El diputado Bernardo O'Higgins en el Congreso de 1811: 2
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El Congreso de 1811editarLa Primera Junta de Gobierno y el Congreso de 1811editarEl Acta de instalación de la Primera Junta de Gobier no, el 18 de septiembre de 1810, haciendo efectivos los principios considerados en el capítulo anterior, le dio el carácter de interinos a los seis vocales que acompañarían a su Presidente, el Conde de la Conquista, Mateo de Toro y Zambrano “mientras se convocaba y llegaban los diputados de todas las provincias de Chile, para organizar el [gobierno] que debía regir en lo sucesivo” [1]. Como quiera que entendiesen el vínculo con el monarca español, al que le reiteraban lealtad, los ciento veinticinco criollos que se habían reunido la noche anterior en la casa de Domingo de Toro —hijo segundo del Conde de la Conquista—, la provisionalidad de la Junta estaba determinada por quien o quienes representarían la soberanía popular siendo esta una noción determinante dentro de la naciente ideología revolucionaria. En aquella reunión se había acordado que la Junta de Gobierno, elegida al día siguiente, iba a estar compuesta por cinco integrantes sin que en ella figurara alguno de los miembros del Cabildo. El gesto de Mateo de Toro al renunciar como gobernador del reino de Chile, dejando en libertad de acción al Cabildo, simbolizó claramente el traspaso de la representación. Poniéndose de pie en la amplia sala del Tribunal del Consulado, donde se celebró la reunión del Cabildo Abierto, dirigió al público las siguientes palabras: “Aquí está el bastón; disponed de él y del mando” [2]. El Procurador de la ciudad, José Miguel Infante [3], habló en seguida en representación del Cabildo, justificando en las leyes de Partida, y su aplicación por la misma España, la designación de una Junta de Gobier no propia. En la ley 3a, título 15, Partida II, se había previsto en caso de estar cautivo el soberano, sin haber nombrado antes su regente, el establecimiento de una Junta de Gobierno cuyos integrantes serían nombrados “por los mayorales del reino, así como los perlados, e los ricos homes, e los otros homes buenos e honrados de las villas” [4]. José Miguel Infante reforzaba su argumentación citando la afirmación hecha por el Consejo de Regencia, unos meses antes, al llamar a las provincias de ultramar para remitir diputados a una reunión de Cortes: “Tened presente al pronunciar o al escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el cong reso nacional, que vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros, ni de los vir reyes, ni de los gober nadores: están en vuestras manos” [5]. Aprobado el procedimiento, el mismo Infante propuso los nombres de los integ rantes de la Junta: Mateo de Toro y Zambrano (Presidente); el obispo José Antonio Martínez de Aldunate (vicepresidente); Fernando Márquez de la Plata, Juan Martínez de Rozas e Ignacio de la Carrera (vocales); a ellos se agregaron el coronel Francisco de Reina y Juan Enrique Rosales, como vocales elegidos por la asamblea. Asimismo, Gaspar Marín y José Gregorio Argomedo, como secretarios. Necesariamente, sobre el Cabildo recaía la responsabilidad de proponer a la asamblea el modo de reorganizar el gobier no del reino, y con ello, se producía una mutación provisoria en él: de ser la entidad local por excelencia de la capital pasaba a asumir, temporalmente, el poder legislativo de un Estado incipiente. El 13 de octubre de 1810, la Junta recibió de parte del Cabildo de Santiago las bases a que debían someterse las provincias en la elección de los diputados del Congreso [6], las cuales habían solicitado verbalmente. Hasta dos meses después el proyecto se mantuvo en discusión ya que, como se lo había comunicado Juan Mackenna en su carta respuesta a ÓHiggins, la convocativa al congreso despertaba fuerte rechazo en algunos vocales y sus representados [7]. El procurador de la ciudad hizo una presentación ante el Cabildo señalando las razones por las cuales la convocatoria era “el punto de más urgente resolución no solo en el día sino que desde que se instaló la excelentísima junta guber nativa” [8]. Reconoció en ella que sólo las circunstancias apuradas en que se había visto la capital habían permitido invertir el orden regular y más conveniente, ya que antes de instalarse la Junta debió celebrarse el Cong reso. De este modo, se habría contado con el poder del voto unánime de los pueblos, y, asimismo, formar “una constitución sabia que sir viese de regla inalterable al nuevo gobierno” [9]. El Cabildo aprobó la presentación de Infante y la envió a la Junta. Juan Martínez de Rozas, por su parte, había preparado una instrucción o reglamento para ser usado en la elección de los diputados, y la Junta lo aprobó, dándole el sello de ley.
La convocatoria al Congreso de 1811editarEl 15 de diciembre de 1810 la Junta de Gobierno convocó a un Congreso Nacional:
Electores, según la misma convocatoria, eran “todos los individuos que por su fortuna, empleos, talentos o calidad, gozan de alguna consideración en los partidos en que residan, siendo vecinos y mayores de v einticinco años, — asimismo—; los eclesiásticos seculares, los curas, los subdelegadosy militares” [12]. Excluidos de concurrir a las elecciones: “los extranjeros, los fallidos, los que no son vecinos, los procesados por delitos, los que hayan sufrido pena infamatoria y los deudores a la real hacienda” [13]. Debían elegirse treinta y seis diputados propietarios y otros tantos suplentes representando los veinticinco partidos territoriales. José Miguel Infante
El número para cada uno de éstos dependía de la cantidad de habitantes. De este modo, Santiago debía elegir seis; Concepción, tres; Chillán, San Fernando y Coquimbo, dos y el resto de los partidos, uno. El dirigir la elección estaba confiado a los Cabildos respectivos, los cuales designarían a los individuos de la localidad que cumpliesen con los requisitos para ser electores. Estos serían citados a través de esquelas para un día deter minado en el cual en la sala capitular, abierta al público, votarían a través de cédulas
(fuente MHN) secretas. Los diputados elegidos debían presentarse en Santiago, con sus poderes, el 15 de abril de 1811 y el Congreso abriría sus sesiones el 1 de mayo. El reglamento fue comunicado a los demás Cabildos por el de Santiago que se autoconsideraba promotor del cambio. En el mismo día, 8 de enero de 1811, en que se preparaba la elección de Diputado en el partido de La Laja, donde era postulado Bernardo O’Higgins, el Cabildo de Santiago solicitó a la Junta de Gobierno, que aumentase a doce el número de diputados de la capital, usando el siguiente efugio:
Esta resolución generaría, como se verá, posteriores reclamos y acciones de los diputados más radicales, entre los cuales Bernardo O’Higgins cumplió un rol decisivo.
Elección de los representanteseditarIniciadas las campañas políticas se fueron delineando tres bandos en los diversos vecindarios, a los que el mismo Ber nardo denominó, en un escrito suyo, como el partido de los “godos”, el partido de los “indiferentes” y el partido de los “patriotas” [16]. Se ha preferido el nomenclátor para los tres segmentos usado por Diego Barros Arana en su Historia General: españoles o sar racenos, moderados y radicales. Para el historiador, los radicales eran los más cercanos a Martínez de Rozas y a O’Higgins [17]: “eran hombres ardorosos y resueltos, sobresalían algunos de ellos entre todos los miembros del congreso por su mayor ilustración adquirida en el estudio y en los viajes, y por la solidez de sus principios [aspiraban] a un cambio radical y completo en la situación de la colonia” [18]. Los patriotas moderados: “hombres en su mayor parte de sanos propósitos, prestigiosos algunos de ellos por su posición y su fortuna, pero de principios menos acentuados, y también mucho menos resueltos que los radicales” [19]. Por último, los españoles o sarracenos eran los defensores del antiguo régimen. Lo que sucedió en Los Ángeles es paradigmático respecto a como se dieron las cosas en todo el reino. El Comandante Militar de los Ángeles, Pedro José Benavente, apoyó al bando radical que postulaba a Bernardo O’Higgins como diputado propietario y a un hijo suyo, José María Benavente, de veintisiete años, como suplente. Coincidentemente, Agustín Eyzaguirre, moderado de Santiago, escribía a Juan Ruiz, miembro de una familia principal de la zona, animándolo para que apoyara a Francisco Cisternas, personaje santiaguino de ideas moderadas. En algún momento se detuvo el proceso eleccionario en Los Ángeles por las dudas que surgieron sobre cuántos y quiénes debían ser los electores. O’Higgins envió una carta al candidato para Diputado suplente que lo acompañaba, incluyendo una traducción del artículo 3°, sección 1ª de la Constitución de los Estados Unidos que trataba sobre la materia [20]. En definitiva, fueron elegidos por aclamación, el 10 de enero de 1811, “el maestre de campo Bernardo O’Higgins Riquelme —como diputado—, [y] el capitán de milicias de caballería José María Benavente Bustamante” [21], como su suplente. La villa de Los Ángeles les confirió sus poderes según el siguiente documento:
El proceso electoral en Santiago tuvo mayor complejidad. El día fijado para las elecciones en la capital, 1º de abril de 1811, debió ser sofocado el amotinamiento del teniente coronel Tomás de Figueroa, español realista, que mandaba a oficiales y tropa venidos de Concepción con destino a Buenos Aires, desde donde habían sido solicitados [23]. Esta acción militar —la primera de su tipo realizada en la capital desde su fundación— contra la Junta de Gobierno, estaba siendo apoyada, desde hacía algún tiempo, por los integrantes de la Real Audiencia y por personeros del partido español. Juan Mackenna había advertido de este movimiento a un asustado Juan Martínez de Rozas, no obstante, fue éste el que supo controlar la situación, incluido el fusilamiento de Figueroa. Sin embargo, el abogado encontraba cada vez más resistencias y dificultades en la Junta. El único que lo apoyaba franca y decisivamente era el vocal Juan Enrique Rosales, cuñado del fraile mercedario Joaquín Larraín, cabeza de esa familia. ==El Tribunal Superior de Gobierno==
A pesar de la oposición de algunos de los vocales y de los posteriores reclamos del Cabildo a un directorio de más de treinta miembros en que no estaba representada la capital, Martínez de Rozas apoyó la solicitud y al fin la hizo aceptar. El resultado permitió que el Tribunal Superior de Gobier no, como fue denominada la unión de vocales y diputados, fuera dominado por Martínez de Rozas y sus partidarios. En Buenos Aires había sucedido lo inverso, el recurso fue apoyado por los moderados. En su inicio, en el Tribunal Superior de Gobier no —integ rado por alrededor de treinta y siete personas, contando los vocales de la Junta y los diputados que se encontraban en la capital— cada iniciativa era estudiada y evaluada por cada uno de los integrantes. A fines de mayo de 1811 se advirtió, como lo señala el auto del que tomó razón el Tribunal de Cuentas el 28 de mayo de 1811, que “al paso que abundaba de luces para el más acertado despacho, se entorpecía éste, tanto por la multitud de negocios que estaban rezagados a causa de la insur rección del día 1° de abril, como por ser preciso que todos los Vocales votaran en cada uno de ellos, cuya regulación y escrutinio de votos era embarazosa” [25]. Con el fin de resolver esta situación, el Tribunal distribuyó su trabajo en tres salas, hasta la apertura del próximo Congreso. Una, compuesta por siete individuos, “para conocer de todos los pleitos y negocios de guer ra y sus incidencias. [Otra, también compuesta por siete personas,] para los de Real Hacienda, [y la tercera, con todo el resto de vocales,] para los de Gobierno y Policía” [26]. Le correspondió a Bernardo O’Higgins integrar la Sala de Guerra [27] en la cual ninguno de los otros seis integrantes tenía similitud de ideas con él, solo el Secretario, José Gaspar Marín, era afín al partido más radicalizado, pero no tenía derecho a voto. Sin embargo, una situación más favorable no le fue necesaria a O’Higgins, porque en los dos meses en que se mantuvo este sistema de gobierno, nada de importancia pudo hacerse. En lo personal, pudo firmar los decretos en que se dio el grado de coronel de dragones a su sustituto y amigo Pedro José Benavente y el de capitán Agustín Vial Santelices de las milicias de Chillán a su amigo Pedro Ramón Arriagada. Asimismo, cursar por la toma de razón sus propios despachos de
(fuente MHN) teniente coronel de Lanceros de la Frontera [28].
