Antecedentes del informe anual-2002


<< Autor: Informes emitidos por el gobierno de los Estados Unidos de América sobre Derechos humanos


Antecedentes del Informe Anual de Estados Unidos sobre la práctica de los Derechos Humanos


Febrero de 2002


El compromiso de Estados Unidos con la observación e informe de los derechos humanos tienen sus raíces en el movimiento internacional de los derechos humanos que creció con rapidez en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. La pérdida colosal de vidas en esa guerra -- se calcula que murieron 50 millones de personas -- promovió una determinación de construir una nueva estructura mundial que colocara los derechos y libertades fundamentales en una posición mucho más prominente dentro de los asuntos mundiales, y haría responsables de sus actos a los violadores de los derechos humanos.

Pero mucho antes de que concluyera la Segunda Guerra Mundial, había echado raíces el impulso hacia el reconocimiento mundial de los derechos humanos -- en la Carta del Atlántico de 1941, que detallaba el derecho a la libertad y la democracia y, unos pocos meses antes, en el discurso de las Cuatro Libertades (ser libres para expresarse, ser libres para practicar una religión, estar libres de la necesidad y estar libres del temor) que el presidente Franklin Roosevelt pronunció ante el Congreso de Estados Unidos. En Gran Bretaña, el primer ministro Winston Churchill se hizo eco de las opiniones del presidente norteamericano al declarar que una victoria aliada resultaría en la "entronización de los derechos humanos".

En el Tercer y el Cuarto Mundos, los pueblos colonizados empezaban a comprender que la libertad y los derechos humanos no eran simplemente para los norteamericanos y europeos, sino para todos los hombres y mujeres en todas partes. Fue creciendo la convicción -- tal vez por primera vez en la historia -- de que los derechos humanos deberían estar garantizados en todo el mundo. La condición universal de los derechos humanos se incorporó a la Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 1945, que estableció la meta de "promover y alentar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma y religión".

Los gobiernos desempeñaron un papel clave en la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, y también lo hizo -- aunque de un modo no tan ampliamente conocido -- el movimiento no gubernamental que surgía en favor de los derechos humanos, que sería una parte tan decisiva de la lucha por los derechos y libertades fundamentales en las décadas siguientes. Se estima que más de 1.300 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos cabildearon activamente para que se aprobara un componente vigoroso de derechos humanos en la Carta.

Otra victoria importante se obtuvo en 1948 con la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en favor de la cual trabajó tan incansablemente Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Roosevelt. La declaración fue el primer logro importante de la recientemente establecida Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La señora Roosevelt fue su primera presidenta. Al hablar ante la Asamblea General luego que se aprobara la declaración, la ex primera dama de Estados Unidos recalcó su valor histórico.

"Estamos hoy", dijo, "en el umbral de un gran acontecimiento, tanto en la vida de las Naciones Unidas como en la vida de la humanidad. Esta declaración puede muy bien convertirse en la Carta Magna internacional de todos los hombres en todas partes. Esperamos que su proclamación por la Asamblea General sea un acontecimiento comparable a la proclamación de los Derechos del Hombre por el pueblo francés en 1789, la aprobación de la Declaración de Derechos por el pueblo de Estados Unidos y la aprobación de declaraciones comparables en diferentes épocas en otros países".

El alcance del logro fue obvio para todos. Nunca antes en la historia del mundo la comunidad de naciones había identificado con éxito derechos y libertades específicos no sólo para una nación, no sólo para una raza, sino para todos en todas partes y para siempre. El Artículo I de la declaración establece el tono de una amplia gama de derechos políticos, sociales y económicos que se establecen como norma común para todos los países. Declara que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos humanos. Están dotados de razón y conciencia y deben actuar recíprocamente con espíritu fraternal.

Los pioneros del movimiento internacional inicial de los derechos humanos comprendían, sin embargo, que era importante no sólo afirmar los derechos humanos sino también crear mecanismos para hacer rendir cuentas a los principales violadores de los derechos humanos. En el período que siguió a la Segunda Guerra Mundial, los procesos de Nuremberg establecieron con firmeza el precedente de que los violadores de los derechos humanos deben ser juzgados por sus crímenes, inclusive los líderes políticos que libran una guerra de agresión, y que debe haber mecanismos claros y precisos para ocuparse de los culpables de crímenes contra los derechos humanos, inclusive los crímenes de guerra, particularmente aquellos que se cometen en escala masiva.

Desafortunadamente, y en particular durante las décadas de los 50 y 60, no sería fácil alcanzar progresos en materia de derechos humanos. Las divisiones que la Guerra Fría creó en el mundo y la lucha contra el colonialismo hicieron difícil lograr consenso y crear el tipo de mecanismos internacionales que adelantaran la causa tan elocuente y audazmente expresada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pero hubo, empero, éxitos evidentes, de modo más notable los convenios obligatorios de 1966 sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales. Estos documentos hicieron responsables a las naciones de los ideales con los que se habían comprometido en la Declaración Universal. Los convenios, al igual que otros éxitos como los Acuerdos de Helsinki de 1975, fueron prueba del creciente poder del movimiento internacional en favor de los derechos humanos, a pesar de las difíciles circunstancias de la posguerra.

