Discurso de Luis Echeverría Álvarez en su Primer Informe de Gobierno

Primer Informe de Gobierno del presidente Luis Echeverria Alvarez. 1 de septiembre de 1971. Discurso del Lic. Luis Echeverría Alvarez, al abrir el Congreso sus sesiones ordinarias, el 1 de septiembre de 1971. Honorable Congreso de la Unión: A través de los informes presidenciales se enlaza el testimonio histórico de la República. El mandato que ordena al Ejecutivo Federal rendir cuenta de sus actos al pueblo, por medio de sus legítimos representantes, propicia la reflexión conjunta sobre el esfuerzo realizado entre todos. Permite valorar los obstáculos a que la comunidad se enfrenta, las soluciones que ha encontrado para superarlos y las perspectivas que le aguardan. El pueblo exige veracidad de sus gobernantes. Mal podríamos hablarle desde esta tribuna en un lenguaje que no reflejara la sinceridad de nuestro trato cotidiano. Todo mexicano tiene derecho a conocer, claramente, el camino que se abre para él como resultado de la obra común y, también, la responsabilidad que le concierne en el que hacer colectivo. El amplio auditorio popular que este acto alcanza en nuestro tiempo y las expectativas que naturalmente suscita, nos han sugerido la conveniencia de circunscribir este documento a las grandes líneas de la acción pública y del acontecer nacional. Hemos pedido a los señores Secretarios de Estado que según lo establecido en el artículo 93 de la Constitución, den cuenta a este Honorable Cuerpo Legislativo, con todo detalle, de los asuntos confiados a sus respectivos ramos y a fin de que quede debidamente enterado de la marcha de la totalidad de las dependencias del Ejecutivo Federal, los señores Jefes de los Departamentos Administrativos enviarán por conducto de la Secretaría de Gobernación, los datos relativos a sus tareas. Hemos indicado, también, a la Secretaría del Patrimonio Nacional que en su correspondiente informe incluya una relación de las actividades de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Alterando, sólo en lo formal, una antigua tradición, este Informe se presenta dividido en grandes aspectos de la actividad del país y no en ramos administrativos. Aspiramos así a reflejar con mayor coherencia tanto los problemas que cotidianamente afrontamos como los que sobrevienen ajenos a nuestra voluntad y las decisiones con que estamos alcanzando los objetivos que nos hemos propuesto. ORDEN JURIDICO México permanece y se transforma dentro del marco de su Constitución. Cumplirla, es renovar el pacto en que se funda la unidad nacional. Con ella mantenemos el rumbo y aceleramos la marcha de nuestra historia. La Constitución sintetiza las luchas y las aspiraciones del pueblo. La organización política, las garantías individuales y los derechos sociales que consagra, son fruto de una experiencia intransferible. Señalan el único camino por el que puede transcurrir en forma civilizada y libre, la vida de los mexicanos. Cuando hay indicios de que nuestras normas de convivencia están en peligro, debemos reafirmarlas con mayor convicción. Las generaciones del presente y del futuro deben saber que si logramos vivir con plenitud nuestras instituciones, no habrá propósito que no logremos alcanzar. Que se debatan las ideologías, que se enfrenten los intereses, pero mientras el pueblo y el gobierno cumplan sinceramente los preceptos de nuestra Ley Suprema, México seguirá adelante. Apenas iniciada la presente administración sometimos a la consideración de este Honorable Congreso varias iniciativas de ley. Con una intensidad de trabajo que no tiene precedentes, lo que merece el mayor reconocimiento de los ciudadanos, el Poder Legislativo de la Unión procedió al análisis ponderado de los proyectos y a su consulta pública y debate. Titulares de distintos ramos comparecieron ante las Cámaras a informar, con la amplitud requerida, acerca de los alcances de diversos proyectos de ley, acatando el llamado que se les hizo. Quedó así constancia del respecto que merece la representación nacional y apreciamos los beneficios de una más estrecha colaboración entre los Poderes. Los señores diputados y senadores presentaron otras iniciativas que, sumadas a las que ya se encontraban en estudio, integraron un considerable número de proyectos. Dado su interés público solicitamos se convocara a un período extraordinario de sesiones, que se desarrolló del 15 de enero al 16 de marzo. Como resultado de casi medio año de labores, tres reformas constitucionales que merecieron la aprobación de las Legislaturas de los Estados forman ya parte de nuestro derecho vigente, así como veinte nuevas leyes, diecinueve decretos que adicionan y reforman diversos ordenamientos y catorce de aprobación de compromisos internacionales. Las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permiten mayor descentralización y rapidez en la justicia federal. Para adecuarla a la reforma constitucional de 1969, en la que se consideran mexicanos por nacimiento a los que nazcan en el extranjero de padre o madre mexicanos, se modificó la Ley de Nacionalidad y Naturalización, estableciéndose, asimismo, que sólo pueden acudir a nuestros tribunales los extranjeros residentes en el país, evitando así el trámite de divorcios de personas no domiciliadas en México. Las reformas a la Legislación Civil del Distrito y Territorios Federales y a la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común crearon los juzgados familiares en los que se atiende las cuestiones concernientes a la célula fundamental de la sociedad, que afectan en lo más íntimo y sensible, nuestra vida comunitaria. Las modificaciones a la legislación penal hacen más ágil el procedimiento, salvaguardando sus formalidades esenciales; evitan daños innecesarios al infractor y a sus familiares; y facilitan la rehabilitación e incorporación a la sociedad de quien ha delinquido. Fue promulgada la Ley que establece las normas mínimas de rehabilitación social de sentenciados, para que se haga posible la regeneración del delincuente de la educación y el trabajo y a través de un sistema progresivo que culmine en instituciones abiertas que faciliten su reincorporación cabal a la comunidad. Estas normas, de aplicación en el Distrito y Territorio Federales, podrán ejecutarse en los Estados mediante convenios con la Federación. Permitirán transformar en pocos años, si nos lo proponemos, las cárceles, cuyas deficiencias bien conocemos. Para que estas modificaciones surtieran efectos, se emprendió una vasta reforma en la Procuraduría del Distrito y Territorios Federales, en sus aspectos éticos, técnicos y administrativos. El Ministerio Público debe actuar con honradez y eficiencia, pero también, con sentido social. Semejante interés tiene la comunidad en la sanción del culpable como en la protección del inocente. Además de sus tareas habituales en la averiguación previa y en el proceso penal, la Procuraduría ha enriquecido sus funciones para tutelar los derechos de los débiles en los juicios del fuero familiar, prevenir la delincuencia y auxiliar a las víctimas de los delitos. En enero fueron consignados a los Tribunales Federales varios individuos, presuntos responsables del delito de fraude y de otros previstos en la Ley General de Instituciones de Crédito. Durante la averiguación previa se comprobó que habían obtenido fondos por la expedición de documentos ilegales y los habían empleado en el financiamiento de empresas controladas por ellos. Instruimos al Misterio Público Federal para que actuara en ese y en todos los casos, con la misma diligencia y energía, sin importar la relevancia económica o social de las personas implicadas. La igualdad ante la ley es principio esencial de nuestras instituciones. La dignidad de la República se ve seriamente lesionada cuando el poder del dinero o las influencias, son más fuertes que el imperio del derecho. Los fenómenos sociales característicos del mundo contemporáneo frecuentemente desbordan las fronteras. Algunos delitos no pueden ser atacados como meramente locales, tanto por la propaganda que los fomenta como por los intereses concretos que desde el exterior los estimulan. Tal es el caso de los delitos contra la salud derivados del empleo de las drogas, así como el de los asaltos que, cuidadosamente organizados y ejecutados, pretenden, sin duda, crear estados de intranquilidad y zozobra social. Dentro de un espíritu de cooperación, prosiguieron las pláticas entre las autoridades de México y de los Estados Unidos de América, a fin de coordinar los trabajos que realizan para combatir la producción, el tráfico ilegal y el consumo de estupefacientes, mariguana y drogas peligrosas. Se han puesto de manifiesto los satisfactorios resultados de la campaña llevada a cabo por la Procuraduría General de la República, con el auxilio del Ejército Nacional, al destruir plantíos, decomisar substancias tóxicas y de tener a los traficantes. Atento a la necesidad de proteger en forma más cabal a nuestro pueblo, y en particular a la juventud, contra la propagación de hábitos antisociales, este Honorable Congreso se sirvió modificar el Código Sanitario. Se consideraron como estupefacientes los psicotrópicos que no tienen ninguna calidad terapéutica y se facultó al Consejo de Salubridad General para que expida los reglamentos para la importación, exportación, comercio, elaboración, transporte, almacenamiento, venta y suministro de esos productos. En marzo fueron consignados diecinueve individuos, confesos de haber realizado asaltos y robos, y de formar parte de un grupo subversivo entrenado en Corea del Norte, para cometer delitos en nuestro país y subvertir el orden constitucional. Declararon, y se comprobó, que en esta capital y en varias poblaciones del interior habían instalado centros de enseñanza de técnicas de sabotaje y terrorismo. Durante los últimos meses se ha registrado, principalmente en la ciudad de México, una serie de atracos a mano armada, que parecen corresponder a un plan deliberado para alterar la paz social. Las instrucciones de seguridad pública han aprehendido en varios casos a los delincuentes y han descubierto su frecuente vinculación con movimientos clandestinos, originados en el extranjero, y sobre cuya existencia y eventuales peligros estoy obligado a advertir claramente al país. La sociedad mexicana, habituada durante varias décadas a una convivencia tranquila, suele olvidar que no hace mucho superamos la violencia armada. Olvida, también, que vivimos en un mundo convulso, caracterizado por el oscuro enfrentamiento de intereses contrapuestos. Nada justifica la violación del orden legal. Los actos supuestamente progresistas, que no debemos tolerar, sirven a intereses contrarios a los que sus inspiradores dicen responder. Las experiencias de otras épocas y países demuestra que la propagación irracional de la violencia sólo conduce a la anarquía. México ha vivido tres grandes revoluciones a las que debe su estabilidad, su progreso y su carácter nacional. Por ello, no confundimos los motines intranscendentes ni la política subterránea con la auténtica transformación del país. Somos una nación en pleno desarrollo, cuyas instituciones protegen, tanto las libertades del individuo como el bienestar de la colectividad y cuya paz interna es la mejor defensa de su soberanía. Respetamos todas las creencias y las ideologías. Nadie es perseguido por el ejercicio de sus derechos políticos y el disfrute de sus libertades. No pretendemos uniformar el pensamiento sino, por el contrario, aspiramos a que la crítica reflexiva y de buena fe, contribuya al progreso social. Por eso mismo, la conciencia nacional repudia a los aventureros del desorden. Los mexicanos hemos decidido perseverar en la democracia. Queremos que la vida ciudadana y el esfuerzo de las generaciones se desenvuelvan sin temores. Necesitamos desterrar el rencor y reunir nuestras aspiraciones para hacer frente al futuro con todo el acopio moral de la nación. Han quedado en libertad bajo protesta o por desistimiento del Ministerio Público la mayor parte de quienes estaban sujetos a procesos penales por la comisión de diversos delitos durante los disturbios de 1968. La liberación de los detenidos se realizó en seis etapas a partir del 23 de diciembre de 1970 y, sucesivamente, el 26 de enero, el 9 de marzo, el 23, 26 y 27 de abril, el 13 de mayo y el 6 de julio. Todos se han reincorporado a la vida social, y algunos expresan, pública y libremente, sus coincidencias y divergencias respecto a la estructura de nuestra sociedad y a la política seguida por el gobierno. Cuando un clima de superación animaba las tareas de la República y no existía razonable para perturbar la paz, ocurrieron actos inesperados de violencia que la nación ha lamentado. El 10 de junio, un grupo numeroso de personas compuesto en su mayor parte por estudiantes, iniciaba una manifestación en las calles de la ciudad de México, que fue disuelta por grupos de choque armados. La agresión ejercida contra los manifestantes y algunos periodistas nacionales y extranjeros que se encontraban en el lugar de los acontecimientos cumpliendo con su deber de informar, tuvo como trágica consecuencia algunas decenas de heridos y varias personas muertas. Estos hechos merecieron la condena de todos los sectores y muy especialmente de quienes debemos velar por la tranquilidad pública y la seguridad de los ciudadanos. La ley prevé, sin excepción alguna, los instrumentos de que el Estado puede hacer uso para la preservación del orden. Los regímenes democráticos se definen, en última instancia, por la limpieza de los procedimientos que emplean a fin de salvaguardar las instituciones. Giramos instrucciones a la Procuraduría General de la República para que iniciara una investigación que deslindara responsabilidades y condujera al castigo de los culpables. Le hemos ratificado que profundice y active la investigación. En su oportunidad reprobamos, categóricamente, los sucesos del 10 de junio. Ante la representación nacional, reiteramos hoy al pueblo de México que habremos de mantener la autoridad legal de los poderes democráticamente constituidos y la fuerza moral de su investidura. Hemos solicitado a nuestros compatriotas que refrenden todos los días el pacto contraído por el sufragio. Hemos hecho lo posible para fortalecer la unión entre los mexicanos. Nos queda un largo trecho que habremos de avanzar juntos, en el común empeño de perfeccionar las instituciones y alcanzar un desarrollo equilibrado y justo. Hoy los exhortamos para que preservemos nuestro más valioso patrimonio: la libertad. La democracia no es un don gratuito: se conquista por la participación consciente en los asuntos públicos y por el respecto a los derechos de los demás. Demanda valor cívico, responsabilidad social y espíritu de tolerancia. Es el camino que hemos elegido. A las nuevas generaciones debemos legar un sistema de convivencia pacífico, civilizado y creador. Sólo los inconscientes pueden sentirse satisfechos del progreso alcanzado. El porvenir del país nos preocupa a todos, pero no lo enfrentemos con incertidumbre, sino con ánimo resuelto, fruto de un optimismo reflexivo. Luchamos porque nuestra vida social sea más equilibrada y activa. Conocemos los obstáculos y las fuerzas que se oponen a nuestros propósitos. Sabemos a quiénes benefician nuestras eventuales discordias. No estamos dispuestos a permitir que intereses ajenos, fracciones irresponsables o ambiciones egoístas de poder comprometan los objetivos que el pueblo comparte y está decidido a conseguir. INSTITUCIONES DEMOCRATICAS La ampliación del número de electores, el fortalecimiento de los partidos políticos, el principio de la no reelección y la sucesión pacífica de los hombres en los cargos públicos han sido y seguirán siendo garantía de estabilidad política y de libertad. El número de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral Permanente, asciende a 21 millones 947 mil 553 personas. Se renovaron los poderes en los Estados de Chiapas, Tabasco y Jalisco; se celebraron elecciones generales en los Estados de Jalisco y Baja California; de diputados locales y autoridades municipales, en Yucatán, Campeche, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Tabasco; de diputados locales, en Michoacán, Guanajuato y Oaxaca; y de ayuntamientos, en Veracruz, Tlaxcala, Colima, Chiapas y San Luis Potosí. Con motivo de las licencias solicitadas por los ciudadanos Gobernadores Constitucionales de los Estados de Hidalgo, Michoacán y Oaxaca, las Legislaturas correspondientes designaron a los respectivos Gobernadores Interinos y por el fallecimiento en un caso y la renuncia en otro de los Gobernadores Constitucionales de Guerrero y Nuevo León las Legislaturas Locales nombraron Gobernadores Substitutos. Los procesos electorales en diversas entidades, se desarrollaron con tranquilidad y apego a las leyes. Como en todos los actos de la vida ciudadana, el gobierno ha mantenido respecto irrestricto hacia los partidos políticos. Confiamos en que el desarrollo de la conciencia pública que estamos impulsando sirva para robustecer la expresión institucional de las diferentes corrientes de pensamiento. Las Fuerzas Armadas de la República han desempeñado, con patriotismo y ejemplar lealtad, la misión de garantizar la seguridad interior y defender la integridad, independencia y soberanía de la nación. Gracias al orden público de que disfrutamos es posible el funcionamiento de las instituciones democráticas, la vigencia del derecho, el ejercicio de todas las libertades y el desarrollo general del país. Este Honorable Congreso de la Unión se sirvió expedir la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que viene a substituir, en lo conducente, disposiciones que estaban vigentes desde 1926. La expedición de esta Ley era indispensable para actualizar muchos preceptos, coordinados con los de otras leyes en la materia, introducir normas de moderna administración militar y regular las actividades de interés social que realizan las Fuerzas Armadas, en particular la ayuda a la población civil en casos de desastre o emergencias públicas. Con plena conciencia cívica y espíritu revolucionario nuestro Ejército participa, cada vez más intensamente, en programas y obras de beneficio público. Su colaboración con las autoridades civiles es inestimable y merece el reconocimiento del pueblo mexicano. Durante el período que comprende este Informe, las Fuerzas Armadas cooperaron en el levantamiento de los Censos Económicos Nacionales, en la reforestación y en la lucha contra incendios en los bosques, en la restauración y mantenimiento de escuelas, en la campaña contra los estupefacientes y en las acciones contra la encefalitis equina aparecida en varias regiones. Las brigadas de acción social del Ejército, prestan eficaz colaboración en los programas de desarrollo de la comunidad. Coordinadamente con las autoridades estatales, las Fuerzas Armadas comenzaron a suministrar agua potable a los habitantes de las zonas áridas que estuvieron más afectadas por la sequía. A fin de mejor auxiliar a las víctimas de fenómenos meteorológicos, han establecido mecanismos de ayuda para proporcionarles transporte, atención médica, víveres, ropa y abrigo y para rescatar a los damnificados. Tomando en cuenta que el soldado mexicano es también un trabajador social, su formación se endereza principalmente a adiestrarlo para tareas de beneficio común. Se ha dotado a nuestras Fuerzas Armadas de mejores elementos para su preparación técnica y se ha aprobado un plan educativo cuyo propósito es asegurar la adecuada enseñanza del personal que habrá de integrar las planillas de las unidades con criterios de capacidad, eficiencia y disciplina. Hemos procedido a reorganizar el Servicio Militar Nacional a fin de que sea más efectiva su contribución a la formación de las nuevas generaciones. Además de impartir a los conscriptos conocimientos indispensables de la instrucción militar básica, se destina la mayor parte del tiempo a fomentar el deporte y a realizar obras de servicio social. Teníamos una deuda de gratitud con los cadetes del Heroico Colegio Militar, que el 9 de febrero de 1913 acompañaron en su marcha a Palacio Nacional al Presidente Madero. Este Cuerpo Legislativo acordó instituir para ellos la "Medalla de la Lealtad" y el Gobierno de la República resaltó el ejemplo que significa la defensa heroica de la legalidad. La Armada de México ha intensificado las labores que realizan a fin de salvaguardar la integridad de nuestro mar territorial, proteger nuestros recursos marítimos y vigilar que los que han sido objeto de concesiones se exploten conforme a las leyes. Ha prestado también su contribución para combatir el contrabando y el tráfico ilegal de drogas, así como para prestar ayuda en casos de emergencia y de desastre. Continúa el proceso de modernización de las instalaciones de la Industria Militar. El Gobierno de la República ha mantenido su invariable respeto hacia la soberanía de los Estados. El federalismo mexicano es principio y fuerza de la integración