Constitución para los Estados Unidos de Venezuela (1901)

(13 de abril de 1901)

La Asamblea Nacional Constituyente,
en nombre de Dios todo Poderoso
y por la autoridad del Pueblo de Venezuela
decreta:

Título I. De la Nación y su Territorio

Artículo 1.- El territorio de los Estados Unidos de Venezuela es el mismo que en el año de 1810 correspondía a la Capitanía General de Venezuela, con las modificaciones que resulten de los Tratados públicos.

Artículo 2.- Los Estados Apure, Aragua, Bolívar (antes Guayana), Barcelona, Carabobo, Cojedes, Falcón (antes Coro), Guárico, Lara (antes Barquisimeto), Mérida, Miranda (antes Caracas), Maturín, Sucre (antes Cumaná), Nueva Esparta (antes Margarita), Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zamora (antes Barinas), Zulia (antes Maracaibo), que la Constitución de 28 de marzo de 1864 declaró independientes, forman la Nación, con el nombre de Estados Unidos de Venezuela.

Artículo 3.- Los límites de los Estados se determinarán por los que señaló a las antiguas Provincias la ley de 28 de abril de 1856, sobre la división territorial, con las alteraciones que resulten por la creación del Distrito y Territorios Federales.

Artículo 4.- Los Estados a que se refiere el Artículo 2. se reservan el derecho de unirse dos o más para formar uno solo, y para este efecto, las dos terceras partes, por lo menos, de los Concejos Municipales de los Distritos que componen los respectivos Estados, deben pedirlo a sus Asambleas Legislativas, las cuales acordarán lo solicitado, y darán cuenta al Congreso Nacional.

Éste hará la declaratoria del caso, en las sesiones ordinarias en que se reciba el expediente que deben remitirles dicha Asambleas, y prescribirá el procedimiento que ha de observarse, conforme a la ley, en uso de la atribución 30. del Artículo 54. En todo caso, no regirá la reducción sino en el periodo siguiente a aquel en que fuere hecha, y siempre que los Estados, así unidos, quiera reasumir su anterior condición, se observará idéntico procedimiento.

Artículo 5.- El territorio nacional no puede ser enajenado de modo alguno a potencia extranjera.

Título II. Bases de la Unión

Artículo 6.- Los Estados que forman la Unión Venezolana son autónomos e iguales en entidad política, y se obligan:

A organizarse conforme a los principios de Gobierno popular, electivo, federal, representativo, alternativo y responsable;
A cumplir y hacer que se cumplan y ejecuten la Constitución y las leyes de la Unión y los decretos y órdenes que los Poderes Nacionales expidieren en uso de sus atribuciones y facultades legales;
A reconocer en sus respectivas Constituciones la autonomía del Municipio y su independencia del poder Político del Estado, en todo lo concerniente a su régimen económico y administrativo; y en consecuencia, el Municipio podrá establecer su sistema rentístico, sujetándose a las disposiciones que contienen las bases 11, 12, 13 y 14, sin que se considere de modo alguno comprendido en la obligación a que se contrae el Número 28 de este Artículo;
A defenderse contra toda violencia que dañe su independencia o la integridad de la Nación;
A no enajenar a potencia extranjera parte alguna de su territorio, ni implorar su protección, ni establecer ni cultivar relaciones políticas con otras Naciones;
A no agregarse ni aliarse a otra Nación, ni separarse de Venezuela;
A ceder a la Nación para el Distrito Federal la ciudad de Caracas, que será la Capital de la Unión, y las parroquias El Valle, La Vega, Antímano, Macarao, La Guaira, Maiquetía, y Macuto;
A ceder al Gobierno de la Nación el territorio necesario para erigir fuertes, muelles, almacenes, astilleros de construcción y otros edificios indispensables a la Administración General, la cual ejercerá el dominio sobre el territorio cedido, con las restricciones del Artículo 125 de esta Constitución;
A dejar al Gobierno de la Unión la libre administración de los Territorios Yuruary, Colón, Amazonas y Delta Amacuro, los que podrán reincorporarse al Estado de que formaban parte o constituirse en Entidades Federales, llenando en uno u otro caso las formalidades requeridas por la Ley, a que se refiere el Artículo 4. de esta Constitución;
A reservar al Poder Federal toda jurisdicción legislativa y ejecutiva en lo concerniente a la navegación marítima, costanera y fluvial, a los muelles y a los caminos nacionales, teniéndose como tales los que exceden los límites de un Estado, del Distrito Federal o de un Territorio Federal. El Poder Federal no podrá restringir con ninguna clase de impuestos, privilegios o preferencias, la navegación de los ríos, lagos y demás aguas navegables que no hayan exigido o exigieren canalización;
A no imponer contribuciones sobre los productos nacionales destinados a la exportación;
A no establecer impuestos sobre los productos extranjeros gravados con derechos nacionales o exentos de gravamen por la ley, ni sobre ganados, productos, efectos o cualquiera clase de mercadería, vayan o no de tránsito para otro Estado, o que se transporten por su territorio, antes de ofrecerse al consumo en él;
A no prohibir el consumo de los ganados, artículos y demás producciones de otros Estados, ni gravar su consumo con impuestos mayores o menores de los que paguen sus similares de la localidad;
A no establecer Aduanas para el cobro de impuestos de importación, pues sólo habrá las nacionales;
A reservar a cada Estado el derecho de disponer de sus productos naturales, de la manera establecida en la base 28. de este Artículo;
A respetar los parques y castillos, edificios y demás propiedades de la Nación;
A dar entera fe a los actos públicos y de procedimiento judicial de los otros Estados y del Distrito Federal, y hacer que se cumplan y ejecuten;
A organizar sus Tribunales y Juzgados para la más cumplida Administración de Justicia, y a tener todos una misma legislación sustantiva y civil, comercial y penal, y unas mismas leyes de procedimiento civil, penal y mercantil;
A concurrir a la formación de las Cortes Federal y de Casación, de la manera prescrita por esta Constitución;
A someterse a las decisiones de la Corte de Casación. El Distrito y los Territorios Federales quedan también sometidos a dichas decisiones;
A adoptar para el nombramiento de los miembros de los Concejos Municipales, Asambleas Legislativas y Cámara de Diputados, el voto directo, y para el de sus demás funcionarios de elección popular, el voto directo o por delegación; debiendo ser secreto en ambos casos y tener por base el Censo Electoral, según la ley Federal sobre la materia;
A reservar a la Nación la facultad de legislar sobre Instrucción Pública Superior. Tanto la Nación como los Estados deben establecer la instrucción primaria gratuita y obligatoria, y la secundaria y de las artes y oficios, gratuita;
A dar el contingente, desarmado, que proporcionalmente les corresponda para componer la fuerza pública nacional, conforme lo determine una ley Federal sobre la materia;
A no permitir en los Estados enganches o levas que tengan o puedan tener por objeto atacar la libertad o independencia o perturbar el orden público de la Nación, o de otros estados, o de otra Nación;
A no declarar ni hacer la guerra, en ningún caso, un Estado a otro, y a guardar estricta neutralidad en todas las contiendas que lleguen a suscitarse entre otros Estados;
A deferir y someterse a la decisión de la Corte Federal en todas las controversias que se susciten entre dos o más Estados, cuando no puedan de por sí y por medios pacíficos llegar a un avenimiento. Si por cualquiera causa, en el caso de optar por el arbitramento, no designaren el árbitro a cuya decisión se someten, lo queda de hecho a la Corte Federal;
A reconocer la competencia de la Corte de Casación para conocer de las causas que por traición a la Patria, o por infracción de la Constitución y de las leyes de la Unión se intenten contra los que ejercen la primera autoridad ejecutiva en los Estados, debiendo consignar estos principios en sus Constituciones. En éstos se seguirán los trámites que establezca las leyes generales, y se decidirá con arreglo a ellas;
A tener como única renta propia:
1. 1. Lo que produzca en todas las Aduanas de la República la contribución que se cobra con el nombre de impuesto territorial, que en lo sucesivo se denominará impuesto de tránsito;
  2. El total de lo que produzcan las minas, los terrenos baldíos y salinas;
    Esta renta se distribuirá quincenalmente por el Ejecutivo Federal entre todos los Estados, proporcionalmente al número de sus habitantes, pero, al efecto, para el Estado cuya población no alcance a setenta mil habitantes, se fija esa cifra como base de población proporcional de la Renta.
2. El producto del papel sellado de acuerdo con sus respectivas leyes, y los impuestos sobre productos naturales no provenientes de terrenos baldíos;
  Si alguno o algunos de los impuestos citados en esta base fueren suprimidos o reducidos por la Ley, el Congreso deberá establecer la manera de devolver a los Estados la parte de la renta que se suprima o se reduzca;
A facultar al Congreso de la Unión para crear y organizar la renta establecida en los Números 1. y 2. de la base anterior. A este efecto los Estados ceden al Ejecutivo Federal la administración de las salinas, minas y tierras baldías, pudiendo adjudicarse a éstas dos últimas conforme a la ley;
A mantener distantes de las fronteras a los individuos que se asilen en un Estado, siempre que el Estado interesado lo solicite.