Elección por SantiagoeditarPara los moderados, la elección de los diputados por Santiago era fundamental para revertir el dominio de los más radicales en el Tribunal Superior de Gobierno. El 4 de mayo de 1811, el Cabildo hizo repartir las esquelas a las personas que reunían los requisitos necesarios para ser electores dos días después, como lo establecía el reglamento. Los radicales, que a las doce del día señalado se sentían perdidos, reclamaron que no se había mandado esquelas para ser electores a los oficiales del batallón de pardos, integ rado por esclavos negros o mulatos presente en la plaza mayor frente al palacio de los gobernadores, en cuyo interior seis mesas recibían la votación. Pidieron se les reconociera el derecho a esos militares y, con ese fin, se postergara el tiempo de votación. Los representantes del Cabildo aceptaron la petición, postergando el término de la votación hasta las cuatro de la tarde, lapso en que lograron convencer a todos los pardos, dejando frustrados al doctor Martínez de Rozas y a sus parciales. Entre todos los escritos encontrados no existe alguno que enumere a los candidatos radicales y los votos que recibieron. El escrutinio de los votos favoreció a moderados y sarracenos, cuyos diputados pasaron a formar parte del Tribunal Superior de Gobierno. La hegemonía de los moderados en el Tribunal —con la presencia de los nuevos diputados de la capital— también se hizo presente en los reemplazos que se hicieron de diversos cargos vacantes, entre ellos, los de los dos alcaldes y de los regidores del Cabildo que habían sido elegidos diputados, los que fueron llenados por individuos del partido vencedor. Como la Real Audiencia había sido disuelta, se hacía necesario un Tribunal de Alzada. Sin mucha deliberación se creó un tribunal de cuatro miembros que debía sujetarse, hasta el momento que el Congreso creara una nueva legislación, a las prácticas legales seguidas por la Real Audiencia. En el mismo período fue objeto de deliberaciones la actuación del agente diplomático del gobierno de Buenos Aires, José Antonio Álvarez Jonte, que, según se sabía, era un protagonista importante en todas las acciones del grupo más radical, además de posible autor de escritos contra el partido moderado. El 21 de junio de 1811 el Tribunal envió una nota al gobier no de Buenos Aires pidiendo su remoción. ==Puntos que hay que pedir a la Junta y un proyecto de ley (por el Diputado don Bernardo O’Higgins)==
No se dispone de ningún instrumento que permita saber con certeza qué sucedió con estas peticiones al interior del Tribunal Superior de Gobierno. Que su participación en éste no fue algo satisfactorio para Bernardo se puede concluir por su comentario, transmitido por John Thomas: “No transcur ría un día sin que se propiciara una nueva medida y, después que se la discutía todo el día, no se adoptaba decisión alguna y se la relegaba al olvido” [30]. A pesar de ello, el punteo manuscrito permite conocer el cuidado con que el novel diputado buscó representar las necesidades de la Isla de la Laja [31]. En primer lugar, las notas se refieren a la educación. El punto N° 1 dice lo siguiente: “Pedir todas las tierras que se encuentren vacas dentro de este Partido, se asignen a beneficio de esta escuela para pagar al maestro que enseña a los niños, por no sufragar su renta de 600 pesos de principal que dieron los vecinos” [32]. En el N° 2 creía conveniente preocuparse de la corrupción, que se había generado entre los Comandantes de las zonas fronterizas cuando se les daba mando político:
A través de algunos números, Bernardo se preocupa por la seguridad de la población amenazada en varios flancos. Así en el N° 4 expone:
Y, en el N° 8, argumenta:
Por último, para una regulación del mercado local de los vinos incluyó en su listado, en el N° 10, un problema que lo afectaba también a él mismo, como productor vitivinícola: “Que no dentre vinos de fuera hasta desprenderse de los del partido” [41]183. También el diputado O’Higgins elaboró en Santiago un proyecto para reparar el estado de abandono en que se encontraban todas las plazas de la Frontera, ya que el Cuerpo de Dragones, destinado desde su fundación a protegerlas, mantenía dispersas sus fuerzas. Cien de sus hombres habían sido destinados al auxilio de Buenos Aires y, otro tanto, como guar nición en Santiago. El manuscrito primitivo de este proyecto, sin la fecha de su ejecución, fue encontrado entre los papeles que Bernardo mantenía en su escritorio en Montalbán [42]. En su proyecto O’Higgins se preocupaba especialmente por la plaza de Los Ángeles, capital de la frontera, que en el momento en que él lo redactaba tenía una guarnición de sólo veinte a veinticinco individuos. Por disposiciones del Rey, en Los Ángeles se encontraba el cuartel general del Cuerpo ya que por su posición, en caso de necesidad, podía auxiliar no sólo a las plazas vecinas de la frontera, sino también, a la ciudad de Concepción si fuesen invadidas sus costas. A favor de su distrito, O’Higgins adicionaba el hecho que el terreno de la mayor parte de la Isla de La Laja es fértil por naturaleza y adecuado para la crianza de vacunos. A esta labor se había dedicado la población de esa zona, a cuyo producto se agregaban las compras que se hacían a los indígenas de la zona, constituyendo la principal fuente que abastecía gran parte del reino y del Virreinato en Lima. Al joven diputado electo le preocupaba el peligro que corría, por su desamparo, tanto aquella actividad pecuaria como toda la zona fronteriza de ser invadida por los “indios” que constituían, según los describía, un “enemigo feroz, doméstico y astuto, que vigila sobre [la] indefensión de nuestras fortalezas para aprovecharse de [ella, asaltarnos] y desolar nuestras poblaciones [...] una nación feroz, aguer rida y numerosa, más de lo que vulgarmente se piensa” [43]. Por este motivo, a través del proyecto, se intentaba restituir el resto del Cuerpo de Dragones a la plaza de Los Ángeles, supuesto que en ese momento no había recelo de enemigos en las costas. Asimismo, que igualmente los cien y tantos hombres que había en la capital se volvieran a la Frontera, con la brevedad posible, “atendiendo a que aquí no hay necesidad de estas tropas por haberse creado otras en mayor número y bastante para cubrir los puntos más necesarios en esta ciudad” [44].
