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diatamente una guardia urbana nacional de todos los ciudadanos conscientes de sus deberes cívicos, a fin de recorrer la población en compañía de la fuerza armada y restablecer las garantías ciudadanas. Así fue. A la cabeza de este doble ejército iban el subprefecto Luna, el alcalde Parga, el juez Ortega, el médico Riaño, el hacendado Iglesias, los hermanos Marino, el secretario subprefectural Boado, el párroco Velarde, los jueces de paz, el preceptor, los concejales, el gobernador y el sargento de la gendarmería.
En esta incursión por todas las calles y arrabales de Colca, la gendarmería realizó numerosos prisioneros de hombres y mujeres del pueblo. El subprefecto y su comitiva penetraban en las viviendas populares, de grado o la fuerza, y, según los casos, apresaban a quienes se suponía haber participado, en tal o cual forma, en el levantamiento. Las autoridades y la pequeña burguesía hacían responsable de lo sucedido al bajo pueblo, es decir, a los indios. Una represión feroz e implacable se inició contra las clases populares. Además de los gendarmes, se armó de rifles y carabinas un considerable sector de ciudadanos y, en general, todos los acompañantes del subprefecto, llevaban, con razón o sin ella, sus revólveres. De esta manera, ningún indio sindicado en el levantamiento pudo escapar al castigo. Se desfondaba de un culatazo una puerta, cuyos habitantes huían despavoridos. Los buscaban y perseguían entonces revólver en mano, por los techos, bajo las barbacoas y cuyeros, en los terrados, bajo los albañales. Los alcanzaban, al fin, muertos o vivos. Desde la una de la tarde, en que se produjo el tiroteo, hasta media noche, se siguió disparando sobre el pueblo sin cesar. Los más encarnizados en la represión fueron el juez Ortega y el cura Velarde.
