Carta del general Sáez al general Bennet (17 de noviembre de 1924)

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Carta del general Sáez al general Bennet

17 de noviembre de 1924.

Mi respetado General:

La presente tiene por objeto someter a su conocimiento algunos comentarios sobre la convocación del Congresos Constituyente, a fin de fundar una proposición que me voy a permitir formular. El señor General sabe que el decreto de convocatoria produjo entre los oficiales una Desagradable impresión, impresión que no logró borrar el señor Roldán con la interesante conferencia que nos dio en noches pasadas. Personalmente, abrigo el profundo convencimiento de que la solución dada a este problema de la Constituyente entraña graves peligros, entre otros, el de comprometer el resultado perseguido: la reforma de la Constitución. Y tan evidentes me parecen estos peligros, que considero indispensable se estudie con tiempo el medio de evitarlos, siquiera en parte. Para proceder con cierto orden y justificar la proposición a que me he referido, voy a comenzar por exponer, tan brevemente como sea posible, los peligros a que acabo de aludir. El primero de éstos lo constituye la próxima campaña electoral. Llamar al pueblo a elecciones antes de dar tiempo para que se organicen los elementos sanos, es entregar el problema de la reforma constitucional a los partidos políticos, que en la actualidad son los únicos que tienen fuerzas más o menos organizadas. Y como estos mismos partidos no han tenido tiempo todavía de depurar sus filas, lo más probable es que se presenten a la contienda electoral con los mismos hombres que figuraron en el último Congreso, excepción hecha de aquellos que se encuentren completamente desconceptuados ante la opinión pública. El próximo Congreso Constituyente no será, por consiguientes, un reflejo fiel de la colectividad nacional, sino sólo la expresión de las distintas tendencias políticas en que se divide la opinión pública. Inútil será buscar en él representantes genuinos de los intereses obreros, de la agricultura, del comercio, de la industria, de los diversos servicios públicos, etc. En cambio, veremos en el Congreso a los portaestandartes de los radicales y conservadores, de los liberales y demócratas, escoltados por un núcleo de paladines a cargo de la defensa de los ideales doctrinarios de estos partidos. Dentro de un Congreso así organizado, los intereses nacionales pasarán, probablemente, a segundo término. La lucha no se entablará entre los que sostienen este o aquel principio financiero, monetario o educacional y sus impugnadores, sino entre radicales y conservadores, entre los partidarios y los enemigos del divorcio con disolución de vínculo y de la separación entre la iglesia y el Estado, supremo remedio este último, según aquéllos, contra todas las dolencias de que padece la nación. Ahora bien, como para los partidos políticos – únicas colectividades que tendrán voz y voto en el próximo Congreso – se va a tratar de una lucha decisiva para las doctrina que ellos sustentan, la contienda electoral tendrá que ser más reñida que nunca, pues dependerá de ella el triunfo o la derrota de ideas que tienen apasionados defensores y enemigos encarnizados. El Congreso iniciará, en seguida, sus debates en medio de una atmósfera caldeada, poco a propósito para la tranquilidad de sus deliberaciones. Constituido el Congreso, será él la única autoridad que representará la voluntad popular. El Gobierno cree que a este Congreso, encargado de la reforma constitucional, le podrá imponer dictatorialmente un reglamento para sus deliberaciones y la condición de limitarse a aprobar o a desaprobar tales o cuales modificaciones constitucionales. Es aquí, mi general, donde yo creo que van a comenzar las dificultades.

Yo me temo que, si en el nuevo Congreso hay hombres de acción, capaces de hacer respetar sus derechos de representantes del pueblo, esos hombres se coloquen resueltamente frente al Gobierno, a fin de hacerle saber que los ministros de un Gobierno de hecho carecen de autoridad moral para imponer su voluntad a un Parlamento generado por votación popular. Producida esta situación, ¿de qué medios dispondrá el Gobierno para obligar al Congreso a proceder de este o de aquel modo? ¿Qué sucederá una vez que se entable una contienda de competencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Se ha dicho que, según las circunstancias, se podría llegar a disolver el Congreso otra vez, recurso peligrosos, ya que el Gobierno carecería de armas morales para ello. Es tanto más probable que aquello suceda cuanto que, según se dice, la actual Junta de Gobierno, o, mejor dicho, las personas que la forman, ofrecieron no disolver el último Congreso en el caso de que las leyes pedidas fueran despachadas. De este modo tratan los ex parlamentarios de justificar su docilidad para aprobar esas leyes. Ahora habría llegado para ellos la hora del desquite. Lo que no hicieron entonces, lo harán esta vez en defensa del prestigio del Parlamento, y tratarán de imponerse al Gobierno. ¿Podrá obtener el Gobierno, de un Congreso así dispuesto, las reformas constitucionales? ¿Se resolverán los parlamentarios a aprobar aquellas modificaciones que limiten en alguna forma la influencia que ellos han podido ejercer durante los últimos treinta años sobre el Ejecutivo? ¿Qué sucederá si estas reformas no fueran aprobadas?

