intendencias o provincias: Coquimbo, Santiago, y Concepción. La nueva intendencia estaba subdividida en los partidos de Coquimbo, Copiapó, Huasco y Cuzcuz o Illapel, con un total de cinco diputados.
Participación ciudadana
Como lo había previsto Bernardo O’Higgins, y escrito en su carta a Juan Mackenna, un Congreso podía ser el instrumento para remover la inercia de la población en general, interesarla en el movimiento revolucionario y animar los sentimientos de patriotismo y de aspiración a las refor mas. En la sesión del 2 de octubre de 1811, el Congreso aprobó la circulación de una proclama:
- “excitando a que se dirijan al Congreso los pensamientos útiles o noticias que crea tales todo ciudadano que desee el bien de su patria, en la confianza de que se adoptarán desde luego, o se reservarán para tiempo oportuno, y que, aun cuando por impracticables no se realicen, se considerarán siempre como efecto de amor al bien común” [1].
En la sesión del 7 de octubre, haciendo ver la necesidad de establecer la confianza pública, de modo que todos conocieran el estado del erario, se encargó a la junta guber nativa “que mande fijar todos los meses, en los lugares que tenga a bien, una razón que darán los ministros de real hacienda del caudal existente en arcas, del que ha entrado y de lo que se ha invertido, indicando por mayor la procedencia del ing reso y objetos del consumo” [2].
Hasta el 11 de octubre de 1811, a pesar de la opinión en contrario de los diputados radicales, las actividades del Congreso se habían mantenido en secreto. En la sesión de ese día se tomó el acuerdo de colocar en un lugar público, al fin de cada presidencia, es decir cada quince días, las actas de las sesiones del Congreso, “para que todos los ciudadanos puedan leerlas, reclamar su cumplimiento, censurarlas, o hacer advertencias útiles sobre ellas” [3]. El acta de la sesión que se comenta agregaba que estas advertencias “repetidas veces se han per mitido como propias y características de un gobier no franco y generoso” [4].
Por último, como consecuencia de la circulación de algunos escritos satíricos referidos mayor mente a autoridades políticas, la Junta Ejecutiva quiso reprimirlos proponiendo al Cong reso que se aplicara a los que los publicaban o portaban las mismas penas a que las leyes condenaban a sus autores.
En la sesión del Congreso del 6 de noviembre, que se ocupó de aquellos escritos ofensivos, se concluyó que la propuesta de la junta podría ser atribuida “por el vulgo a un designio de coartar indirectamente la facultad de avisar al gobier no los pensamientos o noticias que tenga cualquier ciudadano” [5], cuyo ejercicio había sido estimulado por las autoridades.
