Discurso sobre la Segunda República Argentina

Texto del mensaje que acompañó al anteproyecto de ley enviado al Consejo para la Consolidación de la Democracia y que el Dr. Raúl Alfonsín expuso el martes 15 de abril de 1986 al país por radio y televisión:

Señores consejeros:

Tengo el honor de presentarles un anteproyecto de ley que traslada la Capital de la República a las márgenes del curso inferior del río Negro, en jurisdicción de las provincias de Río Negro y Buenos Aires. Como lo expongo más adelante, entiendo que hay razones de peso en favor del mismo, y, como es de tal trascendencia para el futuro del país, considero necesario contar con vuestro asesoramiento antes de adoptar la decisión definitiva de enviarlo al Honorable Congreso de la Nación.

Esa decisión debería completarse con la implementación del proyecto de creación de una nueva provincia que incluyera a la ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, estas determinaciones deberían encuadrarse en el contexto de la transformación de las estructuras políticas y sociales que han inspirado la convocatoria a este Consejo y que significaría, de llevarse a cabo, la fundación de una nueva República, todo lo cual requeriría simultáneamente algunos estudios específicos a los que más adelante se hace referencia.

Decisión de alta responsabilidad

Esta es una decisión de alta responsabilidad, que plantea el tema que en el pasado suscitó tan diversos conflictos que perturbaron en su momento la todavía no consolidada organización nacional.

Si esta cuestión encendió antes controversias apasionadas y desencuentros históricos, no debería constituir ahora, sin embargó, una incorporación traumática al debate de los grandes temas nacionales. Debe tratarse, por el contrario, de un acto natural, maduro, en una sociedad que busca una solución profunda a lo que es ya un prolongado problema nacional una solución cuya necesidad se impone por sí misma con la fuerza de las convicciones arraigadas.

En pocas cuestiones como ésta, ha habido desde la decisión, de 1880 hasta la actualidad, tan clara conciencia de las serias y graves perturbaciones que la capitalización de Buenos Aires iba a traer al desarrollo general de la República. En pocos casos como éste, el transcurso del tiempo, lejos de ir atenuando las dificultades que se previeron en su momento, ha llevado a las mismas a extremos que culminaron con una deformación del conjunto nacional.

En ello han coincidido destacados hombres públicos, historiadores, sociólogos y observadores críticos de la realidad argentina.

Pero cada vez que han debido afrontarse las decisiones lógicas acordes con la gravedad del diagnóstico realizado, una extraña parálisis fue malogrando todas las iniciativas. Los argentinos parecieron aceptar resignadamente lo que podrán interpretar como una fatalidad histórica, un hecho ajeno a la voluntad humana que los hombres y mujeres de nuestro país no se atreverían a modificar.

No es así, sin embargo. Una decisión de esta naturaleza debe involucrar una conciencia profunda sobre los destinos del país. El carácter trascendente con que debe mensurarse es similar al de las decisiones que tomaron otros pueblos en condiciones más difíciles o más confusas.

Desmesurada megalópolis

El crecimiento de la Capital, hasta constituir una desmesurada megalópolis, que fue poco a poco invadiendo, paralizando o distorsionando las fuerzas de todo el país, ha significado, en los hechos una deformación del sistema político nacional y del núcleo de creencias y conceptos fundamentales que dieron origen a nuestra Nación. Tal como se predijo en su momento, el crecimiento metropolitano ha transformado el sistema político argentino, destruido las bases del federalismo y creado una vasta y compleja red de dificultosas relaciones políticas, económicas y sociales. Leandro N. Alem examinó el tema en el famoso debate de la Legislatura bonaerense. Lo ubicó en el mismo sitio trascendente de definición de un sistema político, que es necesario reactualizar por tratarse de una visión profética que coincide con el diagnóstico de la actual realidad argentina:

“En esta cuestión -señaló- y en la forma que se presentan se entrañan, por así decirlo, las dos tendencias que más han preocupado a nuestros hombres públicos y más han trabado nuestra organización política; la tendencia centralista, unitaria, y aun puedo decir aristocrática, y la tendencia democrática, descentralizadora y federal que se le oponía.

