerio de Finanzas presentó su informe sobre los compromisos relativos a la política fiscal contenidos en los Acuerdos. El informe enfatiza que la política fiscal del Gobierno va orientada a cumplir con la meta de incrementar la carga tributaria en un 50% para llegar al 12% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2000, conforme a lo establecido en los Acuerdos de paz. Esto significa superar la barrera que ha mantenido la presión fiscal promedio, en los últimos 36 años, por debajo del 8% del PIB, es decir, entre los niveles mas bajos de América Latina. El informe señala que un cambio de esta magnitud exige una conjunto de medidas que combinen: a) la mejora de la administración tributaria, b) la ampliación de la base y la revisión de los principales impuestos, y c) la creación de un equipo comprometido con la reforma, apoyado al más alto nivel político y respaldado por un consenso social suficiente. El informe subraya que la falta de alguno de estos requisitos haría muy difícil que prospere y se mantenga una reforma tributaria.

27. Entre las medidas promovidas por el Ministerio de Finanzas destacan las reformas a las leyes del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta para suprimir varias exenciones y ampliar así la base fiscal; las reformas al Código Penal para fortalecer la capacidad coercitiva del Estado y a la legislación tributaria para tipificar el delito fiscal; así como la creación de una unidad encargada de la fiscalización de contribuyentes especiales. En marzo, el Gobierno presentó el proyecto de Ley sobre la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria, que cumple con el compromiso de fortalecer la institucionalidad para la recaudación y fiscalización tributaria. En su conjunto, las medidas tomadas hasta la fecha fortalecen el marco administrativo, legal y judicial de la recaudación. Se espera que estas iniciativas se traduzcan en los próximos meses en una aplicación más eficiente de la ley y un incremento de la confianza ciudadana en el sistema tributario.

28. Al mismo tiempo, como lo señala el informe del Ministerio de Finanzas, las mejoras de la administración sólo pueden producir efectos graduales y a mediano plazo. La expiración de la vigencia del impuesto de solidaridad, en 1998, plantea al Gobierno el desafío de tomar nuevas iniciativas que permitan lograr los objetivos de aumento de la carga fiscal en 1997 y 1998. Como fue señalado anteriormente, la movilización de recursos internos para la aplicación de los Acuerdos de paz, y en particular para enfrentar la deuda social y el fortalecimiento de instituciones tales como la administración de la justicia y la seguridad ciudadana, constituye la piedra angular de la sostenibilidad de las transformaciones previstas en los Acuerdos. Es, al mismo tiempo, una pieza clave para la irreversibilidad del proceso de paz y la estabilidad social y política del país.

29. En el pasado, intentos de aumentar la presión fiscal fueron repetidamente frustrados por poderosos intereses económicos. En el Acuerdo socioeconómico se fijó una meta de recaudación, todavía bastante inferior al promedio latinoamericano, cuyo logro haría posible la transición hacia un Estado moderno y funcional. Tras su firma, el 6 de mayo de 1996, el Acuerdo fue avalado por amplios sectores de la sociedad, incluyendo el sector privado organizado y distintas expresiones del movimiento popular. Los próximos meses deberían permitir la puesta en práctica de la política fiscal contenida en dicho Acuerdo. Su inclusión en la agenda de los "Encuentros de Actualización" (véase párr. 38) ofrece una oportunidad de concertación sobre sus modalidades de aplicación.

30. En relación al compromiso de propiciar la convocatoria del Foro de la Mujer, la imprecisión del Acuerdo sobre cronograma respecto del procedimiento de convocatoria, generó controversias que han retrasado su puesta en marcha. La Misión constató que el movimiento Expresiones de Mujeres y la Oficina Nacional de la Mujer realizaron reuniones preparatorias tendentes a que el foro constituya una expresión representativa. El Gobierno recibió peticiones de participación de varias organizaciones y personalidades. Con los buenos oficios de la Comisión de Acompañamiento, el 21 de mayo, se instaló una Comisión Coordinadora del Foro, encargada de definir la agenda y la organización de esta importante instancia.