El Consejo PatrióticoeditarEl “Consejo Patriótico” reunía a diputados y personalidades del sector radical bajo la presidencia del sacerdote paraguayo Juan Pablo Fretes, diputado por Puchacai (hoy Florida, en la Región del Bío-Bío). El 24 de junio de 1811, con anterioridad a la sesión preparatoria del Congreso programada para ese día, celebró una sesión para analizar el doblamiento en el número de los diputados representantes de la ciudad de Santiago. La decisión tomada fue protestar en la sesión de la tarde. El texto del reclamo, con una redacción bastante embarullada, fue escrito por el representante de la Junta rioplatense, Antonio Álvarez Jonte [45], que también participaba en la reunión, el cual propuso que Bernardo O’Higgins fuera el que lo presentara ante el Congreso. Decía lo siguiente:
Instalación del Congreso NacionaleditarEl día de la inauguración, los vocales de la Junta de Gobierno, los Diputados (gran parte de los cuales no asistió a la ceremonia), los miembros del Tribunal de Justicia, del Cabildo y de la Universidad de San Felipe, los prelados y los jefes de los cuerpos militares se reunieron en el ex Palacio de la Real Audiencia para luego dirigirse a la Iglesia Catedral donde el Vicario Capitular, José Antonio Errázuriz, celebró una misa solemne y el sacerdote Camilo Henríquez [47] predicó un extenso sermón. Henríquez comenzó su alocución aludiendo al Congreso que se inauguraba, como “la alta representación del Estado” que, a través de la ceremonia eclesiástica, mostraba su convencimiento de que su conducta actual era confor me a la religión católica y a la equidad natural, de las cuales emanan los eternos e inalienables derechos con que Dios ennobleció a todos los pueblos del mundo. El orador justificó el movimiento revolucionario al reconocer que la ceremonia era un homenaje a la justicia y amabilidad de la religión que jamás
Luego expresó aquello que era un sentimiento común en él y en los que lo escuchaban:
El vocal de la Junta inició su discurso [55] diciendo que los diputados presentes constituían “el único modo posible y legal” [56] de ver por primera vez congregado al pueblo chileno. A pesar de dar a conocer su dolor y su agitación, dijo creer inevitable poner a la vista de los presentes “nuestra verdadera situación” [57], pero como creía poder equivocarse al exponerla, les solicitó las correcciones necesarias ya que, de no darse ellas, el silencio sería el asentimiento de cara a sus aserciones y haría a todos responsables de sus errores. Martínez de Rozas explicó, con un estilo afectado, la causa de su dolor y preocupación: por una parte, la situación de España en la última década del siglo XVIII y primeros años del XIX, que habían culminado en la llamada guerra de la independencia, aliada con Portugal y el Reino Unido atacando el expansionismo napoleónico y, por otra parte, las consecuencias de estas circunstancias para las provincias americanas sujetas a la corona: “Vivimos en un verdadero caos —dijo—, y nuestra vista solo alcanza al reducido horizonte, formado por impenetrables tinieblas, que tal vez habría disipado, pero tarde, una sorpresa exterior, o un volcán que reventase bajo nuestros pies” [58]. El orador se preguntó “con el más ingenuo candor [...] ¿qué debía hacer Chile? —Afirmando que— a una voz todos los vivientes de Chile protestan que no obedecerán sino a Fer nando [...] primer individuo de la Patria” [59] y le reservan estos dominios aunque los pierdan. Recordó también el carácter prácticamente isleño del país, origen de su seguridad, que de todos modos debía ser vigilado en relación con sus vecinos. “Nuestra probidad —dijo— nos adquirirá sin duda la consideración de las naciones; pero no es prudente esperar que todas imiten nuestra conducta justa y moderada” [60]. En seguida el vocal se dirigió a los diputados a quienes recordó que: Juan Martínez de Rozas
(fuente MHN)
Con un sentido pedagógico, previendo posiblemente la confusión de los presentes frente a la tarea que les sugería, al continuar su discurso Martínez de Rozas disminuyó las exigencias intelectuales de su propedéutica, señalando que los legisladores que han tenido éxito han sido aquellos que “siguiendo humildemente las antorchas de la razón y la naturaleza, penetrados de amor a sus semejantes, observando modestamente sus inclinaciones, sus recursos, su situación, su índole y demás circunstancias, les dictaron reglas sencillas que afianzaron el orden y seguridad de que carecen las naciones más cultas” [64]. Como ejemplos nombró a “la pobre Helvecia” [65] y a los descendientes de los “compañeros del simple Penn” [66].
Funcionamiento del CongresoeditarMuchos de los documentos que daban a conocer la actividad desarrollada por el Cong reso de 1811 se han perdido. La causa de ello es atribuible tanto a la falta de método de este cuerpo deliberante, como a la destrucción y a la dispersión de estos documentos públicos que corresponden al tiempo anterior a la reconquista española. Los patriotas que no se dirigieron a Mendoza, buscaban hacer desaparecer las huellas de los actos revolucionarios en que habían tenido participación y así escapar de las persecuciones que les esperaban después del triunfo de los defensores del rey. Los vencedores de Rancagua usaron los escritos que encontraron para iniciar procesos contra las personas cuyos nombres aparecían en ellos, y con posterioridad a este fin, aquellos se perdieron. En 1885 el gobierno encargó al jurisconsulto e intelectual Valentín Letelier, la publicación de las Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la República de Chile desde 1811 a 1845. Como fuente para el período 1810-1811 se usaron aparte de los escasos y poco valiosos documentos pertenecientes al archivo del Ministerio del Interior, a la Biblioteca Nacional y al archivo del Senado, todos los documentos del archivo de Diego Barros Arana relativos a la primera asamblea deliberante de Chile. Dentro de ellos, y de capital importancia, fue la copia de las sesiones celebradas por el Cong reso de 1811 desde el 4 de septiembre hasta el 14 de noviembre inclusive. Esta copia fue escrita para Bernardo O’Higgins y autorizada, en 1813, por Mariano Egaña, entonces Secretario de la Junta de Gobierno. Asimismo, se ocuparon documentos usados en las obras de fray Melchor Martínez, de José Victorino Lastarria, de Ramón Briceño, de Benjamín Vicuña Mackenna y de Luis Montt. Desde una perspectiva contemporánea, no se debería exagerar el valor y la importancia del Congreso Nacional de 1811. Diego Barros Arana opinaba que, a pesar de contar con los hombres más considerados por sus relaciones de familia, por su posición y por su fortuna, de seis eclesiásticos y de otros tantos doctores de la Universidad de San Felipe, en su gran mayoría carecían de toda noción de lo que era un parlamento y de tradiciones de algún tipo de la acción representativa, “sin más que ideas confusas de que ese sistema existía en otras naciones, pero sin conocer sus usos y sus prácticas” [67]. Según el mismo historiador, entre todos los diputados se distinguía Bernardo O’Higgins, hasta ese momento más conocido y estimado en los partidos del sur. Era en sus palabras:
En la primera sesión del Congreso se acordó que la presidencia y la vicepresidencia de la asamblea durasen quince días, al cabo de los cuales, se haría la nueva elección. Las providencias gubernativas eran firmadas por el presidente, el vicepresidente y el secretario, pero todos los diputados presentes debían firmar los acuerdos de carácter general. No había reglas sobre el número de diputados necesarios para tomar acuerdos. Durante los dos primeros meses no se hicieron actas sobre los contenidos de los acuerdos de cada día, y cuando se modificó el Congreso y se introdujo esta práctica, las actas se limitaron a un brevísimo resumen de lo acordado en la sesión sin anotar la asistencia, las indicaciones hechas ni otros sobre la discusión. No había reglas para el debate y, durante dos meses, con la oposición de los diputados radicales, las sesiones fueron secretas. El 5 de julio se iniciaron las sesiones del Congreso. Se realizaron las elecciones, con cédulas en votación secreta del presidente, Juan Antonio Ovalle, y del vicepresidente, Martín Calvo Encalada. El primero, llamado el “maestro Ovalle”, tenía gran prestigio dentro de la sociedad chilena y su opinión era escuchada como la de una autoridad reconocida. No había temido declarar ante el Presidente García Carrasco que “era súbdito fiel del rey de España y lo miraba como el legítimo soberano de América; pero si Fernando se v eía en la imposibilidad de gobernar, el pueblo estaba llamado a proveer” [69]. Según el creer de los radicales, la necesaria elección de la junta ejecutiva y la próxima renovación de la presidencia de la asamblea, el 20 de julio, continuarían dominadas por la mayoría moderado-sarracena . Sus sospechas se vieron cumplidas a través de las elecciones de Martín Calvo Encalada como presidente del Congreso, uno de los más intransigentes entre los moderados, y, como vicepresidente, del canónigo Agustín Urrejola, diputado por Concepción, perteneciente a una poderosa familia realista, y conocido por ser enemigo declarado de las nuevas instituciones. Enardecido el ánimo de los radicales de dentro y de fuera del Congreso, promovieron un par de movimientos sediciosos que al fin no tuvieron consecuencias. Para el segundo contaban con el compromiso, a última hora no cumplido, de Juan José Carrera, segundo jefe del nuevo batallón de g ranaderos, hasta poco antes adversario decidido de los radicales. El primer mes de funcionamiento del Congreso estuvo acompañado por numerosas proclamas y otros escritos burlescos que circulaban en la capital [70], dirigidos a desprestigiar a los parlamentarios que constituían la mayoría. Esta situación llevó a éstos a discutir en la sala el derecho de libre expresión de las opiniones, incluida la censura a la conducta de los gobernantes. Muchos diputados sostenían que debía castigarse a los autores de estos ataques violentos y de las incitaciones a la revuelta, mientras que los radicales defendían que el derecho de libre expresión era consustancial con el régimen popular representativo, que todos estaban empeñados en establecer. En definitiva, la actitud resuelta de estos últimos primó sobre el deseo de castigo. Asimismo, aunque frustrada, la asonada revolucionaria en que debería haber participado Juan José Carrera, intimidó a la mayoría del Congreso. Esto impidió la elección de la junta ejecutiva en la misma sesión en que se acordó que estuviera for mada por tres miembros de igual jerarquía, alternándose mes a mes para desempeñar la presidencia.
