VI. La crisis social en los países capitalistas desarrollados

VI. La crisis social en los países capitalistas desarrollados

26. La expresión más contundente de la crisis mundial es la incapacidad de la burguesía para sostener la legislación laboral y los regímenes de protección social, que han sido la principal conquista popular de las luchas revolucionarias de la ante y la pos-guerra. Esta incapacidad obedece a la fenomenal caída de la tasa de beneficio, histórica, del capital. Esta caída es un reflejo de la incapacidad del capital de reproducirse sobre sus propias bases. La superación de la crisis de la acumulación capitalista exige un incremento drástico de la tasa de explotación del proletariado. De aquí resultan las tendencias a la flexibilización laboral en sus diversas formas y el desempleo en masa. También resulta de aquí la tendencia a la liquidación de la protección social (salud, previsión), porque ella forma parte del precio de la fuerza de trabajo que es necesario reducir drásticamente. La crisis de los presupuestos estatales son un reflejo de esta situación. El Estado intenta, primero, hacer frente a la crisis del capital mediante la transferencia de la carga impositiva a los consumidores, la privatización del patrimonio económico del Estado y mediante el endeudamiento público; en casos extremos, mediante la inflación y la hiperinflación. Luego, la carga de los intereses y de la deuda y los límites para una presión impositiva mayor plantean la crisis de las finanzas estatales y de los servicios públicos. La privatización representa el intento de la burguesía de asociar el financiamiento de la seguridad social al ciclo del beneficio capitalista y liquidar, de este modo, su carácter de norma de derecho que encarga al Estado la protección social de los trabajadores. En la época de crisis, el ideal de la burguesía es asociar el precio de la fuerza de trabajo al movimiento de los beneficios capitalistas (es decir de sus pérdidas). De aquí nace el planteo más extremo de determinar el salario como una parte del beneficio. La desocupación en crecimiento y la caída relativa de los salarios provocaron una considerable reducción de los aportes a las distintas formas de seguridad social. La privatización acentuó, en muchos países, la crisis, porque dejó al Estado con un menor financiamiento para la seguridad pública. Constituyó un formidable instrumento de confiscación de los trabajadores, porque los fondos recogidos financiaron grandes negocios capitalistas y una especulación financiera sin precedentes. El derrumbe bursátil del 2000, a su turno, provocó el derrumbe de los sistemas de protección social privatizados, en especial los referidos a los retiros y jubilaciones. El cuadro actual es de una bancarrota simultánea de la protección social tanto estatal como privada. En lo referido a la salud, sus costos se han incrementado en forma enorme debido a los superbeneficios de los monopolios farmacéuticos y a la privatización de la atención médica, que al adoptar un carácter de negocio capitalista significó al mismo tiempo un enorme encarecimiento. Los apologistas del capitalismo atribuyen esta crisis al envejecimiento relativo de la población, de lo que se deriva la necesidad de aumentar la edad de retiro. La falacia de la tesis se comprueba en que, con el aumento simultáneo del desempleo, el aumento de la edad de retiro solamente significa el aumento de la desocupación en masa. La protección que se niega al que debiera jubilarse habría que destinarla al desocupado; las cuentas cierran exclusivamente con el abandono de los desocupados. La dependencia recíproca entre el derrumbe de los derechos sociales y laborales, de un lado, y la crisis capitalista, del otro, se pone de manifiesto en el hecho de que a medida que aumenta la productividad del trabajo el capital exige el aumento de la jornada laboral y de su intensidad y la reducción de los salarios. A medida que aumenta la capacidad de creación de riqueza social, crece, por parte del capital, la exigencia de una mayor miseria social. Resulta claro, sin embargo, que el aumento de la tasa de explotación relativa del trabajador (mediante mejor tecnología) y de la absoluta (mayor flexibilidad laboral), lleva a limitar cada vez más la posibilidad de realizar el mayor valor que produce el capital. La salida para esta contradicción, que siempre será transitoria, reside, por un lado, en la restauración del capital en los ex Estados obreros y, por el otro, en una desvalorización del propio capital que haga más rentable su aplicación productiva. La primera salida implica guerras y catástrofes internacionales, la segunda una crisis económica sin precedentes, porque la desvalorización debe ser precedida por la quiebra.

