MINUGUA - Suplemento 1a del Cuarto Informe

MISIÓN DE VERIFICACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS EN GUATEMALA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA AGENDA DE PAZ PENDIENTE

SUPLEMENTO DEL CUARTO INFORME

Verificación de los Acuerdos de Paz

01 de agosto de 1998 - 31 de octubre de 1999

I. INTRODUCCIÓN

1. El presente documento contiene un resumen del conjunto de las observaciones y recomendaciones contenidas en el 4o. Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz de Guatemala (A/54/526) que corresponde al período comprendido entre el 1o. de agosto de 1998 y el 31 de octubre de 1999. El objetivo central de este documento es presentar las conclusiones generales y las recomendaciones relativas a la agenda de la paz pendiente, que corresponderá implementar al próximo gobierno.

2. Dada la naturaleza de los compromisos contraídos en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, la Misión le dedica informes especiales. Por ello, consideramos oportuno recoger también las conclusiones y recomendaciones contenidas en el 9o. Informe de MINUGUA sobre el cumplimiento del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (A/53/853), publicado por el Secretario General el 10 de marzo de 1999. No obstante, el conjunto de la agenda pendiente en materia de derechos humanos y justicia será presentado en el próximo informe de la Misión sobre esa materia, que se publicará a principios del año 2000.

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. Acuerdo global sobre derechos humanos (A/48/928-S/1994/448, anexo I)

Situación de los derechos humanos

3. En su 9o. Informe, la Misión informó que la verificación mostró que existe un estancamiento en la situación del respeto a los derechos humanos en el país. Si bien la mayoría de las violaciones verificadas no obedecen a directivas gubernamentales destinadas a cometerlas o encubrirlas, la constatación de casos que alientan la hipótesis de la motivación política son un elemento de seria preocupación. Esta situación de estancamiento lleva a la Misión a recomendar que el Estado implemente una política de promoción y protección de los derechos humanos.

4. Paralelamente, indicó su preocupación por el surgimiento o extensión de grupos ilegales de diversa naturaleza que cometen graves violaciones a los derechos humanos. La Misión reitera que ningún funcionario público debe tolerar ni participar en las acciones de estos grupos y recomienda al Gobierno que otorgue prioridad a las acciones para su erradicación, que hasta hoy han sido insuficientes y no han logrado resultados tangibles.

5. Adicionalmente, en atención al clima de inseguridad existente entre las personas que trabajan en la promoción y tutela de los derechos humanos luego del asesinato de Monseñor Gerardi, la Misión instó a las autoridades a esclarecer dicho crimen y a que adopten las medidas necesarias de protección a estas personas y entidades.

Resarcimiento

6. En el 4o. Informe del Secretario General, se destaca que es importante aprovechar la flexibilidad del Programa Nacional de Resarcimiento y/o Asistencia a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos Durante el Enfrentamiento Armado, para fortalecer el diálogo entre el Estado, las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil concernidas, en particular, las de víctimas quienes como lo señala la CEH, deben asumir conjuntamente la tarea de la reconciliación nacional. Más allá de la complejidad del tema del resarcimiento y de las dificultades que presenta su abordaje, la Misión estima que existe una clara obligación legal y moral del Estado para con las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el enfrentamiento armado. Por ello es importante asegurar la prosecución del programa de resarcimiento en el año 2000 y en los años posteriores, como un esfuerzo continuo y de largo plazo.

B. Acuerdo para el reasentamiento de la población desarraigada por el enfrentamiento armado (A/48/954-S/1994/751, anexo I)

7. Tal como lo establece el Acuerdo, el reasentamiento debe hacerse en condiciones dignas y ser sostenible. La ausencia de planes de ordenamiento territorial y de desarrollo micro regional, la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, la pobreza del suelo en las fincas que estaban disponibles para los primeros asentamientos, las pugnas generadas, entre otras razones, por el desconocimiento de reclamos históricos, la especulación en los precios de la tierra, las diferentes modalidades de crédito y el elevado monto de las deudas adquiridas, son factores que contribuyen a su fragilidad.