Artículo 7.- Ni el Congreso Nacional, ni los Estados, en sus leyes, podrán alterar en manera alguna las bases estipuladas en el Artículo anterior, con el pretexto de aclararlas o interpretarlas, sino por el procedimiento establecido para reformar esta Constitución.

Título III.

Sección I. De los venezolanos

Artículo 8.- Los venezolanos lo son por nacimiento o por naturalización.

Son venezolanos por nacimiento:
1. Todas las personas que hayan nacido o nacieren en el territorio de Venezuela, cualesquiera que sea la nacionalidad de sus padres;
2. Los hijos de padre o madre venezolanos por nacimiento que nazcan en el extranjero, siempre que al venir al país se domicilien en él y declaren ante la autoridad competente la voluntad de serlo;
3. Los hijos legítimos que nacieren en el extranjero o en el mar, de padre venezolano que se encuentre residiendo o viajando en ejercicio de una misión diplomática, o adscrito a una Legación de la República;
Son venezolanos por naturalización===
1. Los hijos de padre o madre venezolanos por naturalización, si vinieren a domiciliarse en el país y manifestaren su voluntad de ser venezolanos;
2. Los nacidos o que nazcan en las Repúblicas hispano-americanas, siempre que hayan adquirido domicilio en la República, y hayan manifestado su voluntad de ser venezolano;
3. Los extranjeros que hubieren obtenido carta de naturaleza o de ciudadanía, conforme a las leyes.

Artículo 9.- La manifestación de voluntad de ser venezolano debe hacerse ante el Registrador Principal del Estado en que el manifestante establezca su domicilio, y aquél, al recibirla, la extenderá en el protocolo respectivo y enviará copia de ella, al Ejecutivo Federal para su publicación en la Gaceta Oficial.

Artículo 10.- Son electores y elegibles para los cargos públicos los venezolanos mayores de veintiún años, con sólo las condiciones expresadas en esta Constitución y en las leyes.

Artículo 11.- Todos los venezolanos tienen el deber de servir a la Nación, conforme los dispongan las leyes.

Artículo 12.- Los venezolanos gozarán, en todo el territorio de la República, de iguales derechos y tendrán iguales deberes, sin más condiciones que establecidas en esta Constitución.

Artículo 13.- Los extranjeros gozan de todos los derechos civiles de que gozan los nacionales. Por tanto, la Nación no tiene ni reconoce a favor de los extranjeros ningunas otras obligaciones ni responsabilidades que las que a favor de los nacionales haya establecido en igual caso en la Constitución y en las leyes.

Artículo 14.- Los extranjeros, si tomaren participación en las contiendas políticas, quedarán sometidos a las mismas responsabilidades que los venezolanos, y a lo dispuesto en la Atribución 20 del Artículo 89.

Único. En ningún caso podrán pretender, tanto los nacionales como los extranjeros, que la Nación ni los Estados les indemnicen daños, perjuicios o expropiaciones que no se hayan ejecutados por autoridades legítimas, obrando en su carácter público.

Artículo 15.- El Gobierno de Venezuela no celebrará tratados con otras Naciones con menoscabo de los principios establecidos en los tres artículos anteriores.

Artículo 16.- La Ley determinará los derechos de los extranjeros no domiciliados.

Sección II. Derechos de los venezolanos

Artículo 17.- La Nación garantiza a los venezolanos la efectividad de los siguientes derechos:

La inviolabilidad de la vida, quedando abolida la pena capital;
La propiedad, que sólo estará sujeta a las contribuciones decretadas por la Autoridad Legislativa, de conformidad con esta Constitución, y a ser tomadas para obras de utilidad pública, previa indemnización y juicio contradictorio;
La inviolabilidad de la correspondencia y demás papeles particulares, que no podrán ser ocupados sino por disposición de la Autoridad Judicial competente, y con las formalidades que establezcan las leyes; pero guardándose siempre el secreto respecto de lo doméstico y privado;
La inviolabilidad del hogar doméstico, que no podrá ser allanado sino para impedir la perpetración de un delito; y esto mismo ha de ejecutarse conforme a la ley;
La libertad personal, y por ella:
1. Queda abolido el reclutamiento forzoso para el servicio de las armas, servicio que ha de prestarse conforme lo disponga la ley;
2. Proscrita para siempre la esclavitud;
3. Libre los esclavos que pisen el territorio de Venezuela;
4. Todos con derecho de hacer o ejecutar lo que no perjudique a otro; y,
5. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande, ni impedido de ejecutar lo que ella no prohíba;
La libre expresión del pensamiento, de palabra o por medio de la prensa. En casos de calumnia o injuria, quedan al agraviado expeditas sus acciones para deducirlas ante los tribunales de justicia competentes, conforme a las leyes comunes; pero el inculpado no podrá ser preso ni detenido en ningún caso, sino después de dictada sentencia por el Tribunal competente la sentencia ejecutoria que lo condene;
La libertad de transitar sin pasaporte en tiempo de paz, mudar de domicilio, observando para ello las formalidades legales, y ausentarse de la República y volver a ella, llevando y trayendo sus bienes;
La libertad de industria; sin embargo la ley podrá asignar un privilegio temporal a los autores de descubrimientos y producciones y a los que implanten una industria inexplotada en el país;
La libertad de reunión o asociación, sin armas, pública y privadamente, sin que puedan las autoridades ejercer acto alguno de coacción;
La libertad de petición: ésta podrá hacerse ante cualquier funcionario, autoridad o corporación, las cuales están obligados a dar pronta resolución. Si la petición fuere de varios, los cinco primeros responden de la autenticidad de las firmas, y todos de la verdad de los hechos;
El derecho de sufragio, que solo podrá ser ejercido por los venezolanos varones, mayores de veintiún años, con excepción de los que estén sometidos a interdicción declarada por sentencia ejecutoria;
La libertad de enseñanza, que será protegida en toda su extensión;
La libertad religiosa;
La seguridad individual; y por ella:
1. Ningún venezolano podrá ser preso ni arrestado en apremio por deudas que no provengan de fraude o delito;
2. Ni ser obligados a recibir militares en su casa en calidad de alojados o acuartelados;
3. Ni ser juzgado por Tribunales ni comisiones especiales, sino por sus jueces naturales y en virtud de ley preexistente;
4. Ni ser preso ni detenido sin que preceda información sumaria de haber cometido delito que merezca pena corporal, y orden escrita del funcionario que decrete la prisión; a menos que sea cogido infraganti, no pudiendo fuera de este caso, ordenarse la prisión sino por autoridad judicial, ni los arrestos por la policía pasar de tres días, después de los cuales el arrestado debe ser puesto en libertad o entregado al Juez competente;
5. Ni ser incomunicado por ninguna razón ni pretexto;
6. Ni ser obligado a prestar juramento ni a sufrir interrogatorio, en causa criminal contra sí mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, ni contra del cónyuge;
7. Ni ser condenado a sufrir ninguna pena en materia criminal, sino después que haya sido oído legalmente;
8. Ni continuar en prisión, si se destruyen los fundamentos que la motivaron;
9. Ni ser privado de su libertad, por causas políticas, sin inmediata información sumaria de la cual resulte comprometido en conspiraciones contra el orden público. En todo caso, los detenidos no podrán ser confundidos en una misma prisión con los indiciados o reos de delitos comunes, ni ser aherrojados, ni seguir privados de su libertad una vez restablecido el orden;
10. Ni ser juzgado por segunda vez por el mismo hecho, ni sometido a sufrir ninguna especie de tormentos;
11. Ni ser condenado a pena corporal por mas de quince años;
La igualdad, en virtud de lo cual:
1. Todos deben ser juzgados por unas mismas leyes y sometidos a iguales deberes, servicios y contribuciones;
2. No se concederán títulos de nobleza, honores ni distinciones hereditarias, ni empleos ni oficios, sueldos o emolumentos que duren más tiempo que el servicio; y
3. No se dará otro tratamiento a los empleados y magistrados que el de «ciudadano» y de «usted».

Artículo 18.- La anterior enumeración no coarta a los Estados la facultad de acordar a sus habitantes otros derechos.

