Declaración de principios del gobierno de Chile

Santiago, marzo 11 de 1974

I. Chile en el contexto mundial: base para una definición

Chile inicia su reconstrucción nacional en los momentos en que una profunda crisis conmueve al mundo. Bajo la forma de una crisis económica, que constituye una amenaza latente para la paz mundial, asistimos a un fenómeno que es más profundo, y que pone en tela de juicio los valores y formas de vida de los diversos tipos de sociedad. Un importante sector de la humanidad, llamado subdesarrollado o en vías de desarrollo, sufre el impacto de millones de seres humanos que se debaten en la pobreza, cuando no en la miseria. Aunque no en sus peores grados, Chile integra este primer grupo. Desde él se ha mirado alternativamente a dos tipos antagónicos de sociedades como modelos posibles hacia los cuales encaminarnos, con el objeto de superar la situación descrita. Unos miran hacia las sociedades llamadas socialistas e inspiradas en el marxismo-leninismo, al paso que otros anhelan un desarrollo económico compatible con la justicia social y la libertad política, semejante al que han alcanzado las naciones más avanzadas del Occidente.

La alternativa de una sociedad de inspiración marxista debe ser rechazada por Chile, dado su carácter totalitario y anulador de la persona humana, todo lo cual contradice nuestra tradición cristiana e hispánica. Además, la experiencia demuestra que el marxismo tampoco engendra bienestar, porque su carácter socialista y estatista no es apto para un adecuado desarrollo económico.

Por otra parte, las sociedades desarrolladas del Occidente, si bien ofrecen un rostro incomparablemente más aceptable que las anteriores, han derivado en un materialismo que ahoga y esclaviza espiritualmente al hombre. Se han configurado así las llamadas “ sociedades de consumo” , en las cuales pareciera que la dinámica del desarrollo hubiera llegado a dominar al propio ser humano, que se siente interiormente vacío e insatisfecho, anhelando con nostalgia una vida más humana y serena. Esta situación favorece la rebeldía juvenil, que periódicamente aparece bajo diversas expresiones. Todo lo anterior se ve agregado por la exitosa penetración que el marxismo ha alcanzado en esas democracias, seriamente debilitadas, como lo hemos podido palpar a raíz del movimiento del 11 de septiembre en nuestro país.

Mientras otros recién avanzan con ingenuidad por el camino del “diálogo” y del entendimiento con el comunismo, Chile viene de vuelta. Sufrida la experiencia de admitir en su seno democrático al marxismo y de que muchos demócratas intentaran buscar concordancias doctrinarias o prácticas con sectores marxistas, experimentados en carne propia la falacia y el fracaso de la llamada “ vía chilena hacia el socialismo” , nuestra Patria ha decidido combatir frontalmente en contra del comunismo internacional y de la ideología marxista que éste sustenta, infligiéndole su más grave derrota de los últimos treinta años. El Gobierno de Chile no pretende asumir ningún liderazgo que exceda sus propias fronteras, pero está consciente de que su desenlace es observado con interés por muchos pueblos para quienes nuestra experiencia puede ser útil desde varios aspectos. No corresponde, pues, que nuestra Patria plantee fórmulas de supuesta proyección o validez universal, pero es, en cambio, necesario que busque un camino que siendo propio y original trate de superar los distintos factores de crisis que hoy sacuden a otras naciones.

Por tanto, Chile, debe intentar alcanzar simultáneamente y armonizar en forma equilibrada la libertad como forma de vida, con el desarrollo acelerado de nuestra economía y el progreso o justicia social. Y a eso, que ya constituye un desafío de gran magnitud, debe agregarse el requerimiento de hacerlo satisfaciendo las inquietudes espirituales del ser humano, edificando día tras día una nación que se acerque más a ser una morada digna para el hombre. Pretender la plenitud en tal esfuerzo sería aspirar a una utopía histórica contraria a las posibilidades reales de la naturaleza humana. Por eso no cabe plantearlo como “modelo” que pueda lograrse a través de una receta ideológica, sino como una meta hacia la cual debemos tender en un camino colectivo que procure acercarse hacia aquélla gradualmente y en la mayor medida posible. Para lo anterior, es preciso asumir o definir una concepción del hombre y de la sociedad. El resto debe desentrañarse de nuestra propia realidad nacional en su doble proyección de histórica y de actual.

II. Concepción del hombre y de la sociedad

En consideración a la tradición patria y al pensamiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo, el Gobierno de Chile respeta la concepción cristiana sobre el hombre y la sociedad. Fue ella la que dio forma a la civilización occidental de la cual formamos parte, y es su progresiva pérdida o desfiguración la que ha provocado, en buena medida, el resquebrajamiento moral que hoy pone en peligro esa misma civilización.

De acuerdo con lo anterior, entendemos al hombre como un ser dotado de espiritualidad. De ahí emana con verdadero fundamento la dignidad de la persona humana, la que se traduce en las siguientes consecuencias:

1. El hombre tiene derechos naturales y superiores al estado.

Son derechos que arrancan de la naturaleza misma del ser humano, por lo que tienen su origen en el propio Creador. El Estado debe reconocerlos y reglamentar su ejercicio, pero no siendo él quien los concede, tampoco podría jamás negarlos.