“Siempre que esta cuestión ha surgido, pretendiendo una solución como la presente, al momento, también han aparecido en la lucha aquellas dos tendencias y la razón es sencilla. Para el régimen centralista y unitario, dadas las condiciones de nuestro país y el estado de las otras provincias, la Capital en Buenos Aires es necesaria, es indispensable, tiene que ser uno de los resortes principales del sistema, y para la tendencia opuesta, para el principio democrático y régimen federal, en aquel que se desarrolla, la Capital en este centro poderoso, entraña gravísimos peligros y puede comprometer seriamente el porvenir de la República, constituida en esa forma y por ese sistema”.

La evolución del caso argentino no ha hecho más que confirmar aquellas predicciones. El resultado observado en otros países del mundo ratifica el diagnóstico. Las capitales que coinciden con metrópolis económicas y demográficas han producido, como consecuencia, sistemas altamente centralizados y de concepción política básicamente unitaria. En cambio, los sistemas que han pretendido consolidar el régimen federal y mantener un equilibrio razonable entre las distintas regiones del territorio, aun a partir de sus diferencias relativas, han preferido siempre capitales centrales, en general modestas, administrativas y alejadas de las grandes urbes dominantes.

La primera tendencia ha sido predominante en Europa; la federativa se ha experimentado en los países nuevos como Australia, Canadá y los Estados Unidos, cuyas respectivas capitales se distanciaron premeditadamente de las ciudades dominantes. En los últimos años, Brasil ha seguido el mismo camino.

Diferencias abrumadoras

El desarrollo de una región, que ha monopolizado prácticamente el crecimiento económico del país, produjo una deformación y acentuó diferencias de desarrollo relativo, que son hoy abrumadoras a poco que se comparen algunos datos de la realidad. El área metropolitana de Buenos Aires no solamente abarca el treinta y cinco por ciento de la población total del país, sino que consume el treinta y nueve por ciento del total de la energía facturada en la República, su personal ocupado en comercios y servicios representa el cuarenta y cinco por ciento del total y el personal ocupado en la industria manufacturera el cuarenta y ocho por ciento. Es evidente que la concentración de actividades económicas es aún mayor que la concentración poblacional.

En la Argentina el contenido centralizador de las decisiones políticas fue restringiendo, en forma cada vez más notoria, las facultades propias de las provincias, que no pudieron disponer de los medios para proveer por si mismas a su desarrollo. Por ello la reconstrucción del federalismo argentino no es una idea nostálgica, fundada en la premisa del volver al pasado. Por el contrario, se trata de incorporar a la administración del Estado las formas más modernas y eficientes que se expresan hoy como un fenómeno universal en todas aquellas naciones que evolucionan hacia sistemas más adecuados a su desarrollo económico y social acelerado y autosostenido. Este proceso se ha manifestado incluso en aquellos países fuertemente unitarios como Francia o Italia, o que salen de procesos políticos autoritarios como España. Es que en el mundo moderno la exigencia de la descentralización y el vigor de un régimen federal no constituyen solamente resguardo de las libertades públicas e individuales, sino que son también respuestas técnicas de carácter jurídico e institucional a las necesidades de un mundo cada vez más complejo y cambiante que requiere soluciones políticas inmediatas y eficaces.

La elección del área descripta en el artículo primero del Proyecto de Ley como Capital de la República Argentina se inscribe en este propósito de recrear el federalismo argentino, modernizando la administración y descentralizando las decisiones. Pero, además, resulta un elemento imprescindible para incorporar al futuro del país una región que forma parte de uno de los más grandes espacios vacíos existentes en el mundo. Se trata de una propuesta de transformación del país, de un cambio que permita armonizar la suma de desarrollos regionales que integren coherentemente y definitivamente a la Nación.

Una ciudad de 200 años

Viedma cumplió hace poco doscientos años de existencia y fue la primera capital de la Gobernación de la Patagonia, creada por ley de octubre de 1888, cuya jurisdicción terminaba al Sur de la Tierra del Fuego. Se incorporaba, así, esta región en forma definitiva, al patrimonio territorial de la Nación.

El área elegida para la radicación de la nueva Capital está asentada sobre las márgenes del río Negro, el río interior más caudaloso del país y en ella confluyen dos extensas regiones que configuran dos fisonomías contradictorias de la República.

Está en el límite de la pampa húmeda, que ha constituido desde hace siglos el sustento de la prosperidad nacional, y está al comienzo de las extensas planicies patagónicas, reservorio de las mayores disponibilidades energéticas del país y que siguen siendo una puerta abierta misteriosa y expectante, como una esperanza del destino nacional.