31. Respecto al compromiso de ampliar la participación en el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (CONADEA), se constató la incorporación de varios sectores. En el mes de abril, CONADEA aprobó la incorporación de dos importantes coordinadoras nacionales de campesinos, supeditada a su integración en el Comité Institucional Bilateral respectivo y a la emisión, por el propio CONADEA, del reglamento para regular el procedimiento administrativo de ingreso de nuevos miembros. La verificación evidenció que las funciones y cometidos del Consejo no son suficientemente conocidos. Es necesario asegurar una mayor divulgación, así como la pronta emisión del reglamento que determine el procedimiento de ingreso.

32. En cuanto al compromiso de iniciar el proceso de levantamiento catastral, el Gobierno informó sobre las medidas que adoptó para definir y adecuar la coordinación político-institucional y modernizar el Registro General de la Propiedad. No obstante haberse realizado diversas actividades preparatorias, no se ha iniciado el proceso de levantamiento catastral en áreas piloto.

33. Con relación a la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra, el Gobierno realizó los trabajos preparatorios para su instalación, entre los que se incluye un diagnóstico sobre los diversos tipos de conflicto existentes y el nombramiento de los integrantes de la Junta Directiva. Dicha Junta, que comprende representantes de los distintos sectores interesados, incluso los que operan en el agro guatemalteco, está elaborando el presupuesto y definiendo la estructura de la Dependencia. En vista de la trascendencia del tema de la tierra y del impacto de los conflictos de su tenencia en la vida de la población rural, es urgente que la Dependencia inicie sus actividades con los recursos correspondientes a su relevancia para el proceso de paz.

34. Por otro lado, el Gobierno creó, mediante el Acuerdo Gubernativo 307-97, una instancia coordinadora de las políticas del Gobierno para el cumplimiento de los compromisos relacionados con la tierra. Coordinada por el Ministro de Agricultura, está integrada por el Ministro de Finanzas, SEPAZ, la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos, el Registro y Catastro, el Fondo de Tierras, el Programa de Inversiones Rurales, y el Sistema de Información Geográfica Nacional.

35. El 16 de abril, el Gobierno presentó el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural por un monto total de 737.9 millones de quetzales para 1997, que supera lo previsto en el Acuerdo. Dentro del conjunto de la inversión pública, este programa refleja la prioridad otorgada a la inversión en el medio rural, en particular por parte de los fondos sociales y del Ministerio de Comunicaciones y Obras Publicas. Los planes de privatización de la empresa telefónica (GUATEL) y de reestructuración del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), dos actores tradicionales en la ejecución de la inversión pública en el área rural, plantean el desafío de asegurar la continuidad de esta política de inversión prioritaria en electricidad y telecomunicaciones en el área rural.

36. Desde la firma de la paz, surgieron cuestionamientos respecto de varias medidas implementadas por el Gobierno en el área socioeconómica, considerando que éstas no atienden los compromisos adquiridos. Particular atención recibió la problemática de las privatizaciones. La URNG expresó públicamente su preocupación por las medidas de carácter económico y social, la venta de activos del Estado y la sanción de disposiciones jurídicas que podrían contradecir lo estipulado en los Acuerdos.

37. Atendiendo a que el tema específico de las privatizaciones no forma parte de los Acuerdos de paz, no puede hablarse, en sentido estricto, de cumplimiento o incumplimiento en esta materia. En un sentido más amplio, la congruencia de la venta de activos públicos con los Acuerdos se puede evaluar a través del cumplimiento de compromisos específicos, bajo el criterio general de que la política económica debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de exclusión económica y a optimizar los beneficios del crecimiento económico para todos los guatemaltecos. Dichos compromisos incluyen, en particular:

a) Adoptar políticas económicas tendientes a alcanzar un crecimiento sostenido del PIB a una tasa no menor del 6% anual, lo que apunta a la reforma del aparato productivo en el sentido de una mayor eficiencia;

b) Desarrollar un marco normativo para la prestación de servicios sociales por medio de entidades públicas, mixtas o privadas que garantice la concreción de los derechos sociales, lo que apunta a la necesidad de una ampliación de la cobertura en condiciones accesibles a la población;

c) Crear condiciones que permitan alcanzar niveles crecientes y sostenidos de empleo, lo que enfatiza el objetivo de la absorción de mano de obra;

d) Promover la reorientación de las relaciones laborales en las empresas impulsando la cooperación y la concertación trabajadores-empleadores que procuren el desarrollo de la empresa para beneficio común.