2. El estado debe estar al servicio de la persona y no al revés

Tanto desde el punto de vista del ser como desde el punto de vista del fin, el hombre es superior al Estado. Desde el ángulo del ser, porque mientras el hombre es un ser sustancial, la sociedad o el Estado son sólo seres accidentales de relación. Es así como puede concebirse la existencia temporal de un hombre al margen de toda sociedad, pero es, en cambio, inconcebible, siquiera por un instante, la existencia de una sociedad o Estado sin seres humanos. Y también tiene prioridad el hombre desde el prisma del fin, porque mientras las sociedades o Estados se agotan en el tiempo y en la historia, el hombre los trasciende, ya que vive en la historia, pero no se agota en ella.

3. El fin del estado es el bien comun general

No obstante lo expuesto anteriormente, como el hombre no puede buscar su plenitud sin vivir en sociedad, debe agruparse con otros seres humanos. La forma jurídicamente superior de la agrupación es el Estado.

El fin del Estado es el bien común general, definido por la propia Junta de Gobierno en un reciente documento público, como “el conjunto de condiciones sociales que permita a todos y a cada uno de los chilenos alcanzar su plena realización personal” . (Ver “Declaración de la Junta sobre prescindencia política en la administración pública” . Diciembre de 1973). Esta definición traduce una concepción del bien común, que difiere por igual de la que sustentan el individualismo liberal y el colectivismo totalitario. El individualismo liberal concibe al bien común como la simple suma de los bienes individuales, que cada cual procura obtener con asi total prescindencia del de los demás.

El colectivismo se sitúa en el extremo opuesto, y entiende el bien común como un concepto referido al todo colectivo o estatal, frente al cual el bien individual de cada persona desaparece por completo. De este modo, nuestro siglo ha presenciado las horribles masacres del comunismo o del nacionalsocialismo, justificadas por sus autores en nombre de un supuesto “bien o necesidad colectiva” , lo que revela un desconocimiento absoluto de que la persona humana, en virtud de lo expuesto en los puntos anteriores, goza de un ser y de un fin último que le conceden derechos que ninguna autoridad humana puede legítimamente atropellar. La verdadera idea de bien común se aparta de ambos extremos, y los supera. Ve en el bien común un bien de orden o de relación, que hace que la obtención del bien individual de cada uno exija para ser verdaderamente tal una preocupación y respeto solidario y activo por el bien de los demás, lo cual descarta la concepción liberal. Pero, al mismo tiempo, parte del reconocimiento de los derechos naturales de la persona humana, y niega que en nombre de un falso “bien común” pudiera llegar a ser admisible su conculcación.

El bien común no es, pues, el bien del Estado. Tampoco es el bien de la mayoría, y mucho menos es el de una minoría. Es el conjunto de condiciones que permita a todos y a cada uno de los miembros de la sociedad alcanzar su verdadero bien individual. El bien común se orienta a posibilitar la obtención de los bienes individuales de los hombres, pero no de algunos de éstos, sean mayoría o minoría, sino de todos y cada uno de ellos. De ahí que el bien común sea un objetivo que nunca puede alcanzarse completamente, como tampoco puede lograrse la perfección personal absoluta. Pero señala al Estado una meta hacia la cual debe acercarse en la mayor medida en que las circunstancias lo permitan. Constituye un permanente desafío para el Estado, en orden a tender constantemente hacia el objetivo perseguido, aunque su estable plenitud se escape siempre por la imperfección humana.

El Derecho aparece entonces como el principal instrumento de que se vale la autoridad para promover el bien común general, es decir, para ir configurando de acuerdo a las cambiantes circunstancias de cada momento histórico el orden o modo de relación y convivencia más adecuados, para hacer posible que todos y cada uno de quienes forman la sociedad alcancen su propio bien personal.

4. El bien comun exige respetar el principio de subsidiariedad

Siendo el hombre el fin de toda sociedad, y emanando éstas de la naturaleza humana, debe entenderse que las sociedades mayores se van formando para satisfacer fines que las menores no pueden alcanzar por sí solas. El ser humano forma una familia para alcanzar fines que no puede lograr solo. Da vida luego a diversas formas de agrupación social más amplias, para lograr objetivos que la familia es incapaz de conseguir por sí. Y llega finalmente a integrar todas esas sociedades intermedias en un Estado, por la necesidad de que haya un orden común a todas ellas que las coordine en justicia, y que asuma las funciones que ninguna de aquéllas podría cumplir directamente.

Ahora bien, dicha realidad marca un límite al campo de acción de cada sociedad mayor respecto de la menor. Si la superior nace para cumplir fines que la inferior no puede realizar sola, si ésa es su justificación, resulta evidente que no le es legítima la absorción del campo que es propio de la menor, y dentro del cual ésta debe tener una suficiente autonomía. La órbita de competencia de la sociedad mayor empieza donde termina la posibilidad de acción adecuada a la menor. Tal idea matriz es lo que da origen al llamado principio de subsidiariedad. En virtud de él, ninguna sociedad superior puede arrogarse el campo que respecto de su propio fin específico pueden satisfacer las entidades menores, y, en especial, la familia, como tampoco puede ésta invadir lo que es propio e íntimo de cada conciencia humana.