Pero el área asignada tiene también una ubicación estratégica especial. Emplazada cerca de la mitad del eje longitudinal del país y asomada al extenso litoral marítimo patagónico, fue fundada respondiendo a una decisión geopolítica de la Corona Española, a fines del siglo XVIII.

Hubieron de pasar dos siglos para que la reciente historia argentina hiciera resurgir las circunstancias del pasado y demostrara que los riesgos de un destino incumplido y un desarrollo postergado podrían ser letales para el interés nacional.

En los últimos conflictos internacionales la Patagonia se convirtió en el lugar estratégico más importante y demostró la extrema vulnerabilidad del territorio argentino.

Guerra de las Malvinas

En los momentos en que la Guerra de las Malvinas adquirió su máxima intensidad, los argentinos tomaron conciencia de las graves consecuencias que el subdesarrollo de una región tan extensa y expuesta podría tener para la integridad del país.

No se trata, naturalmente, de determinar el emplazamiento de una capital sobre la base de exclusivas consideraciones estratégicas de carácter militar, sino advertir en que medida el subdesarrollo, la falta de población, de medios de comunicación y de capacidad para defenderse siguen colocando, como hace doscientos años, a esta región como el sitio más frágil de la estructura geopolítica de la Argentina.

El control del Atlántico Sur constituye una fuente potencial de riesgo en la medida en que las vías de comunicación que han reemplazado al estrecho de Magallanes siguen constituyendo vías vulnerables en cualquier situación de conflicto aun limitado, como puede ser el canal de Suez o el de Panamá.

El vasto territorio que se extiende desde el litoral marítimo hasta los límites internacionales, desde Mendoza hasta el extremo Sur, pone en evidencia sus dificultades para cubrir las necesidades logísticas del emplazamiento militar en un conflicto. Es una frontera expuesta que no puede ser resuelta en términos exclusivamente militares.

Una política, pero fundamental para la seguridad, requiere la expansión y el crecimiento de esa región para eludir los riesgos inmanentes a un conflicto.

Nueva provincia

En el mismo sentido, he enviado al Congreso de la Nación un proyecto de ley tendiente a propiciar la creación de una provincia en el ámbito del Territorio Nacional de Tierra del Fuego.

Ese proyecto tiene el objeto de favorecer el crecimiento de esa región del país, para lo cual resulta necesario que los habitantes tengan la posibilidad de dictarse su propia Constitución, adquirir la autonomía que deriva de la provincialización de las tierras que ocupan y establecer su propio Gobierno de acuerdo con sus normas constitucionales.

Por otra parte, la ocupación de los espacios vacíos que conforman nuestras fronteras más australes resulta necesaria para generar focos de progreso que contribuyan a un desarrollo más armónico del país.

La expansión social, económica y cultural de esas zonas en buena medida depende del sacrificio de nuestros conciudadanos fueguinos, que, habiendo abandonado las comodidades que brindan las grandes ciudades, han ido a habitar aquellas zonas que parecen inhóspitas pero que prestan un futuro promisorio. Este paso puede constituir un atractivo para nuestra juventud al ofrecerles la posibilidad de contribuir a ese logro a través del ejercicio de su propia autonomía.

Comisión para la Patagonia

También en el día de hoy he dispuesto la constitución de una comisión dedicada a recopilar y compatibilizar proyectos de desarrollo de la región patagónica. La misma deberá proponer en breve plazo, de común acuerdo con las provincias patagónicas, los instrumentos y organismos que permitan impulsar un desarrollo equilibrado de cada una de las subregiones y de toda el área en general.

El desarrollo de la Patagonia no constituye una empresa imposible. Entre muchos argentinos existe la creencia de que, si se aplicaran criterios estrictos de eficiencia en la localización de las inversiones, las economías regionales tenderían a reducirse o a desaparecer, en tanto que crecerían las desigualdades en favor del conglomerado bonaerense del litoral argentino.

Esto no es así en absoluto con respecto a la región patagónica. Es probable que, por el contrario, las riquezas básicas derivadas en forma de materia prima hacia los centros consumidores del país estén contribuyendo encubiertamente a sostener el nivel de vida de las áreas más desarrolladas de la República.