Artículo 19.- Los que expidieren, fuera del caso del Artículo 89, firmaren, ejecutaren o mandaren ejecutar decretos, órdenes o resoluciones que violen cualquiera de los derechos garantizados a los venezolanos, son culpables, y deben ser castigados conforme lo determine la Ley. Todo ciudadano es hábil para acusarlos, y el derecho de acusación contra ellos durará hasta un año después de terminado el periodo constitucional.

Artículo 20.- Los derechos reconocidos y consagrados en los Artículos anteriores, no serán menoscabados ni dañados por las leyes que reglamenten su ejercicio, y las que esto hicieren serán declaradas, de conformidad con la atribución 10. del Artículo 105 como inconstitucionales.

Título IV. Soberanía Nacional y Poder Público

Artículo 21.- La Soberanía reside esencialmente en el pueblo, quien la ejerce por medio de los Poderes Públicos para garantía de la libertad y el orden.

Artículo 22.- El pueblo no gobierna sino por medio de sus mandatarios o autoridades establecidas por la Constitución y la Leyes.

Artículo 23.- La definición de atribuciones y facultades señala los límites del Poder Público: todo lo que extralimite dicha definición, constituye una usurpación de atribuciones.

Artículo 24.- Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.

Artículo 25.- Toda decisión acordada por requisición directa o indirecta de la fuerza, o de reunión de pueblo en actitud subversiva, es nula de derecho y carece de eficacia.

Artículo 26.- El Gobierno de la Unión es y será siempre republicano, democrático, electivo, federal, representativo, alternativo y responsable.

Artículo 27.- El Ejercicio de la Soberanía se confiere por el voto de los ciudadanos o de las corporaciones que tienen la facultad de elegir los Poderes Públicos al tenor de esta Constitución; sin que sea potestativo a ninguno de estos poderes arrogarse la plenitud de la Soberanía.

Artículo 28.- El ejercicio de todo poder público acarrea responsabilidad individual, por extralimitación de las facultades que la Constitución otorga, o por quebrantamiento de la ley que organiza sus funciones, en los términos que esta Constitución y las leyes establecen.

Artículo 29.- El Poder Público se distribuye entre el Poder Federal y el Poder de los Estados, en los límites establecidos en esta Constitución.

Artículo 30.- El Poder Federal se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Título V. Poder Legislativo Federal

Sección I. Poder Legislativo

Artículo 31.- El Poder Legislativo se ejerce por una Asamblea que se denomina «Congreso de los Estados Unidos de Venezuela», compuesta de dos Cámaras, una de Senadores y otra de Diputados.

Sección II. De la Cámara de Diputados

Artículo 32.- Para formar la Cámara de Diputados, cada Estado elegirá uno por cada cuarenta mil habitantes, y uno más por exceso de veinte mil. El Estado cuya población no alcance a cuarenta mil elegirá un Diputado. También elegirá Suplentes en número igual al de los Diputados Principales, para sustituir a estos por orden su elección.

Único. Los Diputados durarán en sus funciones por todo el periodo Constitucional.

Artículo 33.- Para poder ser Diputado se requiere:

Ser venezolano,
Natural del Estado que lo elige o domiciliado en él y
Haber cumplido veinticinco años.

Artículo 34.- El Distrito Federal y los Territorios que tuvieren o llegaren a tener la base de la población establecida en el Artículo 32, elegirán también sus Diputados en la forma que determine la Base 21 del Artículo 6.

Único. No se computarán en la base de población los indígenas que viven en estado salvaje.

Artículo 35.- Son atribuciones de la Cámara de Diputados:

Dar el voto de censura a los Ministros del Despacho; y por este hecho quedarán vacantes sus puestos;
Elegir dentro de los primeros quince días de su instalación, en el primer año del periodo correspondiente, el Procurador General de la Nación y dos Suplentes en votaciones sucesivas y por mayoría absoluta. Estos empleados prestarán la promesa legal ante la Corte Federal, para entrar en el ejercicio de sus funciones, que serán determinadas por la Ley.

Sección III. De la Cámara del Senado

Artículo 36.- Para formar esta Cámara la Asamblea Legislativa de cada Estado elegirá de fuera de su seno dos Senadores principales, y dos Suplentes para llenar las vacantes de aquellos por orden de su elección.

Único. Los Senadores durarán en sus funciones seis años y serán renovados cada tres años por mitad.

Artículo 37.- Para ser Senador se requiere haber cumplido (30) treinta años de edad, haber nacido en el Estado que lo elija o ser venezolano por nacimiento domiciliado en él.

Artículo 38.- Son atribuciones de la Cámara del Senado:

Conceder los grados militares desde Coronel inclusive, en adelante, a propuesta del Ejecutivo Federal;
Acordar a los restos de venezolanos ilustres, ocho años después de su muerte, el honor de ser depositados en el Panteón Nacional. Aquellos a quienes ya se haya acordado o para quienes se haya pedido este honor, quedan exentos de esta restricción;
Ejercer las demás atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes.

Sección IV. Disposiciones comunes a ambas Cámaras

Artículo 39.- Las Cámaras Legislativas se reunirán cada año en la Capital de la Unión el día 20 de febrero o el más inmediato posible, sin necesidad de ser previamente convocados. Las sesiones durarán ochenta días improrrogables.

Artículo 40.- Las Cámaras abrirán sus sesiones con las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos; y a la falta de este número, los concurrentes se reunirán en Comisión Preparatoria y dictarán las disposiciones que crean convenientes para la concurrencia de los ausentes.

Artículo 41.- Una vez abiertas las sesiones podrán continuarse con la asistencia de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros.

Artículo 42.- Las Cámaras funcionarán separadamente y se reunirán en congreso cuando lo determine la Constitución o las leyes, o cuando una de las dos lo crea necesario. Si conviniere la invitada, toca a ésta fijar el día y la hora de la reunión.

Artículo 43.- Las sesiones serán públicas pero podrán ser también secretas cuando lo acuerde la Cámara.

Artículo 44.- Las Cámaras tienen el derecho:

De dictar su respectivo reglamento interior y de debates, y de acordar la corrección para los infractores;
De establecer la policía en el edificio donde se celebren sus sesiones;
De corregir o castigar a los espectadores que falten al orden establecido;
De remover los obstáculos que se opongan al libre ejercicio de sus funciones;
De mandar ejecutar sus resoluciones privativas;
De calificar a sus miembros y oír sus renuncias.

Artículo 45.- Las Cámaras funcionarán en una misma población, abrirán y cerrarán sus sesiones en un mismo día; y ninguna de las dos podrá suspenderlas ni mudar su residencia sin el consentimiento de la otra. En caso de divergencia, se reunirán en Congreso y se ejecutará lo que resuelva la mayoría.

Artículo 46.- El ejercicio de cualquier función pública, nacional o de los Estados, es incompatible con los de Senador o Diputado, durante las sesiones. La aceptación de un destino nacional que no sea en lo militar, impedirá que el Senador o Diputado pueda desempeñar las funciones de tal en las sesiones inmediatas a la época en que se desempeñara el destino.

Artículo 47.- La ley designará los emolumentos que han de recibir por sus servicios los Senadores y Diputados, los cuales no podrán ser aumentados sino para el periodo siguiente al en que se decretare el aumento.

Artículo 48.- Los Senadores y Diputados desde el 20 de enero hasta 30 días después de terminadas la sesiones, gozarán de inmunidad; y ésta consiste en la suspensión de todo procedimiento civil o criminal, cual quiera que sea su origen o naturaleza. Cuando alguno cometiere un hecho que merezca pena corporal, la averiguación continuará hasta el término del sumario, quedando en este estado mientras dure la inmunidad.

Artículo 49.- Las Cámaras no podrán, en caso alguno, allanar a ninguno de sus miembros para que se viole en él la inmunidad que se establece por el artículo anterior. Los Magistrados, autoridades o corporaciones y sus agentes, que priven de su libertad a un Senador o Diputado, durante el goce de su inmunidad, serán sometidos a juicio ante la autoridad judicial competente, pudiendo ser acusados por cualquier ciudadano con tal fin, y quedarán por el mismo hecho destituidos de sus empleos, sin perjuicio de las penas que establece la ley para los infractores de la Constitución.

Artículo 50.- El Congreso será presidido por el Presidente del Senado; y el de la Cámara de Diputados hará de Vicepresidente.

Artículo 51.- Los miembros de las Cámaras no son responsables por el voto, ni por las opiniones que emitan en ellas.

Artículo 52.- Los Senadores y Diputados no podrán celebrar con el Ejecutivo Nacional contratos propios ni ajenos; ni gestionar ante él reclamos de otros.

Artículo 53.- Cuando por muerte, o por otra causa que produzca vacante absoluta, se hubiesen reducido los suplentes de un Estado en el Senado, a menor número del que le corresponda, su Asamblea Legislativa llenará las vacantes que hayan ocurrido, por el tiempo que faltaba al sustituido o sustituidos. En cuanto a las faltas que ocurran en la Cámara de Diputados, la respectiva Constitución de los Estados determinará la manera de suplirlas.