El navío inglés Standart y las relaciones con EspañaeditarLa agitación al interior del nuevo Congreso, donde se concentraban beligerantes las diversas concepciones habidas sobre la situación en España y sus consecuencias en el reino de Chile, tuvo un punto de distensión con la llegada el 25 de julio de 1811 a Valparaíso del navío de guerra inglés Standart, comandado por el capitán Carlos Elphinstone Fleming. Era el segundo viaje realizado por este navío y su capitán contratados por el Consejo de Regencia de la metrópoli con el objeto de llevar a los diputados elegidos por los virreinatos para ser enviados a las cortes de Cádiz y, asimismo, recoger los tesoros con que las colonias concurrían al sostenimiento de la guerra en la península. El primer destino había sido el Virreinato de Nueva España, donde el capitán Fleming había cumplido con éxito la misión, recibiendo del gobierno de la regencia el título de brigadier de la Real Armada. Ahora, estaba enviado por el mismo motivo a Chile y al Perú. El capitán Fleming “hombre distinguido por su nacimiento y por sus maneras” [71], sintiéndose comprometido con la alianza coyuntural de los reinos de Gran Bretaña y España, defendía gentilmente los intereses de esta última. Durante la travesía había tenido la oportunidad de conocer a su pasajero José Miguel Carrera, que regresaba a Chile, y conversar con él sobre los actos revolucionarios americanos a los cuales no les daba importancia y para los cuales auguraba un fin cercano. Aun cuando supo en Valparaíso que el país estaba gober nado por un cong reso representativo de las provincias, comunicó al “presidente gober nador del reino de Chile” la razón de su presencia. El Congreso debía responder. Por una parte, no se había hecho, ni se iba a hacer, la elección de diputados para las cortes de España; por otra parte, si bien la situación del tesoro público era mezquina, en la Casa de Moneda y en la caja del Consulado había más de un millón y medio de pesos, en su mayor parte, de depósitos particulares. La división de opiniones era previsible. Los diputados más distantes de las reformas, entre ellos la nueva mesa elegida el 5 de agosto [72], defendía la entrega de parte de los fondos en la Casa de Moneda, con la promesa de reintegrarlos. Esta fue la segunda oportunidad para que Bernardo O’Higgins mostrara su liderazgo en la asamblea: “Aunque estamos en minoría — dijo con pasión protestando por aquella propuesta [73] — sabremos suplir nuestra inferioridad numérica con nuestra energía y nuestro ar rojo, y no dejaremos de tener bastantes brazos para oponer nos eficazmente a la salida de este dinero, tan necesario para nuestro país amenazado de invasión” [74]216. Tanto los diputados radicales como algunos moderados apoyaron el rechazo de O’Higgins, y el mismo día se envió la respuesta al capitán Fleming, la que finalizaba con las siguientes palabras “a pesar de los mejores deseos, no contamos en el día con caudal alguno que poder enviar” [75]217. La respuesta de los congresales llevó al elegante capitán Carlos Elphinstone Fleming a distanciarse de ellos, y molesto, antes de marcharse rumbo al Perú, hizo declaraciones en contra de los procesos políticos en Chile y en las demás colonias. Para muchos, en especial para el diputado por Los Ángeles, este comportamiento del inglés contribuyó a disipar las esperanzas, que hasta ese momento conservaban, de que Inglaterra apoyase la revolución en estos países. El punto de vista inglés sobre la revolución hispanoamericana había sido esclarecido a través de una comunicación del Ministro conde de Liverpool al brigadier Layar, gobernador inglés de Curaçao, con fecha 29 de junio de 1810, para ser dada a conocer a los revolucionarios de Caracas. Esta declaración señalaba que Inglaterra no consideraba a las Américas españolas con las condiciones indispensables para separarse de la metrópoli, pero agregaba, alimentando con ello el optimismo de los independistas:
Debilidades del nuevo CongresoeditarEl rechazo al cometido de Fleming fue entendido por los radicales como un triunfo propio, en la medida en que era una expresión de independencia de la metrópoli, a tal punto, que unido a los demás hechos acaecidos desde la renuncia del Gobernador García Carrasco, estaba alimentando la amenaza de invasión del país desde el virreinato del Perú, peligro que había anunciado el diputado O’Higgins en la Sala. No obstante, esta victoria no les brindaba ninguna hegemonía sobre el Cong reso, a pesar de que en sus contrarios comenzaban a hacerse visibles los primeros síntomas de la debilidad diagnosticada por Juan Martínez de Rozas y reconocida por Ber nardo. La misma que había llevado a Juan Mackenna a for mularse aquellas preguntas: “Cuando los responsables del pueblo de Chile se hallen reunidos para dar leyes al país ¿en dónde estará la persona capaz de enseñarlos? O si la encuentra ¿será escuchada?” [77]. Es así como uno de los diputados por Santiago, Agustín Eyzaguirre, una semana después de inaugurado el Congreso, el 11 de julio, presentó la renuncia a su cargo alegando que no se sentía con aptitudes para desempeñarlo [78]220. La renuncia no fue aceptada por la mesa. Eyzaguirre era el mismo que, como incipiente operador político, había propuesto a un santiaguino de ideas moderadas como alternativa de Ber nardo O’Higgins en la pasada elección para diputado. Ahora, manteniendo su condición operativa envió, en la misma fecha de su renuncia, una nota al Cabildo de Santiago reseñando las actividades llevadas a cabo por el Congreso y protestando por sus procedimientos. El Cabildo, poseedor de una herencia institucional que le daba identidad, comenzó a arrogarse el derecho de controlar los procedimientos del Cong reso, desaprobando muchos de ellos, y el derecho de corregir a los diputados de Santiago. Con fecha 23 de julio dirigió a estos últimos algunas instrucciones precisas a las que debían ajustar su conducta, “advertencias a fin de identificar la conducta de éstos con los sentimientos del pueblo, cuya voluntad legítima nunca es lícito contradecir” [79]221. Estas advertencias se referían a seis puntos: conveniencia de elegir laicos para el cargo de secretario, pues “a los no ilustrados se hace creer en Chile que la promoción de un eclesiástico a destinos políticos importa una declaración absoluta de faltar conocimientos o fidelidad en el secularismo, injuria trascendental al reino entero, y cuya noticia traspasará sus límites” [80]; no ofrecer premios pecuniarios a los delatores de aquellos que emitían proclamas contra el sistema actual o contra los individuos que van a dictar la constitución, por ser un expediente utilizado por las tiranías; pronta for mación de la junta ejecutiva con individuos aptos para desempeñar el cargo; contra la práctica establecida por el congreso de celebrar sus sesiones a puerta cerrada; evitar los movimientos de tropas y de patrullas a deshoras de la noche que producían la intranquilidad de los vecinos y la distracción de los milicianos separándolos de ocupaciones más útiles a la sociedad y privándolos del producto de su oficio que no se les deja cumplir, mientras el vecindario se resiente de no encontrarlos para atender sus intereses; y pronto despacho y sanción de un acuerdo o de una ley que prohibiese a los diputados el pretender o el aceptar empleos lucrativos o distinciones especiales. Es decir, las instrucciones las justificaba el Cabildo por la necesidad de entregar, al menos a los parlamentarios de Santiago, lecciones de representatividad. Debe recordarse que ya con la renuncia de Toro y Zambrano a la gobernación de Chile, el Cabildo de Santiago había asumido temporalmente funciones ejecutivas y legislativas de carácter nacional que lo diferenciaban de los cabildos de los otros partidos del país. Una nueva muestra de la falta de for mación cívica del nuevo Congreso fue la elección de la junta ejecutiva.
Reglamento de la Autoridad EjecutivaeditarLa división de las tendencias al interior del Cong reso no se producía en tor no a las bases de las atribuciones de la junta y del cong reso. Sobre ellas había confor midad total: la primera tendría atribuciones muy limitadas y se encontraría sometida a la dependencia y vigilancia del segundo. En la sesión del 8 de agosto fue presentado a los diputados un reglamento de la autoridad ejecutiva y, después de las deliberaciones, la mayoría estuvo dispuesta a aprobarlo. Donde había diferencias era en tor no al modo como se elegirían los vocales de la junta. La facción radical del Congreso y sus adherentes habían urdido una maniobra para apurar la elección de los vocales de la junta ejecutiva, incluyendo en ella a su líder, Juan Martínez de Rozas, “el único hombre capaz de levantar todas las fuerzas vivas del país y rechazar la invasión extranjera” [81]. Aprovechando la presencia del Capitán Fleming y sus desavenencias con el Cong reso, esparcieron el rumor de la toma de Valparaíso por aquél, incluida la prisión de su gober nador Juan Mackenna. Descubierta la falsedad de los hechos anteriores, una vigorosa mayoría rechazó el 9 de agosto, después de dos días de debates, una propuesta hecha por el respetado diputado de ideas avanzadas Manuel de Salas, y su modificación hecha por el diputado Agustín Manuel de Salas Vial, que posibilitaban la inclusión de Martínez de Rozas en la
(fuente MHN) Junta Ejecutiva. Don Manuel de Salas proponía que estando Chile dividido en dos grandes provincias, administradas con cierta independencia recíproca desde el establecimiento de la Ordenanza de Intendentes de 1785, se debían respetar los derechos adquiridos por la provincia de Concepción y dar a ésta una conveniente representación en el Poder Ejecutivo. Con este fin, sugería que los treinta diputados por la provincia de Santiago eligieran por sí mismos dos representantes suyos en la nueva Junta, y los doce diputados por la provincia de Concepción tuvieran el derecho a elegir separadamente uno. Por su parte, el diputado Agustín Vial, que defendía la postura de Salas, recordó que desde años atrás se pensaba for mar una tercera provincia con los distritos del Norte, denominada Coquimbo, y planteó que a los diputados de esos partidos se les permitiera separadamente elegir un vocal de la Junta, así como los de Concepción y Santiago podían elegir respectivamente el suyo. Se conserva una presentación hecha al Congreso por Bernardo O’Higgins y los diputados Juan Pablo Fretes, por Puchacai; Luis de la Cruz, por Rere; Pedro Ramón Arriagada, por Chillán, y José Santos Mascayano, por Aconcagua, en defensa de la propuesta de Manuel de Salas. Justificaban su escrito aduciendo que “en el delicado tránsito de una Constitución a otra, no puede ofrecerse crisis más importante y sublime, ni asunto que deba ser considerado con más detención que aquel en que se trata del establecimiento del Gobier no” [82]. A continuación se exponen los puntos más importantes de aquel documento —preferentemente desde su fuente primaria—, lo que permite conocer el modo cómo eran entendidas algunas nociones importantes de derecho público. Detrás de la exposición estaba latente la pugna entre los parlamentarios de Santiago y sus afines, y los diputados radicales no capitalinos. Al parecer se había hablado en la Sala de no darle una forma duradera y estable al modelo que se eligiera para establecer el Gobierno. Los diputados, en su escrito, aclaran que aunque el Congreso determinara una for ma constitucional sin especificar su carácter de provisional, ella será una for ma transitoria de administración, hasta que acuerden ordenarlo de otro modo de manera permanente.
