De otro modo se correría el riesgo de andar a tientas durante mucho tiempo en busca de cosas nuevas e inseguras, mientras que las buenas y ciertas están disponibles y ya han prporcionado una excelente prueba; o bien proponer instituciones y métodos propios quizá de otros tiempos, pero no entendidos hoy por la gente; o, finalmente, detenerse a medio camino no haciendo uso, en la medida concedida, de los derechos ciudadanos que las constituciones civiles ofrecen a todos y, por tanto, también a católicos. Y para detenernos en este último punto, es cierto que el orden actual de los Estados ofrece indiscriminadamente a todos el poder de influir en lo público, y los católicos, a excepción de las obligaciones impuestas por la ley de Dios y las prescripciones de la Iglesia, pueden con segura conciencia utilizarlo, para mostrarse igualmente aptos, o mejores que otros, para cooperar en el bienestar material y civil del pueblo y adquirir así aquella autoridad y respeto que, incluso, les permita defender y promover los bienes más elevados, que son los del alma.
Esos derechos civiles son muchos y variados, hasta el de participar directamente en la vida política del país, representando a las personas en las cámaras legislativas. Graves razones Nos disuaden, Venerables Hermanos, de apartarnos de aquella norma decretada por Nuestro Antecesor
