Vial. Sus facultades serían las que las cortes habían dado primero a la regencia de España [1].
- Destierro de tres de los diputados separados, incluido Ovalle, a sus haciendas por seis años y de José Miguel Infante a Melipilla.
- Destitución de algunos funcionarios y destierro de otros a Tucapel.
- Nombramiento de comandante de artillería a Juan Mackenna y sucesor suyo, como gobernador de Valparaíso, a Francisco de la Lastra. Asimismo, conferir el grado de brigadier a Ignacio de la Carrera.
- Acabar las funciones del Congreso en cuatro meses, y posterior mente, juntarse un bimestre en cada año, hasta completar el trienio de su elección.
- Aceptar como delegados del pueblo de Santiago al sacerdote Joaquín Larraín y al licenciado Carlos Correa.
Los sucesos de Concepción
Como se dijo anteriormente, Juan Martínez de Rozas, habiendo perdido las esperanzas de alguna fórmula que ter minara con el predominio de la mayoría moderada en el Cong reso, se había dirigido a Concepción.
El gobernador militar de la provincia, coronel Pedro José Benavente, amigo de Bernardo O’Higgins, tendía a no poner resistencia a las manifestaciones públicas de la población repudiando los procedimientos al interior del Congreso. Las más notables de estas expresiones públicas se habían originado contra el aumento de los diputados de Santiago. Muchos vecinos “importantes” le habían solicitado la convocatoria a un Cabildo abierto, el cual no se había efectuado porque el gober nador nunca obtuvo respuestas a sus consultas al Congreso.
La llegada de Martínez de Rozas, reforzada con la noticia del abandono de sus funciones por los doce diputados radicales, significó un aliciente irremplazable para aquellas inquietudes políticas. El fraile franciscano Antonio Orihuela hizo circular una proclama llamando a los patriotas del partido de La Concepción a hacer sentir su fuerza y retirar sus poderes a los diputados que los representaban y no habían sabido cumplir su encargo. En la casa del joven abogado penquista, Manuel Vásquez de Novoa, ciento cuarenta y uno de aquéllos se reunieron y tomaron la decisión de solicitar nuevamente al Gobernador la inmediata convocatoria a un cabildo abierto: “Viendo nosotros —decía la solicitud— que ya es preciso deponer esta indiferencia que nos ar rastra a la más lamentable situación, rev estidos de la autoridad que en sí y por naturaleza se reconoce en una asociación de un pueblo queremos desde luego tratar en consejo abierto lo que nos sea más benéfico” [2]
El decreto correspondiente fijó el 5 de septiembre de 1811 como