Congreso de las proposiciones de la minoría radical, y convencidos de que serían derrotados en una elección abierta para elegir los integrantes de la Autoridad Ejecutiva, los doce diputados radicales se retiraron de la sala amenazando al resto con que darían cuenta de lo sucedido a sus representados. Tumultos y rumores de asalto al cuartel de artillería en la noche, hicieron que la mayoría del Congreso pensase en la mañana siguiente del 10 de agosto, que la elección inmediata de la Junta Ejecutiva podría traer algo de tranquilidad. Los elegidos, Martín Calvo Encalada, Juan José Aldunate y Francisco Javier del Solar —como vecino de Concepción, haciéndose con ello referencia al lugar que los radicales reservaban para Martínez de Rozas—, juraron dos días después. Solar, conocido en Concepción como sarraceno fue reemplazado por el teniente coronel Juan Miguel Benavente, hacendado de buena situación proclive al restablecimiento del antiguo régimen. El 13 de agosto fue hecho público, por bando, el decreto o ley que reglamentaba la autoridad ejecutiva, estableciendo la separación de poderes entre el cong reso y la junta ejecutiva [88]. El Congreso, de acuerdo al Reglamento, se reservaba “como único depositario de la voluntad del reino” [89], el hacer cumplir las leyes; el ejercicio del vicepatronato; el manejo de las relaciones exteriores; el mando de las armas y la provisión de todo cargo militar; la facultad de crear o suprimir empleos; el derecho a indulto para los condenados a muerte, y la vigilancia de todos los actos de la Junta Ejecutiva. Ésta quedaba reducida en sus funciones “en cuerpo tendrá de palabra y por escrito el tratamiento de excelencia, y se le harán honores de capitán general de provincia, y a cada miembro en particular el de señoría dentro de la sala” [90], junto a la tarea de la simple tramitación de negocios administrativos que no podía despachar sin la revisión o aprobación del congreso. La institución duraba hasta que se dictara la constitución y en el caso que esto no sucediera, en el plazo perentorio de un año expiraba “en la comisión” [91].
Comunicaciones de los diputados que abandonaron el Congreso a sus electores y del Cong reso a los partidos cor respondienteseditarEn los días siguientes a la elección de la Junta Ejecutiva y a la promulgación del respectivo reglamento, los diputados radicales concentraron su antagonismo contra la mayoría del Congreso en el aumento arbitrario del número de diputados elegidos por la capital. Según su argumentación, esta acción había dejado a los demás partidos sujetos al capricho de Santiago y reducidos a una inferioridad deg radante. Lo cual habría sido patente en la designación reciente de los integ rantes de la junta ejecutiva, para lo cual esa mayoría se había negado a las fórmulas propuestas para que las demás provincias tuviesen parte representativa en el ejecutivo que había de establecerse. Los diputados disidentes hicieron presente estos motivos en una nota conjunta a sus electores, justificando su separación voluntaria del Congreso. El diputado Bernardo O’Higgins, por su parte, dirigió el 12 de agosto de 1811 la siguiente exposición a los vecinos del partido de Los Ángeles, en la que narraba los últimos acontecimientos [92]:
Reunido en cabildo abierto el vecindario de la villa de Los Ángeles aprobó en todas sus partes el comportamiento de Bernardo O’Higgins, revalidando sus poderes. A indicación del procurador general de la ciudad fue nombrado diputado suplente del partido don Gaspar Marín, en reemplazo de José María Benavente que se encontraba fuera del país. ==Último tiempo del dominio de la facción moderada==
El ejército de Buenos Aires había sufrido una fuerte derrota en el Alto Perú a fines de junio y la ciudad de Buenos Aires había sido bloqueada a mediados de julio. La corte del Brasil, por su parte, mostraba interés en inmiscuirse en la política de la América española. El 1° de agosto, el gobier no de Buenos Aires, tal como había sido solicitado por el Tribunal Superior de Gobierno antes del 4 de julio, decidió reemplazar a su representante o diputado en Chile, Antonio Álvarez Jonte, por Bernardo de Vera y Pintado. El propuesto, radicado en Chile desde hacía doce años, mantenía muy buenas relaciones con los radicales, siendo uno de los más exaltados amigos de Martínez de Rozas. La prudencia llevó al Congreso a aceptar su nombramiento. Las contradicciones existentes entre los moderados se dejaron sentir en la votación sobre un envío de pólvora solicitado por el gobierno de Buenos Aires. Ante la ausencia de los diputados radicales, los realistas que había en la asamblea hicieron oír su voz con más fuerza, defendiendo la inconveniencia del envío, argumento al que se unieron algunos diputados moderados. Finalmente se aprobó el envío, pero por un precario margen de once votos a favor y diez en contra. Vera dio cuenta del hecho a su gobierno con las siguientes palabras: “Sabiendo V.E. que sólo por exceso de un v oto, he obtenido el socorro de pólvora, es decir, que en la sesión a que concur rieron veintiún diputados, hubo diez opuestos, comprenderá V.E. cuál sea el estado político de las cosas públicas de Chile” [96]. El estado político de las cosas públicas de Chile se había mostrado también en las provisiones de cargos públicos por el Congreso — como el comandante y el segundo jefe del batallón de infantería de la frontera— que había recaído en patriotas tímidos, o aún en sarracenos o españoles. Juan Martínez de Rozas consideró que era el momento de volver a Concepción para for mar una barrera contra la amenaza de reacción. Lo estimularon la ratificación de los poderes de los diputados de Los Ángeles y de Chillán y, más aún, la condena por el Cabildo de Concepción a sus tres diputados por no haber protestado por el aumento de seis representantes que se había dado Santiago.
Enfermedad de Bernardo O’Higgins.editarBernardo O’Higgins no pudo acompañar a Juan Martínez de Rozas a Concepción, debido a que el reumatismo que sufría agudizó sus síntomas, exigiéndole reposo en el domicilio del sacerdote Juan Pablo Fretes, donde vivía por invitación de éste desde que llegó a Santiago para hacerse cargo de su diputación. Bernardo decidió permanecer en ese domicilio bajo el cuidado de un “físico” [97] para tratar su crisis reumática. Su enfermedad no fue óbice para mantenerse al tanto de los hechos e influir sobre ellos. Esto lo confir ma la correspondencia que mantuvo con el gobernador militar de Concepción, Pedro José Benavente, entre el 6 de agosto y el 21 de noviembre de 1811. En sus cartas, Benavente, manteniendo reserva sobre lo que su amigo le comentaba, hacía la siguiente observación u otras análogas sobre las cartas recibidas: “de cuyos contenidos no hablo en particular por no molestarle y por etc. etc. (sic)” [98]. La residencia se transfor mó en un espacio de reflexión y conversaciones para el grupo radical, como lo había sido la casa de José Antonio Prieto en Concepción. En esas tertulias debieron estar presentes Juan Martínez de Rozas, antes de su partida a Concepción, el diputado Pedro Ramón Arriagada, Bernardo de Vera y Pintado, fray Camilo Henríquez, Agustín Vial, Manuel de Salas y tantos otros. El 2 de septiembre de 1811, O’Higgins remitió al Congreso los documentos que acreditaban su reaceptación por el partido de los Ángeles, pero no se integ ró a él hasta mediados de octubre. Los problemas de salud le impidieron participar en los preparativos y en la ejecución de un movimiento sedicioso, que cuatro días después, el 4 de septiembre, generaría un cambio fundamental en el Congreso.
La revolución del 4 de septiembreeditarLos sectores críticos a la dirección que había tomado el Congreso, dominado por el bando moderado, habían realizado varias asonadas sin mayores resultados antes de decidirse a realizar una acción definitiva para modificar el orden existente. Con Bernardo O’Higgins enfermo, y por lo tanto, inhábil para la acción, Martínez de Rozas ausente en Concepción y Juan Mackenna ocupado en sus tareas como gobernador de Valparaíso, Bernardo de Vera y Pintado la dirección de este movimiento sedicioso fue encargada por los perpetradores del golpe, a José Miguel Carrera. Éste había llegado a Chile el 25 de julio de 1811 en el navío inglés Standart. Carrera se había ganado, en palabras de Benjamín Vicuña Mackenna, “la buena g racia del Cong reso” [99], especialmente en una entrevista pública que le fue concedida por la institución.
