MINUGUA, Oficina regional de Huehuetenango - Suplemento del Tercer Informe
Suplemento Regional del Tercer Informe
01 de enero - 31 de julio de 1998
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
INTRODUCCIÓN
1. Este documento es un suplemento sobre la Verificación de los Acuerdos de Paz en Guatemala, que se refiere a algunos de los principales aspectos de la verificación de la evolución del cumplimiento de los Acuerdos de Paz en el departamento de Huehuetenango, durante el período comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de julio de 1998. Para realizar las tareas de verificación en el departamento, MINUGUA tiene dos oficinas: la Oficina Regional de Huehuetenango y la Oficina Subregional de Barillas.
2. El departamento, ubicado al nor-occidente del país, tiene una extensión de 7,400 Km2 y está dividido administrativamente en 31 municipios. Es uno de los más extensos del país y alberga una población cercana al millón de habitantes, conformada por una gran diversidad étnica. Según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Huehuetenango posee uno de los índices de pobreza más elevados. Se estima que cerca del 65% de su población es indígena y en la región se hablan ocho idiomas de los reconocidos por el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. La comunidad chalchiteca ha solicitado que su idioma también sea reconocido.
3. La región está alejada de la capital y su población posee un sentimiento histórico de abandono, a lo que se suma que fue escenario del conflicto armado y de una fuerte militarización. Estos factores han contribuido a impedir el desarrollo de una cultura cívico-política y de participación, lo que retrasa los esfuerzos que en este sentido está realizando la sociedad civil del departamento. La insuficiente presencia del Estado impide responder a las necesidades de la población, particularmente en lo que respecta al sistema de administración de justicia y de seguridad pública. Por ejemplo, el Ministerio Público cuenta con cinco oficiales que atienden cerca de 6,000 denuncias al año y sólo se dispone de un agente policial por cada 16,000 habitantes.
4. Este informe no pretende realizar un inventario del estado de todos los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, sino examinar la situación del departamento desde la óptica de las grandes líneas que trazaron los Acuerdos para enfrentar los desafíos y encaminar al país hacia cambios sustanciales. Para ello, se limita a abordar seis temas que tienen especial relevancia y que son muy sentidos y debatidos en la región: el resarcimiento a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la participación y concertación social, el desarrollo social, la situación agraria y el desarrollo rural, y la justicia y la seguridad pública.
RESARCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
editar5. En los Acuerdos de Paz, las partes reconocieron la necesidad de resarcir a las víctimas de violaciones a los derechos humanos a través de medidas y programas gubernamentales, de carácter civil y socioeconómico, dirigidos especialmente a quienes más lo necesiten. Conscientes de que el esclarecimiento de las situaciones de violencia, del irrespeto de los derechos humanos fundamentales y de los sufrimientos de la población vinculados con el enfrentamiento armado contribuirá a que no se repitan estos hechos en el futuro, las partes también pactaron crear una Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). La CEH deberá, sobre la base de testimonios recogidos entre la población, esclarecer los hechos mencionados, elaborar un informe y presentar recomendaciones dirigidas a favorecer la paz y la concordia nacional. Adicionalmente, el art. 9 de la Ley de Reconciliación Nacional señala que la Secretaría para la Paz (SEPAZ), encargada de diseñar el programa de resarcimiento, tomará en cuenta para ello las recomendaciones de la CEH.
6. La elaboración y aplicación del programa de resarcimiento ha generado gran expectativa en el departamento. Aunque su diseño final deberá esperar las recomendaciones de la CEH, varias organizaciones nacionales e internacionales afirmaron no disponer aún de información sobre el programa que elabora SEPAZ. Entre ellas, la Pastoral Social de Huehuetenango, Fundamaya, Intervida, el Proyecto de Desarrollo Humano Sustentable a Nivel Local (PDHSL), así como otras instancias que realizan actividades de asistencia a las poblaciones afectadas por el conflicto armado, como la Oficina Nacional para la Atención de la Mujer o los proyectos dirigidos a poblaciones desarraigadas. Por otro lado, la Oficina Departamental del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) está dando cumplimiento a la obligación de resarcir, acordada mediante procedimiento de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Colotenango.