Sección V. Atribuciones del Congreso

Artículo 54.- El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela tiene las atribuciones siguientes:

Dictar la ley constitutiva del Distrito y Territorios Federales y sus respectivas leyes electorales. El Distrito Federal tendrá un Concejo Municipal autonómico en lo referente a su administración. La ley determinará la manera que las atribuciones del Municipio no entraben la libertad de acción política que deben disponer el Ejecutivo y demás Altos Poderes Federales en él residente;
Decretar los impuestos nacionales, crear las aduanas y organizar todo lo referente a ellas;
Resolver todo lo relativo a la habilidad y seguridad de los puertos y costas marítimas y fluviales;
Sancionar los Códigos nacionales con arreglo al Inciso 18. del Artículo 6. de esta Constitución, y del código de Instrucción Pública Federal;
Fijar el tipo, valor, ley, peso y acuñación de la moneda nacional de oro y plata, siendo el patrón oro el patrón monetario; resolver sobre la admisión y circulación de la extranjera de oro, cuya importación en Venezuela es y será libre;
Legislar sobre Bancos y sobre cualesquiera otros institutos de crédito;
Designar el escudo de armas y la bandera nacionales, que serán unos mismos para la Nación y todos los Estados;
Crear, suprimir y dotar los empleos nacionales;
Determinar exclusivamente, sobre todo lo relativo a la deuda nacional y sus intereses;
Decretar empréstitos sobre el crédito de la Nación;
Disponer todo lo relativo a la formación de la Carta Geográfica del país y a la Estadística y Censo Nacional. Éste deberá hacerse cada diez años;
Dictar el Código Militar y de Marina y las leyes conducentes a la organización de la Milicia Nacional; debiendo disponerse en aquél la creación y organización de Institutos profesionales para el perfeccionamiento de los ciudadanos que se dediquen a la carrera de las armas, siendo impretermitible el conferimiento de grados por riguroso escalafón;
Fijar anualmente el número de fuerzas de mar y tierra;
Dictar las reglas para la formación y reemplazo de la fuerzas expresadas en el número anterior;
Decretar a la guerra y requerir al Ejecutivo Federal para que negocie la paz;
Aprobar o negar Tratados y Convenios diplomáticos, los que sin el requisito de su aprobación no serán válidos ni podrán ratificarse ni canjearse. La Ley aprobatoria que dicte el Congreso no recibirá el Ejecútese, ni será ratificado el tratado sino cuando conste que él está aceptado por la otra parte. Los tratados no se publicarán hasta después de haber sido ratificados y canjeados;
Aprobar o negar los contratos de interés nacional que celebre el Ejecutivo Federal, los cuales no podrán llevarse a efecto sin su aprobación;
Discutir y sancionar el Presupuesto General de Rentas y gastos públicos, que en ningún caso dejará de votarse cada año;
Promover todo lo conducente a la Inmigración y Colonización;
Fijar y uniformar las pesas y medidas nacionales;
Conceder amnistías;
Permitir, o no, la admisión de extranjeros al servicio de la República;
Dictar leyes generales sobre retiros y montepíos militares, jubilación y pensiones;
Legislar sobre Correos y Telégrafos Nacionales;
Oír la renuncia del Presidente y Vicepresidentes de la República;
Dictar las leyes relativas al servicio diplomático y consular, y reglamentar ambas carreras;
Expedir la ley que establezca las reglas que han de seguirse en los casos de apresamiento; la de corso, y la de la policía en las fronteras con los países limítrofes;
Establecer la ley sobre la responsabilidad de todos los empleados nacionales y de los Estados, por infracción de esta constitución y de las leyes generales de la Unión en el Código respectivo;
Dictar la ley sobre Censo Electoral para los efectos de la Base 21. del Artículo 6.
Prescribir el procedimiento que ha de observarse para llevar a efecto la unión o separación que los Estados se propongan, tan luego como se reciba el expediente que sobre el particular deben remitirlo las respectivas Asambleas; y para llevar a su efecto la reintegración de los Territorios a sus respectivos Estados, o su erección en Entidades Federales;
Dictar las leyes relativas a la naturalización de extranjeros; a las minas, salinas y tierras baldías; al Registro Público; a la organización de las penitenciarías y lazaretos; a la expropiación por causa pública; a la propiedad intelectual y a los privilegios de invención, descubrimiento y establecimiento de nuevas industrias, y de maracas de fábricas; a la organización de la Corte Federal, Corte de Casación y demás Tribunales Federales; y sobre epidemias y epizootias;
Expedir todas las leyes relativas al ejercicio de las atribuciones que esta Constitución concede al Poder Federal.

Artículo 55.- Los actos que sancionen las Cámaras Legislativas de Venezuela, funcionando separadamente como cuerpos colegisladores, se denominarán «Leyes»; y los que sancionen reunidas en Congreso, o separadas, para asuntos privativos de cada una, se llamarán «Acuerdos».

Sección VI. De la formación de las Leyes

Artículo 56.- La iniciativa de las leyes tendrá lugar en cualquiera de las Cámaras, y compete a sus respectivos miembros.

Artículo 57.- Luego que se haya presentado un proyecto, se leerá y considerará para ser admitido, y si lo fuere, se le darán tres discusiones con el intervalo de un día, por lo menos, de una a otra, observándose las reglas establecidas para los debates.

Artículo 58.- Los proyectos aprobados en la Cámara en que fueron iniciados se pasarán a la otra para los efectos del Artículo anterior, y si no fueren negados, se devolverán a la Cámara de su origen con las alteraciones que hubieren sufrido.

Artículo 59.- Si la Cámara de origen no admitiere las alteraciones, podrá insistir y enviar sus razones escritas a la otra. También podrá invitarla a reunirse en Congreso y resolverse en Comisión general para buscar la manera de acordarse, pero si esto no pudiera conseguirse, quedará sin efecto el proyecto, luego que la Cámara del origen resuelva, separadamente, la ratificación de su insistencia.

Artículo 60.- Al pasarse los proyectos de una a otra Cámara, se expresarán los días que han sido discutidos.

Artículo 61.- La Ley que reforma otra se redactará íntegra, y se derogará la anterior en todas sus partes.

Artículo 62.- En las leyes se usará esta fórmula: «El Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, decreta.»

Artículo 63.- Los proyectos rechazados en las sesiones de un año, no podrán ser presentados de nuevo, sino en las de otro.

Artículo 64.- Los proyectos que quedaren pendientes en una Cámara al fin de las sesiones, sufrirán en ellas las mismas tres discusiones en las sesiones subsiguientes.

Artículo 65.- Las leyes se derogan con las mismas formalidades establecidas para sancionarlas.

Artículo 66.- Los actos legislativos una vez sancionados se comunicarán por duplicado al Presidente de la República, y se publicarán en el Diario de Debates de la Cámara del Senado, firmados por los Presidentes y Secretarios de ambas Cámaras, y estarán en observancia, cumplidas que sean las formalidades establecidas en la Atribución 1. del Ejecutivo Federal. Éste devolverá uno de los dos ejemplares al Congreso con el mandato de su cumplimiento.

Párrafo único. En la publicación que se hará en el Diario de Debates, se expresará la fecha en que las leyes o decretos hayan sido presentados al Presidente de la República, a fin de que transcurridos los quince días a que se refiere la Atribución 1. del Artículo 89, tengan de todas maneras toda su fuerza y vigor.

Artículo 67.- La facultad que tiene el Congreso de legislador no es delegable. Tampoco podrá exceptuar ni dispensar a persona alguna del cumplimiento de los trámites establecidos en las leyes en asuntos que no sean de su competencia, ya por su naturaleza, ya por estar atribuidos a cualquiera de los otros Poderes Públicos.

Artículo 68.- Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto en materias de procedimiento judicial, y las que impongan menor pena.

Artículo 69.- Cuando los Ministros del Despacho hayan sostenido en las Cámaras la inconstitucionalidad de un proyecto, y no obstante quedare sancionado como Ley, el Procurador General denunciará la colisión para que el punto sea resuelta conforme al Artículo 106.

Título VI. Poder Ejecutivo Federal

Sección I. Administración General de la Unión

Artículo 70.- Todo lo relativo a la Administración General de la Nación, que no esté atribuido a otra autoridad por esta Constitución, es competencia del Ejecutivo Federal; éste se ejerce por un Magistrado que se nombrará Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, en unión de los Ministros del Despacho, que son sus órganos.