nacional. Consideramos fundamental el fortalecimiento, en lo material y en lo espiritual, de nuestras Entidades Federativas. Al Ejecutivo Federal y a los de las Entidades nos une la voluntad nacional expresada en la Constitución de la República. Estamos obligados a evitar contradicciones, a entregarnos a nuestras tareas con la más decidida pasión de servicio y a demostrar, en la práctica, nuestro apego y a los principios que proclamamos. El 4 de junio último enviamos una comunicación en ese sentido a los señores Gobernadores de los Estados y Territorios. Los invitamos, del modo más cordial, a coordinar estrechamente nuestros esfuerzos en beneficio de los mexicanos. Incrementamos diversas participaciones fiscales de los Estados, los Territorios y los Municipios. Todos los Estados han suscrito convenios de coordinación con la Federación, que contribuirán a suprimir definitivamente las alcabalas. Las dependencias del Ejecutivo han recibido instrucciones de que las obras que emprendan impulsen el desarrollo armónico de las diversas entidades federativas, y traten de evitar que los beneficios del progreso continúen concentrándose en las zonas más evolucionadas. La vida municipal se desenvuelve, muchas veces, en panoramas de aislamiento y de pobreza. Son insuficientes las actividades productivas, los caminos y las escuelas. El país incrementa su esfuerzo para extender y redistribuir los beneficios del crecimiento económico; pero es preciso, igualmente, que se organicen labores creadoras en todas las comunidades. La Ley Orgánica y la Ley Electoral Municipal del Territorio de Baja California Sur, aprobadas por este Honorable Congreso, restablecen el régimen del Municipio Libre en esa Entidad. Se incluyeron en los artículos 74 y 79 de la Constitución facultades a la Cámara de Diputados y a la Comisión Permanente para calificar las elecciones y la actuación, en su caso, de los ayuntamientos del Territorio. Con el propósito de fomentar el desarrollo demográfico de Quintana Roo, expedimos los decretos necesarios para dotar a 4 poblaciones de sus fundos legales. Los territorios federales alcanzarán en pocos años, sin duda, por una adecuada política de inversiones y la multiplicación del trabajo de sus habitantes, llenos de espíritu emprendedor, niveles de progreso que correspondan a la dimensión de sus recursos naturales. DISTRITO FEDERAL En la capital de la República se reflejan, amplificados, los avances y también, los problemas del país. El Distrito Federal ha multiplicado cuatro veces su población en las últimas tres décadas y su incremento demográfico equivale a la creación, cada año, de una nueva ciudad de 250 mil personas. Un espacio reducido del altiplano, la zona metropolitana del Valle de México, aloja ya algo más del 18% de la población nacional. El ensanchamiento del área urbana incrementa constantemente la necesidad de servicios públicos y exige la desconcentración de la autoridad, a fin de que sus tareas no caigan en la lentitud, la deshumanización y la ineficacia. Urgía encontrar fórmulas que alentaran la participación de los ciudadanos, facilitaron los trámites administrativos y acrecentaran las relaciones entre gobernantes y gobernados. La nueva Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal tiene como principio rector la descentralización del gobierno de la ciudad en 16 verdaderas delegaciones. Más que un traslado de funciones administrativas buscamos que, al cabo de pocos años, al capital esté formada por ciudades que aseguren una vida en común, más armoniosa y un gobierno más eficaz. Quiere el nuevo ordenamiento que los habitantes de la metrópoli se sientan vinculados a sus respectivas jurisdicciones para evitar la despersonalización de la vida urbana y propiciar que se exprese nuestra solidaridad en obras sociales, cívicas y culturales. La tarea de gobernar a la ciudad ha de ser compartida por el pueblo. El soborno, el recelo y el engaño provienen de antiguas distorsiones sobre el concepto de autoridad que debemos desterrar. Necesitamos que los ciudadanos den pruebas de civismo en su vida de relación y exijan, con ponderación y firmeza, el respeto de sus derechos. La delincuencia, el pandillerismo, la agresividad, la apatía y todo género de conductas antisociales son parte de un proceso de degradación de los valores esenciales de la convivencia que estamos todos obligados a defender. Se creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal a fin de que sus habitantes puedan solicitar la revisión de los actos y resoluciones de las autoridades del Departamento. El nuevo Tribunal ya imparte justicia pronta y expedita, al margen de formalidades innecesarias, y nulifica las decisiones contrarias a las leyes o los reglamentos. Las inversiones públicas deben entenderse como un fruto de la relación entre pueblo y gobierno. Si bien los recursos de que dispone la administración de la ciudad son desproporcionados para las carencias de sus habitantes, no es menos cierto que los instrumentos de cooperación ciudadana pueden todavía incrementarse. Desde hace tiempo el Distrito Federal afronta, paradójicamente, dos grandes problemas: la escasez de agua y la amenaza de inundaciones. Para garantizar el suministro presente y futuro, se iniciaron los trabajos destinados a incrementar durante la presente administración, en un 60%, el caudal que actualmente se recibe. Se introducen servicios de agua potable en 62 colonias populares. Se analiza la viabilidad de los proyectos que permitirán el abastecimiento regular para el futuro mediante captaciones en el río Tecolutla o en el Alto Balsas; y contrarrestar el hundimiento de la ciudad, la conservación del suelo y el mejoramiento silvícola. Con una inversión de 954 millones de pesos para este año se han activado los trabajos del sistema de drenaje profundo para que en 1973 funcionen, tanto el emisor central como los interceptores, y se elimine el peligro de las inundaciones. Continúa la construcción de numerosas obras de alcantarillado, pavimentación, vialidad y alumbrado, sanitarias y de esparcimiento y mejoramiento ambiental. Nuestra ciudad debe ofrecer seguridad, respecto a la vida humana, posibilidades de desarrollo personal y perspectivas abiertas para nuestros hijos. Nos hemos preocupado por ampliar los servicios educativos y de bienestar, e iniciar un cambio en la fisonomía de la capital por el ensanchamiento de las áreas verdes y el estímulo a las expresiones de la cultura y el civismo. Hemos dado instrucciones a las autoridades del Departamento a fin de que se regularice la propiedad urbana, lo que se hará este año en 63 colonias populares. Las hemos instruido igualmente, para que todos sus programas de trabajo den prioridad a los sectores de menores ingresos y a las zonas de la ciudad de que mayores carencias de servicios tienen. El contraste entre la ostentación y la pobreza, la proliferación de cinturones de miseria y de ciudades perdidas, y las condiciones de las zonas proletarias constituyen una de nuestras más graves preocupaciones. Mediante la acción conjunta de varias dependencias hemos intensificado el programa de construcción de habitaciones populares en el área metropolitana del Valle de México. Se terminaron en el período de que se informa 1,490 viviendas de un programa de 14 mil 992, que se localizarán en varias colonias de la ciudad, entre otras, en San Juan de Aragón, La Patera, El Coyol, La Albarrada, Ixtacalco y San Felipe Terremotes. Se iniciaron las obras de urbanización necesarias para la construcción de 9 mil viviendas en San Juan Ixtacala, en el área de Tlalnepantla, y 7 mil 999 más del conjunto urbano Ejército de Oriente, ubicado en las cercanías del Peñón viejo del Distrito Federal. Al norte y al poniente de la ciudad de México se iniciarán también en los próximos días obras de urbanización previas a la construcción de dos conjuntos habitacionales de 6 mil 800 viviendas de tipo popular. Otros proyectos habitacionales a punto de iniciarse son el de 559 viviendas en el predio La Pradera cercana a San Juan de Aragón, 262 casas para empleados del Senado de la República en la zona de Coapa y 1,040 más en la avenida Copilco. Están en construcción 3 jardines de niños, 49 escuelas primarias, 7 secundarias técnicas y se dota de talleres a 28 escuelas secundarias. Tres mercados fueron concluidos e instaladas bodegas en 151 de los ya existentes. La CONASUPO instaló en el mes de agosto último 40 tiendas más en el Distrito Federal. En noviembre se inauguró la tercera línea del "metro". Transporta a cerca de un millón de personas por día. Se estudia cuidadosamente su coordinación con el funcionamiento de autobuses, tranvías y trolebuses para encontrar soluciones integrales al problema de la comunicación urbana. Con el propósito de descongestionar el tránsito del centro de la ciudad y de reducir las emanaciones de gases tóxicos, se dispuso la edificación de cuatro terminales de transporte foráneo en la periferia de la capital, iniciándose desde luego la construcción de la correspondiente a la zona norte. El programa de inversiones del Departamento del Distrito Federal asciende a 2 mil 572 millones de pesos. Si a ello sumamos 1447 que representan las obras públicas emprendidas por otras dependencias en esta ciudad y los 2 mil 369 millones a que ascienden las obras públicas que, aún no estando ubicadas físicamente dentro del Distrito habrán de beneficiar directamente a sus habitantes, podremos medir la magnitud del esfuerzo que se lleva a cabo para atender sus necesidades. El Ejecutivo a mi cargo dispuso la constitución de la Comisión de Estudios del Lago de Texcoco. Invitó a participar a las autoridades de los Estados de México, Tlaxcala e Hidalgo, para buscar el mejor aprovechamiento del agua y de la superficie original del vaso. Emitido el dictamen, ordenó la inmediata iniciación de los trabajos, cuya duración se prevé en once años. Las obras consisten en la construcción de seis lagos, reforestación, acondicionamiento de pastizales y construcción de parques públicos. Se reservarán las superficies necesarias para zonas habitacionales, industrias dedicadas a la producción de sosa y la ampliación del Aeropuerto Internacional. La ciudad de Cuautitlán-Itzcalli, cuya construcción se ha iniciado en el Estado de México, albergará más de un millón de habitantes, lo que contribuirá a descongestionar el Distrito Federal. Conocemos los peligros que entraña el crecimiento incontrolado de la capital. Se trata de un fenómeno natural que no puede frenarse de modo compulsivo. El único medio efectivo para lograrlo es vigorizar la economía en el interior del país, crear nuevos polos de desarrollo regional, descentralizar la industria, las actividades administrativas y los centros educativos, para que el desenvolvimiento pujante de la provincia compense el espejismo de la gran ciudad. Como consecuencia del acelerado crecimiento de las ciudades, muchas tierras ejidales y algunas propiedades privadas de su periferia, se encuentran ocupadas por personas que por no tener regularizada su posesión, no pueden ser sujetos de crédito en programas de habitación popular. La anterior inseguridad jurídica y la escasez de recursos de los poseedores, determinan el crecimiento de ciudades perdidas y cinturones de miseria en donde la vivienda presenta condiciones infrahumanas y campea la promiscuidad y la falta de servicios. Para resolver este grave problema urbano expedimos un decreto a fin de que el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular se aboque de inmediato a la formulación de Convenios con las autoridades del Distrito Federal y de las demás Entidades Federativas, para poder llevar a cabo la regularización de la propiedad de esos terrenos, promoviendo, asimismo, ante las autoridades competentes, y en apoyo de los gobiernos locales, la creación de fundos legales y la formulación de planos reguladores que hagan que el crecimiento de nuestras ciudades tengan sentido armónico y humano. El hombre de nuestra época parece haber olvidado que su existencia depende de equilibrios del medio físico fácilmente perturbables. El serio riesgo para la salud y el bienestar público, así como los daños a la fauna y la flora, que trae consigo la contaminación ambiental representa un alto precio pagado por los grandes conglomerados humanos. El problema de la contaminación no sólo se expresa en los grandes conjuntos urbanos, sino que se extiende al medio rural, a poblados, ríos, lagos y mares. Sin embargo, es en las áreas densamente pobladas o industrializadas donde se acentúa. Es el Valle de México el que reviste las características más alarmantes. La intensa circulación de muchos miles de vehículos, los enormes residuos generados por la población, la colecta, el hacinamiento diario de basura, los desperdicios industriales y las frecuentes tolvaneras, han producido visible deterioro a nuestro medio. A fin de detener este proceso, entró en vigor la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. Simultáneamente, se creó con la coordinación de la Procuraduría General de la República, la Comisión Jurídico Consultiva, encargada de proponer una reglamentación que permita la aplicación plena de este precepto federal, así como poner en marcha los mecanismos de prevención y control. Sin embargo, el problema de la contaminación ambiental en la República, especialmente en la cuenca del Valle de México, no habrá de resolverse tan sólo con los reglamentos, decretos o acuerdos administrativos que se formulen. Del cumplimiento de las medidas que en particular se vayan dictando, cada uno de nosotros debe ser atento vigilante. EDUCACION Los progresos alcanzados no han sido suficientes para satisfacer las necesidades que derivan del aumento de la población. De 34 millones de habitantes que éramos en 1960, hemos llegado a 50 millones. Previsiblemente, la población del país se duplicará antes de que transcurra un cuarto de siglo. En esta perspectiva, y en forma deliberada, estamos preparando nuestros recursos humanos y condicionando la estructura productiva del país, para responder a las necesidades sociales del desarrollo compartido y equilibrado. La educación condiciona todo cambio profundo y duradero. Aferrarse a conceptos y métodos pedagógicos tradicionales, equivale a condenarse a vivir en el pasado. México ha de prepararse, desde las aulas, para iniciar una nueva etapa de su existencia. Sin conciencia histórica, todo proyecto es utopía. Las reformas en que estamos empeñados no son sino el deber que a nuestra generación toca cumplir dentro de una prolongada sucesión de esfuerzos. En octubre próximo hará cincuenta años que se fundó la Secretaría de Educación Pública como símbolo y cauce de una gran misión. Reunía todos los esfuerzos educativos del México independiente y los incorporaba a los ideales del nuevo régimen. La Revolución empezaba a construir con las armas de la cultura. Durante cinco décadas el Gobierno de la República ha impulsado nuestro desarrollo por una amplia política de recursos humanos. La escuela rural, la educación secundaria, los sistemas de enseñanza técnica y normal, la expresión de las universidades, las campañas de alfabetización, el programa de construcción de escuelas, el libro de texto gratuito y el avance general de la educación popular, representan la obra social de mayores dimensiones emprendida por México. A pesar del esfuerzo realizado, estamos lejos de alcanzar las metas que nos propusimos. La evolución de nuestra cultura, como la de nuestra sociedad, se caracteriza por su extrema desigualdad. Contamos ciertamente con especialistas altamente calificados, pero aún tenemos que abatir el analfabetismo en muchas regiones. La realidad y el conocimiento humano evolucionan aceleradamente. Es preciso formar a los niños y a los jóvenes para que vivan su circunstancia concreta y su momento histórico; también para que sean capaces de crear el siglo próximo. Pero el país necesita, desde luego, elevar su productividad, disminuir la brecha tecnológica y satisfacer, en todos los campos, la demanda de hombres competentes. Como lo ordena la Constitución, el sistema educativo ha de orientarse por un profundo sentido nacionalista; buscar la comprensión de nuestros problemas y el aprovechamiento de nuestros recursos para asegurar la independencia política, económica y cultural del país. Llegamos con retraso a las grandes etapas de la evolución humana. Durante siglos vivimos al margen de las transformaciones que desembocaron en la Revolución Industrial. Antiguos y nuevos colonialismos extrajeron nuestras riquezas naturales por el empleo de mano de obra escasamente preparada y erigieron lejos de nosotros, inmensas prosperidades. Las nuevas generaciones deben comprender el contenido moral y patriótico de la eficacia. Confiamos en el progreso científico y tecnológico para modificar nuestra posición en el mundo. México está empeñado en un movimiento de liberación mental para volver más autónomo y rápido su crecimiento. Entre nosotros, la educación es un hecho profundamente revolucionario. Nada propicia más la igualdad de oportunidades que la ampliación del sistema educativo. Ningún fundamento mejor para la democracia que la ilustración de los ciudadanos y ningún camino más efectivo para la justicia social que la elevación de la capacidad productiva de cada trabajador y el ejercicio consciente de sus derechos. En la ciudad y en el campo, los alumnos han de aprender a transformar el medio en que viven. No queremos enseñarles una imagen estática de la cultura, que sería infecunda. Buscamos habituarlos a pensar por sí mismos y proporcionarles los elementos para que participen en la evolución del conocimiento humano y de la vida social. La reforma educativa se inicia en las conciencias. No será por decreto como habrá de mejorarse la eficacia de la escuela. Hemos celebrado hasta la fecha 25 asambleas regionales y numerosos debates, seminarios, conferencias y encuestas para recibir la opinión de todos los sectores. Tratamos de alentar la participación y la voluntad de cambio entre los maestros, los padres de familia, los jóvenes y la sociedad entera para emprender, sobre bases firmes, la renovación permanente de estructuras, métodos y sistemas. El consenso nacional obtenido señala metas ambiciosas que han comenzado a implementarse con medidas de acción inmediata. Estamos decididos a atender en su totalidad la creciente demanda educativa, a modificar el sistema para integrarlo a las necesidades de la vida económica y a fortalecer en cada ciclo el aprendizaje de los conocimientos básicos y el desarrollo de las actividades formativas. Reitero que si no creyéramos en el maestro no tendríamos fe en la educación, pero que si el maestro no creyera en la nobleza de su tarea, haría naufragar la mejor esperanza del país. Es preciso fortalecer su posición en la sociedad y alentarlo para que no abandone el estudio y pueda dedicarse por entero a su vocación. Conocemos los problemas que afectan a los maestros, tanto en el orden profesional como en el material. Nos hemos propuesto aumentar su participación en los cambios que estamos efectuando y resolver gradualmente sus necesidades. Se ha puesto en marcha un programa tendiente a mejorar la preparación de los maestros, tanto de los que se encuentran en servicio, como de los que se están formando en las escuelas normales. Queremos que sea más sólida su enseñanza académica. Hemos propuesto también a los señores gobernadores de los Estados el establecimiento de planes de desarrollo educativo que eviten las frustraciones derivadas del exceso en el número de profesores que egresan de las escuelas normales. Se ha iniciado la conversión de las escuelas secundarias en secundarias tecnológicas para que, sin descuidar la formación integral de los alumnos, éstos puedan ejercer actividades productivas al término de cada uno de los años escolares. Estamos también organizando un sistema de educación media superior para que los estudiantes puedan optar entre la preparatoria y otro tipo de escuelas que los formen, a la vez, para actividades económicas, y para proseguir estudios superiores. A este efecto se construyen siete centros de enseñanza científica y tecnológica con estudios en diversas especialidades y capacidades para recibir a 25 mil estudiantes. Tres de ellos funcionarán en el Distrito Federal y los otros en Nogales, Lerdo, Tlaxcala y Ciudad Netzahualcóyotl. Los institutos tecnológicos regionales propician la descentralización industrial. Hemos ampliado las instalaciones y equipo de los 19 que existen. Se ha iniciado la construcción de 7 más en Toluca, Tlalnepantla, Minatitlán, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Pachuca y Cuernavaca. En breve se comienza la de León y Puebla. El Instituto Politécnico Nacional vió elevado su presupuesto un 23.6%. Sus autoridades académicas concluyen los planes para el establecimiento de una unidad superior dedicada a estudios interdisciplinarios y con una amplia gama de opciones profesionales. Consideramos urgentes crear en las grandes urbes centros de educación