7. La Comisión de Esclarecimiento Histórico instaló su oficina en Huehuetenango el 1o. de septiembre de 1997 y terminó sus trabajos el 31 de marzo de 1998. Durante esos 7 meses, 8 investigadores realizaron labores de divulgación y de recolección de testimonios, logrando la cobertura del 80% del departamento. Su trabajo fue realizado en coordinación con instituciones públicas, organizaciones populares y otros sectores de la población. Debido a que el Ministerio Público departamental no está en capacidad de investigar los cementerios clandestinos y realizar las exhumaciones respectivas - lo que requeriría el apoyo de esa instancia a nivel central -, el Consejo Regional de Comunidades y Organizaciones Mayas de Huehuetenango solicitó que la CEH continuara sus trabajos para realizar las tareas mencionadas. Además, el 22 de marzo pasado, dicho Consejo presentó sus recomendaciones a la CEH.
PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN SOCIAL
editar8. Uno de los ejes principales de los Acuerdos de Paz es la participación amplia, organizada y concertada en la toma de decisiones y ejecución de compromisos. El fomento y la apertura de espacios de participación social, en especial de los indígenas y la mujer, constituyen elementos necesarios para consolidar y preservar la paz.
9. Los esfuerzos del Estado para crear espacios formales de participación ciudadana a través de sus autoridades regionales, locales y otras instancias, han sido escasos y no han logrado los resultados esperados en la región. Los niveles de participación organizada en Huehuetenango continúan limitados a los espacios que se han abierto en el ámbito de la sociedad civil, como las organizaciones no gubernamentales y los grupos de base. Sin embargo, estos canales están poco consolidados y no poseen una definida capacidad de incidencia. Esta falta de consolidación podría deberse al aislamiento del departamento, a la cultura de temor que resultó del largo conflicto armado, a la dificultad que plantea la gran diversidad étnico-lingüística y a la falta de una cultura de participación cívica y democrática.
10. La todavía pendiente reforma a la Ley de Consejos de Desarrollo es un factor que ha desalentado una mayor y más formal participación de la población y los grupos sectoriales. En la actualidad, el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDUR) es básicamente un foro informativo sobre el tema presupuestario y sobre los proyectos vinculados a los fondos sociales y al 10% Constitucional, sin que se haya elaborado un plan estratégico de desarrollo departamental. El funcionamiento de los Consejos de Desarrollo Municipales, con pocas excepciones, ha sido en la práctica subsumido en el de las Corporaciones Municipales. Los alcaldes municipales han mostrado poca disposición para crear mecanismos de participación ciudadana porque, al parecer, perciben que ello pondría en riesgo la autonomía municipal. Sólo los municipios de Colotenango y San Antonio Huista han realizado cabildos abiertos. Esta situación es particularmente lamentable si se considera que en las zonas rurales, y en particular en el área de Barillas y el altiplano, la única presencia estatal que incide de forma significativa sobre la vida ciudadana es la de las Corporaciones Municipales. Se ha observado también que la introducción de los Alcaldes Auxiliares no ha logrado favorecer la participación.
11. Aunque los niveles de participación ciudadana en Huehuetenango son todavía débiles, comienzan a surgir sectores organizados de la sociedad civil, interesados en informarse e ir afirmando espacios de participación. Entre ellos, destacan el sector estudiantil, las organizaciones mayas, las mujeres y las iglesias. Es también destacado el rol de los medios de comunicación en la creación de estos nuevos espacios de participación. El papel de la Gobernación Departamental, en representación del Gobierno Central, parece ir consolidándose. Ejemplo de ello es la adopción de acciones más determinadas y ágiles en la búsqueda de mecanismos de resolución de conflictos municipales, ampliando los espacios de participación de algunas instancias que respaldan los procesos, en un clima de mediación y conciliación. Son todavía un reto la creación de otros espacios de consenso y participación para temas prioritarios de la población huehueteca, como la seguridad ciudadana, la política fiscal y la cultura cívico-política.