Aplicado este principio al Estado, debemos concluir que a él le corresponde asumir directamente sólo aquellas funciones que las sociedades intermedias o particulares no están en condiciones de cumplir adecuadamente, ya sea porque de suyo desbordan sus posibilidades (caso de la Defensa Nacional, las labores de Policía o las Relaciones Exteriores), o porque su importancia para la colectividad no aconseja dejar entregadas a grupos particulares restringidos (caso de los servicios o empresas estratégicas o fundamentales para la nación), o porque envuelven una coordinación general que por su naturaleza corresponde al Estado. Respecto al resto de las funciones sociales, sólo puede entrar a ejercerlas directamente cuando las sociedades intermedias que de suyo estarían en condiciones de asumirlas convenientemente, por negligencia o fallas no lo hacen, después de que el Estado haya adoptado las medidas para colaborar a que esas deficiencias sean superadas. En este caso, el Estado actúa en subsidio, por razón de bien común.

El respeto al principio de subsidiariedad representa la clave de la vigencia de una sociedad auténticamente libertaria. Casi podría decirse que es el barómetro principal para medir el grado de libertad de una estructura social. Por oposición a él, cuanto mayor sea el estatismo que afecte a una sociedad, menor será su efectiva libertad, por extendido que sea el ejercicio ciudadano de los derechos políticos. Es en la posibilidad de tener un ámbito de vida y actividad propia independiente del Estado y sólo sometido al superior control de éste desde el ángulo del bien común, donde reside la fuente de una vida social en que la libertad ofrezca a la creación y al esfuerzo personal un margen de alternativas y variedad suficientes. El estatismo genera, en cambio, una sociedad gris, uniforme, sometida y sin horizontes.

5. El respeto al principio de subsidiariedad supone la aceptación del derecho de propiedad privada y de la libre iniciativa en el campo económico

No cuesta advertir que el principio de subsidiariedad presupone el derecho a la libre iniciativa en el campo económico. La posibilidad de que los particulares puedan emprender actividades productivas, aparte de constituir un derecho que el Estado no puede ni debe eliminar conforme a los principios expuestos, es además el único camino que permite un verdadero desarrollo de la economía. La centralización excluyente de toda actividad económica por el Estado, no sólo conduce a una sociedad estatista que termina por negar prácticamente la libertad personal, sino que además prescinde de la capacidad creadora de los particulares en el terreno empresarial, cuyo reemplazo por el burócrata perjudica el surgimiento de nuevas fuentes de producción y de trabajo. La aceptación de la libre iniciativa descrita no podría entenderse, eso sí, como un desconocimiento de la activa y principalísima labor que compete al Estado en el campo económico. No sólo es misión suya adoptar las medidas que aseguren efectivamente la competencia y el necesario control de los particulares, para evitar toda forma de abuso o monopolio. Una economía moderna exige, además, que el Estado cumpla un papel planificador de la actividad económica general. De lo que se trata, es de que dicha planificación estatal no se hipertrofie, cerrando el paso al valioso aporte de la iniciativa particular, sino que se oriente a converger y completamentarse con Ésta.

Por otro lado, sería inútil admitir la iniciativa de los particulares en el campo económico, si no se reconoce conjuntamente el derecho de propiedad privada, tanto sobre bienes de consumo como sobre medios de producción.

El referido derecho de propiedad fluye como una consecuencia ineludible de la concepción del hombre y la sociedad antes esbozada, como asimismo del principio de subsidiariedad que de ella se deriva. Su forma natural es la propiedad individual, pudiendo aceptarse también como expresión de ella la propiedad en común, en cuanto sea libremente pactada y mantenida. El Estado sólo debe reservarse la propiedad de aquello que, por su carácter estratégico o vital para el país, no sea prudente dejar en manos de un grupo limitado de particulares, dejando abierto todo lo demás al derecho de propiedad privada. La consagración de éste debe ir acompañada de la exigencia jurídica de que él se ejerza teniendo en cuenta la función social que le es inherente. Asimismo, corresponde arbitrar los medios para que el derecho de propiedad privada sea una realidad para todos los chilenos, favoreciendo su efectiva difusión en todos los estratos sociales. Se trata de hacer de Chile una nación de propietarios y no de proletarios. El derecho de propiedad privada requiere de garantías jurídicas que impidan el despojo. Para ello debe asegurarse que el Estado podrá sólo expropiar en virtud de una efectiva necesidad de bien común, indemnizando al afectado en forma justa y oportuna.

Aparte de las razones doctrinarias que abonan la aceptación del derecho de propiedad privada de los bienes, incluso de los productivos, debe agregarse que allí donde el Estado detenta todos los medios de producción, él se transforma en la única fuente dispensadora de los ingresos que cada ciudadano requiere para vivir. Obviamente, en tal caso la libertad política desaparece, porque el contradictor del régimen se ve prácticamente expuesto al hambre suya y de su familia. Cuando en cambio se desatiende la función social de la propiedad o su efectiva difusión en todas las capas de la sociedad, se favorecen situaciones moralmente injustas, que por otro lado repercuten en fuertes tensiones sociales.