superior de proporciones razonables, lo que facilitará la experimentación de métodos modernos y reducirá la tendencia al gigantismo que dificulta la innovación y disminuye los rendimientos académicos. Los estudiantes necesitan estar vinculados más estrechamente a la realidad social y a los centros de trabajos. Gracias a la cooperación de organizaciones empresariales y obreras, se inició el programa nacional escuela - industria para relacionar a los centros educativos con las instalaciones fabriles, adecuar los planes de estudio a la demanda de recursos humanos y organizar servicios que faciliten el ingreso a centros de trabajo. El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas ha obtenido ahorros considerables en obras por el mejor aprovechamiento de la mano de obra y los recursos de cada región. Durante los últimos 12 meses se terminaron 4,785 aulas, 230 talleres, 105 laboratorios y 1,115 anexos diversos, con una inversión de 556 millones de pesos. Se encuentran en proceso de construcción, con un avance promedio de 50%, aulas y talleres que representan una inversión de 519 millones de pesos. A pesar de su elevado monto, los recursos que invertimos en la educación son insuficientes. Es menester aumentar la proporción de la riqueza nacional que se destina a la obra educativa y la cooperación de todos los sectores. Con este último propósito autorizamos la creación de un Consejo Nacional de Fomento Educativo. Dispusimos también el establecimiento de un Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación a fin de promover un amplio esfuerzo para completar el trabajo de las aulas con sistemas modernos de educación extraescolar. Para fomentar las investigaciones de alto nivel y armonizar los trabajos de las instituciones que las realizan, este Honorable Congreso aprobó la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Dicho organismo ha iniciado la coordinación de estudios básicos de gran prioridad nacional con la participación de la comunidad científica y un amplio programa de becas. Busca además, poner en contacto a los estudiantes y profesionales mexicanos con experiencias tecnológicas de otros países. Un grupo de cien jóvenes se encuentra ya en el Japón y se han gestionado intercambios semejantes con otros países de amplio desarrollo industrial. La autonomía de las universidades es conquista mantenida y preservada por la Revolución Mexicana. El Gobierno de la República asume también la responsabilidad que al Estado corresponde en el sostenimiento de la educación superior. Las instituciones de educación superior son parte integrante y vital de la comunidad nacional. En ellas culmina el proceso formal de la educación y se generan los recursos humanos de alto nivel. El pueblo espera de las universidades que desempeñen cabalmente la función que les corresponde, que mantengan intacta su autoridad moral e intelectual, que debatan abiertamente todas las corrientes de pensamiento y que, con los instrumentos propios de la ciencia y de la cultura estudien y planteen serenamente sus problemas y los de la nación. A fin de que el sistema universitario nacional pueda atender la demanda de servicios, mejorar la calidad de sus enseñanzas y proseguir firmemente su proceso de descentralización se acordaron sustanciales incrementos a los subsidios que se le destinan. De acuerdo con las conclusiones adoptadas en las recientes reuniones de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior de la República, las sumas acordadas para este ejercicio se utilizarán, primordialmente, para proyectos concretos de reforma que con libertad han determinado. La Reforma Educativa ha de llevarse a cabo en las aulas, en el seno de las familias, en los centros de trabajo, en el ejemplo de la conducta y a través de los medios masivos de difusión. En esta obra todos somos aliados del maestro. Ninguna tarea nacional requiere de mayor entusiasmo, imaginación y conciencia del futuro. La libertad de la inteligencia no se circunscribe a recinto alguno. Está garantizada y se promueve, espontáneamente, en todos los ámbitos de la vida nacional. En México no hay arte oficial. La creación intelectual no es objeto de consignas estatales ni de compulsión económica. A nadie se persigue, ni siquiera se molesta, por el libre o público ejercicio del pensamiento filosófico, científico, político o económico. El país habrá de precisar su camino y su perfil histórico por el talento creador de los mexicanos. La renovación de la sociedad exige un renacimiento de la cultura; pero demanda auténtico desinterés, rigor en el pensamiento, conciencia crítica y autocrítica, lealtad en la convicción y, sobre todo voluntad de afirmar, en lo más profundo, el vigor del espíritu y la soberanía de la patria. BIENESTAR SOCIAL Los niveles de vida del pueblo, su salud, su alimentación, su disposición para el trabajo; en una palabra: su bienestar, deben ser, en forma creciente, objeto principal de nuestros esfuerzos. La lucha contra las enfermedades es sólo parte de un fenómeno social más amplio: la promoción de ese bienestar. La acción médica y sanitaria resultaría un gasto inútil, si no se dirigiera a las causas de las enfermedades y no adoptara una orientación integral de carácter educativo, preventivo y sanitario. A principios del año en curso, fue instalado el Consejo de Salubridad General, mismo que por reformas al Artículo 73 de la Constitución, tiene entre sus funciones las que conciernen a la lucha contra la insalubridad del ambiente, así como la de dictar disposiciones para prevenir y combatir la contaminación, que son obligatorias en todo el país. Medio millón de compatriotas han sido beneficiados por la realización de 255 obras de introducción de agua potable, 23 centros de salud y 7 hospitales. Fueron terminados y totalmente equipados los nuevos laboratorios de virología, donde se prepara vacuna antipoliomielítica de acuerdo con las estrictas normas y controles establecidos por la Organización Mundial de la Salud. A raíz de una campaña intensiva de vacunación, México ha alcanzado una cobertura de más de 80% de población infantil inmunizada contra ese terrible mal. Se sigue trabajando sistemáticamente contra la oncocercosis, mal de pinto, tuberculosis, diabetes, sarampión, tétanos, tosferina y cáncer, habiéndose duplicado en el presente año el presupuesto destino a la erradicación del paludismo. En la ciudad de México se realizó la Primera Reunión Nacional de Salud Pública con la asistencia de representantes de los Servicios Coordinados de los Estados, Territorios y del Distrito Federal. Fueron abordados los principales temas concernientes a medicina preventiva, asistencia médica y social, saneamiento ambiental y obras rurales por cooperación. La seguridad social es uno de los ejes fundamentales de la política distributiva. Su acción ha mejorado las condiciones de vida de un número creciente de trabajadores mexicanos. Más de 10 millones de compatriotas reciben hoy sus beneficios; casi un 7% más que el año anterior. No obstante sus logros, apenas alcanza a cubrir al 20% de la población. Debemos extender gradualmente sus servicios para poder duplicar, en el sexenio, el número de personas amparadas. Para equilibrar las aportaciones obrero-patronales cuyo monto proporcional venía reduciéndose por el tope establecido desde hace once años, las reformas a la Ley del Segundo Social crearon nuevos grupos de cotización; ello permitió otorgar pensiones más decorosas, mejorar las prestaciones existentes y sentar bases más firmes para su extensión a los campesinos y a los trabajadores independientes. Los recursos adicionales captados por la apertura de los nuevos grupos y por sus percepciones corrientes, han elevado los ingresos del Instituto a 9 mil 640 millones de pesos. Los gastos en caso de fallecimiento del asegurado, por accidente de trabajo, fueron elevados a dos meses de salario y se estableció el pago del salario íntegro a la madre trabajadora durante las seis semanas anteriores y posteriores al parto. El valor total de las prestaciones en dinero se incrementó en un 23%. Con el objeto de favorecer la contratación de seguros adicionales en la rama de Enfermedades No Profesionales en beneficio de los hijos de los asegurados, se redujo a la mitad la tarifa para los jóvenes mayores de 16 y menores de 18 años. Se inició la construcción de 85 nuevas clínicas y clínicas-hospital destinadas a beneficiar localidades de reducida concentración de población derecho habiente, ubicadas en 22 Estados. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado continúa impulsando considerablemente las prestaciones que proporciona a los servidores públicos. El Instituto ejerció en el presente año un propuesto de cerca de 5 mil millones de pesos, de los cuales más de mil cien millones se destinaron a los servicios médicos y el resto al otorgamiento de las prestaciones de tipo económico, servicios sociales, gastos de administración e inversiones. En diferentes lugares de la República se construyeron 2 hospitales generales y 4 conjuntos habitacionales. Están en proceso de ejecución 3 clínicas, 4 tiendas y 2 guarderías infantiles. A la fecha, más de 453 mil trabajadores prestan sus servicios en los organismos actualmente afiliados a su régimen y junto con sus familiares suman un total de millón y medio de beneficiados. Se han incorporado los funcionarios y empleados del servicio exterior y de los organismos públicos de reciente creación. Sigue extendiéndose la protección a los trabajadores de los Estados y municipios, habiendo sido ya autorizado el ISSSTE para celebrar contratos de subrogación de servicios médicos para beneficio de los trabajadores al servicio de los Gobiernos de Morelos, Sinaloa y Chiapas con los que, aproximadamente, se han incorporado 40 mil 205 personas más. Se acrecientan el esfuerzo y el trabajo para lograr la superación en las actividades del Instituto Nacional de Protección a la Infancia y de la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, a fin de incorporar a los menores desvalidos al desarrollo nacional. Su personal mantiene en alto prestigios legítimamente conquistados por su dedicación a la obra que tienen encomendada. Ciertamente guarderías, casas - cuna, casas hogar, hospitales, clínicas y centros de readaptación son aún insuficientes para mitigar el desamparo infantil. Por ello, el Gobierno Federal incrementa su apoyo a ambas Instituciones. La IMAN realizó en su hospital infantil 1,369 intervenciones quirúrgicas y proporcionó 62 mil consultas. En su casa de cuna ingresaron 530 menores de los cuales 73 fueron legalmente adoptados. El programa de integración social del INPI benefició a más de 7 mil personas; medio millar de menores lisiados fueron atendidos para su rehabilitación y educación; y se distribuyeron en el Distrito Federal más de 25 millones de desayunos y meriendas. Nobles tareas se realizan también al respecto en la provincia. DESARROLLO REGIONAL La inadecuada distribución de la riqueza en nuestro país coincide en buena medida, con una desigual repartición de las actividades productivas en el territorio nacional y, sobre todo, con una excesiva concentración en el Valle de México, donde se acumulan recursos y oportunidades y se realiza el 56% de la producción industrial. Ante la evidente necesidad de una política de descentralización industrial y desarrollo regional, hemos realizado acciones concretas para estimular el establecimiento de fábricas en las Entidades Federativas. Pretendemos remodelar nuestro espacio económico al integrar una nueva política que neutralice la tradicional concentración en sólo unas cuantas grandes ciudades del país, para aprovechar mejor nuestros recursos naturales en el lugar en donde éstos y la mano de obra regional existen. Como parte del programa de política de descentralización, el Ejecutivo a mi cargo expidió un acuerdo ordenado la constitución de un fideicomiso en Nacional Financiera, S. A., para estudios y fomento de conjuntos, parques y ciudades industriales para desarrollar actividades fabriles en las localidades que lo soliciten conforme a los recursos y necesidades de cada región. Trabaja ya con resultados alentadores, el Comité Promotor de Desarrollo Económico de Yucatán, creado por Decreto de este Ejecutivo y se integra con representantes de varias dependencias federales, del Gobierno del Estado y de los sectores privados; tiende a la diversificación y aumento de las actividades productivas en esa Entidad. Para proteger y preservar el dominio de la nación sobre las franjas del territorio que señala el Artículo 27 fracción I de la Constitución en las fronteras y en las costas y para, por otra parte, acelerar el desarrollo industrial y turístico de esas zonas, en forma apegada a nuestras leyes, dictamos un acuerdo autorizando a la Secretaría de Relaciones Exteriores para otorgar permisos a las instituciones de crédito, cuando esto sea conveniente, a fin de que, como fiduciarias, adquieran el dominio de bienes inmuebles y los destinen a tareas productivas. Especial énfasis ha dado el Gobierno Federal al estímulo del desarrollo industrial en la frontera norte del país y en los litorales. Se expidieron tres acuerdos para fomento de exportaciones de productos manufacturados, reglamentación del régimen de empresas maquinadoras y modificación del sistema de importaciones temporales, respectivamente. El conjunto de estas disposiciones ya incide favorablemente en las actividades industriales de la frontera, habiéndose otorgado 42 autorizaciones para el establecimiento de nuevas empresas, lo que representa un 39% de incremento en el período, que sumadas a las 117 que ya venían funcionando significan un total de 159 que dan ocupación a 19 mil 094 personas. Uno de los primero actos del presente gobierno fue decretar la creación de la Comisión Nacional de Zonas íridas. Estas tienen una extensión de cerca de 800 mil kilómetros cuadrados, es decir, el 40% de la superficie total del país. A pesar del corto lapso transcurrido, ya se pueden apreciar resultados importantes en la dotación de obras de infraestructura y en la prestación de servicios sociales. Se elaboró el Plan Huicot, que beneficia a cerca de 70 mil personas de los grupos huicholes, coras, tepehuanos y mexicaneros, que habitan en parte de los Estados de Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango. Este programa incluyó en su etapa de ejecución inmediata, la iniciación de una red de caminos de penetración, la construcción de aeropistas en 22 poblaciones, el establecimiento de los servicios de radiocomunicación, la construcción de centros y casas de salud, 32 tiendas de la CONASUPO, sistemas de agua en seis poblados y otros servicios. Simultáneamente, se decretó el levantamiento de la veda forestal y ya se inició la explotación de los bosques de los tepehuanos con intervención del Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Asimismo, se otorgó crédito a grupos de huicholes para que pudieran fomentar la ganadería aprovechando sus pastos y se proteja su economía de los especuladores, al proporcionarles, sin propósitos de lucro, las materias primas que usan en la elaboración de sus artesanías, comprándoselas a precios justos. COMUNICACIONES México fue, durante siglos, un país incomunicado en lo físico, en lo social y lo cultural. La fortaleza de una nación se sustenta en su unidad material y espiritual. Nos comunicamos para coordinar y complementar el trabajo, a fin de que la comunidad nacional funcione como un todo orgánico. Nos comunicamos también para intensificar las relaciones entre los hombres, familias y grupos que compartimos un mismo destino. Hemos mantenido y preservado, sin limitación alguna, la libertad de prensa. Nos hemos preocupado también porque, dentro del marco de nuestras leyes, la televisión y el radio se desenvuelven libremente, conscientes de que así podrán cumplir más eficazmente su función social informativa. Estamos alentando igualmente a la industria cinematográfica para que sea vehículo de creación estética y reflejo auténtico de las aspiraciones nacionales. Esperamos que, al integrarse espiritualmente, el país lo haga conforme a los más altos valores de la convivencia. Por nuestra parte, hemos acudido permanentemente a los medios de comunicación para estrechar nuestro contacto con el pueblo y hacerle conocer, cotidianamente, el resultado de sus propios esfuerzos. Las vías de comunicación tejen la trama que vincula a la República. Por ellas buscamos llevar, a todas las regiones, los beneficios del progreso. Dimos prioridad a los caminos rurales y alimentadores de la red troncal, especialmente en las zonas áridas e indígenas. Se estableció la práctica de construirlos en forma directa y utilizando el mayor volumen posible de mano de obra local. Se pagaron jornales superiores al salario mínimo y, al término de las obras, se distribuyeron entre los trabajadores las cantidades ahorradas por la eliminación de intermediarios. Con este sistema se construyeron 621 kilómetros. Las obras de construcción y reconstrucción en la red carretera nacional, implicaron una inversión de 2,426 millones de pesos y significaron un aumento de 3,547 kilómetros. 44% corresponde a carreteras federales, 25% a caminos construidos con la cooperación de los gobiernos de los Estados y los particulares y 31% a la cooperación bipartita. Quedaron terminadas y se pusieron en servicio varias carreteras, en los Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca. Se realizaron obras de adaptación en el entronque de Querétaro y en diversos tramos de la carretera Panamericana. Los ingresos por caminos, puentes de cuota y transbordadores se incrementaron en un 10 por ciento. Comenzó a funcionar, en noviembre último, el Transbordador "Presidente Díaz Ordaz" entre Mazatlán y La Paz. El crecimiento de las actividades industriales, agropecuarias y comerciales demanda, cada vez con mayor apremio, un sistema ferroviario amplio y eficaz. Nos hemos propuesto trabajar intensamente durante este período de gobierno para elevar la rentabilidad de los ferrocarriles. Las inversiones autorizadas para el presente año a las empresas ferroviarias ascienden a 1,478 millones de pesos. En el curso de este ejercicio transportaron 47 millones de toneladas de carga y 38 millones de pasajeros. El transporte aéreo es el sector más dinámico de las comunicaciones y requiere, a la vez, un ritmo acelerado de inversiones y de modificaciones substanciales para no retrasarse de la evolución tecnológica, con riesgo de afectar el turismo y la fluidez del servicio. En el programa de reconstrucción y modernización de aeropuertos se invirtieron 149 millones de pesos. Se realizan obras en los de Acapulco, Monterrey, Nuevo Laredo, La Paz, Oaxaca y Puerto Vallarta. Se continúan los trabajos para modernizar o ampliar los de Chetumal, Cozumel, Culiacán, Chihuahua, Durango, Guadalajara, Mérida, Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, Reynosa y la Ciudad de México. Simultáneamente, se continúan los estudios para construir un nuevo aeropuerto internacional en la zona metropolitana. En la integración del sistema nacional del transporte son parte fundamental los puertos marítimos y fluviales, como enlace entre las comunicaciones que se realizan por tierra y por agua. Como consecuencia de una consulta nacional, este Honorable Congreso aprobó creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, en la que participan las dependencias y organismos públicos relacionados con la organización portuaria, representantes de los trabajadores y de quienes son usuarios de los servicios. La Comisión analiza sistemáticamente los problemas relacionados con la organización, administración, costos, estructura tarifaria y perspectivas del desarrollo en la materia. Realiza sus actividades a través de Juntas Coordinadoras y Comisiones Consultivas en cada puerto, que se han establecido, hasta la fecha, en Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos, Progreso, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Acapulco y Salina Cruz. A petición de los sectores relacionados con la actividad portuaria en Manzanillo se estableció una empresa de participación estatal mayoritaria para prestar los servicios de maniobras, la cual celebró contrato colectivo de trabajo con la organización que venía ejecutando estas tareas, en el que se convinieron mayores prestaciones de las que disfrutaban, tales como las del Seguro Social. Se constituyó también en ese puerto una zona franca aduanal a fin de hacer más fluida la operación. En mejorar los puertos existentes se invirtieron 104 millones de pesos y 87 en su dragado. Se estudia la posibilidad de abrir otros nuevos: en Puerto Madero, Chiapas y otro de refugio pesquero en la Laguna Madre, Tamaulipas. El país ha hecho un esfuerzo considerable para crear la red nacional de telecomunicaciones. Es preciso continuar impulsando su desarrollo. Durante este ejercicio se ha descentralizado gradualmente su operación técnica y administrativa para crear centros regionales. Se realizaron inversiones por 193 