12. Los esfuerzos de otros actores, como los del sector agrícola y de comercio; los del ámbito del desarrollo; los vinculados a la educación, como los estudiantes y el magisterio, o a la administración de justicia y seguridad pública, se mantuvieron limitados a sus intereses sectoriales. Estos actores aún no realizan esfuerzos de integración y coordinación que aprovechen las nuevas perspectivas de trabajo y participación consensuada que abren los Acuerdos. Ejemplo de ello es la escasa interlocución de las organizaciones indígenas con los demás actores sociales y, particularmente, con las instancias estatales. Además, la falta de articulación entre comunidades dificulta el desarrollo de fuerzas sociales con mayor capacidad de incidencia en la definición de estrategias de desarrollo a nivel municipal y departamental. Este es un reto que deben enfrentar las iniciativas locales y los actores gubernamentales.
13. La escasa participación de la población a través de comités, que es impulsada por organizaciones no gubernamentales, se concentra especialmente en actividades orientadas al desarrollo de infraestructura y no al desarrollo humano. Paralelamente, la actividad de dichas organizaciones se ha centrado en la gestión o ejecución de obras, quedando excluida la población que no es beneficiaria de las mismas. En definitiva, la participación se hace efectiva en función del proyecto.
14. En relación con la participación de la mujer en el desarrollo económico y social, ha sido claro y manifiesto el interés de las mujeres en participar en los procesos surgidos a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz, pero también han sido evidentes las grandes dificultades que enfrentan para organizarse como sector. Ello obedece en buena medida a la insuficiente capacidad para consolidar los comités locales y a la falta de recursos económicos. Existen esfuerzos de organizaciones no gubernamentales y proyectos del Sistema de las Naciones Unidas dirigidos a promover la participación de la mujer y reconocer su rol en el trabajo productivo. Los logros en este sentido son aún incipientes.
15. Si bien el Foro de la Mujer permite la articulación de la diversidad cultural y étnica en torno a un objetivo estratégico común y la coordinación del sector de mujeres con las autoridades, su implantación en Huehuetenango se ve obstaculizada por la carencia de mecanismos adecuados para superar las diferencias culturales, lingüísticas y de socialización del sector. Actualmente, el esfuerzo de las pocas organizaciones de mujeres está dirigido más al fortalecimiento de sus propias estructuras que al proceso del Foro de la Mujer. Las comunidades lingüísticas, que tienen un mayor nivel de cohesión y están dispuestas a participar, no han logrado mayores avances en la organización y difusión del Foro. La organización “multisectorial” del Foro, cuya composición es mayoritariamente mestiza, también tiene disposición a participar, pero carece de unidad y de la capacidad para lograr la integración multiétnica. Se ha observado el surgimiento de nuevas líderes y organizaciones de mujeres como la Fundación de Desarrollo Comunitario (FUNDESCO) y Por Nosotras, pero la ausencia de mecanismos de apoyo ha impedido su fortalecimiento a nivel departamental.
16. Las diferentes comunidades étnicas del departamento se han adueñado progresivamente del proceso de paz, particularmente del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Ejemplo de ello es la aparición de nuevas organizaciones por comunidades lingüísticas, como la akateca y la poptí. En el período, se conformó el Consejo Regional de Organizaciones y Comunidades Mayas de Huehuetenango, que tiene entre sus objetivos la coordinación y divulgación de la labor de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (COPMAGUA). No obstante, su integración es todavía débil, lo que repercute sobre su funcionamiento. Las organizaciones con representación a nivel nacional, como el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), la Unión Campesina del Sur (UCS) y la Defensoría Maya, entre otras, buscan fortalecerse con una actitud más propositiva, profundizando la comprensión de los Acuerdos de Paz. No obstante, los mecanismos de interlocución entre el sector indígena y el Estado son aún insuficientes.
DESARROLLO SOCIAL
editar17. Los Acuerdos de Paz establecen que una paz firme y duradera debe cimentarse sobre el desarrollo socioeconómico participativo, orientado al bien común y con carácter sostenible, sustentable y equitativo. El desarrollo social es un factor indispensable para que el reasentamiento de la población desarraigada y la incorporación de los ex-combatientes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), se realicen en condiciones de dignidad y seguridad. De hecho, los Acuerdos de Paz establecen que el desarrollo sostenible del país será consecuencia de la elevación del nivel de vida, la salud, la educación, la seguridad social y la capacitación de toda la población.