8. En esta situación, la agenda pendiente del próximo gobierno incluye:

a) concluir el proceso de adquisición de tierras para la población desplazada interna organizada;

b) asegurar el financiamiento para que los compromisos asumidos por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) en legalización y compensación de tierras, prosigan a través de la División Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA)-INTA;

c)velar por el éxito de los proyectos productivos y asegurar que se acompañen de asesoría y capacitación técnica y que estén incorporados en una estrategia de desarrollo micro-regional y nacional;

d) propiciar que iniciativas de asesoría en materia de proyectos productivos y capacitación a nuevos productores, como la que ha venido realizando la Asociación Nacional del Café (ANACAFE), puedan ampliarse a otras asociaciones gremiales;

e) asegurar el acceso de las mujeres desarraigadas a la propiedad de la tierra, según lo estipula la Ley del Fondo de Tierras;

f) propiciar una real concertación con las poblaciones desarraigadas en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de los proyectos que les benefician;

g) aumentar la contribución del Estado al financiamiento de los proyectos para asegurar su sostenibilidad en el mediano plazo, alentando así la contribución de la comunidad internacional;

h) intensificar el programa de documentación personal, hasta el vencimiento del plazo establecido en la Ley Especial de Documentación, a través de la iniciativa propiciada por la Comisión Técnica para el Acuerdo de Reasentamiento;

i) asegurar la continuidad de la CTEAR, para garantizar la transferencia a las instancias gubernamentales competentes, hasta que la integración definitiva de la población desarraigada esté contemplada en la estrategia, planes y presupuesto de las mismas, y

j) atender las necesidades en materia de construcción de vivienda permanente para la población desarraigada.

C.Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (A/48/954-S/1994/751, anexo II)

9. El informe de la CEH “Guatemala: Memoria del Silencio”, contiene 84 recomendaciones específicas, la mayoría dirigidas al Gobierno, para preservar la memoria de las víctimas, fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos humanos, y para fortalecer el proceso democrático. Paralelamente, la reconciliación nacional forma parte de la agenda de paz pendiente en Guatemala. De ahí la importancia de que el Congreso de la República impulse la aprobación del proyecto de ley sobre la creación de la “Comisión para la Paz y la Concordia”, presentado por la Comisión de Acompañamiento y la Instancia Multi-institucional el 15 de noviembre de 1999, que corresponde a la recomendación de la CEH, de crear una instancia integrada por organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil para asumir conjuntamente la tarea de la reconciliación.

D. Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (A/49/882-S/1995/256, anexo)

10. El proceso de implementación del Acuerdo abrió nuevos espacios de concertación directa y está contribuyendo a la concientización sobre la temática de la pluriculturalidad, que ha trascendido las comisiones, para extenderse a los partidos políticos, al Congreso de la República, a las asociaciones profesionales y gremiales, a las organizaciones no gubernamentales y a las instancias regionales de concertación. Estos avances no ocultan que los resultados concretos del trabajo realizado en el seno de las comisiones surgidas del Acuerdo han sido escasos y que aún es largo el camino hacia un consenso nacional en torno al carácter pluricultural de la nación guatemalteca y sus implicaciones institucionales. De hecho, la campaña previa a la consulta reveló la persistencia de fuertes prejuicios raciales. Ésto, lejos de recomendar que el Estado disminuya su atención sobre el tema, hace más necesaria aún una política de largo plazo en materia de pluriculturalidad.

11. La implementación del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas constituye una plataforma adecuada para esa política. En este sentido, es importante y necesario que las próximas autoridades electas, en especial el Gobierno y el Congreso:

a) continúen con los esquemas de concertación iniciados en 1997;

b) den seguimiento al trabajo ya realizado por las comisiones paritarias de tierra, de oficialización de idiomas indígenas y de reforma educativa;

c) mantengan en la agenda la temática de la preservación de los lugares sagrados y,

d) retomen el tema de las modalidades de participación de los pueblos indígenas a todos los niveles.