(fuente MHN) Entre los organizadores inmediatos del golpe estaban el presbítero Joaquín Larraín, cabeza de su familia; Juan Enrique Rosales, su cuñado; el licenciado Carlos Correa de Saa, Gaspar Marín y el regidor Nicolás Matorras; además colaboraba con ellos el ex agente de Buenos Aires, José Antonio Álvarez Jonte. Estaban, asimismo, apoyados por casi todos los oficiales del batallón de g ranaderos y de húsares, incluidos sus jefes y algunos de la artillería [100]. A pesar de su desconfianza sobre las intenciones del grupo radical, José Miguel Carrera dirigió con éxito la operación, principalmente motivado por el engaño a que fue objeto por parte del Presidente de la Junta Ejecutiva, Manuel Cotapos, respecto de movimiento de tropas después de haber procurado lograr con él una salida pacífica. Terminadas las acciones revolucionarias, Carrera leyó en la Sala de sesiones del Congreso el acta que contenía las resoluciones del grupo triunfador [101], siendo las principales:
primero a la regencia de España [103].
Los sucesos de ConcepcióneditarComo se dijo anteriormente, Juan Martínez de Rozas, habiendo perdido las esperanzas de alguna fórmula que ter minara con el predominio de la mayoría moderada en el Cong reso, se había dirigido a Concepción. El gobernador militar de la provincia, coronel Pedro José Benavente, amigo de Bernardo O’Higgins, tendía a no poner resistencia a las manifestaciones públicas de la población repudiando los procedimientos al interior del Congreso. Las más notables de estas expresiones públicas se habían originado contra el aumento de los diputados de Santiago. Muchos vecinos “importantes” le habían solicitado la convocatoria a un Cabildo abierto, el cual no se había efectuado porque el gober nador nunca obtuvo respuestas a sus consultas al Congreso. La llegada de Martínez de Rozas, reforzada con la noticia del abandono de sus funciones por los doce diputados radicales, significó un aliciente irremplazable para aquellas inquietudes políticas. El fraile franciscano Antonio Orihuela hizo circular una proclama llamando a los patriotas del partido de La Concepción a hacer sentir su fuerza y retirar sus poderes a los diputados que los representaban y no habían sabido cumplir su encargo. En la casa del joven abogado penquista, Manuel Vásquez de Novoa, ciento cuarenta y uno de aquéllos se reunieron y tomaron la decisión de solicitar nuevamente al Gobernador la inmediata convocatoria a un cabildo abierto: “Viendo nosotros —decía la solicitud— que ya es preciso deponer esta indiferencia que nos ar rastra a la más lamentable situación, rev estidos de la autoridad que en sí y por naturaleza se reconoce en una asociación de un pueblo queremos desde luego tratar en consejo abierto lo que nos sea más benéfico” [104] El decreto correspondiente fijó el 5 de septiembre de 1811 como fecha del Cabildo abierto. Solicitaba un proceder moderado, pacífico, y ordenaba se citara a los demás vecinos de la ciudad que no habían suscrito la solicitud presentada “a fin de que instruidos todos de la facultad general se acuerde y deter mine lo que sea más conveniente a la paz y buena armonía” [105]. El día acordado se reunió la asamblea, con alrededor de ciento ochenta personas, bajo la presidencia del gobernador Benavente. La primera descarga oratoria estuvo destinada a censurar a los tres diputados que habían sido elegidos para representar a Concepción, los cuales, por una parte, no habían reclamado por los seis diputados adicionales elegidos por Santiago y, por otra parte, se habían opuesto a la proposición hecha por los radicales para que la provincia hubiera elegido uno de los tres integrantes de la Junta Ejecutiva. El “pueblo” presente en el Cabildo, resolvió quitarles sus poderes de inmediato —entre ellos al presidente del Congreso, presbítero José Cerdán— y designó por aclamación como representantes suyos al fraile Antonio Orihuela y a Francisco de la Lastra, en primera instancia, y luego a Manuel de Salas, manteniendo al Conde de la Marquina como diputado propietario. En seguida, se decidió que Concepción tuviese un gobierno propio, el cual resistiese las tendencias reaccionarias dominantes en Santiago. Con tal fin, la asamblea entregó en propiedad el mando de las armas de la provincia al coronel Pedro José Benavente, nombrándolo, también, presidente de una junta de gobierno compuesta por cuatro vocales: Juan Martínez de Rozas, el coronel de milicias Luis de la Cruz, Bernardo Vergara y el abogado Manuel Vásquez de Novoa. La junta sería dependiente del superior gobierno representativo que se organizara en la capital. Tenía las facultades y privilegios de los tradicionales gobernadores intendentes. Proveería todos los empleos civiles y militares de la provincia, actuando “con la más escrupulosa imparcialidad y desinterés, para no conferirlos sino al mérito, a la virtud y probado y decidido patriotismo y declarada adhesión a nuestra causa” [106]. Además, en lo principal, también se dispuso que en cada partido de la provincia de Concepción se formasen juntas locales, que reemplazasen a los subdelegados partidarios que desde 1786 regían a los partidos, “compuestas de dos v ocales que elegiría el pueblo, y del justicia mayor [107] que los presidiría” [108]. La asamblea reunida aprobó por aclamación estos acuerdos. A la cabeza de todos los opositores a ellos estaba el obispo Diego Navarro de Villodres, quien en una pastoral afirmaba que el establecimiento de la junta de Concepción se debía a la necesidad de “proporcionar autoridad y manejo al que reg resaba desairado de la capital [Martínez de Rozas]” [109]. La Junta de Concepción envió un manifiesto a todos los partidos de la Intendencia, refiriendo lo que había sucedido en el Congreso desde su inicio y de cómo todo ello justificaba el movimiento que acababa de operarse. Fue reconocida por todos los pueblos situados al sur del río Maule y en todos ellos se instalaron las juntas locales según lo había acordado el cabildo de Concepción. Sólo en el partido de Chillán tuvo que participar el coronel de milicias Luis de la Cruz en la for mación de la Junta local, ya que los padres franciscanos del Colegio de Misioneros trataron de poner obstáculos al cumplimiento de los acuerdos de Concepción. El vecindario de la villa de Los Ángeles, reunido en Cabildo Abierto el 14 de septiembre de 1811, aprobó la dependencia de ese partido respecto a la Junta de Concepción, nombró a los dos vocales de la junta local y renovó la confianza a su representante en la capital:
Por su parte, al recordar la formación de la Junta en Concepción, José Miguel Carrera escribió en su Diario:
El nuevo CongresoeditarAl finalizar septiembre, el Congreso presentaba una nueva fisonomía bajo el influjo directo o indirecto de los movimientos revolucionarios de Santiago y de Concepción. Casi todos los partidos habían renovado sus poderes a sus diputados que habían abandonado sus funciones a comienzos de agosto. La excepción fue Coquimbo, que tenía dos diputados. Como una forma de mostrar su desaprobación por la conducta de la anterior mayoría del Congreso, el Cabildo sólo había renovado los poderes a Manuel Antonio Recabarren, de tendencia radical, mientras el presbítero Marcos Gallo, de tendencia moderada, había sido reemplazado por Hipólito Villegas, de orientación radical. Por otra parte, el partido moderado había perdido siete diputados en Santiago y otro en Osorno en cumplimiento “de las peticiones del pueblo” [116] y, por la misma razón, en Concepción sus tres representantes moderados fueron reemplazados, en definitiva, sólo por fray Antonio de Orihuela. Igualmente, durante septiembre y la primera semana de octubre, cinco diputados moderados pidieron licencia para ausentarse temporalmente del congreso, siendo reemplazados por otros más radicales. A esta superioridad de la tendencia más radical en el Cong reso, se sumaba su pleno dominio en el Poder Ejecutivo. Pero esta circunstancia no tenía la misma relevancia. Las peticiones hechas al Congreso el 4 de septiembre incluían ampliar las atribuciones de la Junta Ejecutiva, que buscaba otorgarle facultades basadas en las que se pudieran adaptar de aquellas que las cortes españolas habían dado para la regencia de España. El proyecto fue discutido largamente, pero nunca se aprobó. El 20 de septiembre, fueron elegidos el fraile mercedario Joaquín Larraín, amigo de Juan Martínez de Rozas, presidente del Congreso y Manuel Antonio Recabarren, diputado por La Serena, vicepresidente [117].
La agenda del Congreso (septiembre-noviembre 1811)editarEl período de actividades del Congreso comprendido entre el 4 de septiembre y el 14 de noviembre de 1811, es el que está mejor documentado, porque, como se dijo anterior mente, se ha contado con las copias de las actas de las sesiones escritas para Bernardo O’Higgins y autorizadas, en 1813, por Mariano Egaña, entonces Secretario de la Junta de Gobierno. Posiblemente, por haber recibido estos documentos de manos de Pedro Demetrio O’Higgins Puga, el historiador Diego Barros Arana es quien, a diferencia de otros estudiosos del período, ha prestado mayor atención y valor a las actividades de este período del Congreso.
Sobre régimen interioreditarLos dos diputados de Coquimbo —Manuel Antonio Recabarren, vicepresidente del Cong reso e Hipólito Villegas, que había sido electo en reemplazo del presbítero Marcos Gallo— aduciendo la importancia de su provincia, solicitaron en la sesión del 23 de septiembre, la antigua aspiración de la creación de un gobierno político y militar para ese partido. Aprobada en la misma sesión, el Congreso aceptó en la sesión del 15 de octubre el nombramiento hecho por la Junta Gubernativa del teniente coronel Tomás O’Higgins, primo hermano de Bernardo, como primer gobernador de Coquimbo. De este modo, el reino quedaba dividido en tres Demetrio O’Higgins intendencias o provincias: Coquimbo, Santiago, y Concepción. La nueva intendencia estaba subdividida en los partidos de Coquimbo, Copiapó, Huasco y Cuzcuz o Illapel, con un total de cinco diputados.