38. Lo complejo de estos aspectos y la sensibilidad política de todo lo relativo a los bienes públicos, hacen inevitable la controversia y el debate público. Por ello, se valora positivamente la iniciativa presidencial de convocar los "Encuentros de Actualización", con participación del Gobierno, de los partidos políticos y de representantes de la sociedad civil, para concertar temas urgentes de la vida nacional, y la decisión de los integrantes de este foro de incluir en su agenda la temática de las privatizaciones. Esta iniciativa responde plenamente a la estrategia de implementación del Acuerdo sobre cronograma, que enfatiza la participación efectiva de los sectores de la sociedad en la definición de las políticas públicas que les conciernen.

39. Es motivo de satisfacción que varios compromisos correspondientes al Acuerdo socioeconómico previstos para la segunda fase del cronograma están ya en vía de cumplimiento, en particular los relativos a la constitución del Fondo de Tierras, la institución bancaria participativa para crédito rural y su fideicomiso de tierra, la aplicación de medidas para el abaratamiento de la compra de medicamentos, y la incorporación de las prioridades de los Acuerdos de paz en los lineamientos para la formulación del anteproyecto de presupuesto nacional.

F. Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática

40. Respecto al compromiso de solicitar a la Presidencia del Congreso de la República que integre una instancia multipartidaria para mejorar, modernizar y fortalecer al Organismo Legislativo, el Congreso resolvió que la ya existente Comisión de Apoyo Técnico desarrollará la agenda prevista en el Acuerdo. Esta Comisión tiene la representación acordada y se estima que, con esta decisión, el Organismo Legislativo ha hecho orgánicamente suya la preocupación del fortalecimiento de la función legislativa plasmada en los Acuerdos de paz.

41. El 7 de marzo, a través del Acuerdo Gubernativo 221-97, se creó la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia. Está integrada por cuatro magistrados del Organismo Judicial, un funcionario del Ministerio Público, el Director de la Policía Nacional, los decanos de las facultades de derecho de la Universidad San Carlos y de la Universidad Rafael Landívar, un ex Presidente del Colegio de Abogados, un asesor jurídico del sector empresarial, un abogado indígena y una destacada dirigente de una organización no gubernamental de derechos humanos. Conforme al Acuerdo, la Comisión ha decidido propiciar un amplio debate en torno al sistema de justicia. Para ello, está llevando a cabo una amplia agenda de audiencias, tanto en la ciudad capital como en el interior del país, con representantes de diversos sectores sociales.

42. La composición de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia es representativa y acorde a lo estipulado en el Acuerdo, el cual enfatiza la prioridad nacional que corresponde a la reforma de la justicia y la necesidad que los Organismos del Estado asuman en forma articulada esta tarea. No obstante, existe un desequilibrio en la representación de las instituciones estatales del sector justicia, puesto que mientras que el Ministerio Público sólo tiene un representante, el Organismo Judicial posee cuatro magistrados. Además, la Defensa Pública no está representada.

43. La creación y despliegue de una nueva Policía Nacional Civil (PNC), es uno de los compromisos más importantes y ambiciosos asumidos por el Gobierno en los Acuerdos de paz, habida cuenta, en particular, la ola de delincuencia que azota el país. En este contexto, el 4 de febrero, el Congreso aprobó la Ley de la Policía Nacional Civil. En ella, algunos aspectos sustantivos previstos en el Acuerdo no fueron contemplados, entre ellos, los relativos a la formación policial. A solicitud de la Comisión de Acompañamiento, el Ministro de Gobernación le transmitió la ley y los proyectos de reglamento en curso de elaboración para examinar su congruencia con los Acuerdos de paz y hacer las recomendaciones correspondientes. El Ministro de Gobernación celebró varias reuniones con la Comisión de Acompañamiento sobre la legislación relativa a la Policía Nacional Civil.