Una impresión superficial y aparente de la región parte de supuestos equívocos cuando compara su austera fisonomía con las fértiles tierras de la Pampa húmeda, cuya calidad es, desde luego, incomparable.

Pero, así como en el pasado aquellas praderas fueron factor determinante de la expansión de las fronteras internas argentinas sobre la base de la exportación de productos agropecuarios, la Patagonia es hoy la reserva de energía más importante del país.

Además de los importantísimos recursos energéticos, la región patagónica cuenta con la mayor disponibilidad de tierras irregables en zonas templadas, capaces de producir crecimientos espectaculares en la producción de alimentos en cuanto se le incorporen los medios de infraestructura adecuada para posibilitar su desarrollo.

El litoral marítimo patagónico constituye, asimismo, una de las mayores reservas proteínicas del planeta y su zona andina es, además de un recurso turístico incomparable, una subregión de recursos hídricos, forestales y agropecuarios todavía prácticamente inexplotados.

Premisas del proyecto

La relocalización de la Capital Federal en el área individualizada en el proyecto tuvo, pues, en cuenta, múltiples aspectos: ubicación desde el punto de vista de la equidistancia respecto a las otras regiones del país, la existencia de redes de conexiones y comunicaciones, oferta del medio natural como inductor para localizaciones urbanas y como motivante para el desarrollo de actividades económicas, sociales y culturales; cercanía costera y de puertos naturales y existencia de infraestructura de servicios. El área en cuestión resume ventajas que responden positivamente a las distintas exigencias requeridas y demuestra poseer un alto grado de aptitud para localizar en ella la nueva Capital Federal.

En efecto, el territorio seleccionado reúne excelentes condiciones de equidistancia geográfica, posee instalaciones que permiten contar con un fluido tránsito ferroviario, vial, aéreo, fluvial y marítimo, calidad climática, abundante agua potable y de riego; la presencia de la costa marítima patagónica, la suave topografía muy favorable para el asentamiento humano, propio de una capital, la feracidad de las tierras, notablemente aptas para facilitar forestaciones urbanas y, en fin, la ubicación geográfica que permite una fluida relación Atlántico-Pacífico, a través de los pasos cordilleranos ya existentes en las provincias de Río Negro y del Neuquén y de equipamientos portuarios que Chile y la Argentina cuentan en esa latitud, todo lo cual posibilita vinculaciones internacionales que, sin duda, generarán un positivo impacto regional.

Buenos Aires, centro cultural

El traslado del poder político fuera de la ciudad de Buenos Aires no ha de privar a ésta de ser el centro neurálgico de la economía, de la cultura y de la política. Como lo demuestra el caso de Río de Janeiro, las razones que sostienen su crecimiento y su influencia se han de mantener sin dificultades y se han de acrecentar. Buenos Aires debe recuperar el carácter indiscutido de primer centro cultural de América latina, debe resolver los problemas que plantean la contaminación y el desorden ambiental para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Está destinada a robustecer el sistema federal con el singular peso de su riqueza y su prestigio, al convertirse en un distrito cuya relación con el poder central ha de ser determinante para el conjunto de las relaciones con los demás Estados.

El gobierno constitucional desde el mismo día que asumió sus funciones se propuso enfrentar con decisión los problemas que han roído las esperanzas y las perspectivas de progreso argentino. Lo ha hecho con la convicción de que cualesquiera que sean las dificultades derivadas de esta ciudad, nuestra generación, como las que lo hicieron en el pasado, debe abrir a las futuras rumbos más venturosos, contribuyendo a desatar los nudos gordianos que han impedido el desenvolvimiento de todas las potencialidades de la Nación. Si la convicción es que debemos resolver el problema del centralismo, no hay duda de que podremos hacerlo mediante la decisión política que procure las soluciones institucionales que correspondan.

Gran Buenos Aires

Como consecuencia del proyecto de traslado de la Capital Federal, deseo solicitar a este Consejo asesoramiento respecto a la conveniencia de crear una nueva provincia que comprenda la ciudad de Buenos Aires y partidos del Conurbano.

He hecho mención del crecimiento demográfico descontrolado del área metropolitana, a lo que debe sumarse un funcionamiento defectuoso de alto costo y bajo rendimiento, agravado por el surgimiento de situaciones que afectan a su población. Todo ello ha llegado a configurar un medio que afecta la calidad de vida de sus habitantes. Resulta claro que esa situación es consecuencia de la falta de control existente imprescindible para regular el equilibrio y el desarrollo de un área de la magnitud de ese conglomerado metropolitano.