12. Una de las medidas inmediatas debería ser la incorporación de un mayor número de indígenas a la función pública y al gobierno. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de revertir lo que ha sido una característica de la sociedad guatemalteca: la exclusión de los pueblos indígenas de los puestos políticos de alta responsabilidad. Ello no sólo beneficiará al gobierno, sino que dará a las demás instituciones y sectores de la sociedad el ejemplo de la voluntad política de adaptar el Estado al carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación.

E. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (A/50/956, anexo)

13. La experiencia de los últimos años ha puesto de relieve que, en materia fiscal, lo que no se hace durante el primer año de gobierno no se hace luego. Se espera que los partidos políticos, que han comprometido su apoyo a las recomendaciones de la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal, y los sectores más influyentes del país, reconozcan que la toma de decisiones para superar el estancamiento tributario no puede dilatarse más sin graves consecuencias para el desarrollo social e institucional y, por ende, para la gobernabilidad.

Política de desarrollo rural

14. Junto a importantes aspectos positivos de la acción gubernamental en el campo del desarrollo rural, se encuentran una serie de fragilidades y limitaciones que llevan a las siguientes recomendaciones:

a) enmarcar en la estrategia de desarrollo rural las acciones e inversiones de la totalidad del sector público y orientar las acciones de la cooperación internacional;

b) integrar a la política agraria nacional la dimensión de la pluriculturalidad y la situación propia de las mujeres;

c) coordinar las acciones de las diferentes instituciones públicas que trabajan en el campo, particularmente de los fondos sociales, cuyas inversiones generalmente no se ubican en el marco de estrategias integrales de desarrollo rural;

d) realizar un censo agropecuario para contar con información actualizada e integral sobre las zonas rurales del país;

e)aumentar la movilización de recursos internos y continuar con su reorientación hacia las zonas rurales;

f) ampliar la cobertura del crédito y mejorar la distribución territorial y sectorial de los recursos financieros del país, ya que a pesar del incremento de las operaciones de BANRURAL, el crédito comercial formal sigue siendo muy limitado y altamente concentrado en el departamento de Guatemala;

g) asegurar un financiamiento adecuado para el Fondo de Tierras e incrementar su patrimonio, incorporando, como lo establece el Acuerdo, las provenientes de la recuperación de las tierras nacionales entregadas en forma irregular, principalmente en El Petén y la Franja Transversal del Norte;

h) desarrollar normas legales que faciliten la titulación y administración de las tierras de acuerdo con la normatividad consuetudinaria de las comunidades interesadas, permitiendo también la titulación de tierras municipales o nacionales con clara tradición comunal;

i) cumplir con los compromisos referentes a los procedimientos que permitan definir fórmulas compensatorias en caso de litigios y reclamos de tierra en los que agricultores, campesinos y comunidades en situación de extrema pobreza han resultado desposeídos por causas no imputables a ellos;

j) apoyar a la Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas en su discusión del anteproyecto de ley de Registro de Información Catastral;

k) asegurar a CONTIERRA los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y despliegue regional y;

l) formular, a corto plazo, planes de ordenamiento territorial en las áreas ecológicamente más frágiles y en las cuencas más susceptibles de deterioro.

15. La agenda de la paz pendiente en materia de desarrollo rural y situación agraria incluye también el cumplimiento del compromiso referente a la revisión y adecuación de la legislación sobre tierras ociosas y la creación de una jurisdicción agraria y ambiental dentro del Organismo Judicial. Para esto último, el próximo gobierno debería apoyar a la comisión multisectorial que se está organizando, e incorporar a la discusión factores de pluriculturalidad, biodiversidad y gestión de los recursos naturales, particularmente el agua. Por su parte, el proceso del catastro se encuentra en un limitado nivel de avance y es sumamente frágil debido a su excesiva dependencia de recursos externos y a la escasa asignación de fondos nacionales. En este sentido, se exhorta al Gobierno a dedicar más recursos públicos al catastro para asegurar su sostenibilidad financiera en el mediano plazo y para extenderlo a todo el país.