44. Respecto de la propuesta normativa de Régimen Educativo de la Academia de Policía, es necesario precisar el rol de la misma en el proceso de selección, formación y evaluación del futuro personal policial, a los efectos de garantizar la objetividad e imparcialidad de los procedimientos de incorporación a la Policía Nacional Civil.

45. Respecto al Régimen Disciplinario, la normativa asegura, a juicio de la Misión, un marco jurídico adecuado para garantizar la disciplina interna y el cumplimiento de los deberes profesionales de la policía, en particular los vinculados a la observancia de los derechos humanos. Asimismo, el régimen sancionatorio garantiza al futuro personal un debido proceso administrativo. Tanto la ley como los reglamentos de la Policía Nacional Civil, están siendo considerados por una instancia técnica integrada por representantes del Gobierno, de la URNG y de la MINUGUA, creada por la Comisión de Acompañamiento.

46. En cuanto al funcionamiento de la Academia, es importante que los mecanismos de selección para los cursos de reeducación ("reciclaje") y el contenido académico de los mismos, sean compatibles con los Acuerdos. La preocupación por la admisión a los cursos de funcionarios policiales involucrados en violaciones a los derechos humanos fue transmitida por la Misión al Gobierno, quien se comprometió a implementar los correctivos pertinentes. Asimismo, se comunicó al Gobierno que efectivos de la Policía Militar Ambulante fueron asignados por un breve período a la Guardia de Hacienda, a los sólos efectos de su posterior traslado a la Academia como miembros de este último cuerpo de seguridad. Para afianzar la confiaza ciudadana en la nueva Policía Nacional Civil y asegurar su eficacia, es importante que se cumpla el compromiso de depurar y profesionalizar los cuerpos de seguridad.

47. En cuanto al compromiso de desmovilización de los Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC), el 28 de noviembre de 1996 el Congreso de la República derogó el decreto de su creación. Éste entró en vigencia, como fue previsto, el día de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

48. Los miembros de los ex CVDC fueron efectivamente desmovilizados, las armas de propiedad del Ejército recogidas y, en general, los ex miembros no mantienen relaciones orgánicas con el Ejército. La información remitida por el Gobierno sobre los desmovilizados y el registro de las armas entregadas, no han podido ser comparadas debido a que no se tiene listas de los integrantes de los CVDC y de las armas que les fueron entregadas. Se han observado casos aislados donde, pretendiendo estar amparados por su relación con miembros del Ejército, ex miembros de CVDC continúan ejerciendo presiones indebidas sobre autoridades civiles o la población. El Ministro de la Defensa manifestó su disposición a colaborar en la superación de estos casos.

49. En relación a los compromisos incluidos en la segunda fase del Cronograma, el Equipo de trabajo sobre la Ley de Servicio Cívico decidió entregar el anteproyecto de ley en agosto de 1997.

G. Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral.

50. Este Acuerdo incluye las reformas constitucionales pactadas en el conjunto de los Acuerdos de paz, relativas a la identidad y derechos de los pueblos indígenas, al Congreso de la República, al Organismo Judicial, a la Policía Nacional Civil, al Ejército y a las funciones del Presidente de la República. A efectos de profundizar su discusión, la Comisión de Acompañamiento recalendarizó este compromiso para el 15 de mayo. Dentro de este nuevo plazo, se pronunció sobre el texto de la propuesta de reforma elaborada por el Gobierno, con recomendaciones para asegurar su compatibilidad con el Acuerdo.

51. El Ejecutivo presentó el proyecto ante el Congreso el 15 de mayo, mediante el cual los compromisos se hallan, en términos generales, cumplidos. La inclusión del tema de las reformas constitucionales en la agenda del foro "Encuentros de Actualización" permitirá un primer intercambio nacional en torno a estas reformas antes de su consideración por el Congreso.

