El aspecto positivo: es que reconoce las tres áreas, a nivel de la Constitución. Lo grave es que suprime facultades vigentes que este Ejecutivo, y otros Ejecutivos anteriores usaron y que están incorporadas a nuestra legislación desde hace muchos años.
Creemos que es un serio golpe a los trabajadores, que ya han sido incorporados, o a los que en cuyo caso está pendiente la legalización y la situación de las empresas. Sobre todo, aquellas que señala la Constitución después del 14 de Octubre del año 1971.
Entre otras —no puedo precisarlas a todas— sino que a vía de ejemplos puedo citarles: Cemento Melón, Polpaico, las Cías. Textiles, menos Bellavista, Lanera Austral, Fiap y Fabrilana, muchos de los bancos estatizados.
Es decir, se crea un problema, extraordinariamente grave y serio —repito— para los trabajadores.
Igualmente, se crea una situación —muy difícil— para miles y miles de pequeños accionistas que tendrían que reintegrar lo que recibieron en determinado momento.
Vuelve a plantearse lo que se entiende por "empresa de trabajadores". Nosotros ya señalamos que eso crea una situación de privilegio para un sector de trabajadores.
Inclusive, he visto que algunos diarios sostienen que después de la visita del Comandante Fidel Castro, se planteó nuestro criterio. Eso es absolutamente inexacto.
En el Mensaje al Congreso el 21 de Mayo pasado, en el primer Mensaje al Congreso, donde se fija la política del Gobierno, allí establecí con claridad cuál era el pensamiento nuestro sobre la llamada "empresa de trabajadores" y la participación de los trabajadores, en la empresa.
Sostuvimos que convertir en empresa de trabajadores, sólo a un número restringido de industrias o empresas era —sencillamente— disfrazar de capitalistas, a ese número de trabajadores.