III. Inspiración nacionalista, realista y pragmática

Junto con los principios antes reseñados, y cuya validez resulta universal, la Junta de Gobierno busca en la realidad chilena los elementos que complementen su visión filosófica y doctrinaria. Ello requiere conjugar las constantes de nuestra historia, que forman el acervo de nuestra tradición, con las características nuevas que hemos visto surgir en el último tiempo, como signo del mundo contemporáneo en el cual Chile está inserto. Ese intento nos lleva a desprender las conclusiones que siguen:

1. Objetivo fundamental de la reconstrucción: hacer de chile una gran Nación

Después de largo tiempo de mesianismos ideológicos y de la prédica de odios mezquinos, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, con un criterio eminentemente nacionalista, invita a sus compatriotas a vencer la mediocridad y las divisiones internas, haciendo de Chile una gran nación. Para lograrlo, ha proclamado y reitera que entiende la unidad nacional como su objetivo Más preciado, y que rechaza toda concepción que suponga y fomente un antagonismo irreductible entre las clases sociales. La integración espiritual del país será el cimiento que permitirá avanzar en progreso, justicia y paz, recuperando el lugar preponderante que los forjadores de nuestra República le dieron en su tiempo dentro del continente. Reivindicar y sembrar en el corazón de cada chileno el ejemplo de nuestra Historia Patria, con sus próceres, héroes, maestros y estadistas, debe transformarse en el acicate más poderoso para despertar el verdadero patriotismo, que es amor entrañable a Chile y deseo de verlo nuevamente grande y unido. Conspiran en contra de esa unidad las ideologías foráneas, el sectarismo partidista, el egoísmo o antagonismo deliberado entre las clases sociales, y la invasión cultural extranjerizante.

2. Sistema de planificación nacional y proyecto nacional

En la tarea de convertir a Chile en una gran nación, el Estado deberá ir diseñando un “Proyecto Nacional” , entendido como una imagen factible y deseable para la República, mirando su evolución a largo plazo y considerando la utilización eficiente de nuestras potencialidades reales. Para ello, y sin apartarse del marco propio que corresponde a la acción estatal, precisada al tratar del principio de subsidiariedad, el Estado deberá configurar un Sistema Nacional de Planificación que, a partir del Proyecto Nacional, integre procesos, instituciones y organismos para asegurar la obtención de los objetivos nacionales en el marco de la política de Gobierno. Dicho sistema armonizará e implementará los planes de los diferentes elementos o entidades que lo compongan, debiendo comprender en su preocupación tanto el mediano y corto plazo como la coyuntura.

Un semejante Sistema Nacional de Planificación superará la tradicional falta de coordinación entre la planificación del Desarrollo y la de la Seguridad Nacional, integrando a ésta como parte vital de un Desarrollo Global Nacional, amplia e integralmente concebido.

3. Gobierno autoritario, impersonal y justo

Conforme a la inspiración portaliana que lo guía, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando drásticamente todo brote de indisciplina o anarquía. Despersonalizará el poder, evitando todo caudillismo ajeno a nuestra idiosincrasia. Se colocará siempre por encima de todo grupo particular de cualquier naturaleza, desterrando el juego de las influencias, protegiendo al más débil de todo abuso por parte del más fuerte, y siendo el árbitro que resuelva sin complejos ni favoritismos, en la mira únicamente del bien común y de la justicia.

4. Los valores y el estilo del gobierno nacionalista

El nacionalismo chileno, más que una ideología, es un estilo de conducta, la expresión genuina del ser de la Patria y del alma de su pueblo. En tal sentido, el Gobierno de Chile preferirá siempre los principios que las doctrinas, las realizaciones que los programas, la conducta que las simples leyes, el pragmatismo que las ideologías y la verdad de los hechos que la ilusión de las palabras.Como valores fundamentales del alma nacional, el Gobierno nacionalista reconoce y proclama:

A) La justicia e igualdad ante la Ley, que obliga a todos a cumplirla sin privilegios ni excepciones y cuyo incumplimiento acarrea una sanción igualmente indiscriminada. Es obligación urgente de los tiempos actuales transformar además esa igualdad ante la Ley en una verdadera igualdad de oportunidades ante la vida, no admitiendo otra fuente de desigualdades entre los seres humanos que las que provengan del Creador o del mayor mérito de cada cual.

B) La restauración de la dignidad del trabajo, único camino verdadero de progreso y de realización personal del ser humano. Varios decenios de demagogia política han pretendido hacer creer al pueblo que las recetas ideológicas podían reemplazar al trabajo como vehículo de desarrollo económico. Por otra parte, mucho tiempo de abuso en la retribución del trabajo de millares de chilenos ha desdibujado en la conciencia nacional la dignidad que le es inseparable. Ambas desviaciones deben ser corregidas, comprendiendo que en tanto Chile es una tarea colectiva, no cabe justificación ni para el parasitismo ni para el ocio.

C) La creación de una moral de mérito y del esfuerzo personal. El estilo bajo y mediocratizante que ha caracterizado a la política nacional en el último tiempo ha ido desarrollando una mentalidad que frecuentemente ha llegado a considerar el éxito personal como algo negativo, que hay que esconder o “hacerse perdonar” . Una nueva actitud dirigida a encaminar al país por la senda de la grandeza nacional tendrá que conceder una importancia vital al premio y distinción pública para quien lo merezca en razón del mérito y la superación personal, tanto en el plano del trabajo o de la producción como en el del estudio o la creación intelectual. El Estado destacará en esta forma a través de la cual cada persona debe servir a la sociedad y que la solidaridad nacional, lejos de excluir el sano espíritu de competencia entre los que desarrollan una misma tarea, debe fomentarla como un valioso instrumento de empuje colectivo. La moral del esfuerzo y el premio al mérito realizarán tanto el trabajo individual, como la excelencia en la tarea de aquellos organismos de agrupación vecinal o gremial que sobresalgan por su eficiencia y espíritu cívico.

