Mandato de Guayaquil

Mandato Ciudadano desde Guayaquil, por la patria

Primero: Libertad y democracia.

El desarrollo integral es un proceso de expansión y vigencia de las libertades de los ciudadanos. El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de la libertad, como son: la pobreza, el desempleo, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas, las privaciones sociales, la falta de acceso a la educación y la intolerancia. Demandamos, por tanto, libertad para expresarnos, decidir y actuar, producir y emprender, crear y progresar.

No aceptamos la concentración del poder porque propicia el autoritarismo y el totalitarismo estatal que da lugar a la práctica de una actitud omnímoda, que restringe las libertades. Por tanto, exigimos la separación y equilibrio de los poderes y, en consecuencia la independencia de la Asamblea Constituyente en el ejercicio del mandato popular. Igual independencia política y partidista demandamos para la Función Judicial, los Tribunales Constitucional y Electoral y los Organismos de Control.

La plena libertad de expresión, la lucha contra la corrupción; el fortalecimiento de los gremios; la resistencia al abuso del poder y la responsabilidad de todos los funcionarios públicos, constituyen los pilares fundamentales para la defensa de la democracia que es la expresión reglada e institucionalizada de las libertades. Por ello, debe garantizarse la plena vigencia y ejercicio de las mismas y deben cesar de inmediato todas las conductas que afecten la honra de las personas, así como la utilización de prácticas antidemocráticas para amedrentar a los comunicadores sociales y a los ciudadanos que no coinciden con el Gobierno Nacional.

Segundo: Estado de derecho

El Estado debe estar al servicio del ciudadano y no al contrario. Por tanto, el respeto de los derechos fundamentales y sus mecanismos de defensa constituyen su deber primordial. Nadie está por encima del mandato popular expreso, de la Constitución y de la Ley. Todas las autoridades, incluidos la Asamblea Constituyente y el Presidente de la República, solo pueden hacer lo expresamente dispuesto en ellas. Sus actuaciones no deben afectar en modo alguno la vigencia plena del sistema democrático ni atentar contra las libertades ciudadanas e institucionales.

La Asamblea Constituyente debe respetar en forma absoluta la voluntad popular y el Estatuto aprobado por el pueblo en Consulta Popular el 15 de abril del 2007. Lo que el pueblo decidió fue darle a la Asamblea la facultad de elaborar una Constitución y una reforma institucional complementaria para que sean puestas ambas a consideración de los ciudadanos en el referéndum pertinente. Solo si el pueblo vota a favor, entrarán en vigencia, sustituyendo a la actual Constitución y al marco institucional del Estado. Mientras eso no ocurra, la Constitución y las leyes actuales están vigentes pues lo contrario significaría un caos jurídico. En ese contexto, es inaceptable que la Asamblea Constituyente actúe como brazo legislativo del Gobierno Central y/o en contra del mandato popular expreso que consta en el respectivo Estatuto.

Tercero: La Constitución, Un acuerdo para el bienestar

Una Constitución legítima que dure y que permita que el país funcione no puede ser impuesta. La Constitución tiene que ser una carta de convivencia ciudadana, que garantice en libertad el ejercicio de los derechos y obligaciones y las distintas visiones de desarrollo regionales y locales. La Constitución es un sistema de normas y declaraciones para que el pueblo viva bien, sin sectarismos, sin carga ideológica y sin discriminaciones étnicas, de género, de credo ni de ningún tipo.

La Constitución tiene que garantizar, que quienquiera que gobierne el país y sea cual fuere su ideología, en la medida que la aplique y la cumpla, tenga la oportunidad de tener éxito en el reto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Cuarto: Concepción económica y social para generar bienestar y empleo

Para vivir bien una comunidad tiene que lograr bienestar y empleo y para ello es menester un desarrollo económico y social sostenido y un Estado bien administrado.

No hay empleo sin sitios donde trabajar y estos no se consolidan ni se establecen sin confianza, seguridad jurídica, tributos solo indispensables, propiedad privada, dólar como moneda, inversión, producción, competitividad, exportación, y un sistema de ahorro interno basado en una previsión social forzosa escogida con libertad. Esto implica, además, un empresariado con responsabilidad social, no monopolista, cumplidor de sus obligaciones tributarias y justo con sus trabajadores.

Para que exista bienestar el Estado debe ser honesto y eficazmente administrado, regulador, pagador solo de la deuda externa legítima al mayor plazo y al menor interés, capaz de generar un superávit social para que sea invertido en servicios (principalmente seguridad, salud y educación) y obras para los ciudadanos. Solo esto combate eficazmente la inflación o carestía de la vida, que es el peor tributo que pagan los pobres.

El camino hacia el bienestar exige además lograr un desarrollo sustentable que permita una positiva relación persona-medio ambiente, promoviendo el uso adecuado y racional de los ecosistemas naturales bajo una visión integral y positiva.

La seguridad ciudadana, que garantiza la vida y los bienes de las personas, debe ser un prioritario deber del Estado, tanto en su faceta preventiva como en la sancionadora.