18. En cuanto al compromiso de fortalecer y estimular la educación bilingüe, se han registrado los esfuerzos de la Dirección General de Educación Bilingüe (DIGEBI) en la implementación de diversos proyectos. Entre ellos, con el Banco Mundial para la elaboración de material educativo bilingüe en idioma mam para pre-primaria y primaria, con la Organización de Estados Americanos en la elaboración de textos en idioma akateko, chuj, poptí, q’anjoba’l, y con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la formación de formadores y catedráticos del magisterio bilingüe. De otro lado, se observa el surgimiento de asociaciones de maestros bilingües y programas radiales en idioma mam liderado por maestros mames. Sin embargo, las resistencias del magisterio hacia este tipo de educación han sido evidentes Estos elementos positivos contrastan con el atraso en la implementación del programa por las dependencias departamentales del Estado y con las dificultades observadas en la asignación de plazas, ya que de las 150 plazas anuales disponibles para primaria bilingüe, 80 se asignaron a párvulos, excluyendo de la cuota de plazas a los alumnos de pre-primaria solicitadas por DIGEBI.
19. En relación a los compromisos sobre desarrollo en áreas de retorno, se han constatado avances, particularmente en los asentamiento de retornados más antiguos, pero hasta la fecha no se ha alcanzado el nivel de cumplimiento esperado. Al aumento de los retornos colectivos al municipio de Nentón ha correspondido un incremento de la inversión en el área, tanto por las instancias del Gobierno como el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), la Comisión Especial de Ayuda a Refugiados (CEAR), el Fondo de Inversión Social (FIS) y el Programa de Pequeños Proyectos para el Desarrollo Productivo de las Áreas de Reasentamiento en Guatemala (PDP), como por organismos internacionales como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Unión Europea, el PNUD y organizaciones no gubernamentales. El relativamente bajo número de retornados y repatriados, que incluye a los desplazados internos rurales, ha facilitado la atención de otras comunidades que radican en estas áreas. Sin embargo, la disminución de la presencia de organizaciones internacionales, como el cierre de la oficina de ACNUR en Barillas, no ha sido compensada por una mayor presencia de las instancias gubernamentales. En referencia a los servicios de salud para los retornados, el Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS) está en proceso de implementación y coordinación entre la CEAR, ACNUR y el Ministerio de Salud. La CEAR está identificando las organizaciones no gubernamentales que podrían trabajar en la entrega de los correspondientes servicios. En el ámbito educativo, se ha dado inicio al pago de los promotores de educación, conforme al Plan Específico de Educación para retornados.
SITUACIÓN AGRARIA Y DESARROLLO RURAL
editar20. El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria destaca que la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son tareas ineludibles para dar respuesta a la mayoría de la población que vive en el medio rural, que es la más afectada por la pobreza. Por su parte, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas recuerda que la Constitución de la República de Guatemala contempla la obligación del Estado de proveer de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten para su desarrollo. Por su parte, el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas también reconoce que la seguridad jurídica en el uso, propiedad y posesión de la tierra es un elemento esencial.
21. Respecto al fomento del desarrollo rural en el departamento, los programas y proyectos de la cooperación internacional y las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel relevante. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) actúa como contraparte del Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes, el Programa de Desarrollo Humano Sostenible a Nivel Local/Fortalecimiento de la Institucionalidad Local, Enfoque de Género y Derechos Humanos (PDHSL/FIDHEG) y los proyectos del sector forestal, pero no parece tener un papel de decisión y coordinación. En concordancia con los principios de su proceso de reestructuración, el MAGA dirige sus recursos más hacia la contratación de servicios de extensión agropecuaria y asistencia técnica que a la prestación directa de ellos; siendo esta política aún incipiente, se anota que ante la magnitud de las necesidades, el despliegue de servicios para el desarrollo rural es aún insuficiente.