D) La sobriedad y austeridad de quienes mandan, símbolo de nuestras mejores tradiciones nacionales. Chile siempre ha reclamado que la autoridad predique con el ejemplo, y ha prodigado su respeto por encima de las discrepancias políticas, a aquellos gobernantes cuya vida ha sido un testimonio personal de virtudes ciudadanas. Consciente de esa realidad, la Junta de Gobierno es y seguirá siendo la primera en el renunciamiento personal que la reconstrucción del país demanda. Sólo así podrá exigir el integral cumplimiento de su deber por cada chileno, incluida la aceptación de su cuota personal y familiar en el indispensable sacrificio colectivo.

E) La restitución del carácter apolítico de la Administración Pública, cuya instrumentalización partidista ha generado sectarismo, ineficiencia y falta de una doctrina nacional de Estado. La destitución de todo funcionario de la Administración Pública, en su amplia gama de empresas y servicios fiscales, semifiscales y de administración autónoma, que haga uso de su cargo para fines partidistas, se cumplirá estrictamente en la forma anunciada por la Junta de Gobierno. De igual modo se propenderá a través de una profunda reforma de la Administración Pública a convertir a ésta en una carrera o escuela de servicio público, sometida en su generalidad a reglas de prescindencia política tan absolutas como aquellas que afectan a los miembros del Poder Judicial.

5. Un orden juridico respetuoso de los derechos humanos: marco para el actual gobierno

Chile ha vivido siempre dentro de un orden jurídico. La majestad de la Ley ha estado invariablemente presente en nuestra evolución social. Pero además ese orden jurídico ha sido siempre reflejo del aprecio profundo que el chileno siente por la dignidad espiritual de la persona humana y, consiguientemente, por sus derechos fundamentales. Es en ese respeto por los derechos humanos, más que en su tradición de generación popular y sucesión constitucional de los Gobiernos, donde debe encontrarse la savia y la médula de la democracia chilena.

Otra importante característica de nuestra tradición jurídica ha sido el respeto por la libertad de conciencia y el derecho a discrepar. Ambos aspectos deberán ser preservados por el Estado de Derecho que el movimiento del 11 de septiembre se propone recrear, pero cuya vigencia fundamental ha sido mantenida dentro de las medidas de emergencia que él mismo contempla. Los derechos humanos deberán reforzarse para que su ejercicio pueda ser efectivamente disfrutado por todos, y ampliarse a sus manifestaciones sociales más modernas. El derecho a discrepar deberá ser mantenido, pero la experiencia de los últimos años indica la necesidad de fijar los límites admisibles de esa discrepancia. No puede permitirse nunca más que, en nombre de un pluralismo mal entendido, una democracia ingenua permita que actúen libremente en su seno grupos organizados que auspician la violencia guerrillera para alcanzar el poder, o que fingiendo aceptar las reglas de la democracia, sustentan una doctrina y una moral cuyo objetivo es el de construir un Estado totalitario. En consecuencia, los partidos y movimientos marxista no serán admitidos nuevamente en la vida cívica.

De ello se desprende que Chile no es neutral frente al marxismo. Se lo impide su concepción del hombre y de la sociedad, fundamentalmente opuesta a la del marxismo. Por lo tanto, el actual Gobierno no teme ni vacila en declararse antimarxista. Con ello no adopta una postura “negativa” , porque es el marxismo el que en verdad niega los valores más fundamentales de toda auténtica civilización. Y en política o en moral, lo mismo que en matemáticas, la negación de una negación encierra una afirmación. Ser antimarxista involucra, pues, afirmar positivamente la libertad y la dignidad de la persona humana.

6. Una nueva y moderna institucionalidad: tarea para el actual gobierno

Dentro del marco expuesto en el punto anterior, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden ha asumido la misión histórica de dar a Chile una nueva institucionalidad que recoja los profundos cambios que la época contemporánea ha ido produciendo. Sólo así será posible dotar a nuestra democracia de una sólida estabilidad, depurando a nuestro sistema democrático de los vicios que facilitaron su destrucción, pero trascendiendo a una mera labor rectificadora, para entrar de lleno en el audaz campo de la creación. Punto capital de esa nueva institucionalidad será la descentralización tecnificada y de verdadera participación social.

A) Descentralización funcional: poder político y poder social. La nueva institucionalidad que hoy se está creando distinguirá entre el poder político y el poder social, separando claramente sus titulares y su forma de ejercicio. El poder político o facultad de decidir en los asuntos de interés general para la nación, constituye propiamente la función de gobernar al país.

El poder social, en cambio, debe entenderse como la facultad de los cuerpos medios de la sociedad para desarrollarse con legítima autonomía hacia la obtención de sus fines específicos, transformándose en vehículo de límite a la vez que de enriquecimiento a la acción del poder político.

Debido a la larga erosión provocada en nuestro país por muchos años de demagogia, y a la destrucción sistemática que desde 1970 el marxismo acentuara sobre todos los aspectos de la vida nacional, las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile, en cumplimiento de su doctrina clásica y de sus deberes para con la subsistencia de la nacionalidad, tuvieron que asumir el 11 de septiembre la plenitud del poder político. Lo hicieron derribando a un Gobierno ilegítimo, inmoral y fracasado, y dando cumplimiento así a un amplio sentir nacional que hoy se expresa en el apoyo mayoritario del pueblo para el nuevo régimen.