Salud

16. En el área de la salud, los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Cronograma han sido cumplidos de manera parcial y resta aún avanzar en el diseño y programación conjunta de un Sistema Nacional de Salud. Dada la importancia que ha adquirido el Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS), se recomienda corregir las deficiencias internas del Ministerio de Salud relacionadas con el manejo del Sistema, así como ampliar y mejorar su supervisión sobre la calidad del trabajo de quienes lo implementan, lo que supone el diseño de metodologías especiales de monitoreo y control de calidad. Además, para que el Sistema sea sostenible en el mediano plazo debe:

a) consolidarse institucionalmente;

b) superar el trabajo voluntario del personal comunitario, lo cual no puede tener carácter indefinido;

c) superar su dependencia de la cooperación de Cuba, cuyos médicos atienden comunidades aisladas que los médicos nacionales difícilmente aceptarían en las mismas condiciones, y

d) mejorar los convenios con las organizaciones no gubernamentales en cuanto a su extensión temporal, pagos, monitoreo y supervisión.

Educación

17. No obstante los progresos registrados, los compromisos relativos a la educación encuentran tres importantes limitaciones, entre ellas: a) el objetivo de lograr el acceso de la población de entre 7 y 12 años a por lo menos tres años de escolaridad antes del año 2000 no se ha logrado y la cobertura de educación primaria no registró el aumento necesario entre 1994 y 1998; b) aunque se produjo una disminución global del analfabetismo, los índices entre la población indígena permanecen más altos que en el resto de la población; y c) se registran pocos avances en otros compromisos, como la ejecución de un programa nacional de educación cívica, la educación y capacitación extraescolar, la capacitación de docentes y administradores educativos y la adecuación de los contenidos educativos a la reforma educativa.

18. La educación bilingüe que constituye un elemento fundamental de la eficacia y calidad educativa está casi ausente en el PRONADE y es incipiente en el sistema educativo tradicional. Esta carencia es resultado de la falta de apoyo gubernamental que se refleja en las pocas escuelas bilingües existentes, en la escasez de recursos humanos, las pocas escuelas normales bilingües para formarlos y la insuficiente distribución de libros de texto bilingües.

19. El logro del objetivo de los Acuerdos de paz, de garantizar el acceso de toda la población entre 7 y 12 años de edad a por lo menos tres años de escolaridad, deberá ser recalendarizado y se necesitará un esfuerzo extraordinario, no solamente en términos de cobertura educativa, sino también en términos de calidad e infraestructura. Para los propósitos del respeto a la diferencia cultural dentro de la unidad nacional, de la reconciliación y de la convivencia democrática, es indispensable implementar un programa integral de educación cívica de alcance nacional, para lo cual deben facilitarse los recursos humanos y financieros necesarios.

20. Luego de la finalización de los trabajos de la Comisión Paritaria de Reforma Educativa, la Comisión Consultiva inició las primeras actividades contempladas en el diseño de la reforma educativa. La Misión destaca la urgencia de poner en marcha la reforma educativa que requiere de un mayor esfuerzo de todos los sectores involucrados, en particular en materia de transformación curricular.

Vivienda

21. La Misión constató dificultades tales como la deficiente calidad del servicio proporcionado; y, que los subsidios del Fondo Guatemalteco de la Vivienda (FOGUAVI) fueron aprovechados casi exclusivamente por el sector privado, constructor o lotificador, en el marco de una grave ausencia de control de la relación entre calidad y precio. Se ha constatado además que buena parte de las casas que promueven las empresas constructoras, así como el programa Techo-Piso promovido por el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), no cumplen los requisitos mínimos que debe tener una vivienda digna. Ademas, FOGUAVI no promueve la participación comunitaria o de organizaciones no gubernamentales o cooperativas, que permitiría un mejor aprovechamiento de estos subsidios por la población en extrema pobreza. Se ha constatado también la fuerte centralización de estos programas, sin participación de los gobiernos locales que son los responsables de la planificación territorial. Por ello, la Misión estima que es necesario reformular completamente la política de acceso a la vivienda popular cuyo actual marco normativo no incluye los componentes establecidos en los Acuerdos de paz.