52. Mediante el Acuerdo Gubernativo 16-97, el Tribunal Supremo Electoral creó la Comisión de Reforma Electoral. La misma está constituida por magistrados y ex miembros del Tribunal y un representante y su suplente por cada uno de los siete partidos políticos que integran el Congreso. La Comisión aprobó una agenda no limitativa de 15 puntos sobre los temas abordados en el Acuerdo y realizó un llamado a las organizaciones y personas interesadas a que sometieran propuestas o solicitaran audiencias antes del 15 de mayo. Al vencimiento de dicho plazo había recibido 22 propuestas. Adicionalmente, la Comisión inició la consideración de los puntos de su agenda que tienen alcance constitucional. La Misión da seguimiento al trabajo de la Comisión y está atenta a la posibilidad de brindar asistencia técnica si ésta lo requiere.

H. Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad

53. El 28 de enero, mediante el Acuerdo Gubernativo 82-97, se creó la Comisión Especial de Incorporación que, tal como establece el Acuerdo, tiene a su cargo la coordinación, gestión financiera y toma de decisiones acerca de los programas y proyectos derivados del Acuerdo. Integran la Comisión representantes del Gobierno y de la URNG, con la participación, en calidad de observadores, de la Unión Europea (UE), de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La Comisión está supervisando la aplicación de un plan de emergencia que cubre el periodo hasta el 3 de agosto y atiende a las necesidades de los desmovilizados en educación, orientación vocacional, capacitación profesional y otras áreas previstas en el Acuerdo de incorporación.

54. La URNG cumplió el compromiso de remitir a la autoridad de verificación, las listas de sus integrantes sujetos a concentración y de los no sujetos a concentración, tanto residentes en el país como en el exterior.

55. El Gobierno brindó seguridad a los miembros de la URNG, cuando fue solicitada. Se han producido algunos incidentes aislados que, aunque no revistieron gravedad, ponen de relieve la importancia del compromiso del Gobierno relativo a la seguridad de los miembros de URNG. Como lo requiere el Acuerdo, la Misión continuará prestando especial atención a este tema.

56. Respecto de la documentación provisional de los miembros de la URNG, las partes solicitaron al Grupo de Observadores Militares adscrito a la MINUGUA que asumiera esta tarea. Se finalizó respecto de los integrantes sujetos a concentración y se está realizando, a través de las oficinas regionales de la MINUGUA, para los integrantes no sujetos a concentración.

57. La URNG realizó un diagnóstico sobre orientación vocacional y capacitación laboral en los campamentos de desmovilización y, con el apoyo de la OEA y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se realizaron actividades de orientación vocacional. Con la participación de Médicos del Mundo España, Médicos Sin Fronteras Francia, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, elaboró además un plan que incluye vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y atención médica.

58. Respecto al compromiso de facilitar la reunificación de los miembros de la URNG con sus familias, a solicitud de las partes, la Cruz Roja Española ha realizado el trabajo preliminar de recoger los datos necesarios para la ubicación de las familias de los ex combatientes. El programa de asistencia jurídica a los miembros de la URNG no se ha puesto en marcha.

59. El Gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, facilitó los trámites de constitución legal de la Fundación de la URNG para la Incorporación "Guillermo Toriello", que el 3 de junio fue autorizada por el Acuerdo Gubernativo 182-97.

60. La desmovilización y posterior traslado de los ex combatientes a sus comunidades de origen transcurrió sin mayores incidentes, con excepción de los hechos ocurridos en la Cooperativa Ixcán Grande, al norte del país. Varios de sus miembros, en su calidad de combatientes de la URNG sujetos a concentración, se integraron al campamento de desmovilización ubicado en Mayalán. Las autoridades de la cooperativa consideraron incompatible que sus socios, beneficiarios del Acuerdo del 8 de octubre de 1992 entre el Gobierno y las Comisiones Permanentes de Guatemaltecos Refugiados en México, fueran también beneficiarios del Acuerdo de incorporación. Un sector de socios manifestó su oposición a que los desmovilizados regresaran a la cooperativa.