27. La defensa de las conquistas sociales que implican la propia vida de los trabajadores reclama una lucha de alcances históricos, que plantea en definitiva el derrocamiento del capitalismo. Esto queda más claro todavía luego del fracaso de las tentativas pusilánimes de compromiso de la burocracia sindical, como canjear el mantenimiento de la seguridad social por mayores aportes de los trabajadores, disminución de prestaciones o elevación de la edad de retiro; o la admisión de la caída de los convenios laborales en el ámbito de las llamadas pequeñas y medianas empresas. La IV Internacional plantea la defensa de todas estas conquistas sociales mediante un sistema de reivindicaciones transitorias. Con relación a la seguridad social planteamos la estatización sin pago de todos los sistemas de retiro privado, bajo control de los trabajadores, y asegurar una prestación determinada igual al último salario, a las edades históricamente establecidas. El retiro, una parte del salario del trabajador a lo largo de su vida, debe ser íntegramente pagado por los capitalistas, como ocurre con el salario corriente. La posibilidad de aumentar la edad de retiro podría convertirse en un factor positivo de desarrollo humano en un régimen social sin desocupación, donde la organización del trabajo se encuentre bajo control obrero e integre las vocaciones personales, que garantice la educación, la salud y el esparcimiento, es decir, en el marco de una sociedad de decisiones libres. Con relación a la salud pública planteamos el control obrero de los monopolios farmacéuticos, una atención estatal de salud bajo la gestión de los trabajadores y su financiación a cargo directamente de las patronales. La defensa de la salud y del retiro de los trabajadores implica el cuestionamiento del monopolio del capital. Frente al flagelo de la desocupación reivindicamos, contra los despidos, la escala móvil de trabajo (reparto de las horas en la empresa sin afectar el salario), pero agregamos el reparto integral de las horas de trabajo de toda la sociedad, mediante una bolsa nacional de trabajo que integre a los trabajadores desocupados de acuerdo a su oficio, especialidad, residencia y condiciones de edad y de sexo. Si la escala móvil de las horas de trabajo plantea un desafío a la propiedad capitalista en el ámbito de la empresa, el reparto de las horas de trabajo en la sociedad lo plantea al nivel de todo el Estado. En oposición a la tendencia del capital a alargar la jornada de trabajo, intensificar su ritmo, violentar los periodos de descanso y vacaciones (anualización de los periodos laborales), establecer contratos laborales precarios, reducir los salarios mínimos y las escalas salariales, planteamos: salario mínimo vital y móvil igual al costo de la canasta familiar; jornada laboral de ocho horas; descanso y vacaciones colectivos, prohibición de los despidos; contrato de trabajo indeterminado; control obrero de las condiciones de trabajo por medio de comités de empresas; convenios colectivos de trabajo por medio de representantes obreros elegidos y revocables en asambleas. La IV Internacional denuncia las limitaciones de la semana de 35 horas pactada en Francia, en 1995, porque se otorgaron como compensación al congelamiento de los salarios nominales, restringieron el reconocimiento de las horas extras y se autorizó su calculo anualizado, permitiendo con ello la violación de la jornada de ocho horas y el derecho a vacaciones y feriados colectivos. En Francia, la desocupación y la precariedad del trabajo han crecido y la situación general de la clase obrera ha retrocedido. Para que la reducción de la semana laboral sea un instrumento real de lucha contra la desocupación debe ir acompañada con la prohibición del despido y de extender la jornada laboral o intensificar su ritmo, con la escala móvil de los salarios y con un control obrero capaz de determinar que el resultado social de la reducción de la semana laboral haya servido al progreso de los trabajadores.