(fuente MHN)
Participación ciudadanaeditarComo lo había previsto Bernardo O’Higgins, y escrito en su carta a Juan Mackenna, un Congreso podía ser el instrumento para remover la inercia de la población en general, interesarla en el movimiento revolucionario y animar los sentimientos de patriotismo y de aspiración a las refor mas. En la sesión del 2 de octubre de 1811, el Congreso aprobó la circulación de una proclama:
Hasta el 11 de octubre de 1811, a pesar de la opinión en contrario de los diputados radicales, las actividades del Congreso se habían mantenido en secreto. En la sesión de ese día se tomó el acuerdo de colocar en un lugar público, al fin de cada presidencia, es decir cada quince días, las actas de las sesiones del Congreso, “para que todos los ciudadanos puedan leerlas, reclamar su cumplimiento, censurarlas, o hacer advertencias útiles sobre ellas” [120]. El acta de la sesión que se comenta agregaba que estas advertencias “repetidas veces se han per mitido como propias y características de un gobier no franco y generoso” [121]. Por último, como consecuencia de la circulación de algunos escritos satíricos referidos mayor mente a autoridades políticas, la Junta Ejecutiva quiso reprimirlos proponiendo al Cong reso que se aplicara a los que los publicaban o portaban las mismas penas a que las leyes condenaban a sus autores. En la sesión del Congreso del 6 de noviembre, que se ocupó de aquellos escritos ofensivos, se concluyó que la propuesta de la junta podría ser atribuida “por el vulgo a un designio de coartar indirectamente la facultad de avisar al gobier no los pensamientos o noticias que tenga cualquier ciudadano” [122], cuyo ejercicio había sido estimulado por las autoridades. Por lo mismo, se propuso que cualquier individuo que quisiera usar de estas facultades lo hiciera en carta cerrada y rotulada a persona deter minada y constituida en autoridad. En cambio, los que sin estos requisitos publicaran o retuviesen papeles calumniosos deberían ser responsables de la verdad de su contenido o de la razón del libelo, bajo las mismas reglas con que eran juzgados los calumniadores. Bernardo O’Higgins, castigado por su reumatismo, no estuvo presente en las sesiones en que se tomaron estos acuerdos que interpretaban su pensamiento sobre la representatividad y la participación ciudadana en las decisiones de la autoridad política. En 1817, como Director Supremo, demostró que no le eran ajenos, al restablecer la obligación de publicar los estados mensuales de las entradas y gastos del erario nacional, que habían sido suspendidos durante la reconquista española.
La ley de cementerios.editarEsta ley pretendía abolir la insalubre costumbre en Chile de sepultar los cadáveres en las iglesias, la cual había subsistido a pesar de las órdenes del rey y, en el siglo anterior, de las diligencias del gobernador de Chile, Ambrosio O’Higgins. Por esto su hijo Bernardo tenía un especial interés por el proyecto. Si bien era su autor, y aparece entre uno de los firmantes del acta de la sesión del 18 de octubre [123]265, fue su amigo el canónigo paraguayo Juan Pablo Fretes, diputado por Puchacai, quien hizo la presentación en la sala leyendo un manifiesto que mostraba cómo la sepultura de los cadáveres en las iglesias iba contra la salud pública, las prácticas más antiguas de los pueblos y el querer divino, como se había mostrado con Moisés, que fue enterrado en el valle de Moab por orden especial de Dios. El Congreso ordenó distribuir el manifiesto de Fretes en las provincias. Asimismo, resolvió que el primer cementerio fuera costeado por suscripción popular. Sin embargo, sólo diez años más tarde fue posible establecer los primeros cementerios públicos, bajo el gobier no del mismo Bernardo O’Higgins.
Ley sobre libertad de esclavoseditar“Aquel congreso, iniciador de tantas innovaciones —dijo Diego Barros Arana— ha dejado en nuestra historia un nombre inmortal por otra reforma que ella sola bastaría para merecerle el aplauso y las bendiciones de la posteridad” [124]. Se trata de la aprobación, en la sesión del 11 de octubre de 1811, del proyecto de ley presentado por Manuel de Salas sobre la esclavitud, ese “deshonor de la humanidad” como él la denominó. El Congreso acordó: “Prohibir la introducción de nuevos esclavos al país; declarar libres a todos aquellos que, en tránsito para otras naciones, permanezcan seis meses en Chile, y a los hijos de los actuales esclavos, que nazcan en adelante, aun cuando sus padres salgan del país; y recomendar el buen trato para los esclavos que residen en Chile” [125]. Entre los dos millones de esclavos que había en ese momento en América, la población de ellos en Chile era escasa, y el trato que se les daba, más humanitario que en el resto de los países. La principal censura a la ley se produjo dentro del partido español. Los patriotas más radicales le dieron todo su apoyo. John Thomas, el secretario de Bernardo O’Higgins, afirmó que éste, apoyado por su amigo Pedro Ramón Arriagada, titular por Chillán, había presentado un primer proyecto sobre esta materia, cuando la mayoría realista hacía imposible su aprobación [126]. En 1817, Bernardo puso nuevamente en vigor la prescripción, establecida en mayo de 1813, que prohibía en las partidas de bautismo de los hijos de esclavos anotar esta circunstancia.
Reformas en la instrucción pública.editarAlgunos patriotas, como Manuel de Salas, Juan Egaña o Camilo Henríquez, que se distinguían del común por su desarrollo intelectual, resultado de sus viajes o estudios, y que estaban conscientes del atraso en que estaba la educación pública heredada del régimen colonial, influyeron para que en el Congreso se propusiera una refor ma general del sistema vigente.
José Miguel Carrera Tanto Juan Egaña como Camilo Henríquez hicieron presentaciones ante el Congreso sobre sus proyectos de reforma a la instrucción pública. Ellas incluían la fundación en Santiago de un gran establecimiento educacional, al que se daría el nombre de Instituto
(fuente MHN) Nacional y para el cual se establecía el currículo correspondiente. La implementación de este plantel en muchos órdenes estaba muy lejos de las capacidades disponibles de la sociedad chilena. Sin embargo, los planes elaborados significaron un punto de partida para las futuras reformas educacionales.
Reorganización de las miliciaseditarPreviendo acciones militares de enemigos del proceso político que llevaba el país, el Congreso hizo suya la antigua inquietud de Bernardo O’Higgins sobre la disciplina y el aumento de las tropas. Esta vez no pudo, por su enfermedad, poner personalmente en el primer plano ante el Congreso la necesidad de reorganizar las milicias. La preocupación general era una reacción natural, en especial frente a la actitud altanera y reservada del virrey del Perú y de algunas acciones suyas en relación con Chile [130].
Proyecto de ConstitucióneditarEl mandato expresado por Juan Martínez de Rozas en la inauguración del Cong reso de dictar una Constitución, se hacía presente entre los congresales a través de la consciencia de la falta de conexión entre todas las refor mas a las que estaban abocados, lo que las impregnaba de un carácter de transitoriedad. Los más preparados para la tarea que estaban cumpliendo entendieron que era necesaria una Constitución, que estableciera un cambio radical y completo de toda la organización política y administrativa, al mismo tiempo, entreg ara un espacio propio y orgánico a cada una de las refor mas ya aprobadas. Se tenía consciencia de la dificultad de la tarea pero, como se señaló en la sección anterior, existía el sentimiento común en la ideología revolucionaria del carácter casi “mágico” de las constituciones, que eran eficaces por sí mismas. En la sesión del 13 de noviembre, el Congreso comisionó a los Diputados Agustín Vial, Juan Egaña, Joaquín Larraín, Juan José Echeverría y Manuel de Salas para que redactaran “un proyecto de la Constitución que debe regir en Chile su gobier no interior, y sus relaciones durante el cautiverio del rey” [131]. El único proyecto ejecutado fue el de Juan Egaña. No pudo ser presentado al Congreso antes de su disolución, en diciembre de 1811, y fue publicado con modificaciones en 1813, por orden de la correspondiente Junta de Gobierno. ==Otras reformas==
La revolución del 15 de noviembre de 1811. El Diputado Bernardo O’Higgins, vocal de la JuntaeditarEn la sesión del 6 de noviembre de 1811, el Diputado Bernardo O’Higgins presentó una solicitud para que se le permitiera ausentarse temporalmente de Santiago a causa de su mal estado de salud.
A las siete de la mañana del día fijado, Juan José Carrera, apoyado por granaderos y artilleros, se presentaba ante el Congreso para decirle a su Presidente, Joaquín Larraín, que la asamblea debía permanecer en su sala consistorial expresando así públicamente su aprobación a “la voluntad de los pueblos” y, luego, a la Junta Ejecutiva acompañando una providencia dictada “por el mismo pueblo”, para que fuera hecha pública llegando a ser conocida por todo el vecindario [133]. Seis días después, Bernardo O’Higgins enviaba al Presidente de la Junta Provincial de Concepción el siguiente oficio relatándole estos hechos y los que siguieron:
Las reacciones de la Junta y del Cong reso habían sido esperables sobre todo después del ultimátum dado por Juan José Carrera [136] quien, si se da fe a Diego Barros Arana, “era conocido por un hombre de limitados alcances, desprovisto de la ilustración necesaria para poder apreciar la trascendencia de los actos que ejecutase contra la autoridad y el prestigio del congreso, y además violento e irreflexivo por carácter” [137]. En la noche entre el 15 y el 16 de noviembre, conspicuos patriotas se habían reunido para analizar los hechos y para llegar a establecer un modo de operar que contribuyera a que la sublevación militar debilitara lo menos posible las bases sobre las que se estaba construyendo el nuevo orden. Estaban seguros que la asonada militar no había sido preparada para perfeccionar el carácter representativo de la Junta y del Congreso, ni para establecer nuevas reformas que consolidaran lo mejor de lo ya realizado, sino que su objetivo había sido llevar al poder a José Miguel Carrera. La única figura que se hacían de él como líder futuro, “por su carácter impetuoso y absorbente, [era la de un] dictador peligroso para la libertad interior y aun para el afianzamiento de la revolución” [138]. Dada la irreversibilidad de lo sucedido, la única salida que se encontró fue acompañarlo en el gobierno por dos patriotas ejemplares, con la fortaleza para hacer sentir su voluntad en el gobierno. La decisión condicionada adoptada por Bernardo no podía traer paz a su espíritu. Ella misma lo colocaba —como lo entendió Vicuña Mackenna— en una situación incómoda:
La respuesta de Concepción, aprobando la conducta de O’Higgins, llegó tres semanas después a sus manos. En ese lapso habían sucedido hechos que permitieron a los diputados reconocer la bondad de la selección de Gaspar Marín y Bernardo O’Higgins como vocales de la nueva Junta.