Esto demuestra que a esta enorme concentración urbana es imposible organizar en lo que se refiere a su ordenamiento físico y ambiental, a través de un frondoso conjunto de normas de origen municipal, provincial y nacional, que, en lugar de actuar mancomunadamente, a veces lo hacen en forma competitiva, sin considerar las necesidades del conjunto y buscando a través de acciones separadas e inconexas el logro de soluciones para sus distritos. Cabe señalar que este resultado es consecuencia del sistema vigente, ya que cada autoridad tiene una jurisdicción definida, hecho que la obliga a responder por ella, perdiendo de vista el interés general y afectando a un conjunto, que, en la práctica, es un complejo urbano único y solidario físicamente, que se materializa y crece sin solución de continuidad.

Por último; y para completar el cuadro, se debe consignar la cantidad apreciable de organismos que atienden los problemas generados por las demandas de servicios e infraestructuras, que en la mayoría de los casos actúan separadamente, sin compatibilizar y coordinar sus proyectos y realizaciones.

Se podría seguir abundando en la descripción de las situaciones que se generan por la falta de criterios comprensivos de la problemática integral del área metropolitana bonaerense, pero lo que se considera conveniente es estudiar la posibilidad de contar con una jurisdicción única, que permita formular una programación planificada para poder ordenar y resolver orgánicamente el desarrollo de dicha área, permitiendo, por otra parte, un progreso más pujante y armónico de la provincia de Buenos Aires.

Comisión de expertos

Para proceder al estudio estrictamente técnico de las dos cuestiones mencionadas anteriormente, he dispuesto en el día de hoy crear una comisión de expertos que además de otras funciones, estará a disposición de ese Consejo para formular alternativas de viabilidad y proporcionar datos que permitan al Consejo para la Consolidación de la Democracia formular sus propios juicios valorativos.

Estas posibles decisiones no están pensadas como medidas aisladas sino que forman parte del proyecto transformador de las estructuras políticas, sociales, culturales y económicas del país, para cuya formulación he pedido la colaboración de este Consejo. En este contexto más amplio, estoy particularmente interesado en que el Consejo para la Consolidación de la Democracia asesore al Poder Ejecutivo, creando los equipos técnicos que sean necesarios, en el tema de la reforma del Estado. Esta reforma debería, según creo, estar presidida por los principios generales de descentralización, participación y eficacia en la gestión.

Reitero que es necesario, en primer lugar, revertir el proceso centrípeto de concentración de poder que se ha dado en las últimas décadas en nuestro país, de modo de fortalecer el poder de las provincias, la autonomía de los municipios, la capacidad de gestión de los entes autárquicos, la posibilidad de que se tomen decisiones en el lugar donde se prestan los servicios. En segundo término, ese proceso de descentralización no sólo tiene valor en sí mismo sino que facilita la participación directa de la población en la formación de las decisiones que la afectan, de modo que la democracia no sea un privilegio que se pone en práctica ocasionalmente sino un ejercicio de la vida cotidiana. En tercer lugar, la descentralización de la participación debe redundar en una mayor eficacia en la gestión, de tal forma que, entre la decisión y su ejecución no se establezca una enorme cadena de instancias que dilaten o diluyan tal ejecución.

Este último tema está relacionado directamente con un tópico respecto del que encarezco en especial al Consejo que sume su colaboración a la que prestan otros organismos del Estado, orientando el juicio del Poder Ejecutivo sobre la adopción de medidas que no admiten demoras.