Los procesos de concertación social

22. Los Consejos de Desarrollo aún no constituyen los espacios de concertación de políticas de desarrollo y ordenamiento territorial, que establece la legislación vigente y los Acuerdos. Se observan problemas de coordinación interinstitucional y de falta de participación de los sectores sociales previstos legalmente. Para relanzar la participación en los Consejos es necesaria una convocatoria desde las autoridades centrales responsables, para que se integre el Consejo Nacional y los demás niveles de consejos. Es importante para el fortalecimiento de la figura de la gobernación departamental que los gobernadores electos a principios del próximo año lo sean de acuerdo al nuevo procedimiento.

Participación de la mujer

23. La modalidad en que se ha desarrollado el proceso del Foro de la Mujer demuestra la complejidad de la realidad sociocultural del país y coloca el ejercicio de la pluriculturalidad como uno de los mayores desafíos para todos los sectores de la sociedad guatemalteca. En este contexto se reitera la importancia de contar con un ente rector de alto nivel que garantice la vigencia permanente y la institucionalización de esas políticas y el compromiso gubernamental para garantizar su sostenibilidad. Por otra parte, los avances en la institucionalización de las políticas a favor de las mujeres sólo serán sostenibles si se corrigen las normas jurídicas discriminatorias en vigencia, tarea que aún no se ha desarrollado a plenitud. Es necesaria una revisión de la legislación nacional y sus reglamentaciones para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y cumplir con los compromisos derivados de la ratificación de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Concertación laboral

24. Respecto a la concertación laboral, la institucionalidad estatal sigue presentando notorias carencias para atender los problemas derivados de la alta conflictividad, de la inexistencia de una efectiva libertad sindical y del escaso desarrollo de la interlocución social. Por ello, se insta a las autoridades a:

a) fomentar decididamente las formas tripartitas y las experiencias de concertación existentes en algunas regiones del país;

b) implementar una verdadera política pública de fomento de la negociación colectiva en sus distintas dimensiones, en cuyo diseño y ejecución los empresarios y trabajadores organizados sindicalmente tengan un papel protagónico;

c) culminar el proceso de adecuación del marco jurídico sustantivo y procesal a las exigencias de las normas internacionales que rigen la negociación colectiva y la libertad sindical;

d) revisar la institucionalidad estatal a los efectos de asegurar un trabajo planificado en todo el país que incluya dimensiones educativas, preventivas y promocionales, con una adecuada previsión presupuestaria que las haga sostenible.

25. La situación laboral descrita requiere de mayores esfuerzos en el cumplimiento de los compromisos asumidos y así mejorar las condiciones de trabajo en el país, tanto a través de las reformas legales y procesales, como a través de las acciones de fiscalización del cumplimiento de las normas laborales vigentes, con especial consideración de aquellas que atienden a los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad como las mujeres, los niños y los trabajadores rurales. Por otra parte, compromisos vinculados a la formación profesional, al aumento de la capacidad sancionatoria del Ministerio de Trabajo y Previción Social y a la revisión de la legislación laboral referida a las mujeres, no han sido atendidos.

F. Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (A/51/410-S/1996/853, anexo)

Administración de justicia

26. En su 9o. Informe sobre Derechos Humanos, la Misión indicó que el sistema de administración de justicia continúa mostrando graves carencias en materia de investigación criminal y el cumplimiento del derecho al debido proceso legal. En reiteradas ocasiones, la Misión ha subrayado que no puede existir una lucha eficaz contra la impunidad de violaciones y delitos, si los organismos nacionales competentes no coordinan adecuadamente sus acciones respecto de la investigación, juicio y sanción de los autores.