millones de pesos, de los cuales más de 90% se dedicó al programa de microondas y télex. REFORMA AGRARIA La Reforma Agraria sigue adelante vigorosamente. Con la participación de todos los sectores que tienen injerencia en las actividades agropecuarias, elaboramos un proyecto de ley que incluyera la experiencia acumulada y desechara las disposiciones que no respondían a la realidad contemporánea. Los trabajos concluyeron con el envío a la consideración de este Honorable Congreso, de una iniciativa que, con las modificaciones introducidas por las Cámaras, se convirtió en la ahora vigente Ley Federal de Reforma Agraria. La gestación de esta Ley es un claro ejemplo de acción democrática. Nació de un diálogo largo, minucioso y fecundo entablado primero entre el candidato presidencial y ejidatarios, pequeños propietarios, ganaderos, maestros de derecho agrario, líderes campesinos, agrónomos y economistas, y después entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, cuando a través del Jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización se expusieron ante las Cámaras las razones y los principios fundamentales de la iniciativa. En los debates participaron todas las corrientes políticas representadas en la Cámara de Diputados, y debo dejar constancia de que en las deliberaciones en ésta y en la de Senadores, prevaleció un espíritu de concordia, de respeto mutuo y de profundo interés por los grandes problemas de México. La nueva Ley protege y estimula las tres formas de tenencia de la tierra amparadas por nuestra Carta Fundamental: el ejido, la propiedad comunal y la auténtica pequeña propiedad; propicia la distribución equitativa de las tierras y de las aguas y echa las bases para una organización eficiente y productiva en el campo; instaura el voto secreto en la elección de las autoridades del ejido y prohíbe que éstas se reelijan indefinitivamente, fortaleciéndose así su vida democrática; reconoce la igualdad plena del hombre y la mujer como sujetos de derecho agrario; a las mujeres campesinas del ejido las dota de tierras para formar unidades agrícolas industriales, en las que podrán realizar tareas productivas de beneficio colectivo; elimina la posibilidad de que las comunidades indígenas sean despojadas de sus tierras, al declarar que éstas son inalienables, imprescriptibles e inembargables, aunque no hayan sido confirmadas o tituladas; protege a los campesinos en caso de que se expropien tierras ejidales sentando las bases para que los ejidatarios puedan dedicarse a otras actividades productivas; y descentraliza y hace más ágiles los procedimientos agrarios. Prosiguiendo con el reparto agrario, hemos firmado resoluciones que amparan 2 millones 155 mil 356 hectáreas, que benefician a 27 mil 347 familias campesinas que, sumadas a las resoluciones que fueron dictadas por el Presidente Díaz Ordaz entre el primero de septiembre y el primero de diciembre de 1970, hacen un total, en un año, de 3 millones 942 mil 593 hectáreas para 60 mil ochocientos beneficiados. En un acto de estricta justicia, fueron afectadas 256 mil 949 hectáreas del latifundio "Bosques de Chihuahua". Entregamos la tierra y el bosque a quienes verdaderamente tenían derecho a ellos: los campesinos que desde hace muchos años habían hecho la solicitud, sin dejar fuera de esta acción a los más antiguos habitantes de estos terrenos, el grupo de los pimas, quienes dispersos como estaban no habían sido considerados como parte de los peticionarios en los censos, por lo que dispusimos en la propia resolución que todos ellos debían ser incluidos al ejecutarse ésta. La acción fue una respuesta concreta a los mandatos de la nueva Ley. Se resolvió la explotación forestal colectiva, el establecimiento de una escuela técnica agropecuaria, la localización de parcelas para el cultivo individual de árboles frutales y de las nuevas zonas urbanas, la creación de una unidad agrícola industrial para la mujer, así como la organización de una empresa ejidal y forestal de cuya administración forman parte las autoridades del ejido, que está ya organizada y se encuentra trabajando en forma eficiente. Desde hace casi un siglo había venido subsistiendo en la zona fronteriza del Estado de Coahuila otro latifundio al que la acción reivindicatoria y justiciera de la Revolución Mexicana no había podido destruir. Hace 4 días se ejecutaron tres Resoluciones que expedimos en la misma fecha, en las cuales se dispuso la afectación de 137 mil 180 hectáreas de propiedad particular, a fin de crear los Nuevos Centros de Población Dolores, Escobedo y José María Morelos en el Municipio de Acuña, Coahuila, para beneficiar a 161 familias. El Gobierno de la República confía, al entregar en manos de campesinos mexicanos este latifundio, en que ellos salvaguardan la integridad de su tierra y con trabajo esforzado la harán producir en su beneficio. La auténtica pequeña propiedad está garantizada en la Constitución y en la Ley. Invariablemente, será respetada por el gobierno. Con certificados de inafectabilidad o sin ellos, los verdaderos pequeños propietarios deben estar completamente seguros de que las autoridades les prestarán todo género de protección para disfrutar pacíficamente sus tierras y hacerlas producir en beneficio de la economía del país. Hemos entregado certificados de inafectabilidad a pequeños propietarios. Durante nuestra gestión han sido puestos en las manos de sus legítimos titulares 113 certificados de inafectabilidad ganadera y 267 de inafectabilidad agrícola, que amparan 590 mil 490 hectáreas. La falta de ejecución de las resoluciones presidenciales genera incertidumbre, intranquilidad y frustración, que sólo pueden disiparse entregando realmente a los campesinos la tierra. Al asumir la Primera Magistratura del país existían sin ejecutar resoluciones presidenciales por más de 15 millones de hectáreas. Dispusimos que se enfrentara este problema con urgencia y decisión, sin escatimar esfuerzos, habiéndose ejecutado materialmente 753 resoluciones presidenciales, relativas a 5 millones 478 mil 8 hectáreas que benefician a 75 mil 396 familias campesinas, y hemos dado instrucciones precisas para que las dictadas durante nuestra gestión se ejecuten también cabal y prontamente. Mientras no se realicen los deslindes de los ejidos y de las comunidades existirán problemas realmente agudos y, en ocasiones, hasta dramáticos. Se desarrolla una intensa actividad dirigida a resolver esta cuestión en las regiones donde los conflictos y la inseguridad son más frecuentes. Hemos destinado 14 millones de pesos para deslindar 6 millones de hectáreas en los Estados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, y en el Territorio de Baja California Sur. Nos interesa consolidar y garantizar la propiedad de las tierras dotadas a los ejidos del país con entrega de la documentación legal que la define y protege. No queremos que los ejidatarios se encuentren desamparados porque les falten elementos probatorios de sus derechos sobre la tierra, y tampoco que se vean precisados a hacer largos y costosos viajes para obtener esos documentos. En tal virtud, dispusimos que se integrara una carpeta para cada uno de los ejidos del país, que contenga su documentación, misma que se está entregando en forma gratuita a las autoridades ejidales correspondientes. Tan importante como reconocer los derechos de los ejidos en su conjunto, es definir los derechos individuales de quienes los forman. Por ello, hemos dispuesto la depuración de los censos agrarios para no incluir en ellos a quienes han abandonado las parcelas y, en cambio, considerar a los que efectivamente las están trabajando conforme a la ley. Para que los terrenos nacionales se destinen efectivamente a satisfacer necesidades de los campesinos, se han negado las solicitudes de los simuladores que sólo desean acaparar más tierras o especular con ellas. Se crearon 114 nuevos centros de población ejidal que han incorporado a la explotación agropecuaria 407 mil 329 hectáreas con 7 mil 208 beneficiarios, procurando entregar las tierras en las mejores condiciones de trabajo, proveer a la manutención de los campesinos durante el tiempo necesario para que éstos inicien la producción y coordinar los esfuerzos gubernamentales y de los beneficiarios para que estos nuevos poblados cuenten con los servicios básicos y puedan encauzarse por el camino de la organización, financiamiento y producción. Destacan en esta materia los esfuerzos desarrollados para acomodar campesinos en tierras desmontadas y con agua, en Quintana Roo. Por mandato legal, desde 1962 se suspendió la creación de nuevas colonias para destinar todas las tierras disponibles a dotaciones ejidales. Hemos dispuesto la organización de brigadas que están recorriendo las colonias agrícolas para verificar si su operación se apega a las disposiciones legales y, en justo reconocimiento a los derechos de los colonos que se encuentran dentro de la ley, hemos expendido mil 840 títulos que amparan 228 mil 478 hectáreas. Donde las investigaciones nos han demostrado que no se consolidaron las colonias, o sólo se promovieron para encubrir situaciones indebidas, se ha procedido a decretar su caducidad para destinar esas tierras a satisfacer demandas agrarias. La producción primaria del agro no es sino una de las etapas del proceso económico. Debe llegar hasta la industrialización de los productos y tener un sistema distributivo ágil y eficaz que, con la mínima intermediación los lleve a los centros de consumo. La Ley Federal de Reformas Agraria contiene normas relativas a la organización ejidal y comunal y faculta al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización para que con una actitud ajena a todo paternalismo, y sobre la base de coordinar voluntades, promueva la debida organización de los campesinos. El monto de la indemnización por expropiaciones a ejidatarios y comuneros debe emplearse en empresas que les permitan incorporarse a la producción y al desenvolvimiento armónico del país. En esa virtud, se reorganizó el Fondo Nacional de Fomento Ejidal a fin de que se constituya en un órgano de acción permanente al servicio de los hombres del campo. Es testimonio de este criterio la indemnización pagada a ocho ejidos nayaritas expropiados recientemente para fines de urbanización y desarrollo turístico. Con su importe se cubrió a los ejidatarios el valor de sus terrenos, de sus cultivos, de sus bienes personales distintos de la tierra, y un anticipo a cuenta del sobreprecio que tendrán las tierras al aplicarse a los fines turísticos, además de que los propios campesinos participarán de las utilidades netas al realizarse este programa. FOMENTO AGROPECUARIO El agua es elemento básico para el desarrollo económico y el bienestar social. Evitar su contaminación y su derroche es responsabilidad de todos los mexicanos. La legislación de aguas vigentes ha dejado de tener efectiva aplicación; necesita ajustarse a los nuevos ordenamientos en materia agraria, sanitaria y de prevención de la contaminación ambiental. Por tanto, en el presente período de sesiones, someteremos a la consideración de este Honorable Congreso un proyecto de Ley Federal de Aguas. La superficie bajo riego en el país asciende a 4 millones 140 mil hectáreas; de ellas, casi 3 millones se localizan en distritos de riego habilitados por el gobierno federal y el resto en unidades de pequeña irrigación. La política en esta materia ha venido acentuando obras para alcanzar un desarrollo económicamente más equilibrado y socialmente más justo; elevar la productividad en los distritos de riego; evitar el azolve de las obras mediante el control de la erosión; proteger contra inundaciones las zonas en peligro y distribuir el agua disponible con equidad. Además de realizar obras para su uso en fines agropecuarios se abastece de agua potable y se dota de alcantarillado a las poblaciones. Continúa un programa en los lagos y lagunas litorales y en la plataforma continental para incrementar la captura de ostión, camarón, langostino y otras especies de alto valor comercial; se fomenta la piscicultura en lagos, presas y bordos; se estudia el aprovechamiento de las aguas salinas y se ejecuta un plan para evitar o controlar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Durante el período que se reseña se efectuaron trabajos en 1,122 obras de las que 712 son de riego, 6 corresponden a lagunas litorales, 322 son de abastecimiento de agua potable y 82 de alcantarillado. Entre las primeras se ha trabajado en la construcción de 40 presas de almacenamiento, de las cuales se terminaron 15. Destaca la presa "La Adjuntas", en Tamaulipas, con una capacidad de 5 mil 283 millones de metros cúbicos. En diversas áreas agrícolas se construyen 16 presas derivadoras. Se rehabilitan los distritos de riego de Río Colorado, Región Lagunera, San Juan del Río, Río Yaqui, Colonias Yaquis, Valsequillo y la unidad "El Dorado", de Culiacán. En el distrito de riego del Alto Lerma los propios usuarios operarán el equipo adquirido para las obras de rehabilitación Con las obras que fueron terminadas se han beneficiado 117 mil 464 hectáreas. De las mismas, 73 mil 746 se incorporaron por primera vez al riego; quedan mejoradas las condiciones de 10 mil 698 que se irrigaban deficientemente y se rehabilitaron 33 mil 020 en los distritos de riego en operación. Para apoyar el programa de aprovechamiento de los distritos de riego y el plan de mejoramiento parcelario, se terminaron el Centro de Capacitación Agropecuario y de Riego y Drenaje, de Río Bravo, Tamaulipas, así como el Centro de Capacitación del Valle de El Carrizo, Sinaloa, que permitirán una mejor preparación del personal que trabaja en los distritos de riego; su funcionamiento servirá para unificar los criterios de las distintas dependencias que intervienen en su operación y se impartirán conocimientos sobre métodos avanzados de demostración de resultados, divulgación y comunicación a los agricultores. De 322 obras de agua potable en el período de que se informa, fueron terminadas 106. De 82 obras de alcantarillado se han concluido 20 para beneficio de 68 mil habitantes. La agricultura y la ganadería son actividades que, en unión de la pesca, constituyen la fuente de alimentación del pueblo. Especial prioridad damos a su desarrollo no solamente para que la producción satisfaga la creciente demanda interna, sino también para obtener, en algunos renglones, importantes sumas de divisas del exterior. En la lucha contra la erosión de los suelos, el ensalitramiento de las tierras, la escasez de créditos y asistencias técnicas, estamos obteniendo resultados favorables con programas específicos que se encuentran en plena ejecución. Durante los ciclos de invierno 1970-71 y de primavera 1971, se cultivaron 15 millones 680 mil hectáreas. El valor de las cosechas se estima en 38 mil millones de pesos. Se sembraron 512 mil hectáreas de algodón y se espera obtener un millón 886 mil pacas con valor aproximado de 4 mil 200 millones de pesos. Dada la importancia que el algodón tiene para el país como generador de divisas, es altamente satisfactorio informa que los esfuerzos de fomento y promoción respectivos propiciaron un aumento de 33% del área cultivada, lo cual permitirá exportaciones adicionales por 700 millones de pesos. De café se cosecharon 3 millones 200 mil sacos con valor cercano a mil 900 millones de pesos. A pesar de las heladas la producción aumentó en un 4%. De arroz se reportó un considerable incremento y se llegaron a obtener 410 mil toneladas con valor de 595 millones de pesos. De sorgo se obtuvo una cosecha de dos millones 200 mil toneladas con un valor aproximado de 1,375 millones de pesos, la que garantiza el consumo interno. De trigo la cosecha ascendió a un millón 900 mil toneladas, que satisfarán el 90% de las necesidades internas, que aumentaron en un 10%. Destinadas a su exportación se produjeron 94 mil toneladas de semilla para siembra. El maíz se mantuvo como principal cultivo. La siembra fue de 8 millones de hectáreas. La cosecha es, aproximadamente, de 9 millones 600 mil toneladas. En áreas de escasas precipitación pluvial se decidió introducir el cultivo de girasol para suplir la falta de otras oleaginosa; de 62 mil hectáreas sembradas se calcula una cosecha de 82 mil toneladas. Para asistir en sus trabajos a los agricultores se creó la Dirección General de Extensión Agrícola cuyas labores mejorarán las técnicas de cultivo. De especial importancia para las regiones temporaleras son las tareas de conservación de suelo y agua, que se han venido realizando en beneficio de los campesinos de menos ingresos, sin excluir el asesoramiento técnico en esta materia a pequeños propietarios. La empresa nacional productora de fertilizantes inauguró una planta de urea en Minatitlán, Veracruz, que aumentó a once el número de sus unidades industriales en operación. Ha iniciado un programa de reducción de sus precios de venta y estudia a fondo las posibilidades de una nueva política de distribución que tienda a abaratar precios al menudeo. Almacenes Nacionales de Depósito operó en 242 plazas con 789 bodegas y una capacidad instalada de 3 millones 900 mil toneladas. La ganadería está llamada a ser uno de los pilares de la producción en el campo y consecuentemente, de la economía nacional. El desarrollo ganadero es la mejor perspectiva para el aprovechamiento de vastas extensiones del país, que por sus condiciones climática no son adecuadas para la agricultura. Estamos impulsando las actividades pecuarias; pero sabemos que no es posible obtener logros inmediatos de esta actividad que por su naturaleza requiere inversiones que producen a mediano o largo plazo. Sólo por un proceso de escalonamiento en la mejoría y ampliación de las explotaciones ganaderas o de complementación entre las actividades agrícolas y aquéllas, podremos mantener un sólido crecimiento pecuario. El valor de la producción pecuaria se estima en 22 mil 186 millones de pesos con un incremento de 700 millones en relación con el período anterior. La exportación de productos pecuarios alcanza un valor de mil 946 millones de pesos. Con motivo del buen éxito obtenido en la campaña contra la garrapata, expedimos un acuerdo declarado libre de esa plaga la totalidad de los Estados de Sonora, Coahuila, Zacatecas y Guanajuato. Desde 1970 aparecieron los primeros brotes de encefalitis equina en el sur del país, después de haberse propagado por Centroamérica y al principio de este año surgió en Chiapas; ocasionó la muerte de cerca de diez mil caballos. En junio, la encefalitis se presentó en el Norte de Veracruz, Este de San Luis Potosí y en Tamaulipas con serias proporciones, por lo que, en la misma zona afectada, dictamos los acuerdos necesarios para la acción inmediata de las Secretarías de Agricultura y Ganadería y de Salubridad y Asistencia, con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional; acción que apoyada por las autoridades locales y la población de los lugares afectados, culminó con el control de la epizootia. Por esas fechas se presentó este mismo problema en el Sur de los Estados Unidos de América y a invitación de este Ejecutivo, se formó una comisión mixta compuesta por funcionarios de ambos países para intercambiar experiencias acerca de la forma de actuar para dominar el mal. Se continuó la producción de vacunas necesarias contra el derriengue, la rabia, el newcastle, brucelosis, fiebre carbonosa, septicemia hemorrágica y el carbón sintomático. El apoyo financiero oficial a las actividades agropecuarias se incrementó en 14.6% con un importe total de 6 mil 405 millones de pesos. Las inversiones del Fondo Nacional de Fomento Ejidal ascendieron aproximadamente a 22 millones de pesos en obras de beneficio social en zonas ejidales que, unidas a aportaciones del Gobierno Federal y de los gobiernos de los Estados, dieron un total de 53 millones de pesos. La aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera realizó operaciones en apoyo a la producción de un millón 371 mil hectáreas, con una cobertura total de 2 mil 69 millones de pesos. La CONASUPO adquirió en el presente ejercicio productos agrícolas por valor de 2 mil 281 millones de pesos y efectuó ventas que representaron casi 3 mil millones, cumpliendo así con uno de los propósitos fundamentales: hacer llegar a los sectores de escasos ingresos, productos de buena calidad a bajo precio. CONASUPO influyó significativamente en la reducción del precio de la harina de maíz y de los aceites comestibles populares y actuó vigorosamente para evitar aumentos artificiales de precios. RECURSOS RENOVABLES Los bosques son una riqueza nacional cuya magnitud, parcialmente conocida y escasamente aprovechada, requiere acciones inmediatas para preservarla, acrecentarla y obtener rendimientos muy superiores a los alcanzados hasta hoy. No es posible lograr, rápidamente, la explotación integral de todos los recursos forestales. Por ello, se han elaborado programas de acción a corto, a mediano y largo plazo que van desde la inmediata explotación de algunas