22. La región concentra varias iniciativas de desarrollo financiadas por la cooperación internacional, multilateral y bilateral, así como por organizaciones no gubernamentales. Existen operaciones de magnitud significativa como el Programa de Desarrollo Comunitario para la Paz (DECOPAZ) de un presupuesto de USD 55 millones, 3 años de período de ejecución, que cubre 16 municipios y una población meta de 409,818 personas; el Proyecto de Desarrollo Rural de la Sierra de los Cuchumatanes con presupuesto de USD 20.8 millones, duración de 7 años hasta el año 2,000, cobertura de 9 municipios y 9,000 beneficiarios directos; el Proyecto de Desarrollo Rural en el Departamento de Huehuetenango, financiado por la Comisión Europea, con un presupuesto de USD 18,5 millones, cobertura de 15 municipios, 6 años de duración hasta 1998 y cerca de 350,000 habitantes como población meta; el Proyecto de Desarrollo Forestal de la Sierra de los Cuchumatanes (PRODEFOR), de manejo y aprovechamiento forestal sustentable, que cubre 9 municipios; el Programa de Pequeños Proyectos para el Desarrollo Productivo de las Áreas de Reasentamiento en Guatemala (PDP), con una población beneficiaria de alrededor de 8,000 familias y duración de 3 años; PDHSL/FIDHEG que atiende 9 municipios con 233,006 habitantes y el Proyecto Manejo y Conservación de los Recursos Naturales Renovables de la Cuenca Alta del Río Chixoy (UNEPROCH).
23. Adicionalmente, un número significativo de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, trabaja en el departamento; entre ellas, ALTERTEC, INTERVIDA, Veterinarios sin Fronteras, CADECO y Asociación CEIBA. Es evidente que existen diversas iniciativas en el área que cubren prácticamente la totalidad del espectro de las necesidades más apremiantes. En ese sentido, preocupa que frecuentemente las acciones de los distintos actores se superponen y duplican. En un contexto de extrema pobreza e insuficiencia de servicios, ese tipo de situaciones sólo puede evitarse mediante la puesta en marcha de un plan de desarrollo regional que constituya el marco regulador de los proyectos específicos.
24. La Secretaría de Planificación y Participación de la Presidencia (SEGEPLAN) aún no ha asumido su rol como asesora de los planes de desarrollo departamental que están dentro de las competencias del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, cuyo interés apunta principalmente a responder a las demandas coyunturales de las comunidades mediante la construcción de infraestructura. Es de notar que aunque Huehuetenango es uno de los departamentos con mayores inversiones de la cooperación externa y mayor cantidad de operaciones de desarrollo, las instancias locales de participación y decisión tienen información escasa y fragmentada sobre los esfuerzos de desarrollo, los proyectos en ejecución y el ingreso de fondos al departamento. Correlativamente, se observa poca coordinación de las actividades entre los municipios, los programas y proyectos y los fondos sociales. Para subsanar esta carencia, los programas que reciben financiamiento de los Países Bajos (Proyecto Cuchumatanes, PDHSL/ FIDHEG y PRODEFOR) trabajan en el establecimiento de un sistema de información geográfica basado en SEGEPLAN como instrumento básico de planificación del desarrollo.
25. En cuanto a la organización social para el desarrollo, DECOPAZ y el PDHSL/ FIDHEG trabajan bajo una estrategia de base microrregional, PRODEFOR y otras organizaciones fortalecen la planificación comunitaria participativa. La incipiente experiencia en la aplicación de distintas metodologías de trabajo con la población no permite evaluar su articulación con las organizaciones existentes, algunas de las cuales son de tipo tradicional y responden a estructuras de poder local de base maya.
26. En Huehuetenango se ha organizado un Foro Inter Proyectos, constituido por las principales agencias de desarrollo, que cuenta con una significativa capacidad de movilización de fondos y ha demostrado capacidad para la toma de decisiones. Sin embargo, no ha logrado aún una articulación operacional con las instancias locales de planificación del desarrollo.