Las Fuerzas Armadas y de Orden no fijan plazo a su gestión de Gobierno, porque la tarea de reconstruir moral, institucional y materialmente al país, requiere de una acción profunda y prolongada. En definitiva, resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos. Pero más allá de eso, el actual Gobierno ha sido categórico para declarar que no pretende limitarse a ser un Gobierno de mera administración, que signifique un paréntesis entre dos Gobiernos partidistas similares o, en otras palabras, que no se trata de una “ tregua” de reordenamiento para devolver el poder a los mismos políticos que tanta responsabilidad tuvieron por acción u omisión, en la virtual destrucción del país. El Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, aspira a iniciar una nueva etapa en el destino nacional, abriendo el paso a nuevas generaciones de chilenos formadas en una escuela de sanos hábitos cívicos. No obstante, aunque no fije plazo, la Junta de Gobierno entregará oportunamente el poder político a quienes el pueblo elija a través de un sufragio universal, libre, secreto e informado. Las Fuerzas Armadas y de Orden asumirán, entonces, el papel de participación específicamente institucional que la nueva Constitución les asigne, y que será el que debe corresponder a los encargados de velar por la Seguridad Nacional, en el amplio significado que dicho concepto tiene en la época actual.

Lo anterior no significa que las Fuerzas Armadas y de Orden vayan a desentenderse de su sucesión gubernativa, observando su desenlace como simples espectadores. Muy por el contrario, y como lo expusiera el propio Presidente de la Junta de Gobierno, ésta considera como parte de sumisión el inspirar un nuevo y gran movimiento cívico-militar, que ya está surgiendo de la realidad de los hechos y que proyectará fecunda y duraderamente hacia el futuro la labor del actual Gobierno.

A integrar ese gran movimiento de unidad nacional que nace, superando antiguas divisiones y banderías partidistas, la Junta llama a todos los chilenos que deseen ser partícipes de la nueva era de la reconstrucción nacional que abrirá el futuro.

En cuanto al poder social, él está llamado a convertirse en el cauce orgánico más importante de expresión ciudadana. Chile tiene una larga tradición de organización social, que se remonta a su origen hispánico. Los cabildos, la comuna autónoma, el sindicalismo laboral y el gremialismo extendido a todo nivel son hitos de un proceso que revela que el pueblo chileno ha estado permanentemente renovando sus formas de organización social de acuerdo con su evolución histórico-social. Es imperioso restituir a los Municipios el papel trascendental e insustituíble que les corresponde como vehículo de organización social, devolviéndoles su carácter de entidad vecinal al servicio de la familia y del hombre, incompatible por tanto con la politización a la cual se los ha arrastrado.

Para perfeccionar y desarrollar un legítimo poder social es necesario:

- Asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado. Particular importancia dentro de éstas tienen las agrupaciones gremiales, sean ellas laborales, empresariales, profesionales o estudiantiles. Así como el principio de subsidiariedad ya enunciado exige que dichas entidades se desenvuelvan con autonomía dentro de sus fines específicos, sin que el Estado absorba su control, tampoco puede admitirse que sus objetivos sean distorsionados por una instrumentalización partidista de ellos o de sus directivas. Quedará, por tanto, expresamente prohibida toda intervención partidista, directa o indirecta, en la generación y actividad de las directivas gremiales, cualquiera que sea su naturaleza. Resulta vital comprender que la mencionada despolitización es el único camino posible para que los gremios y demás organizaciones intermedias sean auténticos vehículos de participación social, cumpliendo así con un anhelo que puede ser señalado como verdadero signo de nuestro tiempo. No se puede hablar de participación social si las entidades llamadas a canalizarla, en lugar de ser portadoras del pensamiento genuino del pueblo organizado, se transforman en dóciles voceros de las instrucciones de algún partido político, las que frecuentemente están además inspiradas en los menguados intereses electorales de éste. Iguales exigencias se aplican respecto de los Municipios.

- Asimismo es menester dar paso en Chile a un nuevo sentido del gremio. Como entidad llamada a agrupar a personas ligadas por actividades e intereses comunes, el gremio ha tenido y tiene en la defensa de sus agremiados su más primaria razón de ser. Pero sin desconocer esta realidad natural y legítima, ella debe contemplarse con dos nociones que tradicionalmente estuvieron desatendidas dentro de la vida gremial chilena, y que recién en los últimos años ha empezado a adquirir vigencia. Por una parte, la función reivindicativa del gremio debe ser ejercida con responsabilidad y solidaridad, comprendido que al Estado corresponde armonizar los explicables anhelos de cada sector con el interés nacional, todo ello dentro de las posibilidades reales de nuestra economía. Por otro lado, la función reivindicativa no puede agotar la tarea gremial. En una sociedad moderna los gremios están llamados a convertirse en conductos de un valioso aporte técnico para ilustrar la decisión política o de gobierno. No en vano los gremios reúnen a personas que desempeñan, y por ende conocen especializadamente, una misma función. En un mundo en que los problemas son cada vez de índole más técnica y menos ideológica, la función cooperadora en lo técnico aparece como una nueva y ancha perspectiva para el gremialismo chileno.