áreas boscosas con diversos grados de aprovechamiento industrial y ampliar gradualmente la superficie explotada, hasta lograr el cabal desarrollo de esta actividad que podrá alcanzar en el futuro una significativa importancia. Las recientes modificaciones a la Ley Forestal atienden a estos propósitos al crear el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, el que debe realizar estudios sobre la materia, proporcionar enseñanza a técnicos y dar servicio de extensionismo. Además, en estas reformas legales se ha dispuesto que al vencerse las autorizaciones de explotación, las nuevas deben expedirse preferentemente a favor de los ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, a quienes los bosques pertenecen, siempre que tengan la capacidad técnica y económica necesaria. Se incorporaron nuevas superficies a la explotación forestal para aumentar en un millón de metros cúbicos de madera en rollo la producción actual, a fin de llegar a seis y medio millones de metros cúbicos. Se autorizó al organismo descentralizado Productos Forestales Mexicanos, para realizar en Durango labores de limpia y saneamiento con volumen de 250 mil metros cúbicos de pino en rollo y se encuentra prácticamente terminado el estudio para el aprovechamiento integral de la superficie boscosa concesionada. Se realizaron trabajos de protección y repoblación forestales en 37 lugares de la República, destacando el programa elaborado para la zona de la Malinche, Tlaxcala. Podemos incrementar considerablemente la extracción de recursos provenientes del mar. Con este propósito, se formuló el Programa Nacional Pesquero 1971-1976, que comprende desde la producción de crías destinadas a la población piscícola, hasta planes de construcción naviera para dotar al país con los tipos de embarcaciones adecuadas a las necesidades particulares de cada región. A fin de promover y modernizar los métodos de captura, industrialización y comercialización de los productos del mar, se fortalecieron los instrumentos administrativos específicamente responsables de esta actividad. Con el propósito de abatir los costos se agruparon, dentro de un organismo único, Productos Pesqueros Mexicanos, S.A., todas las empresas de participación estatal que se dedican a estas tareas. El conjunto de labores realizadas ha permitido el incremento del volumen de la explotación en 15.8 por ciento, que es muy superior a la tasa de crecimiento que venía registrándose. Resalta el aumento en los niveles de captura de sardina, sierra y langosta, así como el establecimiento de dos empresas para elaborar harina de pescado, cuya producción aumentó en 34.9 por ciento. Hemos seguido con particular interés los trabajos de esta honorable Representación Nacional que está realizando un cuidadoso análisis de las actividades pesqueras, a través del contacto directo con todos los sectores interesados. MINERíA Y SIDERURGIA Continúa el proceso de mexicanización de la minería. En cumplimiento de las normas constitucionales se ejerce el dominio directo de la nación sobre los recursos del subsuelo y se vigila que su explotación sirva a los intereses del país. A pesar de los bajos precios y la sensible reducción de la demanda internacional de algunos de los principales productos mineros del país, el valor bruto de la producción se incrementó en 9% pasando de 6 mil 800 millones de toneladas a 7 mil 400. México ocupó durante 1970 el tercer lugar entre los productores de plata, superado en sólo 55 y 35 toneladas por los Estados Unidos de América y Canadá, respectivamente. Se ha fijado una alta prioridad al fortalecimiento de las instituciones oficiales dedicadas a la exploración minera. Estas prosiguen en las cuencas carboníferas de Coahuila, donde el volumen de las reservas conocidas aumentó en más de 40 millones de toneladas. En Sonora, se descubrieron reservas de cobre, que ascienden a 58 millones de toneladas. En la cuenca de Salinas del Istmo se probaron reservas de 3 millones de toneladas de minerales de potasio, y en Puebla se determinó la existencia de más de diez millones de toneladas de arcilla con alto contenido de alúmina. A la pequeña y mediana minería se le proporcionó asistencia técnica, créditos y anticipos por valor cinco veces mayor al promedio de los estímulos otorgados durante el sexenio anterior. Dictamos asimismo un acuerdo para que los pequeños y medianos mineros puedan disfrutar de una reducción automática de los impuestos netos federales sobre producción y exportación de los minerales, metales y compuestos metálicos. Los incrementos en la producción de mineral de hierro y carbón son, con mucho, los más altos registrados en las actividades mineras del país. A pesar de tales aumentos, del orden de 51 y 33 por ciento, respectivamente, su producción resulta aún insuficiente para satisfacer la demanda interna, por lo que ha sido necesario importar chatarra y coque. Para corregir esta situación, se han celebrado contratos de exploración con empresas mexicanas, a fin de cubrir más de un millón de hectáreas de terrenos en los Estados de Chihuahua y Coahuila. La producción siderúrgica aumentó en 7 por ciento y la industria acrecentó su capacidad instalada en 11.2 por ciento, hasta colocarse en casi 5 millones de toneladas. La producción nacional satisfizo la demanda interna de acero en un 98 por ciento y las exportaciones se elevaron, notablemente, un 16 por ciento, alcanzando un valor de 600 millones de pesos. Se creó la empresa denominada Química Flúor, S.A., que con una inversión de 500 millones de pesos y mayoría de capital nacional, producirá 70 mil toneladas anuales de ácido fluorhídrico y obtendrá productos por valor de 350 millones. Esta planta será la primera en magnitud en América Latina. Fueron terminadas y entraron en operación, siete nuevas plantas de beneficio de minerales, que requirieron una inversión total de 230 millones de pesos, y tienen una capacidad conjunta de 4 mil 90 toneladas por día. Cabe destacar, de entre ellas, las instalaciones de Inauguran, Michoacán; La Negra, Querétaro; y de Veracruz, Veracruz. Se encuentran, además en construcción, otras 15 plantas de beneficio, con capacidad conjunta de 9 mil 138 toneladas diarias, y una inversión del orden de 1,740 millones de pesos. Destacan las nuevas refinerías de cobre y de zinc en San Luis Potosí y Torreón. En febrero del presente año inició sus operaciones la planta construida en Texistepec, Veracruz, en la que participa el Gobierno Federal, y tiene una capacidad anual de producción de 850 mil toneladas de azufre. Se invirtieron allí 250 millones de pesos. Desde hace más de medio siglo ha existido el proyecto de explotar los cuantiosos depósitos de hierro de Las Truchas en Michoacán. Durante el porfirismo se otorgó a una empresa extranjera la concesión de realizarlo, con el propósito de enviar el mineral para su industrialización fuera del país. Sin embargo, era indispensable para el interés nacional que la transformación de la materia prima se hiciera dentro de nuestro territorio, construyendo una planta siderúrgica dotada de los equipos y técnicas más modernos, que pudiera, con más bajos costos, no sólo satisfacer el incremento del consumo interno de acero, sino producir a precios competitivos internacionales, y así, poder concurrir a la exportación. La idea tenía, además, el sentido social de desarrollar una zona de la República potencialmente rica, pero hasta el momento prácticamente inexplotada. El 3 de agosto tomamos la decisión de iniciar esta obra, la que consideramos un reto para la técnica y la capacidad productiva de los mexicanos. Representará una inversión de casi 7 mil millones de pesos en el sexenio y se ha previsto que para 1976 comience a producir un millón 500 mil toneladas anuales de acero. Las obras de infraestructura, cuya ejecución se justifica por la construcción de la planta, permitirán que además del importante desarrollo industrial que habrá de propiciarse en la zona, puedan realizarse, con las mejores perspectivas, actividades agropecuarias y pesqueras en esa región. Localizada la planta siderúrgica en el litoral, como ocurre con las más grandes y eficientes factorías del mundo, podrán aprovecharse las ventajas del bajo costo del transporte marítimo. El Ejecutivo Federal resolvió, en un acto de justo reconocimiento, que la empresa llevara el nombre de Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A., para unirla permanentemente a la memoria del mexicano insigne que tanto luchó, con extraordinaria visión patriótica y económica, por su establecimiento. A fin de satisfacer los requerimientos de hierro de la industria siderúrgica nacional, sustituyendo con ello las importaciones que actualmente se realizan decidimos, hace 6 días, llevar a cabo un antiguo proyecto: la explotación de los yacimientos de hierro de Peña Colorada en Colima, que representan la cuarta parte de las reservas de este mineral en el país. Una empresa con capital mayoritario del Gobierno Federal, en la que participan también las más importantes industrias siderúrgicas mexicanas, realizará inversiones directas de poco más de 600 millones de pesos para producir un millón 500 mil toneladas de hierro anuales. La nueva industria llevará el nombre de "Consorcio Minero Benito Juárez - Peña Colorada" y representará para el Estado de Colima y para la región, un beneficio tangible de la política de descentralización de la actividad económica, que nos hemos propuestos. Sobre la infraestructura económica que el pueblo ha venido construyendo durante las últimas décadas y con informado criterio técnico, México proyecta su futuro industrial. Base de dicho futuro es el acero, del cual depende la producción de maquinaria, de equipos y la importante rama automotriz. El moderno crecimiento industrial se apoya, igualmente, en la producción de artículos de cobre, que son material indispensable para la industria eléctrica. Superando antiguos esquemas de imprevisión nos hemos propuesto garantizar a la industria nacional el abastecimiento eficaz y oportuno de acero y cobre, evitando para el futuro, una onerosa y precaria dependencia de importaciones, o de producción doméstica por parte de empresas extranjeras. Cananea es una explotación minera que está ligada íntimamente a la historia de la Revolución Mexicana y al movimiento obrero del país. Largas y difíciles negociaciones culminaron hace apenas unos días para lograr poner en manos de mexicanos el 51% de las acciones de la compañía que aprovecha el cobre de esa región de Sonora. Se ha convenido que el Gobierno Federal a través de la Nacional Financiera, S.A., y de la Comisión de Fomento Minero, adquiera el 50.98% de dicha parte mexicana; el 23.52% de la misma, corresponderá a pequeños inversionistas; el 9.81% a la empresa Cobre de México en cuyo capital participa la Nacional Financiera; otro 9.81% al Banco Nacional de México y el 5.88% restante a los trabajadores y empleados de la propia empresa. En lo sucesivo, nuestro país usará estos recursos naturales para estimular su desarrollo, ya sea abasteciendo la demanda interna o fomentando las exportaciones y el pueblo de México, a través de su gobierno o de sus empresas paraestatales, participará en su manejo y en el beneficio de su explotación. ENERGETICOS La Revolución Mexicana no llegará a la plena realización de sus propósitos económicos sin un previsor, coordinado e interesante programa de sus recursos energéticos. Ya dio pasos firmes con la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica. En esta materia, lo que hoy hagamos compromete las decisiones de los años por venir. Es necesario actuar con criterio visionario, que contemple tanto los requerimientos futuros del país como los problemas de financiamiento y la evolución científica y tecnológica. Armonizamos, a través de un Comité Técnico, los esfuerzos de los organismos públicos encargados de la investigación, explotación y distribución de los recursos energéticos, a fin de programar conjuntamente su desenvolvimiento. El petróleo sigue siendo fuerza motriz para el progreso industrial. A fin de consolidar la propiedad nacional sobre los hidrocarburos y dotar a Petróleos Mexicanos de una estructura moderna y flexible, elevamos a la consideración de este Honorable Congreso una iniciativa de nueva Ley Orgánica, que fue aprobada. Se confirió explícitamente a Petróleos Mexicanos la facultad de explotar la plataforma continental y se le prohibió conceder regalías, porcentajes o participaciones sobre el petróleo. Existen reservas probadas de 876 millones 100 mil metros cúbicos, entre crudos, condensados y gas natural equivalente al crudo. El programa de inversiones del periodo que comprende este Informe fue de 4 mil 857 millones de pesos. Las ventas de productos petroleros y petroquímicos básicos tuvieron un incremento del 9.4% con respecto al periodo anterior, de tal manera que, con excepción del gas licuado, estamos en condiciones de abastecer de modo suficiente y oportuno el consumo nacional. La industria eléctrica impulsa y refleja con su acelerado crecimiento la modernización del país. La generación de energía se incrementó durante la última década al 10.4% anual. Este año, aumentó en relación al anterior en un 12.6%, en beneficio de más de 3 millones de habitantes. Actualmente 31 millones de mexicanos cuentan con servicio de energía eléctrica. Hemos puesto en operación 16 unidades generadoras en 12 plantas, con capacidad total de 467 mil 400 kilovatios, se construyen nuevas plantas generadoras y se realizan ampliaciones en las ya existentes con una capacidad total de 3 millones 91 mil 200 kilovatios. Una comisión intersecretarial edifica 7 poblados con todos los servicios que requieran, a fin de alojar en ellos a las poblaciones que habrán de desplazarse con motivo de las obras del complejo hidroeléctrico de la Angostura, que se realiza en el Estado de Chiapas. Prosigue, firmemente, el programa de electrificación rural, que benefició durante este ejercicio a 1,257 poblados con más de 800 mil habitantes. A raíz de la nacionalización de la industria eléctrica se planteó la necesidad de cambiar la frecuencia del sistema central de 50 a 60 ciclos por segundo, para igualarla a la del resto del sistema nacional. La dualidad de frecuencias aumenta significativamente los costos e impide aprovechar los excedentes disponibles en unos sistemas para cubrir las carencias de los otros en las horas de máxima demanda, lo que representa un serio obstáculo para el desarrollo regional y la distribución eficiente del fluido. Hemos iniciado el cambio de frecuencia en las plantas del sistema central, así como en los equipos y aparatos de los usuarios de la energía. Estos trabajos requieren de la coordinación del sector público y de la más activa colaboración de los usuarios de los servicios, tanto industriales como domésticos. Nuestro país depende excesivamente de los hidrocarburos, lo que nos obliga a diversificar las fuentes de energía. Por ello, los programas de expansión de las industrias petrolera y eléctrica consideran la posible utilización de otros recursos energéticos. Estudiamos a fondo la posibilidad de aprovechar la energía nuclear para objetivos creadores. Contamos con reservas probadas de óxido de uranio y las indicaciones geológicas hacen suponer la existencia de nuevos yacimientos. Se han recabado las experiencias de otros países y evaluado todos los factores técnicos y financieros, que nos permitan tomar, oportunamente, una decisión fundada. En febrero de este año expedimos el reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo para permitir una adecuada planeación de la Industria Petroquímica. Queremos aprovechar ampliamente los derivados de los hidrocarburos y complementar adecuadamente la inversión pública y privada. En la actualidad existen ya plantas petroquímicas en 14 Estados del país, además de las del Distrito Federal. La Nación tiene un gran interés en el progreso de la petroquímica, por su elevada incidencia sobre la generación del empleo, la descentralización industrial y la sustitución de importaciones. La industria petroquímica primaria, exclusiva del Estado, representa 3 mil 134 millones de pesos distribuidos en 42 plantas y 534 millones invertidos en equipo de almacenamiento y transporte de productos petroquímicos. Fue terminada y puesta en marcha una planta en Cosoleacaque, Veracruz, con capacidad de 124 mil toneladas anuales de acrilonitrilo. Se inició la operación de la planta para producir polietileno de alta presión con una capacidad de 50 mil toneladas. Se construyó una terminal en Tuxpan para almacenar cuatro mil toneladas de etileno y el ducto para trasladarlo a Poza Rica. La inversión total en petroquímica secundaria, sumados los permisos otorgados a partir de 1961, asciende a 3 mil 230 millones de pesos. El capital nacional participa con el 70%, del que 50% es capital privado y 20% del sector público. TRABAJO Desde Cananea y Río Blanco el movimiento obrero mexicano posee una fecunda historia. Ha sido y seguirá siendo propósito del Ejecutivo Federal respetar su autonomía. Nada hay que justifique la participación del Estado en la vida interna de las organizaciones sindicales. Al Gobierno corresponde salvaguardar la independencia de los sindicatos; a los trabajadores que éstos agrupan la dirección y la vigilancia de los mismos. La estricta aplicación del Artículo 123 constitucional guía nuestra conducta; nos esforzamos en garantizar el pleno disfrute de los derechos laborales. Ratificamos nuestro invariable respeto por el derecho de huelga. Es conquista alcanzada por los obreros y en él se encuentra el más enérgico instrumento tutelar de sus reivindicaciones sociales. La Ley Federal del Trabajo promovida por el Presidente Díaz Ordaz es un moderno y eficaz instrumento de justicia. La que estuvo vigente desde 1931 requería ya de una transformación sustancial, porque es mucho lo que el país ha cambiado desde entonces. La nueva Ley pugna por mayores prestaciones para los trabajadores, pero también los responsabiliza más de su participación dentro del proceso productivo. Se revisaron 195 contratos colectivos; entre ellos, algunos de singular trascendencia como el de los Ferrocarriles Nacionales de México; el de la Comisión Federal de Electricidad con el Sindicato Nacional de Electricistas, Similares y Conexos; el de Petróleos Mexicanos; los de Distribución, Exhibición y gran parte de la Industria Cinematográfica en sus ramas de Distribución, Exhibición y gran parte de Producción; así como diversos contratos del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares que abarcan aproximadamente el 80% de la minería nacional. Se renovaron también los Contratos - Ley de la Industria Azucarera, Alcoholera y Similares, el de la Industria Textil de la Rama de la Lana y el de la Industria de Transformación del Hule en Procesos Manufacturados. Todos los conflictos que se presentaron fueron resueltos, obteniéndose importantes y variados beneficios, entre los cuales sobresalen las reducciones de jornadas, fondos de jubilación y ahorro, aportaciones para fomentar el deporte, estímulos por antigí¼edad y la creación de comisiones mixtas para el estudio y determinación del incremento de la productividad. En cumplimiento de la Ley se creó el Instituto del Trabajo con el objeto de preparar mejor al personal responsable de atender los asuntos laborales. Se realizó el Primer Congreso Industrial de Comisiones Mixtas Permanentes de Seguridad e Higiene y se creó la Comisión de Habitación para los Trabajadores a fin de estudiar los procedimientos que llevarán a la práctica las disposiciones legales en materia de vivienda para obreros. El salario mínimo debe ser invariablemente respetado. Exhorto a los empresarios de la industria, del comercio, de la agricultura y de las demás actividades, a que lo cumplan siempre; y a las organizaciones de trabajadores, así como a las autoridades federales, locales y municipales a que fortalezcan la vigilancia de su cumplimiento. Lo contrario al salario mínimo es grave desacato a la Constitución, a la Ley Federal del Trabajo y a los principios de la dignidad mexicana. INDUSTRIA Hace unos decenios se dudaba de nuestra capacidad para el que hacer industrial. Con teorías pseudocientíficas se nos quería reducir a meros proveedores de materias primas. Ciertamente, durante un largo tiempo la propiedad concentrada de la tierra y la incomunicación retardaron el desarrollo de las fuerzas productivas y acrecentaron la distancia que nos separaba de una economía más evolucionada. Nuestro movimiento social, al abolir el latifundismo, nacionalizar los recursos naturales y dar jerarquía constitucional a las demandas obreras, nos preparó para ser una sociedad industrial. Durante varias décadas han impulsado a la industria los estímulos del crédito, la protección fiscal y arancelaria, el abastecimiento de energéticos, el desarrollo educativo, la ampliación de las comunicaciones y, lo que es decisivo, un clima prolongado de estabilidad política. No obstante, el empleo no crece con la rapidez necesaria, ni