En educación, la inversión pública alcanzará los US$ 1.200 MM y permitirá reconstruir o reparar más de 1.000 escuelas y liceos municipales, más de 300 salas cunas y jardines infantiles y reponer el equipamiento escolar dañado.
En materia de salud, los recursos públicos para la reconstrucción ascienden a US$ 2.100 MM, y permitirán levantar o reparar más de 13 hospitales y decenas de consultorios y postas, además de la instalación de 16 hospitales modulares y el reposicionamiento del valioso equipo médico destruido.
Finalmente, en infraestructura pública, asignaremos US$ 1.146 MM para la reconstrucción o reparación de caminos, puentes, puertos, aeropuertos, tribunales, comisarías, caletas de pescadores, colectores de aguas lluvias y servidas, sistemas de agua potable y edificios públicos. Ayer habilitamos el Puente Ferroviario que volverá a unir a Concepción con San Pedro de la Paz y estamos trabajando arduamente para recuperar, este año, los puentes Llacolén y Juan Pablo II en el río Bío Bío.
Adicionalmente, se destinarán más de US$ 600 MM para reparar la infraestructura dañada de nuestras Fuerzas Armadas.
En suma, el desafío de levantar Chile requerirá una inversión pública, después de la recuperación de los seguros, que supera los US$ 8.400 MM.
Para financiar este formidable esfuerzo de reconstrucción recurriremos a múltiples fuentes de financiamiento.
Ya enviamos al Congreso un proyecto de ley que nos permitirá recaudar, en los próximos 3 años, US$ 3.235 MM, a través de un incremento transitorio en el impuesto de primera categoría a las empresas y una sobretasa transitoria a las contribuciones del 5% de las propiedades de mayor valor. Además, se aumentará el royalty a las grandes empresas mineras y se elevará de manera permanente el impuesto a los tabacos, con la finalidad no sólo de recaudar mayores recursos, sino también, de reducir el tabaquismo y mejorar la salud de los chilenos.
Como pueden apreciar, se trata de un gran esfuerzo, que recae principalmente en las grandes empresas y sectores más favorecidos, para ayudar a financiar las tareas de reconstrucción e ir en ayuda de las personas damnificadas.
El remanente lo financiaremos con un esfuerzo de austeridad, un uso moderado y responsable de ahorros externos y endeudamiento público, reasignaciones del Fondo de la Ley Reservada del Cobre, ventas de activos prescindibles y disminución de la evasión tributaria.