Artículo 71.- Las funciones del Ejecutivo Nacional no pueden ejercerse fuera del Distrito Federal, sino en el caso previsto en el Número 5, Atribución 20 del Artículo 89 de esta Constitución.

Sección II. Del Presidente de la Unión

Artículo 72.- Para ser Presidente de la República se requiere ser venezolano por nacimiento y haber cumplido treinta años.

Artículo 73.- El Presidente de la República durará seis años y no podrá ser reelecto para el periodo constitucional inmediato al que preside. Tampoco podrá serlo quien haya desempeñado la Presidencia durante el último año del periodo constitucional anterior; ni los parientes de uno u otro hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Artículo 74.- El Presidente de la Unión deberá entrar a ejercer sus funciones luego que sea declarada su elección. Si por hallarse ausente de la capital o por cualquier otra causa no pudiere hacerlo oportunamente, la Presidencia será desempeñada interinamente de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 75, 76 y 77 de esta Constitución. La promesa legal deberá presentarse ante el Congreso de la República y en receso de éste, ante la Corte Federal.

Artículo 75.- Las faltas temporales o absolutas del Presidente de la República, serán suplidas por un Primer Vicepresidente y las de éste por un Segundo Vicepresidente, que tendrá igual duración de aquel.

Artículo 76.- Las faltas temporales de los dos Vicepresidentes de la República serán suplidas por el Presidente de la Corte Federal o el que esté ejerciendo la Presidencia; y las absolutas por este mismo funcionario, mientras se llena la vacante conforme al Artículo siguiente.

Artículo 77.- Caso de que el Presidente de la Corte Federal esté ejerciendo la Presidencia de la República por falta absoluta del Presidente y Vicepresidentes de la misma, convocará a elecciones para suplir aquellos funcionarios por el resto del periodo constitucional, siempre que dicha vacante hubiere ocurrido durante los cuatro primeros años del periodo; mas, si la vacante tuviere lugar en los dos últimos años, el cuerpo encargado de perfeccionar la elección presidencial de que habla el Artículo 85, elegirá libremente, por tramitación allí pautada, a los que deben desempeñar dichos cargos por el resto del periodo.

Artículo 78.- En los casos de falta absoluta o temporal del Presidente de la República, se participará inmediatamente a los Estados quien ha entrado a reemplazarlo.

Artículo 79.- Son Atribuciones privativas del Presidente de la República:

Nombrar y remover los Ministros del Despacho;
Recibir y cumplimentar a los Ministros Públicos de otras Naciones;
Firmar las cartas oficiales dirigidas a los Soberanos o primeros Magistrados de otros países;
Ejercer según la Ley, la superior autoridad civil y política del Distrito Federal, por medio de un Gobernador de su libre elección y remoción, que refrendará sus actos;
Dirigir la Guerra y mandar en persona el Ejército, o nombrar quien haya de hacerlo;
Separarse transitoriamente de la capital de la República, cuando asuntos de interés público o su salud lo exijan;
Dirigir al Congreso de la Unión en la oportunidad y forma, de que trata el Artículo 96 un mensaje sintético, respecto a la marcha política y administrativa del país y de lo que hubiere hecho en uso de sus atribuciones privativas.

Artículo 80.- La Ley señalará los sueldos que hayan de percibir el Presidente y los Vicepresidentes de la República. La ley que los modifique no regirá sino para el periodo constitucional siguiente.

Artículo 81.- El Presidente de la República es responsable por traición a la patria y por delitos comunes.

Sección III. Elección del Presidente de la Unión

Artículo 82.- El día 28 de octubre del último año del periodo Constitucional, se reunirán los Concejos Municipales de cada Estado y votarán para Presidente, primer Vicepresidente y segundo Vicepresidente de la República, declarando como voto del Distrito el de la mayoría absoluta de sus miembros. El resultado de la votación se remitirá a la Asamblea Legislativa del Estado.

Artículo 83.- La Asamblea Legislativa del Estado en los primeros días de su reunión, hará el escrutinio de los votos de los Concejos Municipales del Estado y declarará como Candidatos de éste a los ciudadanos que hubieren obtenido la mayoría de los votos de los Distritos. Del resultado se levantará una acta de la cual se compulsarán tres ejemplares que se remitirán: uno al Senado de la República, otro al Registro Principal del Estado y otro a la Corte Federal. En el caso de empate en las votaciones de que trata este artículo, decidirá la suerte.

Artículo 84.- El escrutinio general lo hará el Senado de la República, y en caso de que ninguno de los Candidatos haya obtenido la mayoría absoluta de los votos, y en el de empate, se constituirán en Cuerpo Electoral las Cámaras Legislativas y se perfeccionará la elección a los Candidatos que hubieren obtenido el mayor número de votos. La agrupación de los Senadores, y Diputados de cada Estado representará un voto, que será el de la mayoría de agrupación.

Artículo 85.- El escrutinio de que se trata el artículo anterior, así como su perfeccionamiento por el Cuerpo Electoral se harán en una sola sesión a cuyo fin ni en uno u otro caso podrá separarse del local ningún miembro sin el consentimiento del Cuerpo.

Artículo 86.- El escrutinio general de que trata el Artículo 84 deberá ser practicado por el Senado dentro de los ocho primeros días de sus sesiones ordinarias. Si para entonces no se hubieren recibido todos los registros, la Cámara dictará todas las medidas conducentes para obtenerlos, debiéndose diferir el acto hasta cuarenta días si fuere necesario. Vencido este término, podrá efectuarse el escrutinio con los Registros que se hayan recibido, siempre que no bajen de las dos terceras partes; y si no hubieren alcanzado a este número, se considerará el caso, como de vacante absoluta de la Presidencia, y se procederá como lo disponen los Artículos 76 y 77 de esta Constitución.

Artículo 87.- La elección de Presidente y Vicepresidente de la República, en los Estados, debe quedar practicada en una sola sesión del Cuerpo Electoral, y a este fin durante la sesión no podrá separarse del local ningún miembro sin el consentimiento del Cuerpo.

Artículo 88.- La ley reglamentará las disposiciones contenidas en esta Sección.

Sección IV. Atribuciones del Ejecutivo Federal

Artículo 89.- Son atribuciones del Ejecutivo Federal:

Mandar a cumplir las Leyes y Decretos del Congreso Nacional, y hacerlos publicar en la Gaceta Oficial dentro de los quince primeros días de haberlos recibido, salvo los dispuesto en la Atribución 16 del Artículo 54;
Expedir patente de navegación a buques nacionales;
Expedir cartas de nacionalidad conforme a la ley;
Nombrar los empleados nacionales cuyo nombramiento no esté atribuido a otro funcionario;
Remover los empleados nacionales de su libre elección, y mandarlos a suspender o enjuiciar si hubiere motivo para ello;
Defender el Distrito Federal cuando haya serios temores de que pueda ser invadido por fuerzas extrañas;
Dictar las medidas necesarias para que se haga el censo de la población de la República, cada diez años;
Negociar empréstitos que decretare el Congreso, en entera conformidad con sus disposiciones;
Cuidar y vigilar la recaudación de las rentas nacionales;
Expedir los Decretos o reglamentos para la mejor ejecución de las leyes, siempre que la Ley lo exija o establezca en su texto, cuidando de no alterar el espíritu y la razón de la Ley;
Cuidar del cumplimiento de esta Constitución y de todas las leyes de la República;
Organizar el Ejército y la Milicia Nacional conforme a la Ley;
Reglamentar el servicio de Correos, Telégrafos y Teléfonos Federales, conforme a la Ley; pudiendo crear o suprimir estaciones u oficinas que reclamen urgentemente estas medidas, dando cuenta a la Legislatura Nacional en su próxima reunión;
Preservar a la Nación de todo ataque exterior;
Dar cuenta al Congreso, en la forma y tiempo que preceptúa el Artículo 96 de todos los actos que haya ejecutado en uso de sus atribuciones;
Convocar extraordinariamente el Congreso cuando lo exija la gravedad de algún asunto;
Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar toda especie de tratados con otras Naciones, por medio de los Agentes Diplomáticos de la República, sometiendo dichos Tratados al Congreso Nacional, para los efectos de la Atribución 16 del Artículo 54;
Declarar la guerra en nombre de la República cuando la haya declarado el Congreso;
Administrar los terrenos baldíos, las minas y las salinas de los Estados; y otorgar pensiones civiles y militares y jubilaciones conforme a la Ley;
En casos de Guerra extranjera podrá:
1. Pedir a los Estados los auxilios necesarios para la defensa nacional;
2. Exigir anticipadamente las contribuciones;
3. Arrestar o expulsar a los individuos de la Nación con la cual se esté en guerra y sean contrarios a la defensa del País;
4. Expedir patentes de corso y autorizar represalias;
5. Señalar el lugar donde deba trasladarse transitoriamente el Ejecutivo y demás Poderes Federales, cuando haya graves motivos para ello;
6. Disponer el enjuiciamiento por traición a la patria, de los venezolanos que de alguna sean hostiles a la defensa nacional;
7. Suspender los derechos cuyo ejercicio sea incompatible con la defensa de la República, excepto el de la vida, previa declaratoria de los que se suspenden y con la limitación a la localidad o a todas las localidades en que fuere necesario;
Hacer uso de la fuerza pública y de las facultades expresadas en los Números 1, 2, 5 y 7 del Inciso anterior y en la forma en él indicada, con el objeto de restablecer el orden constitucional, en los casos de sublevación a mano armada contra los Poderes públicos e instituciones políticas que se ha dado la Nación;
Disponer de la fuerza pública en el caso de ser ineficaz la interposición de sus buenos oficios, para poner término a la colisión armada entre dos o más Estados, y exigirles que depongan las armas y sometan sus controversias a los jueces que deban de conocer de ellas, según lo dispuesto en el Número 26 del Artículo 6. de esta Constitución;
También ejercerá esta atribución caso de rebelión a mano armada en cualquiera de los Estados de la Unión, después de haber agotado los medios pacíficos y conciliadores, para restablecer la paz y orden públicos, debiendo a este respecto, tener en cuenta lo que dispone el Artículo 140 de esta Constitución;
Celebrar los contratos de interés nacional, con arreglo a las leyes y someterlos al Congreso para los efectos de la Atribución 17 del Artículo 54, sin cuyo requisito no podrán ponerse en ejecución;
Prohibir la entrada en el territorio nacional, o expulsar de él, a los extranjeros que no tengan domicilio en el país y que sean notoriamente perjudiciales al orden público;
Desempeñar las demás funciones que le atribuyan las leyes.