absorbemos suficientemente nuestra disponibilidad de recursos naturales. La industria se halla además, concentrada en unos cuantos núcleos y es todavía reducida nuestra capacidad de exportación. Nuestra economía progresará ampliando el consumo generalizado de la población, las aptitudes de la fuerza laboral y el empleo de procedimientos tecnológicos siempre avanzados. En el incremento de la productividad se halla primordialmente la clave de nuestro futuro. La actividad manufacturera satisface ahora buena parte de nuestra demanda de bienes de consumo; pero es preciso dar un apoyo prioritario a las industrias que puedan concurrir en condiciones ventajosas a los mercados externos, relacionar estrechamente la actividad fabril a los recursos materiales y humanos, descongestionar las grandes ciudades, fomentar el empleo abundante de mano de obra y establecer controles de costos y calidad. En estos días, una política de fomento nacional y selectivo sustituye a otra, de proteccionismo indiscriminado, a fin de que la expansión industrial cuente con incentivos duraderos. Estos son los objetivos conforme a los cuales hemos elaborado un proyecto de Ley sobre Fomento Industrial que enviaremos al Honorable Congreso de la Unión, en el actual período de sesiones. COORDINACION DE SECTORES Promovemos la participación de todos los mexicanos en la obra común. Procuramos resolver las contradicciones derivadas de las estructuras económicas en favor de una marcha más acelerada y de un mejor reparto de la riqueza. Tratamos de armonizar los intereses particulares con el interés superior del país. Gobernar es, también, coordinar. La diversidad de opiniones no es obstáculo para el progreso. Refleja la pluralidad de intereses que legalmente coexisten en la sociedad y que deben encauzarse para acrecentar la energía nacional. Respondiendo a esta idea se creó la Comisión Nacional Tripartita, integrada por representantes del Gobierno, los obreros y los empresarios con objeto de estudiar y plantear proposiciones en materia de inversiones, productividad, descentralización de las industrias, maquiladoras, desempleo, capacitación de recursos humanos, exportaciones, carestía de la vida, vivienda popular y contaminación ambiental. La Comisión se inspira en el espíritu de la Constitución que dota al Estado de las facultades necesarias para orientar el desarrollo; pero que busca, asimismo, la armonía entre los factores de la producción. Es una fórmula moderna de participación social y un organismo de consulta técnica que elabora recomendaciones. PROGRAMACION Y REFORMA ADMINISTRATIVA Si la continuidad del progreso depende, en buena parte, de la eficacia del factor trabajo, así como de la conciencia social, que debe ser creciente entre los empresarios, necesitamos también mayor productividad en las labores públicas. Para cumplir su mandato el Poder Ejecutivo Federal cuenta hoy con un amplio instrumental jurídico, institucional, técnico y humano. No siempre puede, sin embargo, emplearlo con la agilidad necesaria. Desde los primeros días de nuestra gestión nos empeñamos por mejorar el funcionamiento del aparato administrativo y hemos modificado, deliberadamente, procedimientos que se creían inmutables a fin de alentar, en todos los niveles del Gobierno, una actitud decidida hacia la innovación. Hemos instaurado, como norma, el trabajo en equipo y la relación directa de los funcionarios entre sí y de éstos con las agrupaciones y los ciudadanos para atender con celeridad sus peticiones y permanecer en contacto con la realidad. Muchas de las iniciativas de ley o decretos del Ejecutivo Federal que presentamos a este Honorable Congreso, buscan la coordinación y la descentralización de las funciones públicas, haciendo colaborar a diversas dependencias en la atención de problemas vitales, a fin de eliminar atrasos innecesarios. Tal es el caso, por ejemplo de los ordenamientos ya citados, que crearon la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las Comisiones Nacionales de la Industria Azucarera y de las Zonas íridas y el Instituto Mexicano del Comercio Exterior. Las reformas a la Ley sobre el control por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, establecen los mecanismos necesarios para que esas entidades armonicen sus propagandas de operación y que contribuyan con mayores márgenes de rentabilidad, al fortalecimiento de las finanzas públicas. Por efecto de las nuevas disposiciones legales, la Secretaría del Patrimonio Nacional amplió su control sobre 10 organismos descentralizados, 107 empresas de participación estatal y 133 fideicomisos, además de los que tenía registrados al 1 de septiembre de 1970. El volumen de recursos económicos que el Estado eroga en obras públicas, adquisiciones, salarios y subsidios a diversas actividades, así como el que destina a la producción de bienes y servicios, son determinantes para el ritmo y la orientación de la actividad económica y constituyen el más poderoso instrumento de redistribución del ingreso entre los sectores sociales y las regiones del país. El Ejecutivo a mi cargo dispuso la creación de la Comisión Coordinadora y del Control del Gasto Público, a la que dio instrucciones para programar el financiamiento y la distribución de las erogaciones que realiza el Gobierno. También para que supervisara su ejercicio, buscando los mayores rendimientos y los menores desperdicios. Se ha iniciado un programa de consolidación de las adquisiciones gubernamentales que permite aprovechar el poder de compra del Estado para obtener los productos que necesita en mejores condiciones. En los renglones a que se ha aplicado, ha obtenido ahorros que oscilan entre el 7 y 20%. Con el propósito de fijar políticas a largo plazo se han integrado grupos de programación para estudiar los problemas referentes al desarrollo agropecuario, energéticos, transportes, infraestructura turísticas y obras que promuevan el progreso de las poblaciones que cuentan entre 500 y 2,500 habitantes. En concordancia con estas finalidades la Comisión de Estudios del Territorio Nacional realizó trabajos de aerofotogrametría en 280 mil kilómetros cuadrados, que abarcan el Valle de México, gran parte de las zonas áridas, la zona Huicot y la porción norte de Yucatán. Hemos dispuesto que cada una de las dependencias del Ejecutivo establezca unidades de programación encargadas de señalar objetivos precisos de trabajo y formular los planes concretos que permitan alcanzarlos. Su adecuada coordinación permitirá el establecimiento de un sistema de información económica y social que facilitará la toma de decisiones por parte de cada titular y del Gobierno en su conjunto, y proporcionará datos confiables a todos los sectores sociales. Para dar unidad y coherencia a estos esfuerzos acordamos crear, en cada dependencia, Comisiones Internas de Administración, apoyadas por unidades de organización y métodos a fin de que, mediante la participación de los responsables de los principales servicios, se estudien y propongan las reformas que sea necesario hacer en los organismos públicos y se establezcan sistemas comunes que propicien su mayor eficiencia. Con la colaboración de las instituciones educativas y aprovechando las oportunidades de becas e intercambios que se ofrecen en otros países, se ha puesto en marcha el programa de formación y actualización de personal técnico. Hemos instruido, además, a todas las dependencias para que mejoren los sistemas de selección, capacitación y estímulos de sus empleados. A fin de promover y armonizar este esfuerzo se creó el Centro Nacional de Capacitación Administrativa del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los trabajadores del Estado. La Reforma Administrativa es inseparable de la evolución general de la sociedad. El público que está en relación cotidiana con las oficinas del Gobierno o es beneficiario de sus actividades, tiene derecho a exigir atención oportuna y adecuada, pero también la obligación de contribuir, con su conducta, al sano funcionamiento de las instituciones. FINANZAS PUBLICAS La iniciación del presente Gobierno coincidía con la necesidad de modificar, en diversos aspectos, la orientación de una política financiera que mantuvo durante un decenio una alta tasa de crecimiento, paro acudiendo para ello a un elevado financiamiento externo en virtud de los bajos niveles de la recaudación fiscal. Se perfilaba, además, con toda claridad, desde el segundo semestre del año pasado, un conjunto de signos en la economía internacional que nos hacían prever hechos que ahora preocupan a la opinión mundial. El Ejecutivo a mi cargo hizo una cuidadosa valoración de los factores internos y externos. Con pleno conocimiento de causa optó por iniciar de inmediato el cumplimiento de su programa porque, de otro modo, las circunstancias adversas se hubieran acentuado pronto. La necesidad de importar maquinaria y equipo, aunada al incremento constante de los precios de los productos que compramos en el extranjero y a los gastos de turistas mexicanos, por una parte y, por la otra, a la escasa demanda externa propiciada por las incertidumbres de la economía internacional, acentuaban la deuda pública externa y el déficit de la cuenta corriente de nuestra transacciones con el exterior. Con el propósito de avanzar en la estructuración de un sistema fiscal más moderno, se revisó la Ley del Impuesto sobre la Renta manteniendo las tarifas generales en vigor pero corrigiendo diversas deficiencias en la base gravable. En el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, se creó una tasa adicional del 7% sobre el gasto en artículos de consumo no indispensables. Como se ha observado que, en detrimento de los intereses populares, algunos intermediarios han amplificado su repercusión sobre los precios; se propondrá a este Honorable Congreso un proyecto para aplicarla a un número específico de artículos y por mecanismos más sencillos, a nivel de producción y no de comercio. Se incrementaron las tasas del impuesto sobre producción de aguas envasadas y refrescos, y a iniciativa de varios señores diputados federales se elevaron, también, sobre la producción y consumo de cerveza y sobre el envasamiento de bebidas alcohólicas. Estas últimas se comparten con los gobiernos locales en un 50%. En el impuesto sobre tabacos labrados se reestructuró la tarifa, disminuyendo las tasas a los de consumo popular y aumentando las correspondientes a los de mayor precio. Hemos intensificado la lucha al contrabando que daña la producción y el empleo nacional, a la vez que propicia la corrupción y lesiona la moral social. Se ha emprendido, además, la modernización de los métodos recaudatorios por medio de diversas reformas a la administración fiscal y la multiplicación de las facilidades para el pago de impuestos. La industria azucarera hacía frente a pérdidas constantes. Los campesinos cañeros no estaban recibiendo ingresos remunerativos y corríamos el peligro de convertirnos en importadores de azúcar, a precios muy superiores a los actuales. Fueron suprimidos los subsidios a la industria y se ajustó a su nivel natural el precio del azúcar. Personalmente asumimos la responsabilidad del aumento del precio. Ello significó, de inmediato, una derrama de 700 millones de pesos en favor de los campesinos cañeros al concluir la zafra. Ocurría que los campesinos estaban subsidiando en su pobreza a los consumidores de azúcar y, frecuentemente, a malos administradores de ingenios. Acordamos, también, la creación de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera para reestructurarla sobre nuevas bases, a fin de que pueda abastecer normalmente el mercado interno y satisfacer nuestras cuotas de exportación. Para lograr niveles competitivos que permitan a los productores mexicanos acudir con éxito a nuevos mercados y ampliar los ya existentes, se establecieron estímulos adicionales a la venta de manufacturas, tanto en el exterior como en las zonas fronterizas del país. Dentro de las normas que rigen el comercio internacional, se puso en vigor un régimen de devolución de impuestos indirectos y del impuesto general de importación a los exportadores de productos manufacturados, cuyo monto varía de acuerdo a la proporción de insumos nacionales utilizados. Los Certificados de Devolución de Impuestos, son utilizables únicamente para el pago de impuestos federales y han propiciado ya la exportación de numerosas manufacturas. Con idéntico objeto se adapta, a las actuales condiciones de la industria, el régimen de las operaciones temporales, que autoriza la introducción de insumos extranjeros, si un mínimo de 40% del costo de las manufacturas es de origen nacional. La formulación del Presupuesto de Egresos para 1971, tanto para el gasto corriente como para inversión, se realizó de manera que los aumentos propuestos estuviesen ampliamente respaldados por el incremento de los ingresos ordinarios y por los financiamientos previstos. Sobre esta base, se programaron 79 mil 656 millones de pesos, cantidad superior en 10.3% a la del año anterior. Del total, 30 mil 763 millones corresponden al Gobierno Federal y 48 mil 893 a los organismos descentralizados y empresas públicas. El presupuesto de egresos aprobado busca favorecer principalmente renglones de vital importancia para el desarrollo económico y social del país. El programa de inversiones federales para 1971 asciende a 27 mil 923 millones de pesos, cantidad que será totalmente ejercida. Se ha superado la atonía ocurrida en los primeros meses del año que se explica, entre, otras razones, por la natural discontinuidad en los planes de inversión originada en la transición de un sexenio a otro. Las reformas y adiciones introducidas a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares y a la Ley Orgánica del Banco de México garantizan la firmeza de la banca y la seguridad de quienes confían a ellas sus recursos. Con el propósito de que el crédito alcance al mayor número de personas y de las que las instituciones operen en situación tal que la diversificación de su cartera se traduzca en una mayor garantía de los ahorradores, se autorizó a la Secretaría de Hacienda para que, mediante reglas generales determine el monto máximo de los créditos que las instituciones puedan otorgar a personas o grupos que, por sus nexos patrimoniales, puedan constituir riesgos comunes. Se facultó, igualmente, a dicha Secretaría para que establezca la proporción máxima de los financiamientos a conceder a las empresas controladas por extranjeros, con el objeto de que los recursos captados por la banca se destinen preferentemente al apoyo de empresas mexicanas. Por otra parte y para mantener en manos mexicanas las instituciones bancarias, se dispuso que se concedería discrecionalmente autorización a quienes pretendan adquirir el 25% o más del capital social de una institución de crédito. Se han efectuado modificaciones en el régimen de aplicación de recursos existentes en las sociedades financieras e hipotecarias para canalizar volúmenes crecientes hacia la vivienda popular, actividades agropecuarias, fomento a la exportación e inversiones en turismo. El crédito destinado a las actividades productivas aumentó en un 15.4%. De los recursos que captan las sociedades financieras se ha orientado al crédito agrícola el 10% del total, que sumados a los que causa la banca de depósito y a 107 millones de dólares obtenidos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, de los que somos miembros, permitirán financiar al sector rural a través del Banco Agropecuario y de la banca privada con 4 mil 500 millones de pesos durante los próximos tres años en créditos refaccionarios con asistencia técnica y orientados a la productividad. Se han aumentado paulatinamente los recursos crediticios al agricultor a través del Banco Nacional de Crédito Ejidal y del Banco Nacional de Crédito Agrícola, lo que permitirá ampliar su financiamiento a nuevas zonas de cultivo. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Una política de exportaciones de mayor iniciativa ha comenzado. A través del aumento de nuestras ventas al exterior podremos financiar el progreso de la economía nacional. Necesitamos, para ello canalizar recursos hacia la producción de bienes exportables en mucho mayor cuantía que ahora y concentrarlos de preferencia en renglones que impliquen mayor grado de elaboración y en los que seamos más eficientes que otros países. El Honorable Congreso de la Unión aprobó la creación del Instituto Mexicano de Comercio Exterior para coordinar los esfuerzos de los sectores públicos y privados en la promoción de nuestros intercambios, elaborar programas de producción diseñados para la venta en el extranjero y racionalizar las importaciones, tanto del gobierno como de los particulares. Crece una conciencia exportadora entre los trabajadores y empresarios, los campesinos, los ganaderos y los artesanos, y en la opinión pública en general. Merced a la coordinación de esfuerzos y los estímulos otorgados, constatamos con satisfacción que después de poco más de medio año de trabajo se ha iniciado con firmeza la recuperación de nuestras exportaciones. Es igualmente alentador el hecho de que los artículos manufacturados y semi-manufacturados representan ya más de un tercio del total de nuestras ventas al exterior. La acción común de los países en vía de desarrollo frente a las potencias industriales fortalece nuestra posición comercial. Participamos en los trabajos de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana para negociar, conjuntamente, asuntos de interés general. Nuestras exportaciones a los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio alcanzaron un monto de 1,275 millones de pesos, lo que representa un incremento de 16.2%. Confiamos que en el futuro inmediato el intercambio en ambos sentidos se vea fortalecido por los acuerdos de complementación industrial suscritos este año y por nuestras labores de promoción. Frente a los problemas que hacía tiempo venían afectando la balanza de pagos y la economía general de los Estados Unidos, el 16 de agosto último, su gobierno decidió adoptar un conjunto de medidas, algunas de carácter estrictamente interno, encaminadas a reanimar la actividad económica y otras que se relacionan con el sistema monetario y el comercio internacional. Aun cuando algunas de esas medidas que favorecen la expansión económica norteamericana podrían aumentar la venta de nuestro productos hacia aquel país, es evidente que el impuesto adicional del 10%, del que no se ha querido exceptuar a ningún país, a pesar de las gestiones realizadas; afecta, mientras esté en vigor, las exportaciones de varios productos mexicanos, principalmente manufacturas. Confirmamos la necesidad de diversificar nuestro comercio exterior y de fortalecer nuestra independencia económica. Dando un paso más en ese sentido saldrán, en breves días, misiones comerciales a Europa y Asia. México espera que, tomando en cuenta las lecciones del pasado, la situación por la que atraviesa la economía mundial no dé lugar a una carrera de medidas aún más proteccionistas entre las grandes naciones industrializadas, de la que podrían resultar serios perjuicios para los países más débiles y haría fracasar decenios de esfuerzos a favor de la cooperación económica internacional. El turismo es generador muy importante de divisas: junto con las transacciones fronterizas superó en casi 10% el valor total de nuestra exportación de mercancías. Ello explica la decisión de reforzar una infraestructura sobre la cual se construyan nuevos centros de población planificados, que permitan atender a un mayor número de turistas y crear nuevas fuentes de empleo para los habitantes de regiones poco favorecidas, como la Península de Yucatán y nuevas zonas en las costas de Guerrero y de Nayarit. Con el mismo propósito se ha procurado diversificar el origen de las divisas que aportan al país los viajeros que nos visitan, para lo cual se ha puesto en marcha una amplia campaña de promoción en el extranjero. El Departamento de Turismo y el Consejo Nacional de Turismo, en la presente coyuntura internacional, incrementa su acción promotora. El efecto combinado de cierta mejoría observada en la balanza de mercancías y servicios con préstamos de desarrollo económico a largo plazo, sumados a ingresos y repatriaciones de capital a corto plazo, produjeron un superávit en la balanza de pagos total que se refleja en aumentos en la reserva de oro, plata y divisas del Banco de México, superiores a la tendencia observada en los últimos años. Esta reserva ha llegado, el día de ayer, a 1,010 millones de dólares. Dicha cifra representa un aumento de 248 millones respecto a la reserva de la misma fecha del año próximo pasado. Además en virtud de convenios celebrados dentro del campo de la cooperación financiera internacional, nuestro país puede disponer de una reserva secundaria que no ha sido tocada, de 600 millones de dólares. Esta reserva secundaria se integra por 370 millones de los derechos normales de giro en el Fondo Monetario Internacional, 130 