61. Pese a los buenos oficios de varios organismos, incluyendo la Comisión de Acompañamiento, la asamblea general de la cooperativa decidió la expulsión de los ex combatientes. Cabe mencionar que, como consecuencia de esta situación, se registraron serios incidentes, incluso la retención por parte de miembros de la cooperativa de varios funcionarios internacionales de ACNUR, MINUGUA y OIM.

62. La Misión comparte plenamente el criterio manifestado por la Comisión de Acompañamiento, de que la resolución de esta compleja situación debe darse con el más estricto apego a la Constitución, las leyes y los Acuerdos de paz, buscando la reconciliación nacional y el fortalecimiento del Estado de Derecho. A iniciativa de la Comisión Especial de Incorporación, se dará inicio a un diálogo entre las partes involucradas en este problema.

I. Otros compromisos

63. Respecto del compromiso de dar la más amplia divulgación al conjunto de los Acuerdos de paz, el Gobierno informó que ha distribuido 20.000 ejemplares de los Acuerdos. Es importante profundizar esta tarea de divulgación y explicación, en la que deben sumar esfuerzos el Gobierno y otros sectores de la sociedad. Las oficinas regionales de la MINUGUA han constatado que subsiste un gran desconocimiento del contenido de los Acuerdos por parte de la población, lo que fomenta malentendidos o expectativas exageradas y reduce las posibilidades de involucramiento y respaldo efectivo de la población en la implementación. Es también importante enfatizar la necesidad de su conocimiento por el conjunto de los servidores de las instituciones del Estado, a quienes corresponde un papel decisivo en su implementación.

64. La Misión, por su parte, ha proseguido su trabajo de difusión y explicación de los Acuerdos. Desde enero ha realizado charlas informativas con la asistencia de más de 12,000 participantes y ha brindado capacitación a más de 10,000 personas, principalmente del sector popular, magisterial y de las fuerzas de seguridad. También elaboró y difundió programas radiales que enfatizaron la importancia del proceso de paz y el cumplimiento de los compromisos asumidos. Finalmente, facilitó a la prensa una amplia cobertura informativa del proceso de desmovilización y desarme de la URNG, en los distintos puntos de concentración.

III. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

65. A partir de la entrada en vigor de los Acuerdos de paz, el 29 de diciembre de 1996, la cooperación internacional adquirió un papel más amplio aún en el proceso de paz de Guatemala. Los Acuerdos parten del principio de que la sostenibilidad de los cambios previstos supone ante todo un esfuerzo nacional, en particular en la movilización de recursos financieros. No obstante, se reconoce el papel decisivo que corresponde a la cooperación internacional, mientras las reformas necesarias para una mejor recaudación y ejecución de dichos recursos nacionales producen sus frutos. En este entendido, la comunidad internacional ha respondido muy favorablemente a los desafíos de la construcción de la paz. Esto se debe, entre otras razones, a que los Acuerdos trascienden un arreglo puramente militar entre partes y abarcan una agenda respaldada por sectores significativos de la sociedad. Esta agenda está dirigida a superar rezagos estructurales que han obstaculizado el desarrollo del país y limitado sus posibilidades de cooperación con el resto de la comunidad internacional.

66. Los días 20 y 21 de enero de 1997 en Bruselas, en el marco del Grupo Consultivo para Guatemala organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo con el patrocinio de la UE, el Gobierno presentó un inventario de los proyectos a ejecutar en el marco de la implementación de los Acuerdos de paz. La comunidad internacional se comprometió a cubrir la demanda del programa por un monto de 1.900 millones de dólares estadounidenses, hasta el año 2000. Varios donantes iniciaron sus aportes: Alemania, los Estados Unidos, el Japón, Noruega, Suecia y la Unión Europea contribuyen directamente a la ejecución de proyectos y se encuentran en gestión fondos comprometidos por Alemania, el Canadá, Dinamarca, España, Francia, Italia, el Japón, los Países Bajos y la Unión Europea. Varios donantes, para concretar sus aportes, esperan las medidas que adopte el Gobierno para aumentar la recaudación fiscal. La próxima sesión del Grupo Consultivo, prevista para principios de setiembre en Guatemala, ofrecerá la oportunidad de realizar conjuntamente un balance del proceso de implementación y reafirmar el compromiso de la comunidad internacional con los objetivos fundamentales de los Acuerdos de paz.

