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Las utilidades que habían obtenido en el transcurso de los últimos quince años algunas de las empresas nacionalizadas eran tan exorbitantes que, al aplicárseles como límite de utilidad razonable el 12% anual, esas empresas fueron afectadas por deducciones de significación. Tal es el caso, por ejemplo, de Anaconda Company que, entre 1955 y 1970, obtuvo en Chile una utilidad promedio del 21,5% anual sobre su valor de libro, mientras las utilidades de Anaconda en otros países alcanzaba solo un 3,6% al año.
La nacionalización del cobre se ha hecho observando escrupulosamente el ordenamiento jurídico interno, y con respeto a las normas del Derecho Internacional, el cual no tiene por que ser identificado con los intereses de las grandes empresas capitalistas.


{{brecha}}Esta es la situación de una filial de Kennecott Copper Corporation que en el mismo periodo, obtuvo en Chile una utilidad promedio del 52% anual, llegando en algunos años a utilidades tan increíbles como el 106% en 1967, el 113% en 1968, y más del 205% en 1969. El promedio de las utilidades de Kennecott en otros países alcanzaba, en la misma época, a menos del 10% anual, Sin embargo, la aplicación de la norma Constitucional ha determinado que otras empresas cupríferas no fueran objeto de descuentos por concepto de utilidades excesivas, ya que sus beneficios no excedieron el límite razonable del 12% anual.
{{brecha}}Este es en síntesis, el proceso que mi patria vive, que he creído conveniente presentar ante esta Asamblea, con la autoridad que nos da el que estemos cumpliendo con rigor las recomendaciones de las Naciones Unidas, y apoyándonos en el esfuerzo interno como base del desarrollo económico y social. Aquí, en este foro, se ha aconsejado el cambio de las instituciones y de las estructuras atrasadas; la movilización de los recursos nacionales —naturales y humanos—; la redistribución del ingreso; dar prioridad a la educación y a la salud, así como a la atención de los sectores más pobres de la población. Todo esto es parte esencial de nuestra política y se halla en pleno proceso de ejecución.


{{brecha}}Cabe destacar que en los años inmediatamente anteriores a la nacionalización, las grandes empresas del Cobre habían iniciado planes de expansión, los que en gran medida han fracasado, y para los cuales no aportaron recursos propios, no obstante las grande sutilidades que percibían, y que financiaron a través de créditos externos.
{{brecha}}Por eso resulta tanto más doloroso tener que venir a esta tribuna a denunciar que mi país es víctima de una grave agresión.


{{brecha}}De acuerdo con las disposiciones legales el Estado Chileno ha debido hacerse cargo de esas deudas, las que ascienden a la enorme cifra de 727 millones de dólares. Hemos empezado a pagar incluso deudas que una de estas empresas había contratado con Kennecott, su compañía matriz en Estados Unidos.
{{brecha}}Habíamos previsto dificultades y resistencia externas para llevar a cabo nuestro proceso de cambios, sobre todo frente a la nacionalización de nuestros recursos naturales. El imperialismo y su crueldad tienen un largo y ominoso historial en América Latina, y está muy cerca la dramática y heroica experiencia de Cuba. También lo está la del Perú, que ha debido sufrir las consecuencias de su decisión de disponer soberanamente de su petróleo.


{{brecha}}Estas mismas empresas, que explotaron el cobre chileno durante muchos años, solo en los últimos cuarenta y dos años, se llevaron en ese lapso más de cuatro millones de dólares de utilidades, en circunstancias que su inversión inicial no subió de treinta millones. Un simple y doloroso ejemplo: en agudo contraste, en mi país hay setecientos mil niños que jamás podrán gozar de la vida en términos normalmente humanos, porque en sus primeros ocho meses de existencia no recibieron la cantidad elemental de proteínas. Cuatro mil millones de dólares transformarían totalmente a mi patria. Solo parte de esa suma aseguraría proteínas para siempre a todos los niños de mi patria.
{{brecha}}En plena década del 70, después de tantos acuerdos y resoluciones de la comunidad internacional, en los que se reconoce el derecho soberano de cada país de disponer de sus recursos naturales en beneficio de su pueblo; después de la adopción de los Pactos Internacionales sobre Derecho Económicos, Sociales y Culturales y de la Estrategia para el Segundo Decenio del Desarrollo, que solemnizaron tales acuerdos, somos víctimas de una nueva manifestación del imperialismo. Más sutil, mas artera, y terriblemente eficaz, para impedir el ejercicio de nuestros derechos de Estado soberano.