Sección V. Ministros del Despacho

Artículo 90.- El Presidente de los Estados Unidos de Venezuela tendrá para su Despacho los Ministros que señale la ley. Ésta determinará sus funciones y deberes, y organizará sus Secretarias.

Artículo 91.- Para poder ser Ministro del Despacho se requiere haber cumplido veinticinco años de edad y ser venezolano por nacimiento.

Artículo 92.- Cuando el nombramiento de Senador o Diputado recaiga en un individuo que haya sido Ministro del Despacho en el año de su elección, no podrá ocupar puesto en el Congreso si no un año después de aquel en que se haya recibido la cuenta de los actos en que ha intervenido.

Artículo 93.- Los Ministros son los órganos legales, únicos y precisos del Presidente de los Estados Unidos de Venezuela. Todos los actos de éste serán refrendados por aquel o aquellos de los Ministros a cuyos ramos correspondan dichos actos; y sin este requisito carecen de eficacia y no serán cumplidos ni ejecutados por las autoridades, empleados o particulares.

Artículo 94.- Todos los actos de los Ministros debe arreglarse a esta Constitución y a las leyes; su responsabilidad personal no se salva por orden del Presidente aunque la reciban escrita.

Artículo 95.- Todos los asuntos deberán resolverse en Consejo de Ministros; pero la responsabilidad de estos actos corresponde a los Ministros que los refrenden.

Artículo 96.- Los Ministros darán cuenta a las Cámaras cada año, dentro de los diez primeros días de sus sesiones ordinarias en memorias razonadas y documentadas de lo que hubieren hecho o pretendieren hacer en sus respectivos ramos. En el día señalado al efecto, el Gabinete presentará el mensaje que alude el Número 7 del Artículo 79 de esta Constitución al cual dará lectura uno de los Ministros y todos ellos consignarán sus respectivas memorias. También darán los informes escritos o verbales que se les pidan y presentarán igualmente, dentro de los diez primeros días del 2º mes de las sesiones de las Cámaras, el presupuesto general de rentas y gastos y la cuenta general del año anterior.

Artículo 97.- Los Ministros tienen derecho de palabra en las Cámaras, y están obligados a concurrir a ellas cuando sean llamados a informar.

Artículo 98.- Los ministros son responsables:

Por traición a la Patria;
Por infracción de esta Constitución y de las leyes;
Por hacer gastos mayores que los presupuestos;
Por soborno o cohecho en el despacho de los negocios a su cargo o en nombramientos para empleados públicos; y
Por malversación de los fondos públicos y por delitos comunes.

Título VII. Poder Judicial Federal

Sección I. Del Poder Judicial

Artículo 99.- El Poder Judicial de la República reside en la Corte Federal, en la Corte de Casación y en los demás Juzgados y Tribunales que establezcan las leyes.

Artículo 100.- Los empleados del Poder Judicial y el Procurador General de la Nación son responsables en los casos que determina la Ley, por traición a la Patria; por soborno y cohecho en el desempeño de sus funciones; por infracción de la Constitución y las leyes, y por delitos comunes.

Artículo 101.- Para formar la Corte Federal y la Corte de Casación, la Asamblea Legislativa de cada Estado, elegirá, de fuera de su seno, dos candidatos, para cada una de ellas, que sean venezolanos por nacimiento y mayores de treinta años. Los dos candidatos para la Corte de Casación deben ser abogados de la República; y de los de la Corte Federal, uno por lo menos tendrá igual condición. El Distrito Federal elegirá, por medio de su Consejo Municipal para la Corte de Casación, dos candidatos que sean abogados de la República, venezolanos por nacimiento y mayores de treinta años; y hará la participación debida al Senado.

Artículo 102.- Para hacer la elección se considerarán los Estados divididos en diez agrupaciones, así: Miranda y Aragua, Carabobo y Guárico. Sucre y Nueva Esparta, Barcelona y Maturín, Bolívar y Apure, Portuguesa y Zamora, Cojedes y Yaracuy, Lara y Falcón, Trujillo y Zulia y Mérida y Táchira; y se cuidará de que cada agrupación esté representada en ambas Cortes; y que los Estados que forman aquella tengan también representación propia en una u otra Corte, para obtener lo cual, se elegirá entre sus candidatos un principal y un suplente para la Corte en que deba tener la representación.

Párrafo 1. Si el Senado encontrare que alguno o algunos de los candidatos no llenan las formalidades de la ley, elegirá quienes deban reemplazarlos interinamente. En cada caso lo participará a la Asamblea Legislativa y al Concejo Municipal del Distrito Federal, respectivamente, para que perfeccionen la elección, lo cual harán, la Asamblea en su próxima reunión ordinaria, y el Concejo Municipal en la primera sesión ordinaria que tenga después de notificado. Dichas corporaciones participarán al Senado el perfeccionamiento y éste hará la nueva elección.

Párrafo 2. Los suplentes respectivos de ambas Cortes llenarán las vacantes absolutas que ocurran. La Ley Orgánica determinará el procedimiento para suplir las faltas temporales.

Párrafo 3. En el caso de alteración del número de las Entidades que concurren a la formación de ambas Cortes, la ley rectificará las agrupaciones expresadas en este Artículo a fin de que no se altere el número de Vocales de cada Corte.

Párrafo 4. En caso de falta absoluta del Principal y del Suplente por un Estado o por el Distrito Federal, la Corte respectiva lo participará a quienes los haya propuesto al Senado para que elija nuevos candidatos por el tiempo que falte del periodo, obrando de conformidad con el Parágrafo 1 de este Artículo.

Artículo 103.- Los miembros de las Cortes durarán seis años y podrán ser reelegidos.

Sección II. Corte Federal

Artículo 104.- La Corte Federal se compondrá del número de Vocales que resulten de lo dispuesto en los Artículos 101 y 102.

Artículo 105.- La Ley reglamentará las funciones de los Vocales y demás empleados de la Corte Federal.