28. En el curso de la presente crisis mundial se han producido enormes luchas sociales y nacionales, pero el proletariado de las principales naciones industriales ha estado relativamente ausente de ellas, con la excepción parcial de Corea del sur. Algunos choques importantes van marcando, sin embargo, un cambio de tendencia, por ejemplo las ocupaciones de la Fiat, en Italia, en 2002, o las que están en curso en los astilleros de España. Pero los amortiguadores sociales de la lucha de clases tienden a disolverse, en particular en Europa, porque han entrado en una contradicción cada vez más intensa con el capital. La IV Internacional reivindica la necesidad de ocupar un lugar destacado en todas las luchas provocadas por la opresión social o nacional y al lado de todas las clases, grupos o nacionalidades que sufran la opresión o la arbitrariedad. La lucha contra el capital envuelve a la totalidad de las contradicciones y antagonismos que crea o que refuerza la dominación capitalista mundial y entre las que se establece una relación de dependencia recíproca. Si Inglaterra hubiera sido derrotada en Malvinas, en 1982, digamos, el gobierno Thatcher no habría derrotado a los mineros británicos en 1985. La IV Internacional participa junto a los sin tierra de Brasil, Paraguay o Argentina, los campesinos cocaleros de Bolivia y Colombia, las mujeres asesinadas en México o golpeadas en todo el mundo, los inmigrantes sin papeles, los niños esclavizados, los jóvenes que reclaman el pleno derecho a la educación y los movimientos de trabajadores, en particular campesino, por la defensa y mejoramiento de su hábitat y medio ambiente, por la defensa de los derechos personales de todo orden contra el Estado policial que es todo Estado capitalista. La IV Internacional interviene en estas luchas, no en defensa de salidas de orden particular (que no son tales), sino para producir un único movimiento internacional por la victoria de la revolución socialista. Sólo participando en las luchas contra toda, absolutamente toda, forma de opresión puede una vanguardia obrera reclamar su lugar en las filas combativas del proletariado industrial internacional. Los cierres de empresa y la tendencia a la crisis industrial han planteado las ocupaciones de empresa y las plantearán todavía más en el futuro. Las ocupaciones de empresa han planteado, históricamente, un conjunto de cuestiones, que se encuentran vinculadas a las condiciones de conjunto de la lucha. Cuando tienen que ver con la bancarrota económica, oponen al cierre o al despido masivo el reclamo de la expropiación de la empresa y su puesta en funcionamiento bajo la responsabilidad de los propios trabajadores. La IV Internacional plantea, en estas circunstancias, la expropiación sin pago de los capitalistas, la confiscación de sus bienes privados, la puesta en marcha de la empresa con fondos estatales y la gestión obrera de la producción. De acuerdo con el nivel de generalización de la lucha, se plantea la formación de un frente de empresas ocupadas y gestionadas para, alternativamente, exigir fondos bancarios sin interés para el funcionamiento de la gestión obrera, la intervención de los trabajadores en la gestión de los bancos y la nacionalización sin pago del sistema financiero bajo la dirección obrera. Mientras que es claro que una gestión obrera de una empresa o un grupo de empresas no tiene destino bajo el capitalismo, la IV Internacional advierte contra el intervencionismo del Estado o incluso la estatización de las empresas que se encuentran ocupadas o gestionadas, porque implican un paso hacia la destrucción de la gestión obrera y, cuando las condiciones más generales son revolucionarias o prerrevolucionarias, un instrumento contra la revolución proletaria. A la estatización de empresas gestionadas, de un lado, y a la salida individual de la cooperativa obrera o de la autogestión, la IV Internacional opone la alternativa del frente de las empresas ocupadas y gestionadas; su intervención en los bancos estatales y privados, incluyendo la nacionalización financiera, para viabilizar la gestión obrera; su alianza con el conjunto del movimiento obrero en torno a las reivindicaciones comunes y en la perspectiva de una huelga política de masas. La IV Internacional establece la distinción entre las estatizaciones burguesas nacionales contra el capital extranjero, que tienen un carácter relativamente progresivo, y las que van dirigidas a sustituir a la gestión obrera, que van contra la posibilidad de una acción independiente del proletariado. Una tarea de importancia excepcional en la presente crisis es la organización de los desocupados. Esta organización no solamente atenúa la rivalidad entre los trabajadores que estimula el capital sino que tiene a convertirse en un poderoso arsenal revolucionario, dado que los desocupados representan el sector más golpeado