27. De las 83 cooperativas inscritas en el Instituto Nacional de Cooperativas (INACOOP), 44 están activas. Las cooperativas de mayor tradición en Huehuetenango son las de ahorro y crédito y las agrícolas. INACOOP orienta los procesos de asociación y fortalecimiento de la capacidad de gestión de 20 de las cooperativas inscritas, mientras que sus servicios a las restantes son proveídos cuando éstas los requieren. La Red de Agentes de Desarrollo Agrícola Sostenible (RADEAS), en proceso de consolidación en el departamento, funciona con una junta directiva en la que están representados sólo 9 de los 31 municipios, aunque esperan extender su representación a todos ellos. No se ha realizado una convocatoria amplia a la espera de la definición del apoyo que proporcione el MAGA y los servicios que la RADEAS ofrezca.
28. La Oficina ha recibido manifestaciones de inquietud por la falta de información sobre la disponibilidad de fondos en el Fideicomiso del Fondo de Tierras para poder gestionar la compra de las mismas, lo que podría ocasionar crecientes niveles de inconformidad.
29. En referencia al compromiso de facilitar el reasentamiento de la población retornada en sus lugares de origen, el 30 de junio venció el plazo para el otorgamiento de los créditos revolventes de FORELAP, que facilitaban la adquisición de las tierras para los retornados. No obstante haber vencido el plazo, los representantes de FONAPAZ y CEAR informaron que se podría ser flexible en casos especiales. En Huehuetenango se compró sólo una de las 8 fincas negociadas. Durante el proceso de negociación, se observaron dificultades en términos de accesibilidad, falta de infraestructura social y productiva, tierras improductivas, deforestación y sobreprecio de las tierras, limitándose las posibilidades de retorno. La falta de infraestructura socioeconómica en áreas de retorno, previo a la adquisición de las tierras, es uno de los obstáculos para planificar una estrategia de desarrollo social a más largo plazo.
30. En relación al compromiso sobre la resolución expedita de los conflictos de tierras, de los 17 casos del departamento sometidos a CONTIERRA, 4 ya fueron concluidos y 13 están en proceso. La gran dificultad para alcanzar una solución en algunos de los casos, en especial aquellos relativos a límites intermunicipales, como los de Chiantla, San Juan Ixcoy y Todos Santos, y ocupaciones como el caso de la finca Chaculá/El Aguacate, obedece en buena medida al profundo enfrentamiento de las partes involucradas y al recurso a medidas de hecho, aún estando en proceso la mediación de CONTIERRA. En el marco de estos procesos de negociación, el INTA y FONAPAZ facilitaron el financiamiento de las mediciones y de los estudios técnicos de los títulos de propiedad. Sería importante que instituciones como CEAR, INTA, FONAPAZ, el Fondo de Fideicomiso de Tierras, CONTIERRA y la Asamblea Consultiva de Poblaciones Desarraigadas (ACPD) concertaran mecanismos más eficientes de apoyo a la resolución de estos conflictos.
31. En relación al compromiso sobre los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas, se destaca que en seis municipios del departamento se están organizando asociaciones campesinas, lideradas por el CUC, con el objetivo de crear una sola instancia que reúna a las asociaciones para la compra de tierras y resolución de conflictos. Existe un esfuerzo por parte de la Comisión Nacional Permanente de Tierras de COPMAGUA y de la Comisión Paritaria sobre Derechos a la Tierra de los Pueblos Indígenas en divulgar los avances y propuestas sobre el tema.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
editar32. El Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil señala que una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco reside en el sistema de administración de justicia. Para encaminar la reforma y modernización del sistema, las partes se comprometieron, entre otras cosas, a ampliar la cobertura del Organismo Judicial y del Ministerio Público, introducir el funcionamiento multilingüe en el sistema de justicia y aplicar un eficiente plan de protección a testigos, fiscales y colaboradores de la justicia. Igualmente, se planteó la importancia de proveer de los recursos necesarios al Servicio Público de Defensa Penal.