27. Además, la Misión reiteró su recomendación de dotar al Ministerio Público de los recursos necesarios para adoptar acciones eficaces de prevención y medidas especiales de protección para sujetos y actores bajo riesgo por su intervención en procesos judiciales. Se recomienda también, brindar un mayor respaldo a los fiscales, así como optimizar la capacidad del Ministerio Público para cumplir con su deber legal de dirección funcional sobre la Policía Nacional Civil.

28. El 4o. Informe del Secretario General establece que continúa incrementándose la percepción de una crisis de la justicia que pone en peligro la gobernabilidad. Paralelamente, se consolidó el consenso nacional sobre la necesidad de promover cambios urgentes y significativos. Para contribuir a la comprensión de esa crisis y a la realización de estos cambios, la Misión está realizando la verificación del cumplimiento por las instituciones estatales del sector justicia de los contenidos de los Acuerdos de paz que será publicada en el próximo informe sobre derechos humanos de la Misión.

Seguridad Pública

29. En su 9o. Informe sobre Derechos Humanos, MINUGUA dio cuenta de que las fuerzas de seguridad civil, el Ejército y el Organismo Judicial emprendieron un proceso de reforma con avances desiguales. No obstante, reiteró que persiste como la principal carencia del Estado, en materia de derechos humanos, la incapacidad para enfrentar el reto de la delincuencia mediante la administración de una justicia pronta y cumplida.

30. La Misión destacó también que la situación de inseguridad debe movilizar en primer lugar las instituciones del Estado, pero a los distintos liderazgos del país, a las universidades, a las organizaciones sociales y a los medios de comunicación, corresponde profundizar la comprensión de este fenómeno para diseñar respuestas que combinen el enfoque preventivo con el represivo. Se reitera la necesidad de que la policía coordine su accionar para prevenir los linchamientos y operaciones de “limpieza social”, así como el Ministerio Público y el Organismo Judicial para investigar y procesar a sus instigadores y autores. En este contexto, la Misión recuerda el compromiso adquirido en los Acuerdos de paz de crear un Consejo Asesor de Seguridad, cuyo propósito es precisamente socializar la problemática de la seguridad interna y externa, y dar a la acción estatal la profundidad y legitimidad que sólo una amplia participación ciudadana puede otorgarle.

31. En el período cubierto por el 4o. Informe del Secretario General, el proceso de despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC) se extendió a los 22 departamentos del país con un contingente de 17.399 efectivos, de los cuales el 36.53% corresponde a personal de nuevo ingreso. Cabe señalar que aún es necesario:

a) cumplir con la meta de 20.000 agentes, establecida en los Acuerdos para finales de 1999;

b) mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de las unidades desplegadas;

c) agilizar el despliegue y fortalecer la estructura del Servicio de Investigación Criminal, y

d) poner en marcha los cursos de especialización para el Servicio de Información y el Servicio de Protección a la Naturaleza, para acelerar la formación de estructuras operativas eficaces y, con ello, el fortalecimiento del poder civil en estos ámbitos.

32. En el período, la Academia de la PNC continuó formando nuevos agentes y reciclando personal perteneciente a la Policía Nacional y a la Guardia de Hacienda. La descentralización del proceso de selección demostró ser una medida positiva para facilitar el ingreso a la Academia. No obstante, subsisten deficiencias notorias en la difusión de las convocatorias, especialmente en las áreas indígenas, cuyas organizaciones y comunidades deben ser involucradas en la propuesta de candidatos.

33. En su 9o. Informe sobre Derechos Humanos, la Misión señaló que “no han existido avances en el diseño y aplicación de medidas preventivas o sancionatorias, ante los abusos y excesos de los agentes de la policía”. Lamentablemente, en el período cubierto por el 4o. Informe, el número de violaciones a los derechos humanos cometidos por la PNC se incrementó. Por ello, se reitera la urgente necesidad de medidas correctivas que deberían incluir:

a) la aplicación de una política institucional de lucha contra las violaciones de los derechos humanos en el seno de la PNC;

b) la adopción de controles y sanciones internas; y

c) el fortalecimiento de la capacitación en derechos humanos en la Academia.

