Cuando todos nos unimos y la gente ocupa sus calles, pasajes, plazas y multicanchas, los delincuentes no tienen cabida en el espacio público y la droga se bate en retirada. No queremos ver una ciudad llena de rejas; no queremos ver a las familias chilenas retrocediendo hacia el fondo de sus hogares; no queremos ver a nuestros jóvenes amenazados por el narcotráfico y deambulando sin tener un espacio donde desarrollar su actividad. ¡Queremos ver a una sociedad unida en la preservación de su seguridad y eso es lo que nos proponemos!
Para ello, valoremos en lo profundo la reforma que este Parlamento ha introducido en el ámbito judicial.
Con el nuevo tipo de juicio criminal, con plenas garantías para víctimas e imputados, con procesos más cortos gracias al juicio oral y público, y con un Ministerio Público que investiga, lograremos castigos más eficaces contra los delincuentes, incluyendo una cadena perpetua efectivamente perpetua.
Con la misma firmeza quisiera reiterar que es obligación de todos los ciudadanos de Chile acatar las decisiones judiciales. ¡En esto no debe haber excepciones!
A propósito de procesos referidos a sucesos del pasado reciente, se han levantado voces que pretenden que los tribunales incurran en consideraciones políticas. Incluso algunas han requerido la intervención del Poder Ejecutivo. Yo comprendo las aprensiones que deben sentir algunos sectores por ciertas investigaciones o resoluciones judiciales en curso. Pero quiero decir hoy, con meridiana claridad, que mi gobierno no interferirá en las decisiones de los Tribunales de Justicia, porque ello atentaría contra las bases de la República. El fin de la transición comienza por aceptar este principio y no por vulnerarlo. El fin de la transición comienza por acatar los fallos de los tribunales. Cualesquiera que sean los resultados de esos fallos, como Presidente de la República exigiré el acatamiento a la independencia y a los fallos del poder judicial.
La independencia de los tribunales es uno de los pilares del Estado de Derecho. Los chilenos y chilenas han sido testigos de cómo las intervenciones de otros poderes en la labor judicial, ya fuese para desacatar sus mandatos o para obtener fallos favorables mediante la presión, causaron gravísimos daños a nuestra convivencia como Nación en