33. En enero de 1998 se estableció el Juzgado de Paz Comunitario en San Rafael Petzal, municipio con una población de 10,958 habitantes, perteneciente al área Mam, donde se han ido perdiendo las tradiciones y costumbres, salvo en los caseríos más alejados. El juzgado está integrado por dos maestros bilingües y un presidente, vinculado a la Academia de Lenguas Mayas. Recientemente estos jueces han ido aplicando costumbres indígenas en la resolución de casos y situaciones, aunque sin realizar consultas con las autoridades tradicionales. Sólo han recibido capacitación general sobre sus funciones y procedimientos legales por funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Dicha capacitación no logró aclarar los objetivos de estos juzgados, lo que ha generado inseguridad en el manejo de los casos, en especial considerando que se les facultó para conocer en el orden penal de delitos menores y aplicar los usos y costumbres de la propia comunidad al resolver conforme al criterio de oportunidad. El desempeño del juzgado de paz comunitario es seguido con atención por los demás juzgados de paz, vistas las expectativas que se tienen sobre la aplicación de la normatividad indígena.
34. Los jueces llevan tres libros de control: uno de denuncias que se resuelven bajo el derecho positivo, otro de convenios extrajudiciales y un tercero de consultas y visitas. Han recibido 68 denuncias en las que se aplica el Código Penal, y sólo 8 han sido resueltas aplicando la costumbre. Se han procesado 83 convenios extrajudiciales (conciliaciones) de hechos leves. Todos los casos fueron resueltos sobre la base de un intercambio entre los jueces para definir el criterio que mejor se aplica en cuanto a costumbre. Han comenzado a realizar contactos individuales con algunos ancianos del municipio, lo que podría ayudar a suplir deficiencias en el conocimiento de la normatividad tradicional. La percepción de la población de San Rafael Petzal hacia el juzgado de paz comunitario es positiva, por su capacidad de recepción de denuncias y solución de casos. Los jueces son percibidos como figuras responsables, que resuelven en forma consensuada y rápida, sin incurrir en abusos de autoridad. Se destaca que los jueces son indígenas de habla mam y dos de ellos son originarios del lugar.
35. Respecto de la disposición gratuita de intérpretes judiciales en las instancias de justicia prevista en el Acuerdo Indígena, y a pesar de la diversidad de idiomas que caracteriza a Huehuetenango, sólo hay 5 intérpretes (tres mames, un q´anjob´al y un quiché), uno ubicado en el Ministerio Público, otro en el Juzgado Primero de Segunda Instancia, ambos en la cabecera departamental, y 3 en los juzgados de paz municipales. El Juzgado de Todos Santos, municipio mam, cuenta con un intérprete de habla quiché.
36. Durante el período no se ha consumado ningún linchamiento en la región, posiblemente debido a la intervención más ágil de las instancias nacionales. Se registraron varios intentos de linchamiento en municipios en donde las autoridades son menos proactivas en la resolución de conflictos. En comunidades donde se aplican usos y costumbres tradicionales en la resolución de conflictos (caso San Juan Atitán), se ha demostrado capacidad de solución. Sin embargo, en la medida en que la población no se sienta amparada por la justicia y persista la inseguridad ciudadana, la probabilidad de tomar la ley en manos propias es alta y sujeta a manipulaciones.
SEGURIDAD PÚBLICA
editar37. Aunque el despliegue de la PNC en el departamento está previsto para agosto de 1999, la escasa difusión institucional de las convocatorias al tercer curso básico para agentes de nuevo ingreso motivó que la Oficina Regional iniciara, junto a la sede de MINUGUA, actividades de difusión para las próximas convocatorias. Considerando que el 65% de la población departamental es indígena y, conforme al compromiso de hacer presente el carácter multiétnico y pluricultural en el reclutamiento, selección, capacitación y despliegue del personal policial, un esfuerzo especial ha sido realizado en este sentido. Se sostuvieron reuniones con la Coordinadora Ejecutiva de Organizaciones Mayas de Ixtahuacán, que agrupa 8 organizaciones del municipio, con la Defensoría Maya a nivel departamental, con el CUC del municipio de San Pedro Necta y con el Consejo de Organizaciones Mayas de Huehuetenango que agrupa 9 comunidades lingüísticas. Se inició una difusión intensa a través de programas radiales en español, mam, y q’anjoba’l, en el caso de la Oficina Subregional de Barillas, con la colaboración de los medios de comunicación local. Gracias a este esfuerzo, hubo un incremento significativo en la afluencia de personas que solicitan información y manifiestan interés en inscribirse. Más del 50% de los solicitantes son indígenas, aunque la proporción de mujeres es aún muy reducida.