67. La cooperación internacional ha realizado también un esfuerzo cualitativo de coordinación de los aportes de las agencias multilaterales de cooperación y de los donantes bilaterales para responder adecuadamente a las demandas del proceso de paz, en estrecha cooperación con el Gobierno. El sistema de las Naciones Unidas, con el impulso del Coordinador Residente, ha hecho un esfuerzo particular para que el conjunto de las actividades del sistema se ajusten y prioricen en función del Acuerdo sobre cronograma. Un ejemplo de cooperación internacional entre Gobierno, donantes y cooperantes y los organismos no gubernamentales ha sido el apoyo al proceso de desmovilización de los ex combatientes de la URNG (véase S/1997/432). Un esfuerzo similar de coordinación está siendo realizado a través del Grupo de Trabajo sobre Justicia y del Grupo de Trabajo sobre Seguridad, con la participación de los donantes y cooperantes, el Gobierno y las Naciones Unidas.

68. Con el apoyo generoso de la comunidad internacional y en el marco de la cooperación ya descrita, la MINUGUA continúa realizando actividades de fortalecimiento institucional, orientadas especialmente al sistema de justicia, la seguridad pública, la promoción de un Estado pluricultural, plurilingüe y multiétnico, así como a la educación, promoción y difusión de los Acuerdos de paz y de una cultura de respeto a los derechos humanos. Los aportes de los Gobiernos de los Estados Unidos de América, Suecia y Suiza durante este año, han totalizado cerca de 3.5 millones de dólares. Además, se encuentran en trámite ofrecimientos de los gobiernos de Bélgica, Dinamarca, los Estados Unidos, Noruega y los Países Bajos, por un monto superior a los 6 millones de dólares.

IV. BALANCE Y PERSPECTIVAS

69. La primera fase del Acuerdo sobre cronograma ponía énfasis en el proceso de cese al fuego definitivo, incluyendo la desmovilización de los miembros de la URNG, y los preparativos para los cambios sustantivos previstos en la agenda de la paz. El Acuerdo sobre el Definitivo Cese al Fuego se cumplió con fiel observancia de los plazos y procedimientos acordados, confirmando la voluntad del Gobierno y de la URNG de poner término definitivo al enfrentamiento armado, evidenciada a lo largo de 1996 a través de la negociación y del cese al fuego informal, vigente desde el 19 de marzo 1996. El proceso de cese al fuego puso de manifiesto el espíritu de responsabilidad de los ex combatientes de URNG frente a los retos de su incorporación a la vida legal.

70. Entre los preparativos, destaca el esfuerzo realizado por el Gobierno, a través del Consejo Político para la Paz, para dar coherencia al accionar gubernamental, articular sus instituciones y priorizar sus actividades en función del cumplimiento de los acuerdos. Destaca también su esfuerzo de coordinación de la cooperación internacional.