34. Al realizar un balance de lo acaecido en relación con la seguridad pública es importante recalcar que está pendiente una importante agenda legislativa, que incluye una nueva Ley de Armas y Municiones, una nueva Ley de Orden Público y una ley sobre Agencias Privadas de Seguridad. También es importante que el próximo gobierno retome el compromiso, varias veces postergado, de poner en marcha el Consejo Asesor de Seguridad, que permita implementar un concepto de seguridad integral, que cuente con el aporte de personalidades representativas de la diversidad económica, social y cultural de Guatemala.

Ejército

35. La reconversión cualitativa del Ejército está pendiente. Si bien la no ratificación de las reformas a la Constitución representan un obstáculo para este componente de los Acuerdos de paz, se observó un preocupante incumplimiento de compromisos que no se encuentran afectados por ello, como el relativo a la frecuencia de televisión asignada al Ejército, el que atañe a las políticas de adquisición de armas y equipo bélico y el relativo al funcionamiento de la fábrica de municiones.

36. Las demoras en el cumplimiento cualitativo de los compromisos y las ambigüedades del despliegue actual ponen de manifiesto la urgencia de aprobar una nueva doctrina militar que establezca claramente las funciones que debe cumplir el Ejército en una sociedad democrática y en paz. Esto permitirá que la institución militar abandone la doctrina de seguridad nacional que le asignaba funciones esencialmente contra-insurgentes y de control poblacional. El retraso en la formulación por el Gobierno de esta nueva doctrina impide que se definan los principios, conceptos y directrices fundamentales para la organización, preparación y empleo del Ejército, dificultando la adecuación a su nuevo rol y de su despliegue a la realidad política y social del país y a lo dispuesto en los Acuerdos de paz. Es importante que el Gobierno, signatario de los Acuerdos, cumpla con la decisión que ya tomó de formular esta nueva doctrina.

37. De la misma manera, es necesario que el Gobierno implemente la decisión, anunciada en mayo, de cumplir este mismo año con el compromiso de disolver el Estado Mayor Presidencial y reemplazarlo por una unidad civil encargada de la seguridad del Presidente y del Vice-Presidente. A las próximas autoridades de gobierno corresponderá avanzar en una amplia agenda, que incluya la aprobación del proyecto de ley sobre la creación del Servicio Cívico y la creación de una Departamento de Inteligencia Civil en el Ministerio de Gobernación.

Organismo Legislativo

38. Como resultado de los trabajos de la Comisión de Apoyo Técnico Legislativo del Congreso, un anteproyecto de Ley Orgánica y del Régimen Interior del Organismo Legislativo, que incluye la creación de la Comisión de Seguridad Nacional, Civil y Ciudadana y de Control de los Órganos de Inteligencia del Estado, ha sido presentado al Congreso con el consenso de todos los partidos políticos. Este proyecto, que cumple con los objetivos de los Acuerdos de paz, debería ser aprobado a la brevedad.

G. Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral (A/51/776-S/1997/51, anexo I)

Régimen electoral

39. La Misión lamenta que el proyecto de reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos no haya prosperado hasta hoy y que las primeras elecciones después de la firma de la paz no se puedan realizar en un marco legal más propicio para la participación ciudadana. Sin esperar el análisis del proceso electoral, una de la conclusiones de la verificación de la consulta popular es, sin lugar a dudas, la necesidad urgente de reformar la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos para permitir una mayor democratización.