Disolución del Congreso NacionaleditarLa aceptación de José Miguel Carrera de ser acompañado en la Junta por Martínez de Rozas, o por su suplente O’Higgins, obedecía, sin dudas, a un cálculo político. Antes de consolidar definitivamente su poder en el reino prefería, si no la neutralidad, al menos la falta de confrontación con Concepción, considerada la segunda capital del reino, donde campeaban soldados y cañones y en donde residía Juan Martínez de Rozas, que tanta adhesión había recibido por parte de ella desde el inicio de la revolución y que había dado todo su apoyo a la Junta Central que Carrera había reemplazado. El 20 de noviembre, con su sola firma, Carrera hizo público un manifiesto, que también envió a Concepción. En él justificaba la necesidad del nuevo gobierno porque, con la junta anterior, a pesar Bernardo O’Higgins
de que “cada hombre conocía las virtudes de los nuevos mandatarios [...], no se había consultado la voluntad libre del ciudadano; aparecía atropellada la representación general [...], aparecía, en una palabra, la nulidad más insanable” [140].
como Director Supremo La realidad distaba mucho del gobierno representativo tal como era anunciado en aquel manifiesto:
Diversos rumores recorrían nuevamente la capital sobre las intenciones de los Carrera. Entre los jóvenes oficiales se comenzó a gestar un movimiento sedicioso encabezado, al parecer, por los hermanos Huici, José Antonio y José Domingo, emparentados con la familia Larraín, y que tendría por objeto asesinar a los her manos Carrera. Avisado Luis Carrera, fueron apresados e interrogados por el mismo José Miguel dos de los participantes, sin comunicarlo al resto de la Junta. En la madrugada del día siguiente, aquél decretó la prisión de once personas, casi todas emparentadas con fray Joaquín Larraín. Entre ellos, Juan Mackenna y su cuñado Francisco Vicuña, Martín y Gabriel Larraín y José Gregorio Argomedo. José Miguel Carrera informó de los hechos a O’Higgins y a Marín, los cuales le reprobaron el haberse constituido en juez y parte durante la investigación. Del mismo modo, al informar al Congreso recibió los mayores reproches por parte de los diputados. “No era difícil divisar —dice Diego Barros Arana, después de relatar por menorizadamente estos acontecimientos— que se abría una era de violencias y de atropellos en que el congreso tenía que desaparecer” [143]. Carrera hizo pública una proclama “extravagante por su forma y por su fondo” [144] en la que contaba el proyecto de asesinato a que había sido sometida su familia, incluida las mujeres. Con su estilo inconfundible, que mantuvo mientras fue autoridad política, no temió declarar abiertamente que la legitimidad de su Junta estaba asegurada por la fuerza de las armas:
En su Diario Militar José Miguel Carrera recuerda lo que en ese momento tenía claro: “Era ya de absoluta necesidad destr uir el Cong reso, pues a más de ilegitimidad e ineptitud, encer raba porción de asesinos, y era el centro de la discordia, de la revolución, de la ambición y de cuanto malo puede creerse” [146]. Para él, el núcleo de todos estos vicios residía en la familia Larraín: “era pues forzoso elegir entre nuestra muerte y la esclavitud de Chile, o el abatimiento de la familia de Larraines y sus adictos [...] y concluiremos que para destruir la Casa era preciso destr uir el Congreso” [147]. A las diez de la mañana del 2 de diciembre, se presentaron en la plaza mayor todos los regimientos presentes en la capital, apoyados por un tren de artillería. Los cañones fueron dirigidos hacia la sede del Congreso y se apostaron centinelas en todas las puertas que no dejaban salir a nadie. Un bajo número de diputados que se encontraban en la sala de sesiones, entre ellos los íntimos amigos de Bernardo, Pedro Ramón Arriagada y Juan Pablo Fretes, recibieron a un emisario de las tropas que presentó al presidente, Joaquín Echeverría, un pliego firmado por nueve jefes militares. Los firmantes decían que “era voluntad de éste suspender las sesiones del Congreso hasta que noticiado el reino de su motivo, resolviera lo que condujese al mejor orden del estado” [148]. Además, exigían que al disolverse el Congreso se entregaran todos sus poderes al Directorio Ejecutivo. Mostrando claramente su molestia, los diputados entregaron un oficio de respuesta a los comandantes militares, señalando que quedaba suspendido el Cong reso hasta avisar a las provincias del reino, nada obstaba a ello porque no necesitaba ser un cuerpo permanente. Para Carrera esta declaración no era suficiente, por lo cual presionó fuertemente a los diputados para que fir masen un bando de la Junta de Gobierno, que O’Higgins y Marín tampoco habían firmado [149]. El bando señalaba que la división de la autoridad suprema en los directores ejecutivo y legislativo, era la causa de las convulsiones políticas sufridas por el país; que esta división se abrió en el reino inoportunamente; que el pueblo de Santiago optó por pedir la suspensión de las sesiones mientras eran infor madas las provincias del motivo; que las tropas “oyeron su clamor” [150] y siendo una parte importante de la ciudadanía lo representaron, consiguiendo lo que correspondía a una solicitud justa; que la junta (que hacía publicar el bando) estaba persuadida que para que en los estados exteriores no pareciese obra de la fuerza este hecho, que era expresión de la voluntad más libre, debía hacerse en un cabildo abierto; pero el notabilísimo riesgo existente “cuando aun no hemos descubierto todos los traidores que atentaron sang rientamente poco ha contra la salud general y cuando aun existen entre nosotros” [151] llevó a buscar otro medio más fácil y expedito. El acta fue firmada, además de Carrera, por los diez diputados asistentes a la sesión, casi todos desafectos a él, presionados por la fuerza de las armas. Detenidos en el congreso, los ofendidos diputados recibieron una comunicación que los autorizaba a retirarse a sus casas con la obligación de no ausentarse de la capital sin permiso previo. Asimismo, el oficio disponía la entrega, bajo inventario, al primo hermano de los Carrera, Juan Antonio Carrera, de todos los papeles que for maban el archivo del Congreso. José Miguel Carrera envió emisarios a todas las provincias donde, hasta las orillas del Maule, los cabildos aprobaron la disolución del Congreso. Al día siguiente, los vocales Bernardo O’Higgins y Gaspar Marín renunciaron a sus cargos. Marín después de aducir razones personales y familiares dio, irónicamente, como referencia política el hecho de haber llegado “la época en que el pueblo (según lo exponen los comandantes de las tropas militares), espera el principio feliz de su regeneración civil” [152]. La renuncia de Bernardo O’Higgins fue presentada así:
Carrera aceptó la renuncia de Gaspar Marín cuya conducta siempre le parecía sospechosa, en cambio no aceptó la de Bernardo O’Higgins, porque recelaba de su reg reso a Concepción. Empero, la reacción de la Junta de Concepción ante los sucesos de Santiago —que incluyó un oficio dirigido al Presidente del Congreso pidiéndole le infor mara sobre ellos y ofreciéndole, si era conveniente o necesario, la marcha de tropas de la provincia hasta la capital— llevó a Carrera a visitar a O’Higgins para pedirle que, como delegado del Gobier no de Santiago, se trasladase a Concepción para hacerle presente a la Junta de aquella provincia sus intenciones pacíficas. El chillanejo entendió que de su acción dependía poner término a la anarquía y volver a reunir todas las fuerzas y recursos en bien de la causa común, y aceptó la misión. ¿Qué lo llevó a acceder al deseo de José Miguel Carrera y ser su representante ante la Junta de Concepción? Once años después, el 23 de julio de 1822, dio una respuesta:
Dos observadores extranjeros, ambos británicos, pueden contribuir a aproximarse a una respuesta. El comerciante metalúrgico Johns Miers, socio de Lord Cochrane, afirmó sobre el prócer: “Puede decirse que ha sido el único individuo en el poder que tomó a pecho el bien de su país; el único hombre desinteresado que tuvo autoridad: su sola ambición fue promover el bien del país” [155]. El segundo observador, el historiador Simon Collier —quien reconocía a la historia de Chile como su gran pasión intelectual y que ocupó cinco años de su vida estudiando la mentalidad política de los actores criollos que realizaron “el gran drama de la emancipación” [156] — comentando la afirmación de O’Higgins: “Solo la futura suerte de Chile ha podido sostener mi corazón y mi espíritu” [157], Exponía: “las frases bellas como ésta suelen ser sospechosas pero lo son menos que de costumbre, creo yo, en el caso de Ber nardo O’Higgins” [158]. Disuelto el Congreso, ter minaba para Bernardo O’Higgins Riquelme la primera etapa importante de su servicio público, la que la enfermedad le impidió realizar a cabalidad. En ella, su determinación por hacer realidad la representación parlamentaria sólo puede equipararse con su desinterés en la acción pública, ambos son materia de orgullo para todo chileno que lo reconoce como Padre de la Patria.
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