71. Las instancias de participación creadas durante esta primera fase (Comisión paritaria de reforma educativa, Comisión de oficialización de idiomas indígenas, Comisión para lugares sagrados, Instancia multipartidaria legislativa, Comisión de fortalecimiento de la justicia, Comisión de reforma electoral, Comisión especial de incorporación, Foro de la mujer) se han establecido, con excepción de la Comisión de Coordinación del Foro de la Mujer, en el plazo previsto y sin dificultad. El funcionamiento de estas instancias refleja el vigor de la voluntad de cambio y de participación en la sociedad guatemalteca. Desde la realización del Diálogo Nacional en 1989 hasta los trabajos de la Asamblea de la Sociedad Civil de 1994 a 1996, pasando por las consultas realizadas a raíz del Acuerdo de Oslo en marzo de 1990, esta voluntad de cambio participativo ha sido uno de los rasgos del proceso de democratización guatemalteco. Las negociaciones de paz fueron a la vez producto y catalizador de estas aspiraciones. Adicionalmente a las instancias participativas surgidas de los Acuerdos, la concertación sobre el programa de resarcimiento de las victimas de violaciones a los derechos humanos y el establecimiento de los "Encuentros de Actualización", confirman la vigencia de lo plasmado en el preámbulo del Acuerdo sobre cronograma sobre la importancia de una concertación efectiva en la construcción de la paz.

72. A pesar de estas iniciativas, en algunos sectores existe la percepción que los Acuerdos de paz y su implementación son un proceso cuyos beneficios, en particular políticos, redundan exclusivamente al Gobierno y la URNG. Otra preocupación es que la insuficiencia de impacto tangible de la implementación de los Acuerdos en la vida cotidiana de la población más necesitada podría generar desilusión y alimentar el escepticismo. Para atender estas dificultades, es importante:

a) Propiciar una mejor comprensión de las perspectivas que ofrecen los Acuerdos y mayor información sobre el proceso de cumplimiento;

b) Prestar particular atención al impacto del cumplimiento de los compromisos en el medio rural y sus comunidades, históricamente desatendidas, donde la deuda social es la más apremiante y donde es esencial no defraudar las esperanzas generadas por la firma de la paz.

c) Propiciar que la implementación de los Acuerdos continúe generando oportunidades para que amplios sectores de la ciudadanía puedan ejercer responsabilidades concretas en el manejo de sus asuntos y respecto del proceso de paz en su conjunto. Los compromisos previstos en la segunda fase del cronograma, del 15 de abril al 31 de diciembre de 1997, ofrecen numerosas posibilidades para fortalecer el sentimiento de responsabilidad individual y colectiva frente a los retos planteados a la sociedad guatemalteca. Como lo señala el informe de la Comisión de Acompañamiento, el proceso de implementación de los Acuerdos es, en si, un necesario proceso de formación y participación cívica.

73. Desde el inicio del proceso de paz, los distintos partidos políticos de Guatemala han contribuido , en varios épocas, a su afianzamiento y exitosa culminación. Hoy les corresponde una responsabilidad particular en el debate público y en la aprobación de la agenda legislativa de la paz, en especial de las reformas constitucionales. La próxima fase del cronograma prevé la aprobación de varias leyes importantes en el ámbito laboral, administrativo, legal, y de seguridad. Ello ofrece la oportunidad de hacer efectivo el Punto Resolutivo 1-97 del Congreso, aprobado el 15 de enero de 1997, en el cual el Congreso resolvió "manifestar su total e irrestricto compromiso en dar cumplimiento a la agenda legislativa de la paz". Para ello, es importante generar, al margen de las diferencias de plataforma entre los partidos políticos, un clima de cooperación en torno a la implementación de los Acuerdos para coadyuvar en la consolidación de la paz.

74. En su última carta pastoral, la Conferencia Episcopal de Guatemala urge al conjunto de los guatemaltecos a luchar para que los Acuerdos logrados sean una realidad para todos, a evitar una visión pesimista, lo mismo que una visión exageradamente optimista, e invita a poner los pies sobre la tierra y enfrentar con valentía y decisión los retos que plantea la construcción de la paz. Las Naciones Unidas se unen a este llamado e invitan a la comunidad internacional a seguir sumando sus esfuerzos en este empeño.

Notas

1. Documento presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas al Quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General, con fecha 30 de junio de 1997 y código A/51/936 para ser incluido en el tema cuarenta del programa: “La situación en Centroamérica: procedimientos para establecer la paz firme y duradera, y progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo”.

Enlaces externos

• Primer Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la verificación de los acuerdos de paz de Guatemala - A/51/936 (en formato pdf)