Diferencia entre revisiones de «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera: 13»

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¡La mugrosa Ley de Indultos quedó mal hecha! En el original se saltaron el Tít II Cap II
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* 10.- Decidir sobre la renuncia a la persecución penal respecto a personas que, habiendo participado directa o indirectamente en el conflicto armado siendo menores de edad en el momento de realizarse la conducta ilícita competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, resulten responsables de delitos no amnistiables, de conformidad con lo establecido en los principios adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en esta materia.
 
'''Artículo 28. Ámbito de competencia personal.''' Sin perjuicio de lo que se establece para los agentes del Estado en el Titulo III de esta ley y de lo previsto en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas conocerá de los casos objeto de su competencia, respecto de las siguientes personas nacionales colombianos o extranjeros, bien sea que su responsabilidad sea a título de autoría o participación, consumación o tentativa:
 
Estado en el Titulo III de esta ley y de lo previsto en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala
* 1. Integrantes de las FARC-EP tras la entrada en vigencia del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno Nacional, de conformidad con los listados entregados por representantes designados por dicha organización expresamente para ese fin, listados que serán verificados conforme a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz.
de Definición de Situaciones Jurídicas conocerá de los casos objeto de su competencia, respecto de las
* 2. Personas que, por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos, hayan sido perseguidas penalmente, entre otros, por los delitos contemplados en los artículos 112 (lesiones personales con incapacidad menor a 30 días), 265 (daño en bien ajeno), 353 (perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial), 353A (obstrucción a vías públicas que afecte el orden público), 356A (disparo de arma de fuego), 359 (empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos), 429 (violencia contra servidor público), 430 (perturbación de actos oficiales) y 469 (asonada) del Código Penal colombiano.
siguientes personas nacionales colombianos o extranjeros, bien sea que su responsabilidad sea a título de
* 3. Personas que estén procesadas o que hayan sido condenadas por delitos políticos o conexos vinculados a la pertenencia o colaboración con las FARC-EP, sin que se reconozcan parte de la anterior organización. En este supuesto la persona aportará las providencias judiciales u otros documentos de los que se pueda inferir que el procesamiento o la condena obedeció a una presunta vinculación con dicha organización.
autoría o participación, consumación o tentativa:
 
1. Integrantes de las FARC-EP tras la entrada en vigencia del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno
Lo anterior no obsta para que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ejerza su competencia respecto a las personas indicadas en el parágrafo 63 del Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, en los términos previstos en dicho acuerdo.
Nacional, de conformidad con los listados entregados por representantes designados por dicha
 
organización expresamente para ese fin, listados que serán verificados conforme a lo establecido
'''Artículo 29. Criterios de valoración de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.''' Podrán ser objeto de las resoluciones mencionadas en este capítulo las personas a quienes se les atribuyan los delitos que
en el Acuerdo Final de Paz.
2. Personas que, por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho
a la protesta o disturbios internos, hayan sido perseguidas penalmente, entre otros, por los delitos
contemplados en los artículos 112 (lesiones personales con incapacidad menor a 30 días), 265
(daño en bien ajeno), 353 (perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial),
353A (obstrucción a vías públicas que afecte el orden público), 356A (disparo de arma de fuego),
359 (empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos), 429 (violencia contra servidor
público), 430 (perturbación de actos oficiales) y 469 (asonada) del Código Penal colombiano.
3. Personas que estén procesadas o que hayan sido condenadas por delitos políticos o conexos
vinculados a la pertenencia o colaboración con las FARC-EP, sin que se reconozcan parte de la
anterior organización. En este supuesto la persona aportará las providencias judiciales u otros
documentos de los que se pueda inferir que el procesamiento o la condena obedeció a una
presunta vinculación con dicha organización.
Lo anterior no obsta para que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ejerza su competencia
respecto a las personas indicadas en el parágrafo 63 del Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz,
en los términos previstos en dicho acuerdo.
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Acuerdo Final 24.08.2016
Artículo 29. Criterios de valoración de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Podrán ser objeto
de las resoluciones mencionadas en este capítulo las personas a quienes se les atribuyan los delitos que
hayan sido cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, siempre que no constituyan:
 
1. Casos de participación determinante en los denominados crímenes: crímenes de lesa humanidad,
* 1. Casos de participación determinante en los denominados crímenes: crímenes de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, o reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, sin perjuicio de la facultad contemplada en el numeral 2 del artículo 27 de esta Ley.
genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad,
* 2. Delitos comunes que no hayan sido cometidos en el contexto y en relación con el conflicto armado o cuya motivación haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero.
tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas
 
de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, o reclutamiento de
'''Artículo 30. Resoluciones proferidas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.''' Teniendo en cuenta la etapa procesal de la actuación ante cualquier jurisdicción que afecte al compareciente, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrá adoptar las siguientes resoluciones, entre otras que sean de su competencia:
menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, sin perjuicio de la facultad
 
contemplada en el numeral 2 del artículo 27 de esta Ley.
* 1. Renuncia a la persecución penal
2. Delitos comunes que no hayan sido cometidos en el contexto y en relación con el conflicto armado
* 2. Cesación de procedimiento
o cuya motivación haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero.
* 3. Suspensión de la ejecución de la pena
Artículo 30. Resoluciones proferidas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Teniendo en
* 4. Extinción de responsabilidad por cumplimiento de la sanción
cuenta la etapa procesal de la actuación ante cualquier jurisdicción que afecte al compareciente, la Sala
* 5. Las demás resoluciones necesarias para definir la situación jurídica
de Definición de Situaciones Jurídicas podrá adoptar las siguientes resoluciones, entre otras que sean de
 
su competencia:
'''Artículo 31. Procedimiento y efectos.''' Las resoluciones a las que se refiere el presente capítulo se otorgarán con base en la remisión de casos por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas analizará cada caso de conformidad con los criterios de valoración del artículo 29, y decidirá lo procedente.
1. Renuncia a la persecución penal
 
