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nocturnas, siempre que algunos obreros lo soliciten.

  1. que el administrador no podrá arrojar a la rampla el caliche decomisado y después utilizarlo en los cachuchos.
  2. La permanencia en sus puestos de trabajo a los que han participado en la huelga o indemnización de entre 300 y 500 pesos en caso de despido.
  3. Indemnización de 10 a 15 días de sueldo en caso de despido.
  4. El acuerdo deberá ser firmado públicamente por los jefes de las casas salitreras y los representantes obreros.

No es objeto aquí analizar la justicia de las demandas obreras[1],sino el contexto en el cuál se construyeron. El régimen llamado parlamentario, la desidia de los gobernantes, la crisis y debate de la cuestión social y el auge del movimiento obrero son las variables que aquí explican uno de los hechos más terribles de nuestra historia. Tras 17 años de lucha por obtener logros concretos a través de huelgas y petitorios, el 21 de diciembre, miles de obreros del salitre cayeron dejando una herida abierta para el país y un profundo abismo entre la clase dominante y los trabajadores, fenómeno que durante todo el siglo XX tendría serias repercusiones para la construcción identitaria nacional, las condiciones de vida de los obreros y la desconfianza hacia las instituciones representativas como el Congreso Nacional.

El parlamentarismo y el reconocimiento de la Cuestión Social

El período llamado “República Parlamentaria” que se desarrolló en Chile entre 1891 y 1925 se aparece ante nuestra historia como un lapsus dentro del presidencialismo que ha caracterizado al Estado en todos los demás períodos. Esta época coincide, además, con el auge y decaimiento del salitre[2] como principal materia prima de exportación chilena, lo que propició grandes desplazamientos humanos desde el sur hacia las salitreras de Iquique. El Estado, preocupado de poblar y trabajar territorios conquistados a Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico, había jugado un importante rol en la conformación de una identidad nacional y había abierto importantes espacios de participación a través de la votación[3], sin embargo, los asientos de instituciones como el Congreso Nacional seguían estando reservados a los sectores oligárquicos que controlaban en gran medida los procesos eleccionarios. De ahí que podamos caracterizar este período por la pérdida de legitimidad de

  1. En aquella época hubo una gran discusión sobre si era justo o no lo que planteaban los obreros, sobre todo en los diarios manejados por la aristocracia. A cien años de la matanza, no muchas voces dirán que el petitorio era descabellado. Muy por el contrario, hoy parecen demandas mínimas para reproducir un sistema laboral minimamente justo para los trabajadores.
  2. Sergio González Miranda sitúa el decaimiento del ciclo obrero en la crisis de los años 1930. González Miranda, Sergio: “Hombres y mujeres de la pampa”, LOM Ediciones, Santiago 2002.
  3. Un importante paso en este sentido es la Reforma Electoral de 1874 que extendió el derecho a sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, si eran casados, o 25 años, si eran solteros, eliminando el requisito de renta exigido por la Constitución de 1833.