H. Acuerdo sobre Incorporación de la URNG a la legalidad (A/51/776-S/1997/51, anexo II)

40. Pese al fuerte empuje que recibió recientemente, el subprograma para discapacitados adolece de importantes retrasos. El carácter prioritario y la vulnerabilidad de esta población directamente afectada por el conflicto exige la aplicación urgente del plan integral consensuado por los representantes de los actores afectados (URNG, Ejército y sociedad civil). A pesar de los avances constatados en la fase de incorporación definitiva contenidos en el plan operativo del Equipo Coordinador (ECO), persisten dificultades en los aspectos de incorporación laboral y productiva. Es preciso agilizar y flexibilizar los mecanismos para la aprobación y disponibilidad de fondos provenientes de la comunidad internacional. Los proyectos productivos que fueron ejecutados benefician a un número pequeño de desmovilizados, constituyen un aporte limitado a la economía familiar y requieren esfuerzos complementarios para su sostenibilidad. Por ello es preciso asegurar la asistencia técnica y crediticia de organismos nacionales tal como se prevé en dicho plan operativo. Particular atención debe ser prestada a los grupos de desmovilizados dispersos, aproximadamente dos tercios del total de desmovilizados, que hasta la fecha no se han beneficiado de ningún proyecto productivo.

41. La superación de esas dificultades requiere el fortalecimiento de la Fundación Guillermo Toriello (FGT) a nivel regional en lo referente a su vinculación con los organismos locales y en la dimensión técnica para el diseño efectivo y la ejecución de proyectos. Es también importante asegurar la continuación de ECO, para garantizar el proceso de transferencia a las instituciones gubernamentales y que la reinserción definitiva esté contemplada en las estrategias, planes y presupuestos de las mismas.

III. OBSERVACIONES FINALES

42. Los cambios en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en los gobiernos locales que traerán las elecciones generales plantean el desafío de la continuación del proceso de paz, tanto desde el punto de vista de la consolidación de lo emprendido en los últimos tres años, como del cumplimiento de la agenda pendiente. Como lo señaló la Comisión de Acompañamiento, la agenda pendiente incluye las reformas electoral, fiscal, judicial y militar. Como se desprende del presente informe, la temática laboral, de la vivienda, de la reinserción sostenible de los desarraigados y desmovilizados, la problemática del resarcimiento y de la reconciliación nacional merecen también una atención especial. En cuanto a educación y salud, al reto de continuar el logro de los objetivos de gasto ejecutado y de ampliación de cobertura, se suma el desafío de dar sostenibilidad a los nuevos esquemas de prestación de servicios y mejorar su calidad, incluyendo una mejor adaptación a las características pluriculturales y multilingües de la sociedad guatemalteca. En todos los ámbitos se manifiesta fuertemente la necesidad de una mayor movilización de recursos para la democratización y el desarrollo social.

43. A juicio de la Misión, la no ratificación de las reformas constitucionales constituye un contratiempo para el proceso de cambio en Guatemala, pero no una interrupción. La posición asumida por los principales partidos políticos muestra que la agenda de la paz sigue válida y vigente. En octubre, durante su visita a Guatemala, el Jefe de Gabinete del Secretario General, Iqbal Riza, pudo comprobar que existe, en muy diversos sectores de la sociedad guatemalteca, un amplio consenso en torno a la necesidad de continuar y profundizar el cumplimiento de la agenda de la paz en sus distintos aspectos.

44. Los acontecimientos de los últimos meses han mostrado que existe voluntad de avanzar hacia el logro de los objetivos de los Acuerdos de paz. Al mismo tiempo, es necesario tomar en cuenta las lecciones aprendidas, especialmente la necesidad de generar un mayor conocimiento e identificación de la población con el proceso. Siendo el Proceso paz un esfuerzo de mediano y largo plazo, no puede pretender erradicar en poco tiempo la deuda social acumulada en el país y responder al conjunto de las expectativas de la población. Precisamente por ello, se reitera que es crucial poner especial énfasis en el cumplimiento de los Acuerdos de paz en las áreas donde la deuda social es más apremiante; realizar verdaderos esfuerzos para propiciar la adecuada comprensión del proceso de implementación por todos los guatemaltecos, y multiplicar las oportunidades de participación a distintos niveles, favoreciendo así una mayor apropiación de este proceso por la población.

Enlaces externos

Suplemento del Cuarto Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la verificación de los acuerdos de paz de Guatemala - A/54/526 (en formato pdf)

Véase también