Será misión de la nueva institucionalidad consagrar los mecanismos adecuados para contemplar este poder social dentro de nuestra vida cívica, evitando que él encuentre en la presión o en situaciones de hecho su única forma posible de manifestarse. La consolidación e institucionalización de un auténtico poder social como el descrito ha de considerarse como el medio más eficaz para constituir en Chile una sociedad tecnificada, en que la palabra de los que saben prevalezca por sobre las consignas, y de una sociedad de verdadera participación, en que la voz del pueblo organizado emerja sin desfiguraciones partidistas y sin mezquindades que la empobrezcan. Nuestra democracia será entonces orgánica, social y de participación.

B) Descentralización territorial: regionalización del país. Corolario indiscutible de los principios analizados, debe ser una descentralización territorial que trascienda el marco de lo meramente administrativo.

El actual Gobierno de la República está ya abocado a la configuración de verdaderas zonas geográficas, que reemplacen la artificial y anacrónica división político-administrativa de las provincias y departamentos que hoy nos rige, por una regionalización adecuada a la realidad chilena contemporánea.

Cada región deberá estructurarse considerando los factores humanos, de seguridad, geográficos, productivos, de infraestructura, etc., a fin de dotar a las diferentes zonas de un grado de amplia iniciativa y razonable autonomía en el desarrollo económico y social de la región. Las agrupaciones multigremiales que ya existen en la mayoría de las zonas del país, deben mirarse como una base importante que facilita la aplicación al plano regional o territorial de los mismos conceptos de participación social y tecnificación del país, complementando en forma interrelacionada el papel que en igual tarea compete a los gremios en cuanto tales, desde el ángulo propio y estrictamente funcional.

7. Un desarrollo económico acelerado, un efectivo progreso social y una escala de valores morales que los jerarquice respecto del hombre: metas indisolubles de la reconstrucción nacional

Cumplida la primera etapa de reordenamiento de nuestra economía, destruida hasta sus mismas bases por el régimen marxista. Chile deberá avanzar hacia un significativo y rápido desarrollo económico, sin el cual resulta imposible satisfacer las aspiraciones de bienestar de nuestros compatriotas y, en especial, de los más modestos. Ello reclama una clara conciencia de que el único camino realista para lograrlo reside en un fuerte aumento de la producción minera, agrícola e industrial, lo cual requiere inversiones nacionales y extranjeras.

Respecto de estas últimas, el actual Gobierno reafirma que un “ verdadero nacionalismo no consiste en rechazar las inversiones extranjeras, sino en sujetarlas a condiciones que aseguren como condición prioritaria el beneficio de Chile” (Discurso del General Pinochet, 11-X-1973). El desarrollo económico representa un desafío que supone jerarquía y disciplina en las tareas productivas y en los hábitos de trabajo, pero que a la vez exige caminos pragmáticos y adecuados a nuestra realidad. Chile debe orientar su producción a aquello en lo cual es capaz de hacerlo con mayor eficiencia, en un plano competitivo con niveles de otras naciones, lo que resulta especialmente urgente en un continente que plasma cada vez más fórmulas de mayor integración económica. La reactivación de la agricultura chilena, por tanto tiempo deprimida, es considerada por el actual Gobierno como una tarea primordial en este sentido. El auge que desde el 11 de Septiembre ha tomado la producción de la minería, constituye otro síntoma auspicioso de un signo que será fundamental fortalecer.

Un país que pretende conseguir un desarrollo económico sobre las bases del derecho de propiedad privada, incluido respecto de los medios de producción no estratégicos o vitales, y de la admisión de la iniciativa particular en el campo económico, armonizada con la necesaria planificación del Estado en este rubro, debe promover una política económica que conceda al consumidor un papel activo en la orientación de la economía, y que reconozca el valor de una competencia entre productores y distribuidores dentro de normas claramente establecidas y garantizadas por la autoridad.

La obtención de un acelerado desarrollo económico no puede, sin embargo, considerarse como un fin en sí. La riqueza nacional es sólo un medio para proporcionar bienestar a los habitantes del país, en forma que éste alcance equitativamente a todos. Los índices de crecimiento de la economía, del producto nacional o de la renta per cápita, deben ir acompañados de una acción constante de parte del Estado para ir transformando esa mayor riqueza en progreso social. De ahí que, a este respecto, el actual Gobierno reitere lo expresado por el Presidente de la Junta de Gobierno:

“Desarrollo económico y progreso social son términos indisolubles. Cuando se sacrifica demagógicamente el primero, los beneficios sociales que se conceden terminan siendo una simple ilusión, porque sólo se reparte pobreza. Cuando, en cambio, se posterga indebidamente el progreso social, el desarrollo económico no se traduce en justicia, fomentándose además tensiones inconvenientes” (Discurso del General Pinochet, 11-X-1973).

El desarrollo social deberá distinguir lo que son verdaderas conquistas de los trabajadores, porque significan mayor progreso para el país y mayor justicia para ellos mismos, de las mal llamadas “ conquistas” y que amparan situaciones de ocio o privilegio que un país como Chile no puede aceptar. Entre las primeras, que el actual Gobierno reforzará, pueden mencionarse ejemplos como el de la semana corrida o de la asignación familiar que, por primera vez en nuestra historia, el régimen de las Fuerzas Armadas y de Orden ha igualado para empleados y obreros. Entre las segundas, que serán revisadas sin contemplaciones frente a injustos intereses creados, puede señalarse aquella legislación que permite a algunas personas jubilar a los 35 años de edad o detentar hasta cuatro jubilaciones simultáneas.