y desesperado de las masas y el que concentra la disolución del capital en cuanto tal. Este potencial revolucionario explica la obstinada oposición de la burocracia de los sindicatos a su organización, que sin embargo es insustituible para acometer la tarea sindical por excelencia, que es la atenuación de la competencia entre los trabajadores. En la medida en que la vanguardia revolucionaria se esfuerza por organizar a los desocupados, mediante la presión en los sindicatos y fuera de ellos, y convierte a esta organización de los sin trabajo en un movimiento de solidaridad con los trabajadores empleados que luchan contra las cesantías y la flexibilidad laboral, esa vanguardia logra un acercamiento sin precedentes al conjunto de la clase obrera en el terreno más avanzado posible. La reivindicación fundamental de los desocupados es el derecho a la vida y al trabajo, o sea un seguro al desempleo, de una parte, y el acceso al empleo, de la otra. Frente a los intentos del Estado de adulterar el seguro al parado con formas de asistencia social clientelística, la IV Internacional reclama el control obrero, es decir de los desocupados, del seguro al desempleo y de cualquier forma de remuneración a los trabajadores que no tienen empleo. Denunciamos al Banco Mundial y a las ONG que reivindican la ayuda social para controlar a los trabajadores desocupados y convertir a esos planes sociales en una forma de explotación social que compita con el trabajador ocupado. Denunciamos, fundamentalmente, la campaña del centroizquierdismo internacional, en particular en Brasil, Argentina y Francia, que ha hecho suya la reivindicación del neo-liberalismo de un salario mínimo ciudadano. Este salario de subsistencia pretende convertir en statu-quo a la desocupación masiva y establecer como piso salarial para la fuerza de trabajo la remuneración de subsistencia que se adjudica a la familia desocupada. En oposición a estos ataques abiertos o perversos contra las condiciones de vida de los trabajadores, la IV Internacional lucha por el cese de la desocupación mediante el reparto de las horas de trabajo, el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, el seguro al parado, la ocupación de las empresas que cierran, la escala móvil de las horas de trabajo contra los despidos, la adopción de planes de obras públicas bajo el control de los sindicatos o las organizaciones de desocupados, el impuesto progresivo al capital y la centralización de todos los recursos necesarios para hacer frente a la gran crisis social en manos de organizaciones controladas o gestionadas por los trabajadores. La IV Internacional llama la atención acerca de la actividad excepcional de la mujer y de los jóvenes en los movimientos y organizaciones de desocupados. Esta intervención obedece a que son los más golpeados por la desocupación. La acción de la mujer modifica no solamente el cuadro de lucha de los desocupados sino el conjunto del ámbito social, es decir que representa un sacudimiento más vasto, que atemoriza por sobre todo al clero y sus secuaces. La presencia de la mujer desocupada en la lucha de clases tiende a violentar los límites políticos de los movimientos feministas, al introducir en ellos la lucha contra el capital. La acción de la mujer influye también en la formación de la vanguardia obrera, de un lado porque incorpora a sus filas a un protagonista de mayor potencial revolucionario, del otro porque corrige la tendencia a la desmoralización que genera el desempleo, en especial el permanente, y que se manifiesta en el proletariado masculino. La IV Internacional recoge en sus conclusiones el enorme significado que tiene la presencia de la mujer en las luchas de los explotados, saluda su aporte y llama a extraer las consecuencias que esto impone a la tarea de reconstruir a la vanguardia del proletariado. El ataque contra la seguridad social, los cierres de empresa, la mayor flexibilización laboral, la reducción de los salarios darán lugar a un período de importantes luchas reivindicativas. La IV Internacional llama, especialmente en estas condiciones, a participar activamente en los sindicatos, incluso en los más reaccionarios; a formar en ellos fracciones clasistas; a incorporar a la lucha a las masas no sindicalizadas, reclamando para ellas la soberanía de las decisiones, mediante el régimen de asambleas, la formación de comités de huelga, la organización del enlace entre las empresas de una misma región con independencia de su filiación sindical. Sobre la base de este método de intervención es necesaria la expulsión de la burocracia de los sindicatos y la formación de direcciones sindicales clasistas y revolucionarias. La persistencia de la burocracia en la dirección de los sindicatos en el curso de las grandes luchas obreras que se avecinan, compromete las posibilidades de una victoria sobre las patronales y el Estado.