millones del Convenio de Apoyo Monetario Recíproco con el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América y 100 millones del Convenio de Estabilización con la Tesorería de ese mismo país. Por consiguiente, las reservas primarias y secundarias de apoyo al peso mexicano ascienden en la actualidad a 1,610 millones de dólares. Esta sólida posición nos permite hacer frente a los acontecimientos económicos mundiales, cuya evolución se había vislumbrado desde fines de 1970. Así, podemos reiterar que el tipo de cambio del peso y su libre convertibilidad están asegurados. El crecimiento sostenido de varias décadas, el creciente ahorro e inversión nacional y la consiguiente mejor integración de nuestro sistema productivo y la firme unidad nacional, nos dan la fortaleza suficiente para afrontar con sereno optimismo el efecto, en México, de los problemas económicos del mundo. Sin embargo, nos mentiríamos si habláramos de desarrollo y siguiéramos pensando en términos de mero crecimiento. La economía crece cuando aumenta el volumen físico de la riqueza producida. Hay desarrollo cuando esos bienes son fruto de una mejor utilización de los recursos materiales y humanos y se distribuyen, equitativamente, entre aquellos que los generan. El crecimiento económico no es más que una expresión numérica. Registra la cantidad de bienes y servicios que un país genera. No prejuzga cómo se crean ni a quiénes benefician, ni siquiera si es al extranjero, como ocurre con países coloniales, o sometidos a metrópolis económicas, que registran, a menudo, altas tasas de expansión. El desarrollo es, en cambio, al mismo tiempo, un fenómeno cuantitativo y cualitativo. Significa que los habitantes de un país viven mejor, que su trabajo es más productivo y que son, auténticamente, dueños de su destino. El verdadero patrimonio de México consiste en la capacidad de estudio, de trabajo, de imaginación y de inversión de nuestro pueblo, en su voluntad de sobreponerse a las adversidades de la geografía y de la historia; en su decisión de progresar y preservar la soberanía nacional. Nos espera un camino de reformas convenientes para todos los sectores. Necesitamos reflexión y prudencia, pero también firmeza en el rumbo para que no se comprometa el progreso ni se afecte la unidad que México va conquistando. POLITICA EXTERIOR En el mundo de nuestros días, donde se han acortado las distancias e incrementado las relaciones culturales, tecnológicas y comerciales, la política exterior adquiere nuevas dimensiones. Los mecanismos tradicionales de acción son reforzados por actitudes más ágiles, fundadas en la solidaridad entre naciones con intereses semejantes y en la búsqueda de instrumentos más efectivos de cooperación. Dentro de este contexto, los principios que han normado permanentemente la conducta de México en el ámbito internacional se mantienen invariables: igualdad jurídica entre los Estados, no intervención y autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias y cooperación entre los miembros de la comunidad de naciones. Nuestra política exterior se mantiene autónoma y vigilante. Sus postulados se robustecen a pesar del cambiante escenario internacional en el que aparecen nuevas constelaciones de problemas. No alentamos animadversiones sistemáticas, pero tampoco ingenuas confianzas. Sabemos que hoy como ayer nuestra relación con el mundo externo es un permanente desafío. Nada nos haría más vulnerables que nuestras debilidades o divisiones internas. El impulso sostenido al progreso económico, político y cultural, es la mejor vía para consolidar nuestra independencia. Exigimos respeto para el camino que hemos elegido, de igual manera que respetamos los sistemas de vida de todos los pueblos de la tierra. En el campo de la economía internacional se libran hoy batallas decisivas para el progreso. La política exterior ha de volverse más activa frente a la variedad e intensidad de las relaciones entre los países. Nuestra diplomacia fortalece su participación en los asuntos económicos y coadyuva, más ampliamente, a la difusión de nuestra cultura. Se ha iniciado una reforma en la organización y procedimientos de nuestro servicio exterior. Fueron designados nuevos embajadores y cónsules para integrar un cuerpo representativo de lo que el país piensa y necesita en esta fase de su existencia. Fijar propósitos más ambiciosos implica contraer mayores responsabilidades, por lo que hemos procedido a mejorar los instrumentos de que disponen nuestros representantes en el extranjero para el adecuado ejercicio de sus funciones. Hemos decidido efectuar una serie de reuniones entre altos funcionarios federales y los embajadores mexicanos acreditados en distintas regiones del mundo. Una primera experiencia fructífera tuvo lugar en la Guaira, Venezuela, en la que fueron analizados diversos aspectos de nuestros vínculos con las naciones latinoamericanas. Nuestras relaciones con los Estados Unidos de América se han desenvuelto en un tono de cordialidad, que deseamos se mantenga mediante un recíproco trato equitativo y respetuoso. No nos ocultamos las dificultades que derivan de los muy diferentes estadios económicos de nuestros respectivos países; pero, como en el pasado, aspiramos a preservar nuestra soberanía política y acrecentar nuestra personalidad cultural, por encima de cualquier logro o progreso material. En el mes de septiembre de 1970, el ciudadano Presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, celebró una entrevista con el Presidente de los Estados Unidos de América, en la ciudad de San Diego, California. La solemne ocasión permitió confirmar los acuerdos de Puerto Vallarta, relativos a diversas cuestiones fronterizas, celebrados poco antes. En el mes de noviembre se suscribió un tratado con el vecino país para formalizar los acuerdos citados. En el propio mes, en mi carácter de Presidente electo, recibí una invitación del primer mandatario norteamericano para visitar la ciudad de Washington. El viaje permitió renovar la amistad existente entre los dos pueblos y ha contribuido a mantener la continuidad de las buenas relaciones entre nuestros gobiernos. El problema de la salinidad de las aguas que los Estados Unidos de América entregan a México en la presa internacional Morelos, construida sobre el tramo limítrofe del Río Colorado, ha sido atendido preferentemente por la actual Administración, por considerarlo el más importante entre los asuntos fronterizos. Consciente de que el arreglo temporal de este asunto, consignado en el Acta 218, había sido prorrogado por un año, casi al final de la Administración anterior, el Poder Ejecutivo, desde la iniciación de su ejercicio, tuvo el cuidado de continuar las negociaciones, todavía en marcha, para convenir con los Estados Unidos un acuerdo formal que sustituya el Acta 218. En estas negociaciones, que es de esperar se terminen en plazo razonable, el Gobierno ha perseguido dos principales objetivos: la mejoría que técnicamente sea posible obtener en la calidad de las aguas del Río Colorado que se entregan a México en bien de los agricultores de la región y establecer el procedimiento jurídico mediante el cual, basándose en la recta interpretación que debe darse al Tratado de Aguas de 1944 y en las normas del derecho internacional aplicables al caso, se logre, de una vez por todas, alcanzar la solución definitiva del problema. Desde hace varias décadas prevalece el fenómeno socioeconómico del éxodo de trabajadores mexicanos hacia el vecino país del norte. Esta emigración temporal se hace en forma considerable, a pesar de los esfuerzos realizados para orientar a los interesados sobre los inconvenientes y perjuicio a que se exponen, debido a la inexistencia de un acuerdo que facilite su regulación y, en su caso, permita el más completo ejercicio de las funciones de protección que puedan encontrarse. Las acciones y políticas nacionales han resultado insuficientes en América Latina para contrarrestar la brecha que hace tiempo nos separa de países y de comunidades multinacionales en etapas de mayor evolución. Se precisa trascender nocivos aislacionismos para alcanzar un mejor entendimiento regional que otorgue a nuestros países la productividad y la capacidad de negociación necesarias para colocar nuestros productos en el mercado externo, sobre bases más equitativas. Conscientes de que los encuentros a nivel de Jefes de Estado contribuyen a precisar problemas y concretar soluciones, sostuvimos entrevistas con los señores Presidentes de Guatemala, de Costa Rica y de Nicaragua. Estos encuentros estuvieron despojados de protocolos superfluos a fin de que las conversaciones se realizaran en un clima de mayor franqueza. En los respectivos comunicados conjuntos se anunció el mutuo deseo de fomentar al máximo las relaciones culturales y de promover todos aquellos elementos que alienten y faciliten un rápido progreso económico de nuestros países. Hemos invitado a los señores Presidentes de Honduras y El Salvador y al señor Presidente de la Junta de Gobierno de Panamá para que visiten nuestro país. Desde distintos enfoques y perspectivas y bajo circunstancias y experiencias históricas específicas, todos los gobiernos de la región buscamos elevar el nivel de vida de nuestros pueblos. Ninguna de las difíciles circunstancias por las que atraviesen los pueblos hermanos del continente no es ajena. Una misión especial, encabezada por mi esposa, se trasladó a la República de Chile, parte de cuyo territorio fue recientemente víctima de una catástrofe natural, comunicó al pueblo y al gobierno la solidaridad de los mexicanos y entregó un testimonio de amistad de México, en momentos en que sobre ese país se abatían grandes vicisitudes. Los pueblos latinoamericanos son capaces de ofrecer a la humanidad un destacado ejemplo en el terreno de la cooperación y demostrar que, al margen de consideraciones económicas y de peculiaridades en la organización política, pueden llevar adelante una firme y fecunda colaboración. Nuestro país nunca ha pretendido realizar intervenciones de ninguna índole en otros Estados. Por la misma razón, se halla en legítimo derecho de exigir reciprocidad. Cumpliendo con los preceptos de la legislación nacional y con apego absoluto a los procedimientos internacionales, en marzo último el Gobierno dio por terminada la permanencia en el país de cinco diplomáticos extranjeros. En el curso del presente año diversos órganos del Sistema Interamericano celebraron reuniones y asambleas. Las respectivas delegaciones que nos representaron sostuvieron con toda claridad y firmeza tesis fundamentales de México. Expresaron la necesidad de utilizar los procedimientos de la negociación para la solución de conflictos y diferencias; no lesionar el derecho de asilo y actuar siempre en la esfera de la jurisdicción nacional; no distraer, en fin, los recursos disponibles en la adquisición de armamentos y destinarlos, por el contrario, a la elevación del nivel de vida de nuestros pueblos. Tenemos clara conciencia de la vinculación existente entre el desarme y las cuestiones relativas a la cooperación económica. Por ello, en el Comité de Desarme, procuramos que se protejan en la forma más amplia posible, los intereses de los pequeños y medianos Estados, aun cuando las medidas propuestas no siempre satisfagan por completo los de las grandes potencias. En los foros donde se ha discutido el régimen de explotación de los vastos recursos que yacen en los fondos marítimos y oceánicos, confirmamos nuestro legítimo deseo de que no llegue a significar una nueva forma de colonialismo. Los beneficios económicos que resulten de los mecanismos que eventualmente lleguen a establecerse deben ser distribuidos, por igual, entre todos los Estados, grandes y pequeños, desarrollados y en vías de desarrollo. Al término de estos primeros meses de mi gestión presidencial tengo la satisfacción de informar al honorable Congreso de la Unión que hemos afirmado nuestra soberanía, actuado con independencia y defendido causas justas. Hemos cumplido nuestros compromisos internacionales y estamos convencidos de haber hecho honor a la tradición mexicana y renovado el profundo espíritu de confraternidad que anima a nuestro pueblo. MENSAJE Honorable Congreso de la Unión: Este mes de septiembre cumple México 150 años de vida independiente. Joven es la nación, pero antiguos sus orígenes y prolongada la batalla de nuestro pueblo por alcanzar la libertad y la justicia. A través de los años México ha mantenido su identidad nacional y consolidado, paso a paso, su autonomía política y económica. Ha defendido, al mismo tiempo, su pasado y su futuro y ha encontrado el camino para superar los desafíos que cada época le impuso. Cada generación ha dado su propia respuesta a los problemas que plantea la edificación de un país y ha sabido aprovechar la experiencia de las anteriores. Un sentido unitario preside nuestra evolución histórica. En el conocimiento de incontables luchas encontraremos siempre inspiración para seguir avanzando. Muchos de los obstáculos que hoy se oponen al progreso hunden sus raíces en la historia. Entenderlo, nos permitirá apreciar cabalmente el contraste entre un pretérito reciente de servidumbre y un presente genuino de dignidad. La primera de nuestras revoluciones sociales nos procura la independencia política. La insurgencia fue un movimiento auténticamente popular. Los hombres que la emprendieron querían fundar nuestra soberanía en principios de igualdad. Su herencia ideológica orienta todavía el camino de la patria. En 1824 esbozamos el carácter republicano de nuestras instituciones. Se empeñaron los iniciadores del liberalismo por dar forma a la libertad y tocó a los hombres de la Reforma consolidarla. El pueblo conquistó entonces, nuevamente, el derecho a decidir su propio destino y exaltó la majestad de la Ley como expresión de la voluntad general. A casi cien años de la muerte de Juárez la nación recuerda aquella empresa tenaz y fecunda que confirmó su soberanía frente a poderes internos y externos. Hoy, el Estado mexicano continúa apoyándose, firmemente, en los principios que el Benemérito llevara al triunfo. Bajo su dirección el país mantuvo incólume su independencia e integridad territorial, y dio una lección universal, todavía vigente, de respeto a los derechos del hombre y de las naciones. Juárez es símbolo de la auténtica unidad nacional. En la legitimidad de su investidura defendió los principios de la República; mostró, a todos, la única vía posible del patriotismo y fue, siempre, leal a su origen popular. Conmemorar el centenario de su muerte es evocar los valores que defendió en vida, reflexionar colectivamente sobre sus luchas y extraer de ellas el vigor necesario para continuar perfeccionando las instituciones y acrecentando nuestra autonomía. El Ejecutivo a mi cargo enviará una iniciativa de Decreto que norme la Conmemoración Nacional del Centenario del fallecimiento del Presidente Benito Juárez. Si el honorable Poder Legislativo así lo aprueba, estos actos abarcarán del primero de enero al 31 de diciembre de 1972 y habrá de declararse ese período "Año de Juárez." La Revolución de 1910 prolonga y compendia nuestros movimientos emancipadores: es defensa de la soberanía y rescate de los recursos naturales, lucha por la democracia y por la justicia social, por la posesión de la tierra y por la dignidad de los trabajadores. Su programa, el de todos los mexicanos, está inscrito en la Constitución de la República. Queremos fortalecer el contenido de las instituciones que nos han sido confiadas y convertirlas en instrumentos más ágiles para transformar la realidad. Nuestro régimen político ha mantenido y acrecentado la adhesión solidaria de las mayorías; sus actos han sido respaldados por el apoyo reiterado de los ciudadanos. Décadas de esfuerzos y de logros unen al pueblo y al gobierno. Sin embargo, la consecución de nuestros ideales depende de nuestra capacidad para renovar, en todos los aspectos, la sociedad en que vivimos. Sólo así seremos dignos de nuestra tradición revolucionaria. Durante estos primeros meses de trabajo hemos tratado de avanzar tan lejos y tan de prisa como nos lo ordenó la voluntad nacional. Nuestro empeño primordial ha sido encontrar las fórmulas que permitan al país renovar, en lo político y en lo económico, los fundamentos de su democracia. Garantizar y promover el ejercicio de todas las libertades, como método para afirmar la concordia y abrir cauces más ágiles y justos a la vida colectiva. El país enfrenta una etapa decisiva de su evolución. Confiamos en seguir progresando merced a la intensificación del esfuerzo social y al respeto irrestricto del orden jurídico. Dentro de la ley habremos de ser más independientes en lo externo y más equitativos en lo interno. Esta es obra de todos y ha de ser realizada por todos. En ningún momento prometimos lo que no podríamos alcanzar en el transcurso de seis años, y menos aún que el gobierno habría, por sí sólo, de realizar lo que debe ser fruto de la obra común. He de repetirlo: creemos que gobernar es alentar, armonizar y regular la actividad nacional en la solución de nuestros problemas. Nadie debe quedar exceptuado en la responsabilidad de ser coautor de nuestro proceso histórico. Promover la democracia es impulsar el desarrollo. Consideramos urgente demoler los hábitos de conformismo y las rutinas que frenan la movilidad económica y social. Pensamos que más rápido y perdurable será nuestro avance mientras mayor conciencia tengan los ciudadanos de la tarea que nos aguarda. Durante todos los días de mi gestión, en la capital y en la provincia, he mantenido contacto con mis compatriotas y con los grupos representativos de la sociedad. No he rehuido, en ningún momento, escuchar sus puntos de vista, y he tratado de hablarles, permanentemente, con la verdad. Hemos evitado que los estratos social y económicamente débiles se encuentren en desventaja frente a la autoridad, y lo hemos tenido siempre presentes en nuestras decisiones. Hemos probado en varios casos, y lo seguiremos haciendo a lo largo de nuestro período, que la confrontación abierta de las posiciones, cuando éstas son legítimas, es la mejor vía para resolver los conflictos y las tensiones sociales. El diálogo no es un estilo circunstancial de gobierno. Debe ser la forma permanente de conducir las relaciones entre el pueblo y la autoridad. Conocer y escuchar las demandas y opiniones, tanto las de nuestros partidarios como las de nuestros impugnadores, no es sino cumplir el mandato de la Constitución. Pensamos que la democracia es un conjunto de formas de conducta que se originan en la libertad de la conciencia pública. No es señal de civismo ni de lealtad política ocultar las fallas y disimular las carencias insatisfechas. Preferimos una visión descarnada del país, a la falsificación de la propaganda. Los mexicanos viven con toda intensidad los problemas que afrontamos. Disfrazarlos, sólo conduciría a alejarnos del pueblo. Hay quienes se inquietan por la franqueza que preside las relaciones entre los ciudadanos y el gobierno. Otros piensan que el diálogo a nada conduce y sólo malgasta el tiempo. Algunos más quisieran ver al Ejecutivo aislado en una falsa solemnidad. Quiero recordar que la vida democrática es participación cotidiana en los asuntos públicos. No interrumpiremos el contacto con el pueblo mientras dure nuestro gobierno, y gracias a su estímulo habrán de cumplirse nuestros programas. No falta tampoco quienes pretenden valerse de la actitud crítica que hemos fomentado para favorecer sus propios designios o para negar la enorme obra ejecutada por el régimen de la Revolución. Deben saber que nuestro sistema político tiene la experiencia y la solidez suficiente para revisar sus métodos sin alterar sus principios, para corregir sus desviaciones y acelerar la marcha hacia las metas que se propuso. Deseamos que los objetivos perdurables del país continúen orientando la obra de las nuevas generaciones. A ellas corresponde un papel decisivo en esta hora. El país necesita todo el caudal de sus ideas y de sus energías. Son depositarios de un patrimonio histórico que no puede ser negado y que no debe ser dilapidado. Nos encontramos en el centro de un proceso de cambio. El destino de México, el de todos nosotros y el de nuestros hijos, está confiado a nuestra capacidad para adelantarnos al futuro. Los niños que hoy asisten a las escuelas primarias serán adultos cuando se inicie el próximo siglo. Habrá, entonces, una sociedad distinta conforme a la estructura que hoy edifiquemos. Durante estos años definiremos con nuestros actos el modelo de nación que queremos ser. La tarea a realizar es de incalculables consecuencias. Exige serenidad y audacia, constancia y decisión patriótica. Los problemas a que debemos enfrentarnos, cada día, son graves y numerosos. Debemos fortalecer la democracia política, reformar los sistemas educativos, impulsar la ciencia y la tecnología, mejorar la distribución del ingreso, humanizar la vida en los centros urbanos y en las regiones más apartadas, integrar los territorios marginados, modernizar las actividades agropecuarias, aprovechar óptimamente los recursos naturales, continuar mexicanizando la economía, descentralizar la industria y hacerla más eficaz, aumentar la productividad general, hacer más ágil la Administración Pública, incrementar el ahorro nacional y la inversión productiva, impulsar el comercio exterior, afirmar los valores de nuestra cultura y defender, siempre, los intereses de la nación. En esta obra no podemos dejarnos arrastrar por un pesimismo estéril. Disponemos de las instituciones y de la energía suficiente, si la comunidad nacional se mantiene unida en el propósito y en la conducta, para triunfar en nuestro empeño. Por eso hemos robustecido el entendimiento entre los mexicanos, nos hemos apartado de todo sectarismo e intentado reunir nuestras energías creadoras. En este Primer Informe de Gobierno invito nuevamente a mis compatriotas para continuar avanzando unidos, al amparo de la Constitución, hacia arriba, al encuentro de nuestras metas y hacia adelante, en la continuidad de un esfuerzo que apenas hemos iniciado. ANEXOS NOTA INTRODUCTORA Con el propósito de ampliar la información relativa a las inversiones del Sector Público Federal, se presentan los siguientes anexos: 1. Inversión Pública Federal 1970-1971. El primero de los cuadros estadísticos resume la Inversión Pública Federal realizada durante 1970 y las inversiones programadas para 1971 por principales rubros. El segundo presenta la distribución de las inversiones realizadas en 1970 y las programadas para 1971 por Entidades Federativas. El tercero, contiene el desglose de las inversiones realizadas durante 1970 en cada una de las Entidades Federativas del país, según rubros de gasto. En el cuarto, figura la información relativa a la inversión programada para 1971 por Entidades Federativas indicando su distribución por principales conceptos. 