La mística del servicio

Me refiero a la modernización de la administración pública. Esa modernización debe estar dirigida a que la burocracia estatal sea un instrumento apto de las decisiones políticas y esté al servicio de las necesidades y derechos de la población. Ello requiere insuflar a los funcionarios y empleados del Estado de una nueva mística: la mística de la dignidad que implica estar al servicio del pueblo. No hay dignidad sin libertad, y debe pro-penderse a que se dé autonomía a los funcionarios para que cada uno tome decisiones en su propia esfera de acción, sin que aquéllas se diluyan en un sistema de mutuos reenvíos. Pero no hay libertad sin responsabilidad, y el funcionario debe hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que adopta. Ello requiere eliminar una serie de controles previos, que sólo sirven para encubrir con formalismos los posibles errores sustanciales que se cometan; debemos ir a un sistema de revisión ulterior de los actos y decisiones administrativas, con serias sanciones para el mal ejercicio de la libertad que se otorgue a los funcionarios. Debemos hacer participar a la población, y en especial a los usuarios de los servicios públicos, en el control de la administración. Debemos simplificar los trámites administrativos, eliminando pasos superfluos, reduciendo el expediente y reemplazándolo, en lo posible, por registros computarizados y por encuentros informales entre todos los funcionarios a los que contiene una decisión y los particulares interesados. Desde ya, que esto implica extender a toda la administración el uso de la informática para una más eficaz ejecución y control de la gestión.

Justicia: proceso oral

La reforma del Estado incluye también, como parte sustancial, el perfeccionamiento del orden jurídico y la modernización de la administración de justicia. Me ha complacido profundamente el dictamen y el proyecto de decreto que ya me ha enviado el Consejo sobre el problema de las deficiencias en la formulación de normas jurídicas -contradicciones, lagunas, imprecisiones, etc.-, que son generadoras de procesos judiciales evitables, redundando en el trabajo abrumador de los jueces y en una considerable inseguridad jurídica, que afecta las iniciativas individuales de la población. La reforma de la administración de justicia debería estar dirigida a hacer más eficaz, más ágil y más accesible a todos los sectores de la población, la trascendente tarea de dirimir judicialmente los conflictos sociales e individuales. Para ello, parece conveniente estudiar la posibilidad de establecer el proceso oral en el orden nacional, sobre todo en el ámbito penal, de modo de favorecer la publicidad, inmediación y rapidez de los procesos. Asimismo, se deberían completar los estudios sobre la reforma del Ministerio Público para constituirlo como un cuerpo unitario que controle en forma orgánica el ejercicio de las acciones judiciales.

Reforma constitucional

Es posible que alguno de los aspectos de la transformación profunda del Estado que los argentinos debemos encarar requieran de una reforma constitucional. Por eso, me he dirigido oportunamente a ese Consejo, solicitándole que recabe antecedentes y opiniones y exprese su propia posición con el fin de formarme un juicio sobre la conveniencia o no de presentar una iniciativa sobre el tema al Congreso de la Nación.

En esa ocasión, mencioné como temas fundamentales principalmente aquellos que están vinculados al perfeccionamiento de la parle orgánica de la Constitución, y, en especial, los que se refieren a la forma de hacer más ágil y eficaz el funcionamiento de los diversos poderes del Estado, a facilitar la participación de la población, a promover la descentralización institucional y a mejorar la gestión de la administración.

La segunda república

En el marco de estos últimos temas, estoy particularmente interesado en que el análisis de la posibilidad de una reforma constitucional comprenda la alternativa de combinar aspectos de nuestro tradicional régimen presidencialista con elementos de los sistemas parlamentarios. Una fórmula mixta, como la que rige en algunas democracias pluralistas y estables, permitiría, posiblemente, que el Congreso intervenga en forma directa y eficaz en la gestión y control de los asuntos de Estado, que los ministros tengan una relación más directa con el Parlamento, que se distinga entre la función del manejo cotidiano de 'a administración, de la fijación de las grandes políticas nacionales y que haya mecanismos institucionales más dúctiles para enfrentar cambios en las circunstancias sociales y políticas.

Las decisiones y medidas cuyo estudio preliminar encomiendo a este Consejo para la Consolidación de la Democracia implicarían, de adoptarse por los órganos ejecutivos, legislativos y constituyentes que correspondan, la fundación, en la práctica, de una Segunda República. La que fue fundada en el siglo pasado respondió a un modelo que debe ser superado y enfrentó dramáticos problemas políticos e institucionales que se agravaron en las últimas décadas. Estamos en una nueva etapa fundacional, que remueve los factores que han provocado el desencuentro y la frustración, y que dará frutos que serán aprovechados plenamente por los argentinos que hoy son todavía jóvenes. Se trata, entonces, no sólo de localizar una nueva Capital, crear una nueva provincia, reformar la administración pública, perfeccionar la administración de justicia o adoptar un nuevo sistema político, sino que se trata de crear condiciones para una nueva República que ofrezca nuevas fronteras mentales a los argentinos. .