Sólo a la última de estas preguntas puede el Gobierno dar una respuesta categórica, y el señor Roldán ya la ha dado. En el caso de que las reformas sean rechazadas por el Congreso, continuará rigiendo la Constitución del año 33. Y es muy fácil que esto pueda suceder, sin renunciar a la idea de una reforma constitucional. Bastaría con rechazar en block las reformas del Gobierno, lo que haría entrar en vigor, automáticamente, aquella Constitución, y proponer en seguida las reformas que el Congreso desee introducir, reformas que quedarían así sometidas a los trámites de dicha Carta Fundamental. Es muy fácil aceptar esta solución en teoría. En la práctica, esto no será tan sencillo.

El bando político que haya resultado vencido en las urnas, aprovechará esta circunstancia para explotar el descontento que semejante situación produciría en el ejército, y nadie podría responder las consecuencias que esto pudiera acarrear. Para atenuar en parte los peligros mencionados, se puede echar mano, según mi opinión, de dos recursos.

El primero, consistiría en organizar una campaña por medio de la prensa de todo el país contra los malos políticos del antiguo régimen, a fin de obligar, por este medio, a los partidos a seleccionar su personal. Los partidos mismos deberían comprometerse a apoyar las reformas constitucionales. Es claro que sería ingenuo atribuir demasiada importancia a este compromiso.

Elsegundo recurso es de mayor trascendencia. Puesto que existe el peligro de que el Congreso pueda desconocer al Ejecutivo y resistir ciertas reformas constitucionales, me parece que se impone la necesidad de evitar que esto llegue a ocurrir. Con este objeto, yo creo que se podría someter a un referéndum, junto con una elección, estas dos cuestiones:

1) ¿Debe o no debe continuar en sus funciones la Junta de Gobierno hasta el 18 de septiembre de 1925.

2) ¿Aprueba el pueblo tales o cuales reformas constitucionales? Es evidente que este procedimiento merecerá serios reparos: falta de precedentes, peligro que envolvería una respuesta negativa. Con respecto a esta última objeción, creo que ella carece de fundamento. La masa del electorado, si el Gobierno actual sabe corresponder a las necesidades de la situación, responderá afirmativamente a la primara pregunta, no sólo por espíritu de justicia, sino porque comprenderá instintivamente que sería peligrosa una respuesta negativa. En cuanto a la segunda, siempre que se trate de reformas constitucionales bien estudiadas, será muy difícil que puedas ser rechazadas: la gente consciente las aprobará, y la inconsciente es, por naturaleza, amiga o partidaria de las reformas, cualesquiera que ellas sean.

La falta de precedentes es otro de los escollos que se oponen a la solución indicada, y probablemente los hombres de leyes harán gran caudal de esa circunstancia. Pero las situaciones hay que tomarlas tal cual se presenta, con todas las circunstancias que las individualizan. En este momento de nuestra vida nacional nos encontramos frente a ciertos peligros. ¿Son o no son probables? En caso negativo, no hay para qué perder tiempo en tomarlos en cuenta, pero sería imprudente proceder así en el caso contrario. Un hombre práctico deja a un lado la cuestión precedente y salva las dificultades en las mejores condiciones posibles, sin exponerse a ser sorprendido por ellas. Si hubiéramos de atenernos, a cada paso, a los precedentes, las instituciones armadas tendrían que comenzar por arrepentirse de haber procedido hasta aquí en una forma tan opuesta a los precedentes conocidos. Con lo dicho, mi general, doy por realizado mi propósito. Yo habría podido exponer todas estas consideraciones en la Junta Militar, pero he preferido dárselas a conocer a Ud. a fin de que, si Ud. cree que pueden merecer atención, las haga llegar a conocimiento de los otros des señores miembros de la Junta de Gobierno. En el caso contrario me daré por satisfecho con su sol respuesta, pues deberé suponer que no existen los peligros a que me he referido, aunque yo, por mi parte, abrigue el convencimiento de lo contrario. El reconocimiento plebiscitario del actual Gobierno significa darle al autoridad moral que necesitará para tratar con el Congreso de potencia a potencia; y en cuanto a las reformas constituciones, me refiero solamente a aquellas que tiendan a restar atribuciones al Congreso”