2. Principales obras terminadas y en proceso, 1 de septiembre de 1970 - 31 de agosto de 1971. Comprende el detalle de las obras terminadas y las que se encuentran en proceso, agrupadas en 5 apartados: Industrial, Bienestar Social, Transportes y Comunicaciones, Fomento Agropecuario y Pesquero y Equipos e Instalaciones para Administración y Defensa. Este último anexo se refiere exclusivamente a la inversión realizada en el periodo antes indicado. Asimismo, por tratarse de una selección de obras, no se presentan sumas totales ni parciales. Contestación del Dip. Luis H. Ducoing, Presidente del Congreso. Ciudadano Presidente de la República: La comparecencia de usted ante este Congreso es la muestra más señalada del profundo sentido republicano que norma la vida política de nuestra Nación. El acto de hoy ha estado precedido durante estos meses de su gobierno por una labor continua de información desde la tribuna permanente que usted ha erigido, no sólo en la residencia de los Poderes, sino en todos los lugares a donde ha llegado en sus giras de trabajo. Por eso el primer Informe de Gobierno que hoy hemos escuchado, atenta y reflexivamente, es un capítulo más en el diálogo ininterrumpido del Presidente de la República con su pueblo. Su contenido es un reflejo veraz del renovado impulso democrático que hoy se vive en todos los ámbitos del quehacer nacional. No basta desear la democracia para obtenerla ni derribar los obstáculos interpuestos en el camino para conseguirla; se requiere practicarla y afinar continuamente los mecanismos que permitan su funcionamiento. Con el advenimiento de generaciones nuevas, que participan en el proceso de renovación de nuestras instituciones, continúa siendo objetivo principal de la Revolución Mexicana elevar el nivel de vida de las capas mayoritarias del pueblo para alcanzar la democracia económica. La Representación Nacional juzga sumamente adecuada, ciudadano Presidente, la estrategia que usted ha diseñado para enfrentar las condiciones actuales de nuestro desarrollo. Ha procurado preservar la salud económica de la República previendo con toda oportunidad los acontecimientos que se dieron en el sistema monetario internacional, adoptando medidas oportunas y firmes para buscar nuevos equilibrios en los delicados instrumentos que inciden en nuestro desarrollo económico global; fue lo primero, frenar un alza de precios que amenazaba con afectar a todos los mexicanos, propósito que se obtuvo y que constituye base determinante para continuar en el futuro, con la decisión que el caso exige, una política nítida de redistribución más justa del ingreso nacional. En las condiciones actuales del intercambio mundial, ni somos autárquicos ni aspiramos a serlo; no es la estructura económica nacional insensible a los cambios que se producen en los mercados internacionales, y por esta razón la táctica de nuestro desarrollo tiene que atender a estos fenómenos. Es evidente que el Gobierno de la República ha reaccionado con diligencia y acierto frente a los acontecimientos que alteran nuestra relación de intercambio con el exterior y, consecuentemente, las condiciones del desarrollo económico interno y los niveles de vida de las grandes masas. La comparecencia de los Secretarios de Estado al recinto legislativo, solicitadas por el Congreso y autorizadas por usted, ciudadano Presidente, ha contribuido a perfeccionar el procedimiento de elaboración de las leyes y propiciado el libre y respetuoso intercambio de ideas y propósitos. Si bien en su Primer Informe están señalados con toda objetividad los lineamientos esenciales de la acción de gobierno, esta Representación Popular, con objeto de ilustrar en detalle su criterio respecto a las actividades administrativas de la Federación, espera que los CC. Secretarios de Estado, como lo indica la Constitución y lo requiere nuestro régimen de colaboración de poderes, remitan a este Honorable Congreso de la Unión la memoria anual de labores de las dependencias a su cargo, tal como usted se ha servido ordenarlo. Con esta información, el Poder Legislativo se compenetrará con mayor exactitud de la magna labor impulsada por su gobierno y del escrupuloso manejo de los recursos que el pueblo ha confiado a su custodia. Las iniciativas de Ley que en los períodos ordinario y extraordinario de sesiones nos fueron remitidas por usted, ciudadano Presidente, las hemos entendido y valorado como actividades iniciales indispensables para la estructuración de programas de desarrollo, coordinación y descentralización de las funciones públicas y de los sistemas organizativos que impulsan, nuestro progreso. En sus proposiciones legislativas se perfila la imagen de un país que quiere alcanzar aceleradamente la justicia social dentro de un marco de libertad y orden constitucional. La Ley Federal de Reforma Agraria es el instrumento jurídico que con mayor claridad muestra todos esos propósitos. En la consumación del proceso agrario que la Ley contempla vemos la justicia que la inspira; en la protección que brinda al sistema ejidal está el futuro natural de la Revolución; y en la parte de su articulado donde se fincan las directrices organizativas de la producción advertimos el celoso afán de lograr el bienestar campesino. Su gobierno ha generado optimismo y seguridad en el campo, y propiciado vigorosamente la entrega efectiva de más de dos millones de hectáreas, logrando reivindicaciones de gran trascendencia, como en el caso de Bosques de Chihuahua y los predios fronterizos de Coahuila. Consecuentemente con esa política, el ajuste del precio del azúcar permitió a los ejidatarios cañeros percibir ingresos mejores y estimular la producción combatiendo un sistema viciado que hacía más pobres a los campesinos y más ricos a los administradores y a los intermediarios. Al asumir usted la máxima responsabilidad pública adquirió ante la Nación el compromiso de no descansar un solo día del sexenio en la tarea de servir a los campesinos y hacer progresar el medio rural. A esta Representación Popular y al país entero le consta que ha cumplido fielmente su palabra. El Gobierno de la República ha consumado la mexicanización de nuestra actividad minera. De instrumento de sujeción colonial en una época, la minería servirá ahora cabalmente a nuestros propósitos de liberación nacional. Hace sólo unos días, la importante empresa de Cananea, cuyas reservas de cobre son de gran magnitud, pasó al predominio del capital mexicano. Acertada y trascendental medida, que, al afirmar la independencia económica, rinde homenaje a los Precursores de nuestra Revolución Social. El programa de crecimiento industrial se asegura por la ejecución de los importantes proyectos de explotación de los yacimientos de hierro de Las Truchas, en Michoacán, y de Peña Colorada, en Colima. Las plantas industriales permitirán impulsar vastas zonas de gran potencialidad económica, abrir fuentes de trabajo y propiciar un desarrollo integral de grandes alcances. Los nombres de Lázaro Cárdenas y de Benito Juárez estarán ligados a estos dos magnos proyectos, como justo reconocimiento a esos mexicanos que, en su momento histórico, defendieron con firmeza y patriotismo el derecho de nuestro pueblo a decidir soberanamente sus destinos. Apenas iniciado su régimen puso en marcha la Comisión Nacional de las Zonas íridas y el Plan Huicot, con lo que principió una vigorosa acción para rescatar regiones tan extensas del territorio nacional de la precaria vida económica que llevaban. En estos y en otros programas el Ejército Nacional ha colaborado activamente. Su espíritu de servicio y su permanente participación en obras de beneficio colectivo merecen nuestro reconocimiento. El pueblo, por conducto de esta Representación Nacional, ratifica su confianza en las fuerzas armadas como factor de progreso cívico, de seguridad y de armonía social. Con el establecimiento de la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el país dio un buen paso para estimular el crecimiento de su aparato productivo y asegurar el desarrollo autónomo de su vida económica. El incremento de la población ha dado origen a nuevos y complejos problemas que debemos encarar preparando en mejor forma nuestros recursos humanos. Con audacia e imaginación ha iniciado usted una profunda reforma educativa. En la perspectiva de los hechos pasados se puede percibir claramente cómo nuestro pueblo ha venido avanzando en la posesión de su libertad en tanto ha tenido mejor educación. Ha sido preocupación constante de su gobierno el que nuestro sistema educativo sea mejor en extensión y contenido, y cuando, como ahora, lo que debe aprenderse es mucho y aumenta con celeridad, debe elevarse consistentemente la eficiencia de la enseñanza para que la conciencia madure y siga el ritmo de los tiempos. La educación en todos los niveles se ha visto favorecida al disponer usted el aumento de subsidios a las Universidades y prestaciones a los maestros, la construcción de aulas y centros tecnológicos y por su trato permanente y abierto con la juventud estudiosa Aspecto esencial de su gestión gubernativa es la acción encaminada a dar mayor participación a los sectores laborales en el producto nacional, a expandir la seguridad social, prevenir la contaminación ambiental, regular el uso de los recursos hidráulicos, modernizar las actividades agropecuarias, aprovechar racionalmente nuestros bosques, explotar la riqueza marítima, impulsar las comunicaciones, reglamentar el mercado interno e incrementar el comercio exterior y mantener el equilibrio en las relaciones obrero-patronales. Los órganos correspondientes de la administración han implementado modernos instrumentos destinados a estimular la activa participación ciudadana en la solución de las carencias de alimentación adecuada, vivienda decorosa y obtención de servicios de salud para las clases populares. La Reforma Administrativa, que usted ha iniciado, permitirá no sólo perfeccionar los mecanismos del poder público y agilizar los trámites y gestiones gubernamentales, sino que evitará el desperdicio de recursos tanto humanos como económicos, y será factor eficaz de desarrollo. La política de energéticos ha sido consecuente con nuestra gran tradición revolucionaria de utilizar los recursos básicos para fortalecer la emancipación nacional. La industria del petróleo, a la que se ha sumado con rápido crecimiento la petroquímica, ha fortalecido su capacidad y continúa siendo columna vertebral de nuestra estructura económica. El programa de electrificación del país prosigue con todo vigor y es un capítulo esencial de la política de impulso a las comunidades rurales, descentralización industrial y desarrollo regional. Del informe que usted nos ha presentado resalta su propósito de humanizar la ciudad capital. Los esfuerzos que se han hecho para regular su crecimiento son considerables, pero tendrán que ser cada día mayores. Debemos rehacer el viejo concepto de que la urbe es marco para la vida y que en ella lo principal es, justamente, el ser humano. Si la unidad familiar se preserva y los servicios concurren preferentemente a las colonias proletarias estaremos en el camino de esa humanización. El régimen de legalidad que impera en el país explica nuestra estabilidad política, la que es condición esencial para impulsar el desarrollo. Pueblo y Gobierno, unidos por origen e identidad de fines, mantenemos un clima de dinámica paz interior, de armonía y concordia nacionales. Ello nos ha permitido progresar, con respecto a la dignidad esencial del individuo, e ir edificando una sociedad con mayor bienestar para todos. En momentos en que nuestra sociedad despliega una intensa actividad, bajo la certera conducción presidencial, para superar los viejos y nuevos obstáculos que frenan todavía su avance, resalta la absurda postura de grupos minoritarios, carentes del más elemental sentido de nuestra realidad e inspirados en intereses extraños que ingenuamente pretendieron alterar la normalidad de trabajo que priva en la República. Esta Representación Popular condena cualquier interferencia externa que pretenda desviar, bajo cualquier pretexto, la senda trazada en ejercicio de su autonomía por los mexicanos y expresa a usted su apoyo solidario por las medidas adoptadas en defensa de la soberanía y del orden constitucional. Nos complacen las relaciones sin protocolo que usted ha entablado con otros Jefes de Estado reafirmando siempre los principios de nuestra política exterior. En ellas vemos el instrumento más ágil para significar la cercanía y cooperación económica que nos unen con otros países. La solidaridad humana, que ha sido característica de la Nación, fue bien expresada en momentos difíciles al pueblo chileno, en nombre de todos lo mexicanos, por su distinguida esposa, la señora María Esther Zuno de Echeverría. El país vive, con su acertada dirección, un proceso de honesta revisión de sus potencialidades materiales y espirituales, una revitalización de valores que estamos confrontando con los ideales aún no satisfechos de nuestra lucha social y con los propósitos no alcanzados todavía de nuestra Constitución. Esta concepción moderna del liderazgo nacional representa su decisión de examinar a fondo todo lo que hemos logrado al amparo de las libertades individuales y sociales de que disfrutamos; este análisis, a la luz de nuevas circunstancias históricas, de una sociedad en movimiento, de lo que es necesario enmendar y la forma como debemos encarar nuestras realidades, muestra que se gobierna con la verdad y que es el juicio de la opinión pública lo que guía y orienta el derrotero del Estado. La revisión profunda de la forma de actuación pública, el cambio radical en la manera de encarar la responsabilidad gubernativa, el estilo, en fin, del Presidente Echeverría, es consecuente con la flexibilidad de que ha dado muestras en muchas ocasiones nuestro sistema político lo que le ha permitido depurar procedimientos, ponderar aciertos y errores y apresurar la marcha en cumplimiento de los más elevados propósitos nacionales. Por eso el Presidente de la República viaja y escucha por todo el país los planteamientos directos que le hace el pueblo. De este peregrinar, de ese trabajo permanente e infatigable con el que usted ha admirado a la Nación, deriva su convicción, que es también postulado ético, de que para el servidor público no puede haber pausas, de que no es posible limitarse a cumplir formalmente con los mandatos de la Ley para atender los requerimientos populares, de que el Gobierno debe colocarse a la vanguardia del esfuerzo y señalar la pauta para las tareas nacionales, para que, ejemplificando con la acción, fortalezca su autoridad moral con el vigor de los hechos. Es ésta una tarea solidaria, esencialmente democrática, que exige energía, solvencia moral y laboriosidad. Usted, ciudadano Presidente, ha solicitado reavivar nuestra alianza colectiva mediante la coordinación de la voluntad de los mexicanos, no erigiéndose en aislado rector del destino del país, sino en factor que guía y conjuga el esfuerzo nacional. En ella nos corresponde a todos un lugar y un deber específico que es inaplazable asumir sin fatigas ni desviaciones: acrecentar nuestra preocupación por el destino colectivo y ejercitar las libertades públicas de que disfrutamos en el ámbito del trabajo creador y en el remozamiento constante de nuestras ideas y nuestras actitudes. Aquilatamos cabalmente la honestidad y la firme decisión que usted ha puesto en el cuidado de los principios fundamentales de nuestra convivencia y en el fortalecimiento y renovación de nuestras instituciones democráticas. Remodelar al país no es tarea, sin embargo, que pueda dejarse en manos de un solo hombre. A todos nos corresponde, y especialmente a los funcionarios públicos, hacer un autoexamen para preguntarnos si verdaderamente hemos entendido el mensaje y la acción del Presidente de México. La Nación reclama en su conjunto se viva a plenitud este hálito democrático; es esencial reconstruir la verdad de nuestra convivencia a través de la identidad de las palabras con los hechos, para estar siempre en actitud de interpretar el anhelo de transformación y laboriosidad del pueblo y aceptar, con íntimo convencimiento que sólo con rectitud y lealtad a nuestros principios podremos encontrar impulso para servir con mayor eficacia y emoción a nuestros conciudadanos. En México existe ahora la oportunidad excepcional de andar mucho más a prisa en la conquista de las legítimas expectativas de progreso de nuestro pueblo; la política de puertas abiertas favorece el contacto reiterado entre todos los sectores de la vida económica y social, que aportan su esfuerzo a la solución de los viejos y de los nuevos problemas a que nos enfrentamos. La acción gubernamental estimula la participación de las organizaciones productivas del país, quienes incorporan sus puntos de vista, sus ideas, su presencia actuante, a la configuración de los caminos por los que ha de transitar la vida nacional. El modelo de desarrollo a que corresponde la acción democrática de su gobierno, ciudadano Presidente, es el que se ajusta a nuestra experiencia histórica y a las actuales condiciones sociales. Es el mismo camino seguido por el país desde los años en que se consolida nuestro movimiento social, sólo que hoy se actualiza y se renueva. Sabemos que para el Presidente Echeverría gobernar es coordinar. Aprovechar todas aquellas energías disponibles y enlazarlas, identificarlas y hacerlas partícipes de la gran cruzada de edificar la grandeza de México. Ciudadano Presidente de la República: De nuestra Carta Magna surgen infinitas posibilidades de creación, y dentro de ella podemos encontrar soluciones a todos nuestros problemas. La Constitución no sólo es estatuto jurídico, sino guía y rumbo, con tal penetración en la conciencia social que ya forma uno de los más sólidos símbolos de la Nación. El sentir el criterio de la Representación Nacional es de solidaridad con el Ejecutivo en la preservación de las libertades públicas, en el respeto a la ley, en su aplicación a todos por igual y en el sereno equilibrio que la República mantiene ante los cambios sociales. Después de 150 años de vida independiente y a 100 años de la muerte del Presidente Juárez, México vibra al impulso democrático de todos sus hijos en una sólida etapa de transformación. En esta hora, la institución presidencial, generadora de nuestra unidad y concreción de nuestros valores, acrecienta la convergencia de propósitos de los mexicanos y promueva la confianza que el pueblo sólo entrega cuando se le interpreta correctamente, se le guía bien y se le sirve mejor. En el documento que usted ha entregado a esta Representación Nacional hayamos reflejado todo el acontecer de estos meses de intenso trabajo gubernativo. El Congreso de la Unión recibe con beneplácito su Primer Informe y le reitera el aliento republicano para continuar el desarrollo nacional con justicia al que aspira nuestro pueblo. Los mexicanos estamos seguros de que se está construyendo en México nuevo, no en las palabras, sino en los hechos con los que una generación renovadora enfrenta su destino.