Por eso estamos construyendo cuatro nuevos recintos penales que, junto con otras medidas, nos permitirán contar con diez mil nuevas plazas para internos; reducir la tasa de hacinamiento del 60 por ciento que recibimos el año 2010, a menos de la cuarta parte el año 2016, y separar efectivamente a los presos según su peligrosidad. Además, hemos destinado seis mil millones de pesos para la instalación de redes contra incendio y dictamos un estatuto laboral y de capacitación para internos, que ya ha permitido a casi siete mil de ellos capacitarse o trabajar remuneradamente dentro de los recintos, contribuyendo así a su rehabilitación, mantención y a la de sus familias.
Pero no basta con construir más cárceles. También debemos darles un uso más racional y recluir en ellas a todos aquellos que realmente representan una amenaza para la sociedad. Y esto se logra: primero, sustituyendo las condenas de cárcel por no pago de multas y otros delitos menores, como vender discos piratas en la calle, por servicios gratuitos a la comunidad, realizados siempre bajo el atento control de Gendarmería. Segundo, expulsando a miles de presos extranjeros para que cumplan sus condenas en sus países de origen. Y tercero, modernizando el sistema de penas sustitutivas a la privación de libertad. Hace dps semanas aprobamos la ley que permite que internos de baja peligrosidad puedan trabajar y someterse a programas eficaces de rehabilitación fuera de la cárcel, controlados en todo momento con brazaletes electrónicos para saber, en tiempo real, dónde se encuentran e impedir que pongan en riesgo a otras personas.
En marzo pasado presentamos al Congreso el proyecto de ley que establece un nuevo Código Procesal Civil, que permitirá contar con procedimientos modernos, ágiles, transparentes y orales, para solucionar la inmensa mayoría de los casos que conocen nuestros tribunales. Esta es la reforma más importante impulsada en el último siglo a nuestros procedimientos civiles. Además pusimos en marcha un exitoso plan piloto de justicia vecinal en las comunas de Renca, Cerrillos, Macul y Paine, que ha permitido resolver en el acto infinidad de conflictos de baja cuantía, pero de gran importancia para los afectados, y que ha sido tan bien evaluado por sus usuarios, que hemos decidido extenderlo gradualmente a todas las regiones.
Y este año, ingresaremos el proyecto de ley que moderniza el sistema de notarios y conservadores, que facilitará los trámites y reducirá sus costos. Esta reforma exigirá el uso de sistemas digitales de almacenamiento de información, correo y firma electrónica avanzada, para que las personas puedan hacer sus consultas y trámites a distancia a un costo menor en tiempo y dinero, y permite a los usuarios afectados por un mal servicio o costos excesivos acudir al Sernac para defender sus derechos.
Para promover y asegurar el respeto de los derechos fundamentales en todo tiempo, lugar y circunstancia, en marzo pasado presentamos un proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, cumpliendo así otro compromiso de nuestro programa de Gobierno.
MEJORANDO LAS VIVIENDAS, BARRIOS Y CIUDADES
Un Chile de auténticas seguridades exige también que todas las familias puedan acceder a una vivienda digna donde formar su hogar y en barrios más acogedores y seguros.
Por ello, a pesar del terremoto, en estos dos años 204 mil familias de las quince regiones de Chile, han recibido su subsidio habitacional regular, a las cuales sumaremos 142 mil más este año. De este modo, al término de nuestro Gobierno, habremos entregado en total más de 750 mil subsidios habitacionales, permitiendo que más de tres millones de personas, es decir, casi uno de cada cinco chilenos, puedan dejar de vivir de allegados o arrendatarios y pasar a ser propietarios de sus viviendas definitivas.
