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artesanos, orientadas al mejoramiento material, a la ilustración, a la formación moral, al socorro mutuo, al ahorro, entre otras inquietudes «regenerativas», hasta que las demandas comenzaron a articularse políticamente.

Añade Grez: «...en el plano político, la adhesión inicial a los ideales del liberalismo había dado paulatinamente paso a una corriente sui generis de liberalismo popular, que progresivamente había tendido a distinguirse y luego a separarse del liberalismo de las elites dirigentes. La vía de las reformas graduales, que apuntaba a la transformación del régimen liberal en sistema democrático, aprovechando las libertades existentes para ponerlas al servicio de los intereses de los trabajadores, llevó a los militantes populares a romper con el liberalismo ‘de frac y corbata’ y a organizar en 1887 una representación política independiente: el Partido Democrático.»[1] Colectividad que, como se señaló antes, fue moderándose con los años hacia el centro liberal.

Sin embargo, las organizaciones obreras adquirieron mayor presencia, variedad y desarrollo ideológico a comienzos del siglo XX a través de otras vías: las sociedades de resistencia de orientación socialista y anarquista. Concluye Grez: «Si hasta fines del siglo XIX, la cultura, el proyecto y el ethos colectivo del movimiento popular organizado podía sintetizarse en la aspiración a la ‘regeneración del pueblo’, hacia la época del baño de sangre de la escuela de Santa María, el movimiento obrero ya enarbolaba la consigna más radical de ‘la emancipación de los trabajadores”.[2]

La situación para las clases trabajadoras a principios del siglo XX era deplorable. Además de las injustas condiciones laborales, la ausencia de legislación del trabajo, las miserables condiciones de vida y de habitat, especialmente en las ciudades, hay que añadir el proceso inflacionario que experimentaba el país, producto del aumento del papel moneda -—desde 1898 a 1924 rigió la inconvertibilidad, aumentando el circulante y la inflación-— lo cual deterioraba día a día el poder de compra de los más pobres. Señalemos que el año 1907, la inflación alcanzó al 34.35%, la más alta del período 1880-1925.[3]

Parte importante de los recursos provenientes del auge salitrero fue invertido por el Estado en su crecimiento, en infraestructura pública funcional al desarrollo del país y en cobertura educacional. Así, para 1880, el total de empleados públicos alcanzaba los 3 mil. En 1900 era de 13 mil y en 1919, los funcionarios del Estado alcanzaban los 27 mil. Por su parte, la red ferroviaria pública tenía en 1900 casi los mismos kilómetros que la privada -—un poco más de 2000-— llegando a más de 5 mil en 1915, 2 mil kilómetros más que las vías privadas (3 mil aquel año). Asimismo, en educación, los establecimientos fiscales -—enseñanza primaria, secundaria y superior-— presentan un importante aumento: de 531 en 1860 a 1.313 en 1895, y a 2.238 10 años después, para alcanzar más de 3 mil en 1915. En consecuencia, el número de alumnos para esos niveles también aumentó notablemente: de 20.485 en 1860 se pasó

  1. Ibid.
  2. Ibid,p.4.
  3. Millar Carvacho, René: «Políticas y teorías monetarias en Chile 1810-1925», Universidad Gabriela Mistral, Colección Historia Económica de Chile, Santiago 1924, p.374.