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Volviendo a los inspectores ad-honorem, hay ventajas importantes. No implica gasto alguno para el Estado; se aprovechan otros conocimientos, sobre todo, de tipo legal y técnico. Significa gran ayuda a provincias, donde el control es muy deficiente; y habrá especialización en áreas. Imaginemos a los inspectores de los servicios del Ministerio del Interior, que están vinculados más directamente a delitos tributarios; el Servicio Nacional de Salud a las condiciones sanitarias, precios y farmacias. Los funcionarios de Investigaciones para el combate contra el delito económico.

De paso podemos decir que el Congreso nos trituró el proyecto. Vamos a tener que insistir en otro proyecto, y esperamos que no ocurra lo mismo. Es un hecho increíble; se sorprende a una persona con 10 ó 15 toneladas de azúcar y lo único que pueden hacer los inspectores de Dirinco es vender el azúcar al precio oficial, pero no hay ninguna sanción.

En Aduana, Control de Hoteles, Restaurantes y Turismo, lo mismo. Los inspectores pertenecientes a algún centro ganadero, controlarán los productos del agro; los del Ministerio de Educación: útiles escolares y uniformes.

Por eso he querido decir estas palabras, porque pienso y espero contar con la dedicación seria de los funcionarios que sean requeridos para trabajar como inspectores, para que sacrificadamente colaboren a esta gran tarea.

De la misma manera –se lo decía en una reunión anterior a los funcionarios públicos- creo que muy pocos de ellos participan en las JAP. Lo que es un error, porque lógicamente por la capacidad de los funcionarios públicos, las JAP funcionarán en las mejores condiciones y además con la orientación que deben tener, que es la que el Gobierno desea que tenga y contribuyan a organizar la comunidad.