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el pasado. El mismo prestigio del Poder Judicial se vio comprometido por las presiones indebidas a que se lo sometió.

Por eso, me parece tan importante que nos exijamos todos que la independencia de los jueces sea acatada por todos y cada uno de los chilenos! ¡No podemos permitir que las intervenciones políticas o de otro orden erosionen de nuevo la autoridad de nuestra Justicia!

No pretendo, por cierto, y nadie puede en esta Sala, pretender pedirle a los jueces que resuelvan todos los problemas que tenemos pendientes, renunciando a nuestra obligación como políticos y servidores públicos de abordar aquellas tareas que nos competen a nosotros.

La Mesa de Diálogo, constituida por civiles y uniformados, es un esfuerzo que valoramos y alentamos, pues refleja el deseo de la nación chilena de reconciliarse y de conocer el destino de los detenidos desaparecidos. Estamos conscientes de las dificultades de su tarea, y queremos darle la tranquilidad que requiere para tener éxito. Pero si la Mesa concluye positivamente su trabajo, mi gobierno apoyará las soluciones que ella proponga al país.

Lo digo con claridad: ¡los hijos de Chile que están desaparecidos no pueden seguir en esa condición! Cuando superemos esa situación, estoy seguro de que estarán dadas las condiciones para cerrar las heridas del pasado.

Quiero cerrarlas en mi período presidencial.

Nos enfrentamos a un drama muy profundo. Pero en el Siglo XIX hubo un drama igual o mayor como la guerra civil del 91 y en un plazo menor fuimos capaces de superar aquello.

Excúsenme que lo repita. Soy un convencido de que la diferencia entre el 91 y ahora es que el 91 todos sabían donde estaban. Y en consecuencia, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para ello porque es la forma de poder avanzar. En una democracia las discrepancias son bienvenidas porque implican diversidad y riqueza de un país, pero la discrepancia la aprendemos a canalizar a través de las normas que todos consensuamos. Eso es, después de todo, la Carta Fundamental y lo que me preocupa a