parte de aquéllos hostilizaron la causa patriota favoreciendo á los realistas. El número de esclavos de todo el país ascendía á 41.228, de los que cerca de 33.000 estaban ocupados en las faenas agrícolas. Pobre hacienda era aquella en que la cifra de negros llegaba á 50. Lo general era que las haciendas contaran con 150 ó 200 esclavos, y hubo no pocas en que el número de éstos excedía de 300.
San Martín calculaba (y calculaba muy juiciosamente) que para 1850, esto es, en la mitad del siglo xix, la existencia de esclavos estaría reducida á la cuarta parte de los 41.228; es decir, á diez ú once mil, y que bastaría un tercio de millón de pesos, sobre poco más ó menos, para indemnizar á los propietarios.
Los Congresos Constituyentes de 1823 y 1828, ratificaron los decretos dictatoriales de San Martín.
Los esclavócratas esperaron oportunidad propicia para interpretar, conforme á sus conveniencias, las leyes, á fin de convertir en título de señorío la tutela que éstas les acordaron. La vocinglería interesada se empeñó en probar que, suprimida la esclavatura, sucumbiría la industria agrícola por falta de brazos; y un simple decreto presidencial de 19 de Noviembre de 1830, transformó á los libertos de pupilos en esclavos. Y para remachar la cadena, vino la ley de 27 de Agosto de 1831. El azote, tratándose de los negros, continuó siendo la norma del derecho.
En 1833, y como para ponerse en guardia contra la fracción liberal que formaría parte de la Convención Nacional, convocada para ese año, los hacendados, por artículos de periódicos y por folletos, se esforzaron en demostrar la incompetencia de San Martín y de los Congresos del 23 y 28 para haber legislado sobre la materia. En concepto de aquellos, no había potestad sobre la tierra con facultad para manumitir á los esclavos. Añadían que en doce años más, esto es, en 1845, los libertos principiarían á emanciparse si se accedía á la pretensión de los liberales, que era declarar en todo su vigor