OBSERVACIONES
editar38. El cumplimiento a nivel departamental de los compromisos contenidos en los Acuerdos depende de los avances a nivel central. La brecha existente en el flujo de información desde el centro hacia el interior del país y la instalación desfasada y tardía de instancias nacionales para implementar los compromisos afecta adversamente el progreso en el cumplimiento de los Acuerdos, especialmente en el ámbito de los proyectos de desarrollo social y del despliegue de la PNC. Estos factores han contribuido a que la apropiación de los Acuerdos por los huehuetecos haya sido poco significativa, matizada por una suerte de desconfianza hacia el sistema establecido, a pesar de las expectativas creadas por la finalización de la confrontación armada y la nueva actitud de los diferentes actores, que abren espacios para la realización de las transformaciones contempladas en los Acuerdos.
39. En relación al programa de resarcimiento, este compromiso fue recalendarizado para octubre de 1998 y, debido a la necesidad de contar con las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, podría ser recalendarizado nuevamente. No obstante, la falta de información y consulta que han señalado los sectores y organizaciones de la región, así como el desconocimiento de propuestas oficiales preliminares, han generado un panorama incierto que favorece interpretaciones sobre la posible falta de voluntad o capacidad gubernamental para dar cumplimiento al compromiso. Sería oportuno que SEPAZ informara sobre las políticas que se contemplan y así despejar las inquietudes de la población afectada.
40. A consecuencia del violento pasado por el que atravesó el departamento, y la función cumplida por la CEH en Huehuetenango, las expectativas de la población fueron ampliándose a medida que fueron siendo partícipes de la red testimonial que recogió la Comisión. Hay una gran demanda de parte de importantes sectores de la población, y en particular por representantes de la población más afectada, para que se esclarezca el doloroso capítulo y se creen los mecanismos que permitan hacer las investigaciones sobre los cementerios clandestinos y las exhumaciones. Sin perjuicio de los resultados del informe de la CEH, es necesario fortalecer el Ministerio Público departamental para que pueda estar en capacidad de dar respuesta a estas demandas.
41. Es recurrente la necesidad de que actores con representatividad estatal, junto a otros sectores de la sociedad civil generen y apoyen espacios apropiados de participación, concertación y seguimiento de los procesos. Si bien los sectores demuestran un creciente interés en conocer y participar de las decisiones políticas fundamentales, tampoco dan muestras de una apertura congruente con las exigencias de nuevos papeles y otros elementos del tejido democrático. Factores como la integración de los sectores con las organizaciones indígenas, hasta ahora excluidas, y el respeto de las diferencias culturales, son algunos de los elementos que habrá que trabajar a través de programas mixtos de educación para la cultura cívica democrática y ejercicios amplios de encuentros, foros y debates públicos. En Huehuetenango es particularmente visible la falta de participación de las alcaldías municipales en actividades fuera del ámbito de los proyectos. Con el fin de lograr una coordinación más eficiente de las actividades, sería conveniente la realización de reuniones de trabajo entre el Consejo de Organizaciones Mayas y la dirección de DECOPAZ, así como entre las ONGs locales y el INFOM. Es necesario dar seguimiento a las micro regiones para establecer en qué medida logran contribuir a la interrelación entre comunidades, al incremento del potencial de autogestión y a la participación política de las mismas.
42. Además de continuar en el departamento con el fortalecimiento del mecanismo que constituye el Foro de la Mujer, se deberían también contemplar estrategias de organización del sector para potenciar e incrementar la participación de las mujeres en la esfera pública a nivel departamental para responder mejor a sus necesidades reales y específicas.
43. Es preciso mantener los esfuerzos para la difusión de la convocatoria de la Academia de la PNC, con el fin de contribuir a la eficacia del despliegue policial en el departamento, ya que el tema de la seguridad pública ha creado muchas inquietudes. La positiva imagen que se está difundiendo del nuevo cuerpo de policía deberá responder desde un principio a las expectativas de la población y favorecer la transición hacia un sistema abierto y responsable de su actuación, adscrito a la autoridad civil, con enfoque preventivo más que represivo.