El verdadero capital del siglo XXI es la educación, formación e información, con derecho real al acceso a la informática e internet y a otros idiomas. La transformación y el financiamiento asegurado, vía preasignaciones, de todos los centros de educación –y señaladamente de las universidades–, deben considerarse como la principal inversión para promover el desarrollo integral sobre la base de criterios de pertinencia, calidad e internacionalización. El esfuerzo educativo no puede concebirse sin la garantía de acceso al trabajo, especialmente para los jóvenes, que solo se asegura poniendo en práctica los conceptos socioeconómicos antes mencionados.

El empleo permanente, remunerado con justicia, significa unidad y progreso familiar y evita la dolorosa emigración de los ecuatorianos.

Quinto: Autonomía, municipalismo y modelo de gestión

La autonomía como forma política administrativa de gobierno no implica soberanía por lo que no es separatismo, sino por el contrario, unidad en la diversidad. Para que la unidad nacional sea real, hay que respetar las distintas visiones de desarrollo regional y local que existen en el Ecuador.

La autonomía es libertad, y por lo tanto, debe ser voluntaria; no caben regiones forzadas ni objetivos impuestos.

La autonomía no debe significar más tramitología y burocracia cuyo costo afecte al Gobierno central y a los municipios, por lo que no deben crearse nuevos entes de gobierno sino transformar a los organismos seccionales en gobiernos autónomos, siempre que cumplan con los requisitos necesarios.

La autonomía no debe lesionar jurisdicción, competencia, o renta de ninguna otra autonomía, provincia o cantón, ni afectar el ejercicio y financiamiento de las competencias no transferibles que corresponden al Gobierno central. Son los dineros de las competencias transferibles, que mal utiliza el Gobierno central los que deben ser cedidos obligatoriamente a las autonomías al asumir estas nuevas competencias.

Lo fundamental de la autonomía es la libertad para decidir y la creatividad para progresar, pues se necesita generar nueva riqueza ya que la repartición equitativa de la pobreza no es solución a ningún problema.

Los municipios, siendo los gobiernos más cercanos al ciudadano, tienen que ser defendidos y fortalecidos porque han funcionado eficazmente a diferencia de gobiernos centrales que no han solucionado las crisis ni resuelto los problemas de la población. El Ecuador de los últimos años ha avanzado desde las ciudades.

Hay evidencias claras que la actitud gubernamental es menoscabar los gobiernos locales mediante la drástica reducción de competencias transferibles; la centralización de competencias descentralizadas; la disminución de recursos; la supresión de las preasignaciones; el entorpecimiento del funcionamiento del modelo de gestión local; la desmembración territorial, entre otros mecanismos atentatorios. Rechazamos esta posición centralista que lesiona la autonomía de los gobiernos seccionales y perjudica al pueblo.

Es inaceptable que se cambie un esquema de distribución de rentas para los organismos del régimen seccional, universidades y escuelas politécnicas, que nace de la Constitución y la ley, con ingresos seguros, predecibles y de crédito automático, por un esquema centralista de expectativa presupuestaria sujeta a la discrecionalidad del presidente o del Ministerio de Finanzas.

Por otro lado, exigimos respeto al modelo de gestión administrativa exitoso desarrollado en Guayaquil y también en otras ciudades como Quito, Manta, Babahoyo, Cuenca, Machala, Cotacachi, entre otras, caracterizado por ser transparente, sometido a los órganos de control, competitivo, honesto y eficaz, generador de bienestar y empleo, que ha llegado hasta a suplir deficiencias del Gobierno central.

Sexto: Propuestas específicas de diversos sectores ciudadanos

Diversos sectores ciudadanos de Guayaquil, además de coincidir en los puntos básicos de este pronunciamiento tienen propuestas específicas importantes que –en términos generales– todos respaldamos por la importancia para el desarrollo de sus actividades y el de la comunidad.

Dichas propuestas de representantes del estudiantado universitario, voluntariado, transportistas, juntas parroquiales y barriales, comerciantes minoristas e informales, colegios profesionales, organizaciones indígenas y afroecuatorianas, gremios empresariales y de actividades varias, agrupaciones cívico-políticas, gobiernos seccionales y otros, las adjuntamos en anexos como parte integrante de nuestro planteamiento.

Séptimo: Indisoluble unidad nacional

Solo entendemos al Ecuador como uno e indisoluble. Para que dicha unidad sea real y sostenible –insistimos– se deben respetar las distintas visiones de desarrollo regional y local que perfectamente pueden coexistir, como hoy está demostrado en países que sí funcionan y resuelven los problemas de los ciudadanos, pese a que son gobernados por mandatarios de distintas ideologías.

Este mandato nace desde Guayaquil, pero se refiere a temáticas que involucran e interesan a ecuatorianos, no solo de esta ciudad o de Guayas, sino de todo el país. Su legitimación está dada por la multitudinaria expresión popular del 24 de enero del 2008 y por la concordancia de múltiples gremios e instituciones de la comunidad en la temática y los planteamientos contenidos en el mismo.

La Asamblea Constituyente tiene la obligación de considerar este mandato. Si se concretan los síntomas de desprecio que hasta ahora han demostrado algunos de sus miembros y el mismo señor Presidente de la República, ellos serán ante la historia los únicos responsables de sus actos y de las consecuencias de esos actos.

Guayaquil en función de las circunstancias, continuará con todas las acciones de hecho y de derecho, incluyendo consultas populares si fueren necesarias, que se requieran para lograr que los ecuatorianos y habitantes de Guayaquil vivan bien.