Artículo 106.- Son atribuciones de la Corte Federal, a más de las que señale esta Constitución y le atribuyan los Códigos Nacionales y las leyes de los Estados en materia de elecciones:

Conocer de las acusaciones contra el Presidente de la República o el de que haga sus veces, contra los Ministros del Despacho, Procurador General de la Nación, Gobernador del Distrito Federal y contra sus propios miembros por los motivos en que dichos funcionarios son responsables, según esta Constitución. En tal caso, se reunirá a la Corte de Casación, constituidos ambos Cuerpos en Supremo Tribunal Federal;
1. En estos juicios este Supremo Tribunal declarará si ha o no lugar a la formación de causa; si declarare lo primero, quedará de hecho en suspenso el funcionario acusado; si declarare lo segundo, cesará todo procedimiento. Cuando la naturaleza del delito fuese común, pasará el asunto a los Tribunales ordinarios; cuando fuere de naturaleza política, continuará conociendo de la materia hasta su fenecimiento por sentencia definitiva.
2. Si las Cámaras legislativas estuviesen funcionando corresponde a ellas, reunidas en Congreso, la declaratoria de si ha o no a la formación de la causa;
Sustanciar y decidir las causas a que se refiere el inciso anterior;
Conocer de las causas civiles o criminales que formen a los empleados Diplomáticos, en los casos permitidos por el Derecho Público de las Naciones;
Conocer de las causas de responsabilidad que, por mal desempeño de sus funciones, se formen a los Agentes Diplomáticos de la República, acreditados cerca de otros países;
Conocer de los juicios civiles cuando sea demandada la Nación y lo determine la ley;
Conocer de las causas de presas;
Dirimir las controversias que se susciten entre empleados de diversos Estados, en el orden político, en materia de jurisdicción o competencia;
Declarar en el término más breve posible, cuál disposición ha de prevalecer en el caso especial que se le someta, cuando la autoridad llamada a aplicar la ley, en el lapso legal señalado para su decisión, motu-propio, o a la instancia de interesado, acuda en consulta a este Tribunal con copia de los conducente, porque considere que hay colisión de las Leyes Federales o de los Estados con la Constitución de la República. Si embargo, por este motivo no se detendrá el curso de la causa y llegada la oportunidad de dictar sentencia sin haberse recibido la declaración de que trata esta facultad, aquella se conformará a lo que en particular dispone el Código de Procedimiento Civil. En el caso de que la decisión llegue encontrándose la causa en apelación, el Tribunal de alzada aplicará lo dispuesto por la Corte Federal.
Declarar cuál sea la ley vigente cuando se hallen en colisión las nacionales entre sí, o éstas con las de los Estados;
Declarar la nulidad de todos los actos de las Cámaras Legislativas o del Ejecutivo Federal, que violen los derechos garantizados a los Estados o que ataquen su autonomía, a petición de cualquiera de los Poderes de un Estado;
Declarar la nulidad de todos los actos a que se refieren los Artículos 24 y 25 de esta Constitución, siempre que emanen de autoridad nacional o del Distrito Federal;
Conocer de las controversias que resulten de los contratos o negociaciones que celebre el Presidente de la Unión;
Declarar, salvo lo que dispongan tratados públicos, la fuerza ejecutoria de las sentencias de las autoridades extranjeras con sujeción a las condiciones que establezca la ley;
1. Las decisiones relativas a las Atribuciones 3 y 4, serán dictadas por la Corte Federal, unida a la de Casación;
2. Las decisiones referentes a las Atribuciones 5, 8, 9, 12, y 13, serán dictadas por una sala compuesta del Vicepresidente y cuatro Vocales de la Corte Federal; y caso de apelación, ésta se reunirá con la Corte de Casación y se decidirá la cuestión por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de ambos cuerpos. Los Vocales que hubieren decidido anteriormente serán reemplazados conforme a la Ley Orgánica respectiva. Funcionará como Presidente el que lo sea de la Corte Federal.

Artículo 107.- Los Vocales que hayan entrado al ejercicio de sus funciones, no podrán admitir durante el periodo para que hayan sido electos, empleo alguno del Ejecutivo Federal.

Sección III. Corte de Casación

Artículo 108.- La Corte de Casación se compondrá de los Vocales que resulten de lo dispuesto en los Artículos 101 y 102.

Artículo 109.- Los Vocales que hayan entrado en ejercicio de sus funciones, estarán sujetos a lo dispuesto en el Artículo 107 respecto de los Miembros de la Corte Federal.

Artículo 110.- La Corte de Casación tiene las atribuciones siguientes:

Conocer de las causas criminales o de responsabilidad que se formen: a sus propios miembros en unión de la Corte Federal, a los Presidentes de los Estados y a otros altos funcionarios que las leyes de éstos determinen, aplicando, en materia de responsabilidad, las leyes de los mismos Estados; y en caso de falta de ellas aplicará al caso las generales de la Nación;
Declarar la nulidad de todos los actos a que se refieren los Artículos 24 y 25 de esta Constitución, siempre que emanen de autoridad ejercida por los altos funcionarios de los Estados;
Conocer del recurso de casación, en la forma y términos que determine la Ley;
Informar anualmente al Congreso Nacional sobre los inconvenientes que se opongan a la uniformidad en materia de legislación civil o criminal;
Dirimir las competencias que se susciten entre los empleados o funcionarios del orden judicial de distintos Estados; y en los de uno mismo, siempre que no exista en él autoridad llamada a dirimirlas;
Calificar sus miembros de conformidad con el Artículo 101 de esta Constitución.

Sección IV. Procurador General de la Nación

Artículo 111.- El Ministerio Público corre a cargo del Procurador General de la Nación, conforme lo determine la Ley.

Artículo 112.- Para ser Procurador se requiere: ser venezolano por nacimiento, abogado de la República, con seis años de práctica y mayor de treinta años.

Artículo 113.- El Procurador General durará en sus funciones dos años, pudiendo ser reelegido, y sus faltas absolutas o temporales se llenarán por dos Suplentes, en orden de su elección.

Artículo 114.- Son funciones del Procurador General:

Promover la ejecución de las leyes y de las disposiciones administrativas;
Evacuar todos los informes jurídicos que le exijan el Ejecutivo y la Corte Federal;
Cuidar de que todos los empleados Federales llenen cumplidamente su deber;
Instaurar acusación ante la autoridad competente a los funcionarios federales por el mal desempeño en el ejercicio de sus atribuciones oficiales, exigiéndoles la responsabilidad consiguiente;
Ejercer el Ministerio Fiscal en los juicios a que se refiere la Atribución 1. de la Corte Federal, y en las causas criminales a que se contraen las Facultades 1., 3. y 4. de este mismo Artículo;
Dar cuenta al Presidente de la República de sus gestiones en los casos 1., 3. y 4. de este mismo Artículo;
Promover y sostener juicios en que esté interesada la Nación y defender los derechos de ésta en las acciones o reclamos que contra ella se intenten, debiendo en uno y otro caso cumplir las instrucciones que el Ejecutivo Federal le comunique;
Cumplir los demás deberes que esta Constitución y las leyes le señalen.

Título VIII. Poderes y disposiciones generales

Artículo 115.- Todo lo que no esté expresamente atribuido a la Administración general de la Nación en esta Constitución es competencia de los Estados. Éstos determinarán en sus respectivas Constituciones la duración y condiciones que deban tener sus altos funcionarios.

Artículo 116.- Se prohíbe a todo Magistrado, autoridad o corporación el ejercicio de cualquier función que no esté expresamente atribuida por la Constitución y las Leyes.

Artículo 117.- Los Tribunales de Justicia en los Estados son independientes; las causas en ellas iniciadas terminarán en los mismos Estados, sin más examen que el de la Corte de Casación, en los casos que la ley lo permite.

Artículo 118.- Ni el Congreso Nacional, ni las Asambleas Legislativas de los Estados, podrán en ningún caso, por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto alguno, conferir facultades extraordinarias o dar votos de confianza al Presidente de la República, ni a persona o corporación de las que componen el Ejecutivo Federal.

Artículo 119.- Todo acto de las Cámaras Legislativas o el Ejecutivo Federal, que viole los derechos garantizados a los Estados o ataque su autonomía, deberá ser declarado nulo por la Corte Federal, conforme a la Atribución 10, aunque la solicitud haya sido hecha por una sola de las Asambleas Legislativas de los Estados.

Artículo 120.- La fuerza pública nacional se divide en naval y terrestre, y se compondrá de milicias ciudadanas que se organicen conforme a la Ley.

Artículo 121.- La fuerza pública nacional a cargo del Poder Nacional, se formará de un contingente proporcionado a su población, que dará cada Estado, llamando al servicio de los ciudadanos que deben prestarlo conforme a la Ley.

Artículo 122.- En caso de guerra puede aumentarse el contingente con los cuerpos de milicia ciudadana hasta el número de hombres necesarios para llenar el pedido del Gobierno Nacional.

Artículo 123.- La autoridad militar y la civil nunca serán ejercidas simultáneamente por una misma persona o corporación.

Artículo 124.- En posesión como está la Nación del derecho de Patronato eclesiástico, lo ejercerá conforme determina la ley de 28 de julio de 1824.

Artículo 125.- El Gobierno Nacional no tendrá en los Estados otros empleados, residentes, con jurisdicción o autoridad, sino los empleados de los mismos Estados. Se exceptúan los de Hacienda; los que sean necesarios para el desempeño de la Administración cedida por los Estados según el Inciso 23. del Artículo 6 de esta Constitución; las fuerzas que se destinen para resguardo de las fronteras las que guarnezcan fortalezas, parques, apostaderos y puertos habilitados, quienes sólo tendrán jurisdicción en lo peculiar a sus respectivos destinos, y dentro del recinto de las fortalezas y cuarteles que manden; sin que esto dejen de estar sometidos a las leyes generales del Estado en que residan, y sujetos a ser inmediatamente removidos o reemplazados por el Ejecutivo Federal o quien corresponda, al requerirlo el Gobierno del Estado respectivo por un motivo legal.