2. Cesación de procedimiento
Una vez en firme, la resolución adoptada, hará tránsito a cosa juzgada y sólo podrá ser revisada por la Jurisdicción Especial para la Paz.
3. Suspensión de la ejecución de la pena
 
4. Extinción de responsabilidad por cumplimiento de la sanción
De considerarse que resulta improcedente adoptar alguna de las resoluciones indicadas en el artículo 30 de esta Ley, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas remitirá el caso a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, para que con base en la determinación ya adoptada tome la decisión correspondiente de acuerdo con su competencia.
5. Las demás resoluciones necesarias para definir la situación jurídica
 
Artículo 31. Procedimiento y efectos. Las resoluciones a las que se refiere el presente capítulo se
'''Artículo 32. Contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas.''' La adopción de alguna de las resoluciones indicadas en el artículo 30 de esta Ley no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No repetición.
otorgarán con base en la remisión de casos por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad y
 
Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas
Si durante los cinco años siguientes a la adopción de alguna de las resoluciones indicadas en el artículo 30 de esta Ley, se rehusaran de manera reiterada e injustificada los requerimientos del Tribunal para la Paz para participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o a acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas de existir la obligación de acudir o comparecer ante las anteriores, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el evento de que llegaran a ser declarados responsables por algunas de las conductas que se les atribuyan al interior de la misma.
analizará cada caso de conformidad con los criterios de valoración del artículo 29, y decidirá lo
 
procedente.
 
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===CAPÍTULO V - RÉGIMEN DE LIBERTADES===
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Acuerdo Final 24.08.2016
'''Artículo 33. Libertad por efecto de la aplicación de la amnistía o de la renuncia a la persecución penal.''' La concesión de la amnistía y de la renuncia a la persecución penal de que trata la presente Ley, tendrá como efecto la puesta en libertad inmediata y definitiva de aquellos que estando privados de la libertad hayan sido beneficiados por las anteriores medidas.
Una vez en firme, la resolución adoptada, hará tránsito a cosa juzgada y sólo podrá ser revisada por la
 
Jurisdicción Especial para la Paz.
'''Artículo 34. Libertad condicionada.''' A la entrada en vigor de esta ley, las personas a las que se refieren los artículos 14, 15, 16, 21 y 28 de esta ley que se encuentren privadas de la libertad, incluidos los que hubieren sido condenados por los delitos contemplados en los artículos 22 y 23, quedarán en libertad condicionada siempre que hayan suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo siguiente.
De considerarse que resulta improcedente adoptar alguna de las resoluciones indicadas en el artículo 30
 
de esta Ley, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas remitirá el caso a la Sala de Reconocimiento de
Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, para que con base en la determinación
ya adoptada tome la decisión correspondiente de acuerdo con su competencia.
Artículo 32. Contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas. La adopción de alguna de las
resoluciones indicadas en el artículo 30 de esta Ley no exime del deber de contribuir individual o
colectivamente al esclarecimiento de la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de reparación que
sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y
No repetición.
Si durante los cinco años siguientes a la adopción de alguna de las resoluciones indicadas en el artículo 30
de esta Ley, se rehusaran de manera reiterada e injustificada los requerimientos del Tribunal para la Paz
para participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o a acudir ante la
Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de
Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas de existir la obligación de acudir o comparecer ante
las anteriores, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial
para la Paz, en el evento de que llegaran a ser declarados responsables por algunas de las conductas que
se les atribuyan al interior de la misma.
CAPÍTULO V
RÉGIMEN DE LIBERTADES
Artículo 33. Libertad por efecto de la aplicación de la amnistía o de la renuncia a la persecución penal.
La concesión de la amnistía y de la renuncia a la persecución penal de que trata la presente Ley, tendrá
como efecto la puesta en libertad inmediata y definitiva de aquellos que estando privados de la libertad
hayan sido beneficiados por las anteriores medidas.
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Acuerdo Final 24.08.2016
Artículo 34. Libertad condicionada. A la entrada en vigor de esta ley, las personas a las que se refieren los
artículos 14, 15, 16, 21 y 28 de esta ley que se encuentren privadas de la libertad, incluidos los que
hubieren sido condenados por los delitos contemplados en los artículos 22 y 23, quedarán en libertad
condicionada siempre que hayan suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo siguiente.
Artículo 35. Acta formal de compromiso. El Acta de Compromiso que suscribirán las personas
beneficiadas con las libertades previstas en este Capítulo, contendrá el compromiso de sometimiento y