En este plano, el actual Gobierno concede especial relevancia al cuerpo legal: “Estatuto para la organización de las empresas, el desarrollo e integración de los trabajadores, el fomento y tratamiento de las inversiones” , actualmente por aprobarse, en el que se establecerán fórmulas de efectiva participación de los trabajadores en las empresas en que laboran, dentro del realismo y la flexibilidad y por la necesidad de contemplar también garantías adecuadas para la inversión. Con todo, la honda crisis moral y económica que hoy conmueve al Occidente desarrollado, es una campanada de alerta que nos invita a advertir que el bienestar material, ni aun cuando alcance a todos los habitantes, es suficiente para lograr una sociedad equilibrada y en la cual el hombre se desarrolle en todas sus potencialidades. Como lo señaláramos anteriormente, el materialismo que corroe a las llamadas “ sociedades de consumo” denuncia la existencia de un bienestar que más que ayudar a la perfección integral del hombre lo somete a una carrera que lo domina, en pos de una riqueza que al final deja vacío su espíritu. Que más que liberarlo, lo esclaviza. Constituiría una presunción de parte nuestra el afirmar que Chile posee la solución para un problema tan complejo y dramático. Pero al menos, el actual Gobierno tiene la obligación, en el momento en que inicia la reconstrucción económica del país, de considerar el factor indicado. Un esfuerzo consistente por superarlo debe fundarse principalmente en una educación que fomente una escala de valores morales y espirituales propios de nuestra tradición chilena y cristiana, que jerarquice cada cosa en función del fin último del hombre. En esa perspectiva, una educación que respete la libertad de enseñanza y el fuero íntimo de la conciencia de cada cual, y que alcance a todos, tendrá que robustecer el conocimiento y amor de cada uno de nuestros compatriotas hacia Chile, su geografía, su historia y su pueblo. Del reencuentro con las raíces de la nacionalidad, surgirán valores y virtudes que mucho pueden aportar en el difícil desafío que afrontamos.

8. Chile: un nacionalismo que mira hacia la universalidad

En un mundo cada vez más interdependiente, el Gobierno de Chile plantea su carácter nacionalista en la seguridad de que nuestra Patria constituye un todo homogéneo, histórica, étnica y culturalmente, no obstante su disímil geografía. No afirmamos que Chile sea superior o inferior a otros pueblos. Sostenemos que es diferente, en cuanto tiene un nítido perfil que le es propio. Pero la búsqueda de una reorganización a partir de las entrañas mismas del alma nacional, no significa que el actual Gobierno plantee un nacionalismo que empequeñezca la visión de universalidad que el mundo contemporáneo reclama.

Con respecto a los principios de sujeción estricta a los tratados internacionales, de no intervención en los asuntos de otros Estados y de autodeterminación de cada pueblo, que tradicionalmente ha aceptado nuestra Cancillería, el Gobierno de Chile buscará el mayor acercamiento a la convivencia internacional y, en especial, a los países amigos. En tal sentido, el actual Gobierno reitera su voluntad de mantener relaciones internacionales con todos los países cuyos Gobiernos no pretendan intervenir indebidamente en nuestros propios problemas. Dentro de una sobriedad que nos aleje de toda absurda pretensión de liderazgo más allá de nuestras fronteras, la política internacional de Chile se orientará a desarrollar el “poder nacional” , entendido como la capacidad real y potencial del Estado de defender y promover su interés nacional frente al resto de las naciones. Supuesto indispensable de dicha tarea será afianzar en todos los campos la dignidad nacional, restituyéndole a nuestro país el prestigio mundial que tradicionalmente tuvo y que el Gobierno marxista debilitara en importantes aspectos.

Una nacionalismo chileno de vocación universalista deberá conjugar simultáneamente una tradición histórico-cultural que nos liga a la civilización occidental y europea, con una realidad geoeconómica que, recogiendo e incorporando esa misma tradición, proyecta a nuestro país dentro del continente americano y, en especial, de Iberoamérica, a la vez que le abre perspectivas insospechadas hacia otras civilizaciones y culturas a través del Pacífico, cuyas posibilidades y riquezas para Chile deberán ser aprovechadas integralmente.

9. La familia, la mujer y la juventud: pilares de la reconstrucción nacional

Finalmente, el actual Gobierno considera que toda la tarea antes reseñada ha de encontrar en la familia su más sólido fundamento, como escuela de formación moral, de entrega y generosidad hacia los semejantes y de acendrado amor a la Patria.

En la familia, la mujer se realza en toda la grandeza de su misión, que la convierte en la roca espiritual de la Patria. De ella sale también la juventud, que hoy más que nunca debe incorporar su generosidad e idealismo a la tarea de Chile. El coraje que mujeres y jóvenes demostraron en los últimos años, como baluartes del movimiento cívico que culminara con el pronunciamiento militar del 11 de Septiembre, debe ahora convertirse en fibra patriótica para afrontar el duro sacrificio que nos espera por delante, y en fuerza creadora para transformar en realidad una honda esperanza.

Ver También

Declaración de principios del gobierno militar de Chile

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