Artículo 126.- Todos los elementos de guerra existentes en el territorio de la República, a la promulgación de esta Constitución, pertenecen al Gobierno Nacional.

Artículo 127.- Los Estados tienen el derecho de adquirir armamento y demás elementos de guerra que sean necesarios para su seguridad interior, pudiendo introducirlos del extranjero, libres de todo derecho de importación, y llenando para su introducción en cada caso, las formalidades que establezca el Código Militar y la Ley de Hacienda correspondiente.

Artículo 128.- Cualquier ciudadano podrá acusar a los empleados nacionales y de los Estados, ante los Tribunales o superiores que las leyes designen.

Los empleados judiciales no pueden ser suspendidos del ejercicio de sus funciones sin previa decisión que lo decrete, ni ser destituidos de ellos sino en virtud de sentencia judicial ejecutoriada.

Artículo 129.- No se hará del Tesoro Nacional ningún gasto para el cual no se haya aplicado, expresamente, una suma por el Congreso en el presupuesto general de gastos públicos, y los que infringieren esta disposición, serán civilmente responsables al Tesoro Nacional por las cantidades que hubieren pagado. En toda erogación se preferirán los gastos ordinarios a los extraordinarios.

Artículo 130.- Ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo, ni ninguna autoridad de la República podrá emitir en ningún caso ni por ningún motivo papel moneda, ni declarar de circulación forzosa ninguna clase de Billetes de Banco, ni valor alguno en papel, ni permitir la importación en Venezuela de moneda extranjera o nacional, que no sea de oro.

Párrafo único. Tampoco podrá acordarse la acuñación e importación por cuenta del Gobierno de la Nación de moneda de plata o níquel sin previa autorización del Congreso Nacional, dada por el mismo procedimiento establecido para sancionar las leyes. El Congreso no dará autorización en ningún caso ni por motivo alguno para que se acuñen e importen cantidades que hagan exceder las monedas que haya en circulación de ocho bolívares las de plata y de un bolívar las de níquel por cada habitante que tenga la Nación, para lo cual servirá de base en cada caso el censo que esté legalmente en vigencia.

Artículo 131.- Las oficinas de recaudación de las contribuciones nacionales y las de pago, se mantendrán siempre separadas, no pudiendo las primeras hacer otro pago que el de los sueldos de sus empleados respectivos.

Artículo 132.- En los periodos eleccionarios, la fuerza pública nacional, o la de los Estados, permanecerá acuartelada durante el lapso de las elecciones populares.

Artículo 133.- En los tratados internacionales se pondrá la cláusula de que «todas las diferencias entre las partes contratantes se decidirán, sin apelación a la guerra, por arbitramento de potencia o potencias amigas.»

Artículo 134.- Ningún individuo podrá desempeñar a la vez más de un destino lucrativo de nombramiento del Congreso o del Ejecutivo Federal. La aceptación de un segundo destino cualquiera, equivale a la renuncia del primero.

Párrafo único. Se exceptúan de esta disposición los empleados en la enseñanza pública.

Artículo 135.- La ley creará y designará los demás Tribunales federales que sean necesarios.

Artículo 136.- Los empleados nacionales no podrán admitir dádivas, cargos, honores y recompensas de Naciones extranjeras, sin el consentimiento del Senado.

Artículo 137.- La fuerza armada no puede deliberar; ella es pasiva u obediente: Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilio de ninguna especie, sino a las autoridades civiles, y en el modo y forma que determine la Ley. Los jefes de fuerza que infrinjan esta disposición, serán juzgados y castigados con arreglo a las leyes.

Artículo 138.- Una ley reglamentará la manera cómo los empleados nacionales, al posesionarse de sus destinos, han de prestar el juramento de cumplir con sus deberes.

Artículo 139.- Ningún contrato de interés público celebrado por el Gobierno Federal o por el de los Estados, por Municipalidades o por cualquier otro Poder Público, podrá ser traspasado, en todo o en parte, a gobierno extranjero; y en todos ellos se considerará incorporada, aunque no lo esté, la cláusula siguiente: «Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse sobre este contrato y que no puedan ser resueltas amigablemente por las parte contratantes, serán decididas por los Tribunales competentes de Venezuela de conformidad con sus leyes, sin que por algún motivo o por ninguna causa puedan ser origen de reclamaciones extranjeras.» Las Sociedades que en ejercicio de dichos contratos se formen, deberán establecer su domicilio legal en el país, para todos sus efectos, sin que esto obste para que lo puedan tener a la vez en el extranjero.

Artículo 140.- El Derecho de Gentes es suplemento de la legislación nacional; pero jamás podrá ser invocado en contra de lo estatuido en esta Constitución y los derechos individuales que ella garantiza. Sus disposiciones regirán especialmente en caso de guerra civil; y en consecuencia, puede ponerse término a ésta por medio de tratados entre los contendientes, quienes deberán respetar las prácticas humanitarias de las Naciones civilizadas, y a este efecto la Legislatura Nacional dictará una ley que contenga las instrucciones necesarias para el Ejército de los Estados Unidos de Venezuela.

Artículo 141.- Esta Constitución es susceptible de enmiendas o adiciones; pero ni unas ni otras se decretarán por el Congreso Nacional sino en sesiones ordinarias, y cuando sean solicitadas por tres cuartas partes de las Asambleas Legislativas de los Estados, en sesiones ordinarias, ni podrán poner en vigor sino después de la renovación de los Poderes Públicos de la Nación que la hayan solicitado o sancionado.

Artículo 142.- Las enmiendas o adiciones constitucionales se harán por el mismo procedimiento establecido para sancionar las leyes.

Artículo 143.- Acordada la enmienda o adición por la Legislatura Nacional, el Presidente del Congreso las someterá a las Asambleas Legislativas de los Estados para su ratificación definitiva.

Artículo 144.- Puede también el Congreso tomar la iniciativa en las enmiendas o adiciones y acordarlas por el procedimiento indicado en el Artículo anterior; pero en este caso no se consideran sancionadas sin la ratificación de las tres cuartas partes de las Asambleas Legislativas de los Estados. En este caso tampoco regirán enmiendas sino para el periodo siguiente.

Artículo 145.- Bien sean las Asambleas Legislativas de los Estados, o bien las Cámaras Legislativas las que inicien enmiendas o adiciones, el voto definitivo de los Estados volverá siempre al Congreso Nacional, que es al que le corresponde escrutarlo y ordenar la promulgación de la enmienda o adición que fuere sancionada.

Artículo 146.- Los periodos Constitucionales durarán seis años y el primero de ellos principiará a correr el 20 de febrero del año de 1902.

Artículo 147.- Al vencimiento de cada periodo, y precisamente el 20 de febrero, el Presidente de la República cesará en el ejercicio de sus funciones, y el Presidente de la Corte Federal o quien haga sus veces entrará a ejercer la Presidencia de la República, para los efectos de la transmisión del Poder.

Artículo 148.- Para ejercer el derecho de elegir debe el ciudadano estar inscrito en el Registro Electoral de la Parroquia o Municipio de su domicilio y presentar a la autoridad respectiva boleta o cédula en que conste la inscripción; que ésta se ha verificado con cuarenta días de anticipación por lo menos, y que está en plena facultad de sufragar en la elección que va a practicarse conforme a la ley en dicha Parroquia o Municipio.

Artículo 149.- Para todos los actos de la vida civil y política de los Estados la base de población será la que determine el último Censo de la República aprobado por el Congreso.

Artículo 150.- En todos los actos públicos y documentos oficiales de la Nación y de los Estados, se citará la fecha de la Independencia, a partir del 5 de julio de 1811, y la de la Federación, a partir del 20 de febrero de 1859.

Artículo 151.- La presente Constitución firmada por todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que se encuentren en esta capital y con el Cúmplase del Ejecutivo Federal será promulgada inmediatamente en el Distrito Federal y tan luego como se reciba en los Estados de la Unión.

Artículo 152.- Las fechas de los actos eleccionarios se fijarán en la ley correspondiente, de manera que el primero de enero se instalen los funcionarios públicos en los Estados, y para el 20 de febrero se haya hecho la elección del Presidente y Vicepresidente de la República, aun cuando dichos actos y funcionarios hayan sufrido perturbaciones por nulidad de algunos que sean necesario repetir o por cualquier otra causa.

Artículo 153.- Se deroga la Constitución de 21 de junio de 1893.