muchos obreros organizados significaba un paso adelante en cuanto al reconocimiento desde la autoridad a sus demandas.
En 1905, el Congreso tuvo la oportunidad de mostrar el verdadero interés que existía entre sus miembros por solucionar los problemas de los obreros que afirmaban comprender. En aquel año, una amplia coalición de sociedades populares pidió la abolición del impuesto al ganado argentino que encarecía la carne en beneficio de los terratenientes nacionales y en detrimento de los trabajadores [1] La llamada “huelga de la carne” movilizó a cientos de organizaciones por todo el país y culminó con una matanza por parte de las autoridades en la que murieron decenas de personas. Este hecho, antesala de los “sucesos” de Iquique, provocará una reedición de la discusión sobre la situación obrera en el Congreso, donde se confrontarán dos posiciones con muy distinta posición de fuerza. De un lado los pocos congresistas que aseguraban defender los intereses de los trabajadores y en una amplia mayoría, aquellos que reforzaron la visión negativa, que ya sostenía la oligarquía, hacia el movimiento. Sin embargo, se hacía ya imposible negar la creciente división de clase que vivía el país. El congresista Carlos Yrarrázaval (1903-1909) planteó de hecho que los huelguistas son “parias”, corrompedores del orden social, parte de otra clase social y que “la chusma que marcó con su sello de mugre y de sangre los umbrales de nuestras propiedades, no es afortunadamente el pueblo de Santiago (...) nada hemos hecho para formar un pueblo moral, ni por educarlo, ni por asociarlo a la obra y al interés comunes” [2].
Los discursos de los sectores oligárquicos adquieren distintos matices, pero contienen dos elementos centrales que le darán una importante cuota de homogeneidad: primero, conciben a los trabajadores como un “otro” ajeno, distinto y peligroso; segundo, existe debate acerca de cuáles son los elementos que permitirían al país desarrollarse y en ese ámbito se hace innegable la necesidad de actuar para mejorar las condiciones de los trabajadores, que por lo demás eran fuerza de voto.
Todos los sectores habían tenido algún tipo de discusión respecto a la situación de los obreros y proponían medidas para mejorar las condiciones de vida de estos. Sin embargo, lo central para los partidos de la época era la manera en que el Estado imponía su legitimidad y visión de progreso a la sociedad como conjunto y a la clase obrera en particular. Esta etapa fue entendida por los parlamentarios como un momento crítico respecto a la legitimidad que poseían tanto los políticos como los empresarios. El diputado Alfredo Barros Errázuriz (1906 a 1909), miembro del Partido Conservador y más tarde Ministro de Hacienda del Presidente Ramón Barros Luco, llegó a afirmar que “Se han roto o debilitado los vínculos que unían a patrones y obreros, por el olvido de parte de muchos patrones de sus deberes de justicia y de caridad y por la pérdida de la antigua fidelidad y sumisión de los obreros... Cunde el número de personas descontentas con la actual organización social y que todo lo espera del trastorno y del desorden”.[3] Barros se refería a dos fenómenos conjuntos. El primero de ellos,
- ↑ Grez Toso, Sergio: “Una mirada al movimiento popular desde dos asonadas callejeras (Santiago, 1888-1905)”, en: Revista de Estudios Históricos (versión electrónica http:// www.estudioshistoricos.uchile.cl), Vol. 3, No 1 (agosto 2006), pp. 1 -25.
- ↑ Sesión del 26 de octubre 1905, “Boletín de Sesiones Extraordinarias Cámara de Diputados”, Cámara de Diputados de la República de Chile, Santiago 1905, pág. 40.
- ↑ Barros Errázuriz, Alfredo: “Partido Conservador: Su historia”, citado por: Ortiz Letelier, Fernando: “El Movimiento Obrero en Chile (1891-1919)”, LOM Ediciones, Santiago 2005,