Para mediados de la década de los 70, el gobierno de Estados Unidos avanzaba hacia la idea de que los derechos humanos debían incorporarse más formalmente a la política exterior estadounidense. El movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos había convencido a la mayoría de los norteamericanos de que los derechos civiles y los derechos humanos son valores norteamericanos esenciales que deben animar todos los aspectos de la sociedad estadounidense, inclusive la política exterior de la nación.

El origen inmediato del informe es una enmienda a la Sección 502B de la Ley de Ayuda Exterior, que el Congreso aprobó en 1976. La enmienda le requiere al secretario de Estado transmitirle al Congreso cada año "un informe total y completo" en lo que concierne al "respeto a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, en cada país que haya sido propuesto como beneficiario de ayuda estadounidense". El primer informe estuvo lejos de ser universal. Pero había un sentir general de que, como mínimo, los historiales de derechos humanos de los beneficiarios de ayuda estadounidense con fines de seguridad deberían por lo menos documentarse y publicarse.

Como resultado de la enmienda, se estableció en el Departamento de Estado durante la presidencia de Jimmy Carter, quien asumió el gobierno en enero de 1977, el cargo de coordinador para derechos humanos y asuntos humanitarios. El cargo fue luego promovido a la categoría de secretario de Estado adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. Esta Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) preparó el primer informe sobre derechos humanos y lo sometió al senador Hubert Humphrey, en aquel entonces presidente de la Subcomisión de Ayuda Exterior, dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. El informe cubría 82 países que recibían ayuda estadounidense con fines de seguridad. La mayoría eran viejos amigos y aliados.

El informe de 1978 se amplió para incluir a los beneficiarios de ayuda económica, y no con fines de seguridad -- 33 de ellos. Al año siguiente, la Ley de Ayuda Exterior fue enmendada nuevamente para que el informe sobre derechos humanos pudiera ser ampliado radicalmente, con el propósito de incluir una mención de cada miembro de las Naciones Unidas. Como resultado, el informe de 1979 llegaba a 854 páginas y cubría 154 naciones, inclusive, por primera vez, países como Cuba, China y otros tres que no eran miembros de las Naciones Unidas: Corea del Norte, Rhodesia y Taiwán.

En ese momento quedó establecido el formato básico del informe. Incluía información en temas específicos como:

  • Respeto a la integridad de la persona, lo cual incluye la tortura, el arresto arbitrario, la negativa a asegurar un juicio justo y la invasión del hogar.
  • Respeto a las libertades civiles y políticas, que incluyen la libertad de expresión, imprenta, religión y reunión y la libertad de movimiento y la capacidad de participar en el proceso político.
  • La actitud e historial del gobierno en relación con las investigaciones internacionales y no gubernamentales de supuestas violaciones de los derechos humanos.

En 1980 se agregó una sección sobre personas desaparecidas, y en 1982 otras sobre asesinatos políticos y ejecuciones extrajudiciales. Al año siguiente se añadió el derecho de los ciudadanos de cambiar su gobierno, y en 1986 se incorporó una sección titulada "Discriminación" basada en la raza, el sexo, la religión, el idioma o la condición social, junto con una categoría sobre la situación del trabajo.

La primera administración Bush, que asumió el gobierno en 1989, incluyó una categoría sobre el uso de la fuerza excesiva y la violación de los derechos humanos en los conflictos internos, mientras que la sección sobre trabajo se revisó para incluir consideraciones específicas sobre el derecho de asociación, el derecho de organización y contratación colectiva. Las condiciones de trabajo también se incluyeron.

En 1993, la sección sobre Discriminación se amplió para incluir consideraciones sobre los derechos de la mujer y el niño, los pueblos indígenas, personas incapacitadas y minorías nacionales, raciales y étnicas. En 1994, el Congreso estableció el cargo de asesor principal de Derechos de la Mujer y en 1996 se agregó una sección sobre refugiados y asilo final. En 1998 el informe había crecido tanto que se publicó en dos volúmenes. Más tarde ese año, el Congreso aprobó la Ley de Libertad Religiosa Internacional, que dispuso la presentación de informes anuales sobre la situación de la libertad religiosa en cada país. En 1999, a pedido del Congreso, se agregó a los informes de los países una sección separada sobre el tráfico de seres humanos.

Facilita el informe sobre derechos humanos el trabajo de las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. A todas las secciones de cada embajada se les pide que recopilen y corroboren denuncias sobre derechos humanos en el país. La versión preliminar del informe anual es básicamente la tarea de las embajadas, las que reúnen información de una variedad de fuentes a lo largo del año. La versión final se produce en Washington luego de consultas con otras oficinas del Departamento de Estado y con fuentes ajenas al gobierno de Estados Unidos. Constituyen la base del informe los ideales de derechos humanos reconocidos internacionalmente y que se detallan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobaba por las Naciones Unidas en 1948.

Este documento pertenece al Gobierno de los Estados Unidos de América y se encuentra en dominio público.